Este miércoles se inauguró en la Universidad de Santiago de Chile la cuarta versión del Diplomado en Habilidades para el Liderazgo Social, como un aporte para la formación de dirigentes sociales y como parte del potencial que busca transformar el país a partir del trabajo social.

Con temáticas como la persona detrás del dirigente; el dirigente como mediador, negociador y estratega; el dirigente como ciudadano y formador de cultura democrática; y la formulación de proyectos, el diplomado es organizado además por SociaLab, Techo-Chile y Fundación Trascender, entre otras organizaciones.

Son alrededor de 40 personas las que participarán en este programa que se realizará los miércoles entre las 9:00 y las 13:00 horas durante todo el segundo semestre, con una metodología basada en las experiencias de profesores y estudiantes, con el objetivo de democratizar el conocimiento como un bien público, al mismo tiempo que un derecho para todos.

Rol de la universidad estatal y pública

Uno de los asistentes a la inauguración fue el diputado Giorgio Jackson Drago, quien valoró el esfuerzo que realizan los dirigentes sociales, “lo que se ve complementado por lo que todos creemos debiese ser el rol de una universidad estatal y pública, que es estar abierta a este tipo de actividades, facilitar los espacios y proveer el conocimiento para generar aprendizajes efectivos”.

En ese sentido, felicitó a la Universidad de Santiago de Chile por involucrarse en esta iniciativa. “Espero que todos la apoyen para que en las próximas versiones exista además un reconocimiento hacia afuera. Es decir, un diplomado que pueda contar con los reconocimientos oficiales en beneficio de los dirigentes sociales”, agregó el parlamentario.

Aporte social y formalización de conocimientos

Como integrante del equipo coordinador del diplomado, la profesora Nieves Hernández Manqui, del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Plantel, destacó que dentro de la misión original de la Universidad siempre ha estado su aporte a la comunidad. “En la época de la Universidad Técnica del Estado existió un convenio con la CUT para fomentar que los trabajadores vinieran a la Universidad”, recordó.

En cuanto al diplomado, subrayó la necesidad de formar a dirigentes sociales a través de una formalización de sus conocimientos, “considerando que nosotros como Universidad proporcionamos el espacio, lo que se transforma en un orgullo para ellos, además de un gran aporte social al vincularnos directamente con personas que pueden tener otra mirada de nosotros”.

“Aquí nos sentimos en nuestra casa”

Una de las organizaciones que participa en la coordinación del diplomado es SociaLab, cuyo objetivo es generar un impacto social positivo mediante la búsqueda y apoyo de emprendimientos sociales innovadores y sostenibles. Su mentor social, Mario Orellana Gómez, asegura que “si bien se trata de un pequeño esfuerzo respecto de las necesidades de formación de los dirigentes, hemos logrado provocarlos para resolver los problemas desde distintas miradas, pero de manera orgánica”.

Junto con agradecer la participación de la Universidad de Santiago de Chile, definió esta posibilidad como “un golpe psicológico tremendo, considerando que hay dirigentes que solo han cursado hasta sexto básico. Y con esto pueden venir a la Universidad y decirle a sus hijos que sí se puede, incluso a los 40 ó 50 años”.

“Una universidad estatal y pública -añadió el dirigente- con la que queremos seguir trabajando, pues la mayoría de sus estudiantes vienen de nuestros barrios. Aquí nos sentimos en nuestra casa”.

Democratizar el conocimiento

Por su parte, Javiera Sepúlveda Piffaut, directora de comunicaciones de la Fundación Trascender, aseguró que el mayor logro es que los dirigentes sociales se sientan capacitados. “Uno de los objetivos del diplomado es enseñarles a aprender y a buscar, y que efectivamente el conocimiento es una puerta para democratizar las oportunidades para ellos y sus comunidades”, detalló.

En ese contexto, no dudó en destacar la participación de la Universidad de Santiago de Chile como un colaborador fundamental. “Es parte de su rol social, al apoyar las iniciativas que democratizan el conocimiento y la educación. Es un símbolo muy importante que la Universidad esté dispuesta a apoyarnos, pues estamos luchando para que las personas que no tienen el privilegio de ir a la universidad igualmente puedan hacerlo de alguna manera”, concluyó.

Esta semana entró en vigencia la Agenda Corta Antidelincuencia y, junto con ello, el anunciado control preventivo de identidad, que faculta a las Policías para acceder a información de transeúntes.

Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, “este control preventivo es un mal necesario. Es una mala medida, pero, desafortunadamente, la situación de delincuencia y de seguridad ciudadana ha llegado a un punto en donde tenemos que aplicar este tipo de acciones, que son más de carácter represivo que preventivo”.

