• Tras un estudio realizado por la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) en Santiago (Chile), Chennai (India) y Durban (Sudáfrica), el académico del Departamento de Tecnologías Industriales y miembro del Smart City Lab de nuestra Universidad, Dr. Lucio Cañete Arratia, advierte que nuestro país debe destinar recursos para investigación con el fin de lograr mayor precisión ante la ocurrencia de eventos climáticos; en este sentido urge implementar políticas públicas para hacer frente de mejor manera a las catástrofes naturales.

Ante el actual escenario de Cambio Climático que afecta al mundo y que ha desatado graves consecuencias para la humanidad, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) encabezó un estudio para analizar cómo puede ser mejorado el acceso a los instrumentos de financiamiento para el cambio climático y la planificación local en los países socios del proyecto “Cities Fit for Climate Change: Chile, India y Sudáfrica”.

El estudio, que será publicado en marzo, contó con la participación del Dr. Lucio Cañete Arratia, académico del Departamento de Tecnología Industriales y miembro del Smartcity Lab de nuestra Universidad, quien entregó su opinión respecto a las medidas adecuadas que se podrían tomar en el caso de Santiago de Chile, para contribuir de manera significativa a la protección del clima mundial.

Al respecto, el académico sostuvo que las posibles vías de financiamiento pueden ser mediante préstamos o subsidios, pero lo primordial sería que “el Estado como tal, tenga un ítem especial. Así como se está creando uno para la educación gratuita, tiene que haber otro para enfrentar nuevos escenarios ambientales”, sostiene el experto.

El caso de Chile

Un incremento inminente de aluviones y marejadas prevé en Chile el Dr. Lucio Cañete Arratia. Según explica, “porque la energía que va a recibir la tierra será mucho mayor. Se trata de un calentamiento global no enfriamiento, y por ende estará llegando más calor en forma de energía, entonces todos los fenómenos atmosféricos serán más violentos”, sostiene el experto.

En ese contexto el académico indica que es prioritario disponer de obras más resistentes, pero pone en cuestión el origen de los fondos. “De donde provendrá el dinero para financiarlas, teniendo en cuenta que nuestro país se enfrenta a una disposición legal, en donde el presupuesto se discute de un año para otro y que los municipios no cuentan con los recursos suficientes”, indica.

En palabras del académico, lo viable en el caso de Santiago, ciudad que fue escogida en el estudio por su alta densidad demográfica, es solicitar préstamos y/o subsidios para financiar obras de manera inmediata, debido a que las fuentes públicas en Chile son bastantes escazas en las condiciones actuales, asegura. Pero agrega que lo importante sería que el Estado cree un ítem a largo plazo para estos casos.

Una vez se cuente con recursos para invertir, lo prioritario es destinar fondos a investigación, ya que en palabras del académico “hay mucha incertidumbre e imprecisión respecto al cambio climático, se dice que las precipitaciones van a disminuir en la zona central cierto porcentaje, pero ese porcentaje es aproximado”.

Agrega que “lo que se debe hacer es mejorar la exactitud de los pronósticos, porque mientras exista mayor precisión, mejor será la respuesta. Pronósticos ambiguos provocan, actitudes y decisiones ambiguas. Entonces, a mi juicio, la mayor cantidad de recursos debe ser destinado a investigación, y luego con precisión se sabrá cuanto invertir en infraestructura”, sostiene el experto.

Proyecto

La iniciativa fue desarrollada en Chile por la consultora Adelphi en conjunto con Adapt-Chile, quienes seleccionaron a expertos del área para referirse la situación de financiamiento de proyectos de clima urbano en los países socios.

La primera parte del estudio, se basa en una revisión profunda de la literatura y  describirá el status quo del financiamiento climático, incluyendo fuentes de financiamiento y mecanismos relevantes para las ciudades.