De acuerdo al especialista, la delincuencia ha aumentado debido a que en la sociedad chilena prima el interés privado por sobre el colectivo, lo que ha alterado la noción de qué medios son legítimos para conseguir ciertos fines.

“La delincuencia se reproduce en condiciones en que las normas no están imperando. El problema no es controlar la identidad de las personas que van por la calle, el problema es qué tipo sociedad estamos construyendo”, afirma.

Para Parker, los últimos resultados conocidos de la aplicación de esta medida -187 personas detenidas- dan cuenta de que la iniciativa está cumpliendo el objetivo por el que fue impulsada: evitar que personas con orden de aprehensión caminen por las calles sin que nadie los detenga.

“Parece ser que cumple su objetivo, pero en un contexto favorable: los policías que salieron a detener están todos entrenados de manera especial  y han tratado a la gente con cuidado y respeto. Ojalá continúe de la misma manera”, manifiesta.

Educación cívica y cultura democrática

El académico explica que uno de los problemas de la implementación del control preventivo de identidad es que “hay una insuficiente educación cívica en la Policía y también en la ciudadanía. Este tipo de medidas son el reflejo de una sociedad que no ha logrado encausar adecuadamente la convivencia. Por lo tanto, la Policía tiende a sustituir lo que la sociedad no ha podido encausar: el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana”.

De acuerdo a Parker, la falta de educación cívica en la Policía se expresa en el sentido de que “la Policía mantiene una cierta forma de proceder donde lo fundamental es la represión y no la persuasión. En democracia, la policía debiera ser educadora de la ciudadanía y eso no existe”.

Complementa señalando que “el policía es un ciudadano al que el Estado le entrega ciertas facultades adicionales para portar armas y de coerción, pero es un ciudadano y no se puede sobrepasar”.

“La Policía –Carabineros y la PDI- tienen que actuar sobre la base de que ellos también son ciudadanos y tienen que respetar los derechos de todos, evitando prejuicios y arbitrariedad”, agrega.

Aunque reconoce que un sector de la población no tendrá problemas para facilitar su identificación, señala que “el problema es que existe mucho prejuicio todavía respecto al actuar de la Policía. Entonces, cuando uno actúa sobre la base de prejuicios, no lo hace de la mejor manera. Hay un peligro de que la propia población actúe mal sobre Carabineros y eso obligará a la Policía a actuar mal también”, advierte.

“En nuestro país, los procesos de democratización todavía no terminan. Uno de los elementos  principales de una democracia es generar una cultura democrática y nuestra Policía todavía no tiene empapado esto, así como la ciudadanía en general”, concluye.

Una polémica medida

Según Parker, el control preventivo causa polémica debido a que en la sociedad aún está latente “el síndrome de un Estado represivo” producto de la dictadura.

“El riesgo de que eso vuelva a suceder está muy presente en la consciencia colectiva. Eso significa que la Policía tiene que tener un cuidado y un respeto mucho mayor, y que nosotros los ciudadanos tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de una sociedad democrática. Si uno anda por la calle sin problemas y un policía le pide la identificación, está bien. El problema es cuando no existen los criterios adecuados de parte de la Policía y se procede a un abuso. Ese es el riesgo grave”, sostuvo.

A inicios de esta semana entró en vigencia la Ley de Etiquetado de Alimentos, la cual obliga a llevar a los productos altos en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio un disco pare que haga explícita la advertencia. Sin embargo, los encargados de quioscos de colegios, que ya no pueden vender productos ‘chatarra’ en estos establecimientos, advierten un aumento de 25% en los precios de su oferta (lo más barato sería una fruta, a $200).

Para el experto en marketing y comportamiento del consumidor de la Universidad de Santiago, Enrique Marinao, un efecto de este tipo implicará que la ley no impulsará mejores hábitos alimenticios en toda la población, debido a que “los sectores socioeconómicos medio y bajo no van a tener los ingresos suficientes para solventar esta subida de precio. Este nicho seguirá consumiendo lo que les alcanza”.

El académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal sostiene que “la ley está segmentando maliciosamente a los consumidores desde sus inicios. Los ricos seguirán comiendo saludable, mientras el pobre tendrá que seguir comiendo lo que los empresarios poco éticos lancen al mercado al precio de su nicho de mercado”.

“¿Quién tiene acceso al consumo saludable? El estrato alto, donde el precio demanda es inelástico y les da lo mismo cuánto pagar”, agrega.

El doctor en ciencias empresariales explica que “no es posible que, para que el consumidor adquiera hábitos de consumo de alimentos sanos, este tenga que estar pagando más por aquellos. No puede ser que mi consumo saludable tenga que costearlo con mayor precio porque las empresas no están dando el ancho para producir como deberían”.

Efecto = 0

El ingeniero comercial es escéptico respecto del impacto de los logos que establece la ley en los hábitos alimenticios de la población. “No puede ser que, en primera instancia, la única vaga información que tenemos es si es alto en sodio, alto en grasa y, después, tengamos que entrar a leer la letra chica, de que el consumo por sobre los 100 gramos hace mal para la salud”.

Según Marinao, “habría que preguntarle al sector político-legislativo y gubernamental cuál es la negociación que tuvieron que hacer para sacar esta ley, porque en términos de información es una ley muy compleja. Un niño no entiende de buenas a primeras el significado del logo. A largo plazo, esto no tendrá ningún impacto, será igual a cero”.

El especialista agrega que “la publicidad que se está haciendo para persuadir a los consumidores va a lograr su peak en el corto plazo. A mediano y largo plazo, eso no será efectivo y por más que tengamos diez signos pare en los productos, las personas van a seguir consumiendo lo que por costumbre y hábito ya consumen”.

El fondo del problema

Para el académico, la Ley de Etiquetado es solo “un elemento paliativo a la salida de un proceso. A la entrada, está que se fiscalice que los productos de toda la cadena productiva no sean ‘altos en’”.

El experto agrega que “el trasfondo de lo que estamos hablando hoy es que hay un grupo de empresarios que están utilizando insumos que son altamente dañinos para la sociedad y nadie ataca este punto”.

“El producir maliciosamente con productos que se ha comprobado los daños que tienen en la obesidad es actuar maliciosamente, con un filtro poco ético, sin fiscalizar los procesos productivos con que estamos lanzando productos al mercado”, concluye.

Una escasa participación se registró el pasado domingo en el marco de las primeras primarias municipales financiadas con fondos públicos. De un universo de electores de 5.067.812, solo un 5,5% concurrió a votar, lo que reflotó el debate entre personeros políticos respecto a si se debe reponer el voto obligatorio.

Sobre esto, el cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, considera inconveniente volver al sufragio bajo esta modalidad. “El voto es una obligación de los ciudadanos y fue una mala idea implementar el voto voluntario, pero hoy sería una mala decisión volver al sufragio obligatorio, en tanto nos encontramos en un contexto de alta desafección política y baja identificación por los partidos, lo que se puede traducir en un alto acarreo de votos y un fuerte clientelismo”.

El académico de la Escuela de Periodismo del plantel estatal explica que “dado que el vínculo que existe entre ciudadanos y autoridades no es muy fuerte -no es un nexo programático-, el voto obligatorio se puede prestar para que este vínculo se vuelva más bien clientelar, lo que facilitaría el acarreo de votantes”.

Para el experto, la causa de la baja participación se debe a que “la gente no se siente atraída por los partidos y dichos partidos no están pensando en las personas, sino en sus propios intereses”.

“El hecho de que la participación electoral venga cayendo desde hace varios años, en particular desde 2012, en que se instaura el voto voluntario, puede afectar la participación en las municipales. Si miramos la tendencia a la baja de los últimos años, la participación electoral en las próximas municipales será menor a la elección presidencial anterior”, proyecta.

Respecto a las críticas al Servicio Electoral por su supuesta responsabilidad en la baja participación, Osorio enfatiza que “al Servel le cabe poca responsabilidad ya que este es un proceso de primarias, para resolver pugnas de candidaturas de los partidos políticos. Son estos últimos los responsables de convocar a votar y no el Servel”, subraya.

¿Cómo motivar la participación electoral?

“La oferta de los partidos debe ser más atractiva, pero esto no implica ni una renovación de partidos ni crear nuevos partidos políticos. Lo importante es fortalecer los que existen, más que crear otros nuevos”, sostiene el cientista político.

Osorio indica que lo primero es “profundizar los vínculos programáticos entre electores y autoridades. Eso solo se logra a partir del fortalecimiento de los partidos políticos”.

Por ello, sostiene que se deben fijar metas a mediano y largo plazo, como “fortalecer la educación cívica desde los primeros ciclos de educación e impulsar una normativa que aporte de verdad al financiamiento y fortalecimiento de los partidos”, además de medidas de corto plazo que incentiven concretamente la participación. Por ejemplo, “liberar el pago del transporte público los días de elecciones”, señala.