Mientras que la segunda consistirá en tres estudios de casos, basados en entrevistas a actores clave, para ilustrar la situación actual, así como los potenciales de financiamiento del clima urbano, en Santiago de Chile, Chennai (India) y Durban (Sudáfrica).

Entre las conclusiones que se obtengan, la agencia GIZ traducirá los problemas, tendencias y mejores prácticas en desafíos y oportunidades, ilustrando formas y propuestas para que las ciudades y los municipios obtengan fondos para la acción climática.
 

• El experto en marketing y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Enrique Marinao, afirma que en la discusión de esta normativa solo primó “un criterio economicista, que buscaba rentabilidad por rentabilidad”. Por eso, es partidario de rehacer el cuerpo legislativo, regulando de manera separada a quienes ofrecen estacionamientos como negocio principal, en contraposición a malls o clínicas.

Hace dos semanas entró en vigencia la Ley 20.967 que modifica el sistema de cobro de estacionamientos en Chile. Al respecto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un estudio desde la implementación de la normativa, constatando que de las 38 empresas analizadas, un 65,8% aumentaron sus precios; 10,5% mantuvieron sus tarifas; y solo un 23,6% bajó sus valores.

Para el experto en marketing de servicios y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Enrique Marinao, el impacto de esta ley en los precios de los aparcamientos revela que, durante su tramitación en el Congreso, lo que primó fue “un criterio economicista, que buscaba rentabilidad por rentabilidad” solo para las empresas, sin considerar a la ciudadanía.

Para el especialista, el principal error de la normativa es que no diferencia entre empresas que ofrecen el servicio. “Hay una diferencia conceptual tremenda que el legislador no consideró. La ley está hecha como si solo estuviéramos hablando de edificios que prestan el servicio de estacionamiento como negocio principal”, critica el economista.

“Hay empresarios que tienen la potestad de hacer su negocio, pero cuando uno va a una clínica, se está obligado a ocupar un estacionamiento”, explica, ya que lo que se busca está solo en ese lugar. “Es una ley nefasta, en términos de no hacer la diferencia cuando el usuario tiene la potestad de elegir y tomar las decisiones, por uno u otro estacionamiento, que cuando no la tiene”, sentencia.

De acuerdo al Dr. Marinao, quienes ofrecen los aparcamientos como servicio accesorio “deben tenerlo contemplado como complementario para prestar el servicio de salud, por ejemplo. “Es una obligación, pero eso está pasando a segundo plano y estamos discutiendo cuánto están cobrando, cuando ellos no deberían cobrar”, subraya.

Para el especialista, la ley genera “una tremenda ambigüedad, que ha quedado reflejada en los precios. Produce que cada empresa haga lo que estime conveniente, no en función del beneficio del usuario, sino de maximizar sus rentabilidades a como dé lugar”.

De acuerdo al académico, el origen del problema radica en que no se respetó el espíritu que impulsó la discusión de la normativa. “Se buscaba que aquellas empresas, servicios como hospitales o instituciones públicas tuvieran un espacio para que los estacionamientos, en principio y en función de los consumidores, fuera gratuito. Eso se empezó a reducir hasta que algunos ya no lo respetan de plano”, lamenta.

“Mientras los parlamentarios sigan haciendo leyes para consumidores y no para ciudadanos, no vamos a encontrar diferencias conceptuales en los servicios que se ofrecen. Si vamos a hacer leyes para consumidores, transparentémoslo”, emplaza. “Si hacemos leyes en función del bien común de todos los ciudadanos, esta ley está mal hecha desde el punto de vista económico, ético, moral, financiero, etcétera”, agrega.

Para el Dr. Marinao, “esto hay que hacerlo de nuevo, con altura de miras y transparentando todos los intereses. Estoy de acuerdo en que se reestructure esta ley, porque está mal hecha”.

De acuerdo al especialista, la norma debe tramitarse de manera separada. “Si vamos a regular el negocio principal de aquellos edificios que se construyan para prestar el servicio de estacionamiento, eso es una ley. En paralelo debe regularse, en otra ley, lo que pasa en los malls, clínicas y hospitales, porque el estacionamiento es un servicio asociado al que están prestando”, concluye.

• El Ingeniero Civil mención Hidráulica Sanitaria Ambiental y académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Carlos Reiher, asegura que la empresa Aguas Andinas, que dejó de entregar el servicio básico a más de 5 millones de personas en la Región Metropolitana, “tiene un funcionamiento ligado a sus utilidades”, por lo que la única manera de influir de manera eficaz sobre sus decisiones sería obligarla a considerar un alto castigo monetario en caso de no realizar urgentemente “inversiones adecuadas para cumplir con el servicio encargado”.

Precipitaciones y altas temperaturas provocaron aluviones este fin de semana en diferentes regiones del país. El río Maipo, en la Región Metropolitana, fue uno de los causes afectados por este hecho, lo que obligó a la empresa Aguas Andinas a cortar el suministro de agua potable en alrededor de 30 comunas de la capital, debido a la turbiedad del agua.

Para el ingeniero civil mención hidráulica sanitaria ambiental y académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Carlos Reiher, es inaceptable que los estanques con que cuenta la empresa tengan “capacidad solo para nueve horas de almacenamiento de agua”, en circunstancias que se trata de un servicio básico.

Aunque destaca que la empresa tenga considerado aumentar su capacidad de estanque y almacenamiento de agua cruda, critica que “les ha faltado moverse un poco más rápido, para resolver las situaciones que ocurren ahora”, subraya.

Por eso, el ingeniero propone que lo primero es acelerar el proyecto para que Aguas Andinas construya un pozo que permita abastecer de agua a la Región Metropolitana por 38 horas en caso de corte del suministro, iniciativa que se presentó en 2013 y que recién tiene fecha para ser entregada en 2019. 

“Se debe presionar, a través de la legislación, para que esto se apure aún más, porque existe la probabilidad de que la situación se repita en el verano que viene o, incluso, en los próximos meses”, señala.

En ese sentido, hace hincapié en que el endurecimiento de las multas ayudaría a encontrar soluciones más rápidas. “Naturalmente, ellos tienen un funcionamiento ligado a sus utilidades y a cómo se desempeñan financieramente. La única manera de influir de manera eficaz sobre sus decisiones es hacer un balance entre lo que significa para ellos pagar una multa versus el beneficio de tener las inversiones adecuadas para cumplir con el servicio que tienen encargado”, explica.

“La superintendencia de servicios sanitarios tiene herramientas para castigar la inacción frente a la falta de suministro, pero hay situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, cuando uno constata que esto es recurrente, ya no es fuerza mayor, sino un hecho que evidencia la falta de previsión de nuevos planes que incorporen pronósticos meteorológicos actualizados, como la variación global del clima”, sostiene.

Finalmente, releva la importancia de “tomar acciones de limpieza y de evacuar zonas que en este momento presentan un peligro inminente de tener lluvias”.

Agua potable pública

El arquitecto urbanista, especialista en patrimonio hídrico y arquitecto de la Escuela de Arquitectura, Jonás Figueroa, coincide en las críticas a la empresa Aguas Andinas.

“Lo de Aguas Andinas es una especulación realmente escandalosa. Ellos tienen 2.300 millones de dólares de utilidad anual, pero ¿cuánto gasta de esa utilidad? ¿Le obliga el Gobierno a hacer obras para mejorar el servicio?”, cuestiona.

Por eso, propone que la distribución de agua potable esté a cargo de una empresa del Estado. “Necesitamos que el servicio de agua potable esté en manos públicas. Fue un error haber entregado la gestión del servicio básico de agua potable a empresas privadas, que lo único que les interesa es el beneficio, la especulación”, subraya.

“Tenemos empresas como Aguas Andinas, con utilidades de primer mundo, pero con un servicio de tercer mundo”, agrega.