“Una de las cosas que tienen que asegurarse los Estados es tener partidos políticos fuertes, y eso solo se hace asegurando el financiamiento permanente de estos. No basta tener partidos políticos financiados cada cuatro años. Solo con partidos políticos fuertes puede evitarse el surgimiento de liderazgos populistas”, advierte.

Invitado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad, el abogado y consejero DC, Gutenberg Martínez, discutió  ante una audiencia de alumnos de Ingeniería Comercial y Administración Pública, los avances en la modernización del estado, los desafíos de la democracia y el rol del profesional que desee trabajar en el servicio público.

El político chileno señaló que los procesos de cambio traen consigo una etapa de consolidación de éste, y  al terminar el ciclo va sucedida por un nuevo proceso de ajuste. “En la actualidad esto no ocurre, pues la modernidad nos ha llevado a estar en un constante proceso de cambio, el que se denomina modernidad líquida”, indicó Martínez.

A este fenómeno, el político chileno agregó  el de la crisis del Estado–Nación, explicando que los estados nacionales son menos importantes que los de la década del 60 ó 70, por ejemplo. “El ministro de Hacienda de esos años tenía en la política del país una fuerza inmediata. Hoy el Estado es menos centralizado de lo que era ayer y esa fuerza no es tan inmediata”, dijo Martínez.

A esto sumó la discusión que existe en la filosofía política en relación a que la estructura de la sociedad y del Estado es vertical en un origen de soberanía popular. “Todo indica que lo que viene es más bien una estructura horizontal, debido a la crisis de los Estados-Nación, al empoderamiento de los ciudadanos, al fortalecimiento de la sociedad civil. Esto, junto a la necesidad de responder a la globalización, va generando una estructura horizontal”, argumentó Gutenberg Martínez.

El ex timonel de la DC aventuró en su exposición que además de la horizontalidad en la estructuración del poder político, se necesitarán entes supranacionales. “La gobernanza supone órganos de dirección que deben ser entidades supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, que tiene facultades, poder y capacidad de dictar normas obligatorias para todos los países europeos. Ellos ceden parte de su soberanía nacional a favor de un ente supranacional”, comentó.

Otra perspectiva que analiza Gutenberg Martínez es que la clásica discusión entre conceptos de Estado y mercado y la lógica de excluirse mutuamente, se verá afectada por un tercer integrante: la sociedad civil. “No sólo habrá que preocuparse del correcto funcionamiento del Estado y el mercado, sino que surgirá la necesidad de crear, fortalecer y apoyar a las comunidades. De esta forma se contrapesarán ambos poderes tradicionales”.

Con respecto a la democracia, Martínez argumentó que en la actualidad se debe tener una visión más amplia de ella. “Yo creo que para entender el concepto de democracia no hay que ser conservador y éste debe profundizarse permanentemente debido a los avances tecnológicos y utilizarlos en función de ella”, señaló el abogado DC

Los desafíos que tiene el Estado son en primer lugar, el de la descentralización. Gutenberg Martínez explica que diversos estudios de opinión han arrojado como resultado que los ciudadanos encuentran más cercano al municipio, pero éste a nivel del Estado no tiene relevancia. “Hay procesos descentralizadores del Estado, como por ejemplo, el Banco Central, el que tiene facultad e incide en las políticas económicas que se generan en el país”. Martínez explicó a la audiencia que existe una tendencia para buscar nuevos órganos autónomos en el Estado, ejemplificando con la creación de fiscalías y el Ministerio Público.

Otro importante desafío es luchar contra el deterioro de la gestión pública en el país. “Existe una falta de capacidad para ejecutar, por ejemplo, el presupuesto fiscal y esto es un problema que ustedes alumnos deberán afrontar”, dijo Gutenberg Martínez.

A juicio del político de la DC, esto dice relación con los problemas de crecimiento y productividad y agrega que existe una dificultad de dirección y coordinación al interior del Estado. “Si el Estado tiene menos poder y déficit en la calidad de la gestión, hay un mundo de desafíos para los administradores públicos del futuro”, asegura.

El ex parlamentario advierte que hay ligereza en la toma de decisiones estructurales con respecto al Estado como, por ejemplo,  la creación del Ministerio de la Ciencia. “Si la mayor parte de la investigación científica en Chile se realiza en las universidades, entonces, ¿por qué sacarla del Ministerio de Educación?”, se cuestionó Martínez.

Finalmente, el político chileno cerró su charla con un llamado a los futuros profesionales de la administración pública y su doble desafío: no ser tecnócratas sino que agentes de cambio y a modernizar la función pública. “Eso supone la capacidad de usar las herramientas tecnológicas para mejorar la gestión, el pensamiento crítico, e imaginar una nueva estructura del Estado entendiendo el mundo de hoy  y situándolo en los desafíos del Estado chileno a futuro”, culminó Gutenberg Martínez.