El especialista considera que debería haber una ley de resguardo de continuidad y de seguridad del servicio de agua potable, y puntualiza que todo el dinero que ha gastado la gente en consumo de agua envasada debería ser pagado por la sanitaria.

“Nosotros, como individuos, tenemos un contrato con la empresa, que es de abastecimiento. Es decir, si se produce un corte de energía o de agua potable, las empresas deberían sufragar un seguro que permita a los clientes disponer de otras alternativas”, concluye.

Emergencia previsible

De acuerdo al encargado del Laboratorio de Meteorología de la Universidad, Álvaro Mauro, la emergencia era un evento previsible. “Esta actividad se había pronosticado el día viernes”, señala. Indica que los aluviones se produjeron por una ola de calor que provocó que las precipitaciones, que por lo general se manifiestan en forma de nieve en estos sectores cordilleranos, terminaran siendo líquidas, lo que hizo que aumentara el caudal y el agua se desplazara con más fuerza hacia abajo.

El académico señala que este tipo de sucesos se darán con mucho más frecuencia a futuro, debido a que “estamos viviendo una situación de altas temperaturas”.

“Estamos bordeando los 20 grados de temperatura mínima. Eso es mucho para nosotros y hace que se mantengan altas las temperaturas durante el día, lo que potencia eventos que se pueden generar nuevamente en la cordillera y precordillera”, proyecta.

Por lo tanto, llama a monitorear constantemente las condiciones climáticas de las zonas que fueron afectadas. “Las temperaturas están muy altas y la precipitación, de ocurrir, sería más líquida que sólida”, indica. “Tenemos que estar preparados porque esto puede volver a ocurrir”, advierte.

 

• En conversación con el programa Sin Pretexto de radio U. de Santiago, el ingeniero en tránsito de la Universidad Técnica del Estado (UTE), Jaime Bravo, afirmó que la gran mayoría de los accidentes carreteros en Chile obedecen a la impudencia de los conductores, factor que habría provocado el volcamiento en la frontera de un bus con 40 pasajeros de la empresa Turbus que se dirigía desde Mendoza hacia Santiago, dejando un saldo de 19 personas fallecidas, dos de ellas chilenas.

La madrugada del sábado, a solo kilómetros de la frontera con nuestro país, un bus con 40 pasajeros de la empresa Turbus que se dirigía desde Mendoza hacia Santiago, volcó en una de las curvas dejando un saldo de 19 personas fallecidas, dos de ellas chilenas.

Las primeras pericias indican que el accidente habría ocurrido porque el conductor de la máquina, Francisco Sanhueza, enfrentó una curva muy peligrosa a una velocidad cercana a los 100 k/h. Ante su evidente responsabilidad en el suceso, el conductor está siendo imputado por la justicia Argentina y enfrenta penas que podrían alcanzar los 25 años de cárcel.

En conversación con el programa Sin Pretexto de radio U. de Santiago, el ingeniero en tránsito de la Universidad Técnica del Estado (UTE), Jaime Bravo, afirmó que la gran mayoría de los accidentes carreteros en Chile obedecen a la impudencia de los conductores, factor que habría provocado el volcamiento en la frontera.

“Los accidentes son multicausales y cuando uno ve la parrilla completa de los accidentes en Chile se podrá dar cuenta que la gran mayoría obedecen a la imprudencia. Respecto a este accidente hay testimonios bastante elocuentes”, comentó.

Aclaró que “el camino que viene casi excediendo a la aduana de Chile es bastante serpenteante, tiene unas pendientes muy pronunciadas. Y a esa hora de la madrugada, en que se produjo el accidente, se tiende a tratar de llegar de manera oportuna a ponerse en la fila para poder salir luego del paso fronterizo y eso hace cometer ciertos grados de imprudencia a los conductores”.

Asimismo, Bravo cuestionó la función del segundo conductor del bus.

“Me resulta muy extraño que el copiloto vaya durmiendo, en circunstancias que si hay dos conductores es para que uno coadyuve en la función de apoyo para que no caiga en estados de fatiga”, subrayó.

En ese contexto, el experto recordó que la segunda causa de accidentes en Chile es la pérdida de control de un vehículo, “así que no resulta extraño que situaciones de esta naturaleza se hayan producido en forma frecuente en nuestro país, porque circular sobre todo en caminos de montaña requiere de destrezas un poco más particulares que las generales que uno utiliza circulando por la ciudad”.

Capacitación a conductores

Por otro lado, Bravo puntualizó que a pesar de la buena infraestructura en carreteras y calidad de vehículos, los conductores de nuestro país “dejan mucho que desear”.

“Respecto a infraestructura y a vehículos, Chile tiene estándares que podrían ser elogiados en todo el concierto latinoamericano. Tenemos el parque vehicular más moderno de Sudamérica después de Brasil, sin embargo nuestros conductores dejan mucho que desear”, recalcó.

Y acotó que “durante más de 20 años nuestras exigencias para obtener una licencia han sido bastante básicas. Y en estos últimos tres años donde se han aplicado algunas exigencias más relacionadas con los conocimientos y las habilidades y destrezas, se ha aumentado el número de reprobados”.

En relación al accidente, Bravo enfatizó que quienes formaron a los conductores del Turbus deberían entregar un informe a la autoridad para que sea de conocimiento público cuáles son sus capacidades.

“Deberíamos saber dónde se entregó la licencia, cuáles fueron los planes de formación, cuál fue el centro formador de esos conductores profesionales y ahí podríamos sacar algunos resultados para que este accidente no vuelva a ocurrir. Si tenemos buena infraestructura y buenos vehículos, también tenemos que procurar tener buenos conductores”, indicó.

“Conductores deben respetar las normas”

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Buses de Transportes de Pasajeros, Fenabus, Marcos Carter, señaló en Sin Pretexto que los buses asociados al gremio cumplen con las normas de seguridad.

“Nosotros estamos por dar seguridad a los usuarios en todo aspecto, no solo del manejo, como el tercer ojo, el control automatizado de conducción, GPS, el control de velocidad, entre otros. Como gremio, todo lo que se está invirtiendo en tecnología es por cuenta nuestra”, aseguró.

A su vez, afirmó que los pasajeros tienden a no respetar las reglas. “Aquí hay un tema cultural, porque, por ejemplo, el pasajero es un poco reacio a usar el cinturón de seguridad, pero las reglas del juego son así, hay que cumplirlas”.

Respecto a los conductores, precisó que “ellos tienen que capacitarse y respetar las normas que existen. Si hay zonas que indican una velocidad hay que cumplirla”.

• La integrante del directorio nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Jimena Aguirre, sostuvo que no se respetaron los votos de representación de sus delegados durante el debate en la CUT para reemplazar el voto ponderado por uno universal, modificación que finalmente fue aplazada para 2020. Sostuvo que ya presentaron los antecedentes a la Dirección del Trabajo e indicó que evaluarán su participación en la multigremial. “Nosotros queremos que quienes están en la central representen las demandas de los trabajadores y no las del Gobierno”, enfatizó.
  
   

Gremios como la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el Colegio de Profesores y la Confusam señalaron que se encuentran estudiando la posibilidad de congelar su participación en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esto, luego de que el cambio sobre el sistema de elección, donde se pasaba del voto ponderado al universal, fuera postergado a 2020.

Al respecto, la integrante del directorio nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y vocera del Movimiento Cabreados de la ANEF, Jimena Aguirre, sostuvo que “hubo una irregularidad tanto en la aprobación de los estatutos como en los estatutos que salen finalmente publicados”.