Este domingo se produjo un tiroteo en una discoteca gay de Orlando, Estados Unidos, que dejó 50 muertos y 53 heridos. Pese a que aún se están investigando los antecedentes de Omar Mateen, el sujeto que ejecutó estos hechos, ha trascendido su filiación al Estado Islámico y se ha calificado el hecho como el peor acto terrorista desde el 11-S.

Para el sociólogo de la Universidad, Dr. Cristián Parker, una de las condiciones que propician este tipo de eventos en suelo norteamericano se encuentra en la misma Constitución del país.

“Si tienes acceso a distintos tipos de armas, es natural que allí se genere un caldo de cultivo donde cualquier persona tiene las herramientas para cumplir los cometidos que quieran. La tenencia de armas en Estados Unidos facilita y genera condiciones favorables para que sucedan este tipo de masacres, de la manera en cómo se dan: explosivas, violentas y masivas”, afirma.

El investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel explica que el derecho de cada ciudadano de portar armas en EE. UU. está asociado fuertemente al concepto de libertad en el país norteamericano. Ello, producto de hechos históricos que fundaron dicha nación y que avalarían el uso de las armas a nivel individual, como la propia colonización, la Guerra de Independencia, la Conquista del Oeste o la Guerra Civil, entre otros.

“Los derechos constitucionales de tenencia de armas en Estados Unidos están lejos de ser suprimidos. Solo se está discutiendo si hay posibilidad de controlar o restringir el uso de las armas, no el derecho a tenerlas”, critica el académico.

A nivel estructural, el ex consultor de  UNICEF, PNUD y CEPAL sostiene que las causas de este tipo de acciones terroristas responden a un cambio de paradigma. “El orden mundial que existía hasta fines del siglo XX, basado en la Guerra Fría, transmutó y no se ha podido generar un nuevo orden mundial que garantice la paz y la justicia”.

En ese sentido, el experto menciona que este tipo de situaciones se da en parte dado que no existe un orden mundial que garantice la paz. “El trabajo realizado por las Naciones Unidas, que por lo demás necesita una reforma radical, no es capaz de garantizar el orden y la paz a nivel mundial como debiera. Sin desconocer lo que hace, es insuficiente”, critica.

El Dr. Parker sostiene que una modificación al orden mundial actual para garantizar mayores condiciones de paz debe contemplar “que los países en vías de desarrollo tengan más oportunidades, que los países pobres se sientan menos oprimidos y que los países árabes e islámicos se sientan con mayores libertades para desarrollar sus propias alternativa”.

“El sistema mundial tiene problemas graves y genera condiciones para la reproducción de grupos antisistema. Eso no cambiara rápidamente. Si bien es muy importante condenar estos atentados con el mayor vigor moral y claridad política, no veo que la situación varíe sustancialmente”, enfatiza el especialista en sociología de la cultura y de la religión.

“Estas acciones son un evento más en una serie de eventos que vamos a seguir presenciando. La guerra contra el terrorismo no está concluida para nada”, proyecta.

Un ataque en contra de la diversidad de opción

De acuerdo al académico, el tiroteo en el club Pulse no es un ataque contra grupos marginales, ya que “esa discoteca es un espacio público y legal donde se reúnen personas con distintas motivaciones. No es que allí hubiese gente discriminada o segregada. Es un ataque en contra de la diversidad de opción”.

“Hay un componente fuertemente patriarcal y homofóbico en esta visión ideológica-religiosa del yihadismo,  donde la supuesta destrucción de la ‘moral’ y de las ‘sanas costumbres’ reside en la tolerancia con el movimiento gay. Por eso, deben destruir el ‘imperio’, representado por Estados Unidos, para construir una sociedad que respete los supuestos valores del Islam, que no son realmente sus valores, sino unos alterados y distorsionados, lo que es típico del yihadismo”, explica.

Finalmente, desde el punto de vista de la consecuencia de la acción, Parker sostiene que esta es “la búsqueda de una estrategia geopolítica para generar terror en la población en el seno mismo del ‘imperio’: Estados Unidos”.

La figura de un Cristo destruido por encapuchados fue una de las imágenes que mayor impacto provocó tras la movilización organizada por la Confech el pasado jueves. Pese a que la situación fue repudiada por distintos actores y de manera transversal, el hecho se suma a otras acciones violentas efectuadas en el contexto de marchas, como la muerte de un guardia durante las manifestaciones del 21 de mayo.