En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, indicó que un sector de la asociación “impugnó ante la Dirección del Trabajo (DT) la forma en que habían sido aprobados los estatutos. Nosotros estuvimos presentes cuando se realizó una votación a mano alzada, sin respetar las ponderaciones de los delegados que estábamos presentes”.

“Los delegados de la ANEF”, explicó Aguirre, “teníamos 500 votos de representación y nos contaron uno. Eso lo manifestamos inmediatamente en la votación. Fuimos a la mesa, impugnamos lo que estaba sucediendo, la manera de votar, pero no hubo caso. La votación se llevó adelante y, simplemente, al día siguiente, se dio por aprobada una reforma de estatutos que no quedó establecida en los que salieron publicados”.

Por eso, enfatizó que “hicimos la presentación ante la DT el día 10 de febrero y esperamos que se pronuncie respecto de si tiene atribuciones para fiscalizar esta forma de aprobación de estatutos, que fue completamente irregular a lo establecido en el reglamento que hoy está vigente en la central”.

Por otra parte, lamentó que “lo más decepcionante es que en los estatutos que salen publicados ahora en febrero, después del congreso nacional, no queda establecido el sufragio universal directo para 2020, que fue lo que supuestamente se habría aprobado en este congreso”.

Respecto a si evalúan congelar o no su participación en la multigremial, indicó que “nosotros acordamos que íbamos a defender el voto universal para 2017, que los 70 delegados que ya estamos inscritos para representar a la ANEF íbamos con esa postura, y que si esa postura se perdía en el congreso, lo que sucedió, nosotros íbamos a llevar a la asamblea nacional como punto número uno de la discusión si continuábamos la participación o la congelábamos, hasta que en la CUT no hubiese voto universal. Ahí es donde estamos hoy”.

En ese sentido, critica que “en el comunicado de la ANEF no aparece el acuerdo establecido. Eso es lo que estamos conversando con los dirigentes regionales que estuvieron presentes en este encuentro. Este es un directorio nacional, que es una instancia formal donde hubo un acuerdo”.

“Esperamos que en la próxima instancia nacional de la ANEF se defina si continuamos con la participación activa en la CUT”, subrayó.

Finalmente, señaló que “nosotros queremos que quienes están en la CUT  representen las demandas de los trabajadores y no las del Gobierno, que es lo que vimos con la reforma laboral”.

“El llamado es que la discusión se debe dar en las bases. Hoy, el sindicalismo necesita un fortalecimiento desde las bases de los trabajadores, y son las asambleas donde se tiene que dar la discusión de lo que la ANEF hará en el futuro respecto a la CUT. No somos los dirigentes o las cúpulas las que tenemos que tomar las decisiones”, concluyó.

• En entrevista con el programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago, el parlamentario, quien fue uno de los autores de la iniciativa, aseguró que “la única opción que nos queda es adjuntar un nuevo proyecto de ley donde esperamos que de una vez por todas los senadores de la Comisión de Economía entiendan que es fundamental escuchar a los consumidores y legislar en favor de ellos y que no cedan al lobby feroz que tuvimos, tanto en la Cámara como en el Senado”.

Luego de implementarse la nueva ley de cobro por uso de estacionamientos por periodos inferiores a 24 horas en centros comerciales, hospitales, clínicas y otros recintos privados, surgieron las críticas y los comentarios negativos a la normativa.

El diputado Fuad Chahín Valenzuela (DC), quien fue uno de los autores de la iniciativa, precisó en el programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago que la ley “era muy distinta cuando la ingresamos al Congreso cuando partió su tramitación”.

“Incluso cuando salió de la Cámara de Diputados, pero luego de las modificaciones del Senado con la complicidad del ministro de Economía -Luis Felipe Céspedes-, resultó un adefesio; nos modificaron completamente un proyecto que era muy bueno para los consumidores y lo transformaron en un proyecto mediocre, que en algunos aspectos es abiertamente perjudicial para los consumidores”, subrayó.