Para el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, “habrá que repensar los requisitos para autorizar estas movilizaciones”.

El académico explica que “por los hechos que hemos observado, el espacio de movilización es demasiado amplio”. En tal sentido, el experto propone que la autoridad autorice “un lugar donde esté contenida la manifestación, para garantizar mayores niveles de seguridad”.

De acuerdo a su análisis, plazas u otros sectores claramente delimitados aportarían a que tanto Carabineros como los organizadores de las manifestaciones controlen con mayor eficacia las acciones violentas.

“Aunque no es su responsabilidad, los organizadores deben actuar para aislar a estos grupos. También, creo que es importante que sean los mismos manifestantes los que rechacen estos hechos, tal como en 2011”, enfatiza Araya.

Además, afirma que “es importante que Carabineros tenga también la certeza de que si va a ir detrás de dos o tres encapuchados, ellos no tendrán el apoyo del movimiento estudiantil y no serán protegidos por la masa”.

Por otra parte, el especialista señala que “a veces, lo que sucede es que Carabineros está en la disyuntiva entre seguir a la gran masa o focalizarse en estos sujetos. Debe haber un trabajo estratégico y de inteligencia para impedir estos hechos. Hay que repensar la estrategia policial”.

Resultados de investigaciones disuaden a violentistas

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, la salida al problema de la violencia va por este último camino.  “La solución a esto no es la mano dura, sino la mano inteligente. Los problemas no se solucionan con nuevas leyes o figuras, sino con tener más resultados”, sostiene.

“Lo que todos estamos esperando es una resolución fuerte para que los hechos no ocurran y para que las personas puedan ser juzgadas efectivamente. Si nadie paga la culpa de esto, entonces, posiblemente, se vuelva a repetir y para allá tiene que ir la acción policial, con presencia, pero sobre todo con resolución de casos”, complementa la especialista.

La académica descarta que el problema sea la falta de contingente policial o de facultades para enfrentar estos hechos, ya que en todos estos el delito es evidente. “El presupuesto de Carabineros ha aumentado sosteniblemente en los últimos 15 años, también la dotación policial. Uno no puede tener una cantidad infinita de carabineros para estos hechos. Debieran revisarse sus líneas operativas”.

Resurgimiento de grupos políticos que legitiman la violencia en Chile

Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Vicente Espinoza, “hay que hacerse la idea de que tenemos en Chile grupos políticos que legitiman la violencia. Ese es el problema de fondo. Como ha quedado demostrado, no todo el mundo repudia estos hechos, porque hay gente que cree que el uso de la violencia es legítimo y lo ejerce”.

El académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel estatal plantea que “esto no es un problema psicológico. La rabia y la ira son fenómenos psicológicos individuales que no tienen una traducción colectiva. Estos grupos están actuando fuera de los marcos de la institucionalidad porque consideran legítimo uso de la violencia”.

“La legitimidad de la violencia es un problema que tenemos que encarar e introducirlo en la discusión política en esos términos. Si tomamos una posición exclusivamente moral, de condena a la violencia, van a estar quienes la condenan y los que creen que es legítimo ejercerla, por lo que no se va a detener”, enfatiza.

En relación al ataque puntual a la iglesia de la Gratitud Nacional, el especialista explica que “cuando atacan un determinado objetivo lo hacen siguiendo una cierta lógica o racionalidad política. Atacan bancos y farmacias porque representan el capital, y a las iglesias porque representan un poder simbólico contra el cual estos grupos se oponen”.

El académico atribuye esto a “el desprestigio de la iglesia católica. En los años 90’, era la institución en la que más confiaban los chilenos. Hoy, se ha convertido en una institución que no genera el consenso moral que generaba”.

Un proyecto de ley ingresado recientemente al Congreso por parlamentarios del oficialismo busca terminar con las tareas escolares en la educación básica y media con Jornada Escolar Completa (JEC).

Al respecto, el experto en educación de la Universidad, Dr. Jaime Retamal, sostuvo que “una buena ley que regule el tema de las tareas no tendría por qué rechazarlas en un 100%. Lo recomendable es que se normen para que no impliquen un estrés crónico, regulando también la Jornada Escolar Completa de manera que los estudiantes ocupen el tiempo de manera efectiva y que no se lleven trabajos de más de diez minutos para su casa”.

Para el Doctor en Educación, se puede hablar de exceso de tareas cuando estas representan una dedicación de “más de 30 minutos al día, lo que es excesivo en el contexto de la Jornada Escolar Completa”.

En ese sentido, el académico e investigador del Departamento de Educación sostuvo que “la Jornada Escolar Completa es una promesa no cumplida y debe ser reevaluada porque hay  evidencia de que muchas horas se dedican solo para preparar el SIMCE o la PSU”.

Como modelo a seguir, el experto cita el sistema educativo de Finlandia, ya que en el país europeo los estudiantes apenas realizan deberes fuera del establecimiento educacional. “Si miramos esos sistemas, nos damos cuenta de que no hay tareas porque el estudiante también aprende fuera del colegio mediante otras formas, como jugando en un parque o asistiendo a un museo”.

¿Es aconsejable que se normen las actividades curriculares por ley?

“Siempre sería mejor usar el criterio pedagógico al interior de las comunidades escolares, pero me parece recomendable que se discuta en el Congreso qué es lo que están haciendo los profesores y las escuelas con la formación de los niños”, afirma el especialista.

Sobre la causa de fondo que motivó la presentación de este proyecto, señala categórico: “el sistema escolar chileno está enfermo de rendimiento”.

“Se ha confundido calidad por rendimiento en pruebas estandarizadas, cuando las tareas lo único que hacen es fomentar el trabajo en la casa para rendir más, no necesariamente para aprender más”, enfatiza.

¿Cuáles son las tareas negativas y cuáles, las positivas?

El Dr. Retamal puntualiza que las tareas que pueden ser consideradas como negativas son aquellas “que están hechas solo para rendir, presionar y tener a los estudiantes en un cuadro de rendimiento activo”.

Explica que el riesgo de una excesiva cantidad de tareas para la casa radica en que “un niño puede perder el interés por el aprendizaje. El estrés crónico escolar y los cuadros ansiosos escolares son tremendamente dañinos para la motivación del estudiante. Es una presión inadecuada que termina generando una fobia a la escuela y que redunda en acciones como no querer asistir ni rendir en el colegio”.

No obstante, sostiene que no todas las tareas son perjudiciales. “Las tareas perjudican cuando son sin sentido y generan un estrés o un daño, pero hay algunas que pueden ser buenas cuando tienen sentido para un estudiante individual, cuando les gustan a los estudiantes o cuando nacen de sus motivaciones y deseos”.

¿Qué podría suceder durante el debate de esta iniciativa?

“Los padres están en una situación paradójica, porque vivimos en una sociedad que valora cierto tipo de exitismo que enferma también al sistema escolar. Por eso, creo que se van a dividir entre aquellos que están a favor de presionar escolarmente a los estudiantes, para que rindan más y sean exitosos, de aquellos más preocupados de la salud socioemocional de sus pupilos y del valor educativo de la escuela, en desmedro de su valor de uso, economicista”, proyecta el académico.

Diputados de diversos sectores presentaron la semana pasada un proyecto de ley que busca aplicar multas a manifestantes por el hecho de cubrir su rostro durante movilizaciones. El objetivo de la iniciativa, que también permite la detención inmediata de estas personas, es entregar mayores facultades a Carabineros a fin de combatir la violencia que generan estos grupos durante las marchas.

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel, Lucía Dammert, “este proyecto no aporta significativamente en hacer ni más efectiva ni más ágil la persecución policial de este tipo de grupos”.

La académica explica que "las leyes no generan más seguridad, sino marcos que permiten que las instituciones se desarrollen, y las capacidades de acción policial ya son bastante amplias y reguladas".

La especialista reconoce que la propuesta de ley presentada por los parlamentarios responde a la necesidad de enfrentar un problema, hasta ahora, sin solución. No obstante, afirma que “más que mirar cómo hacer para detener más gente, los parlamentarios debieran avanzar en solicitar información respecto de cuántos de aquellos detenidos son efectivamente imputados por algún tipo de causa”.

Dammert hace hincapié en que todas las acciones contra la libertad de las personas, sus derechos y propiedades deben ser limitadas y castigadas. “Sin embargo, ese castigo no va a ser más efectivo porque pasamos a una ley que permite a Carabineros detener a cualquier persona por porte de una capucha. En la actualidad, la institución ya detiene a una enorme cantidad de jóvenes durante manifestaciones y hechos de violencia, y ello parece no estar dando los resultados que se espera”.

La experta recuerda que la discusión por mayores facultades para que las policías actúen frente a violentistas ya se dio en 2013, en el marco del debate por la Ley de Resguardo del Orden Público, más conocida como ‘Ley Hinzpeter’. “Resucitan una propuesta que ya había sido ampliamente debatida, pero dudo que finalmente prospere", critica.

Conversación política previa y mayores niveles de inteligencia

"La forma de resolver ese tipo de situaciones no es criminalizar el hecho sino, más bien, lograr que los organizadores de las marchas, el Gobierno y las Policías permitan que se desarrollen de forma tal que todos aquellos que vayan a cometer actos de violencia, vandalismo, robos, etcétera, queden fuera del proceso", sostiene la académica.

Por ello, indica que el énfasis de propuestas para combatir a violentistas debiera estar en dos factores. Primero, que la autoridad contemple un espacio de conversación política entre ellos y los actores u organizadores de este tipo de marchas. “Ello aportaría a generar un proceso mucho más cuidado y acompañado”, señala.

En segundo lugar, “deben procurarse acciones policiales basadas en mayores niveles de inteligencia, que permitan identificar a quienes cometen ese tipo de hechos, y juntar la información necesaria para que la detención pueda ser continuada por un proceso judicial”, afirma.

"En cualquier parte del mundo, la lucha contra este tipo de grupos que se esconden en las masas para desarrollar actos vandálicos consta de estrategias muy complejas, justamente porque son personas que no tienen un objetivo patrimonial o específico sino, más bien, de desorden público. En ese marco de dificultades internacionales, en otros países justamente se ha evidenciado que más que ir por leyes ad hoc para atacar la problemática específica, lo que se requiere son procesos previos para hacer que el funcionamiento de las instituciones sea mucho más efectivo”, concluye.

Desde hace al menos un año, los países nórdicos, entre ellos Suecia y Dinamarca, decidieron observar lo que sucedía en varias empresas que redujeron la jornada laboral diaria de 8 a 6 horas, ello ante el escepticismo de los políticos, los grandes empresarios europeos y de gran parte del mundo.

Y los resultados, según el New York Times y la BBC fueron más que positivos: se redujo el absentismo y se mejoró la salud y la productividad de los empleados. Además los trabajadores se mostraban más felices por permanecer más tiempo con sus familias.

Lo que motivó a estos países para disminuir las horas laborales, fue un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que calculó que hasta un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país se pierde producto del estrés laboral causado por las exhaustivas semanas de trabajo.

El académico de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad, Dr. Víctor Olivares, precisa que “los países escandinavos están insertos dentro de una perspectiva que es el estado de bienestar, desde casi la mitad del siglo XX”.

Respecto a si esa realidad se podrá aplicar en Chile, el experto señala que “ellos tienen una condición psicosocial muy diferente a la que tenemos nosotros. Nuestro proceso de desarrollo se basa en términos del capitalismo, del mercado, y eso configura que las prácticas de recursos humanos y las organizaciones vivan en un sistema absolutamente distinto a los estados de bienestar”.

En consecuencia, puntualiza, “si bien nosotros deberíamos trabajar menos y generar condiciones como sociedad donde el trabajo “extra” que no se hace en la empresa, pudiésemos hacerlo desde la casa o desde lugares que nos generen mayor satisfacción y bienestar, sería lo ideal, pero no están dadas las condiciones psicosociales”.

Agrega que “tampoco es lo que el mercado busca o lo que nosotros culturalmente validamos como “buen trabajador”, por ejemplo”.

Sin embargo, sostiene que a pesar que nuestra sociedad está conformada en una estructura que hace compleja esa opción, “hay iniciativas, que quieren conversar, que quieren dar mejores condiciones como por ejemplo, la flexibilidad laboral, la conciliación familia-trabajo, la inclusión del género o pausas de trabajo, etcétera”.

Felicidad laboral

Acerca de la felicidad que causaría en los empleados trabajar menos horas, el Dr. Olivares enfatizó que “eso es relativo. Es como una moda que se hable de felicidad. En las organizaciones la felicidad es algo que está en cuestionamiento y en desarrollo de comprender, porque es un concepto bastante complejo de poder determinarlo”.

Acota que la felicidad “es un concepto tan individual y personal que es muy difícil definirlo. Y es más complejo aún definirlo a nivel colectivo, y relacionarlo con productividad”.

Eso sí, subraya, “el trabajar menos bajo condiciones de bienestar mejora la productividad, mejora la seguridad y mejora la salud de la personas. En ese sentido no hablaría de felicidad, hablaría de mejores condiciones y mejor trabajo decente, como la OIT lo establece. Deberíamos abogar por eso”.

Y agrega que “que los trabajadores pasen más tiempo con sus familias es un factor de bienestar más que de felicidad. Otros dirían de satisfacción, pero eso demuestra que ciertas condiciones facilitan el bienestar, y está comprobado”.