Agregó que “para nosotros es un claro triunfo del lobby de los mall y centros comerciales y lamentamos mucho lo que ha ocurrido con esta legislación”.

El parlamentario aclaró que solo los aspectos accesorios terminaron siendo beneficiosos, “por ejemplo, el fin de la multa por ticket extraviado y la gratuidad en los casos de atención de urgencia en los hospitales o centros de salud”.

No obstante, destacó, “se eliminó completamente el tema de la gratuidad a todo evento de media hora y de dos horas contra la compra de un bien o servicio que habíamos planteado en los casos de los mall y centros comerciales”.

Daños, robos y hurtos

Respecto a eventuales daños, robos o hurtos en el vehículo dentro del estacionamiento, el diputado Chahín indicó que el Senado incorporó una norma “que a primera vista podría parecer beneficiosa para los consumidores pero no es así”.

“Con esta norma ahora el consumidor va a tener que acreditar que el proveedor de servicios no contaba con los medios de seguridad necesarios, pero los tribunales de justicia ya habían planteado que por tratarse de un servicio profesional, siempre deben responder los proveedores de los servicios de estacionamientos cuando hay pérdida por robo o hurto al interior de estos, por tanto, obviamente eso es un retroceso”, dijo.

Acotó que “con esta ley va a ser más difícil para el consumidor lograr la indemnización de los perjuicios que sufra, que antes sin ley”.

Finalmente, Chahín recalcó que lamentablemente la ley no es mejorable.

“La única opción que nos queda es adjuntar un nuevo proyecto de ley donde esperamos que de una vez por todos los senadores de la Comisión de Economía entiendan que es fundamental escuchar a los consumidores y legislar en favor de ellos y que no cedan al lobby feroz que tuvimos, tanto en la Cámara como en el Senado”, concluyó.

• En conversación con Radio U. de Santiago, los ediles de Constitución, Hualañé, Vichuquén y Penco, cuatro de los lugares más afectados por la catástrofe, solicitaron colaboración tanto inmediata como para el período de reconstrucción. A su vez, hicieron un análisis de cómo se está combatiendo la contigencia en estos momentos. Al evaluar positivamente la jornada, la directora de la radio, Gabriela Martínez Cuevas explicó la decisión de realizar una programación especial: "Como radio de una Universidad Estatal y pública no podemos soslayar esta catástrofe que afecta al país".

Los alcaldes de las principales zonas afectadas por los incendios forestales que se están desarrollando durante los últimos días en nuestro país relataron en Radio U. de Santiago la realidad que están viviendo a raíz de la catástrofe que afecta a sus comunas.

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, aseguró que poseen un sentimiento de tragedia que los afecta profundamente, pero también la esperanza que la situación mejore. “Si ya nos pudimos poner de pie con un terremoto y un tsunami, cómo no lo vamos a hacer ahora. Esa es la convicción que tenemos. Ver Santa Olga destruido y muchos sectores quemados, encontrarme yo mismo en la mañana con un cadáver, es algo que no se me va a borrar el resto de mi vida”, manifestó.

“No se olviden de nosotros. Llámenme mañana, en 15 días, en un mes más, y pregúntenme cómo vamos. Necesito los medios de comunicación, la radio es lo más creíble. No me dejen solo, ayúdenme”, fue su desesperado llamado.

Por su parte, el alcalde de Hualañé, Claudio Pucher, contó que en los sectores donde el avión Supertanker hizo los lanzamientos de agua, la temperatura bajó considerablemente. “En algunos puntos las llamas fueron eliminadas. Se trató de lanzamientos muy efectivos, que tendrían que ser acompañados con brigadistas terrestres, lo que sería muy importante para hacer un trabajo mucho más efectivo”, complementó.

“Por el momento, necesitamos todo tipo de materiales de construcción, que nos permitan la habilitación o mejoras de las viviendas de emergencia que se van a entregar. También requerimos alimento y agua para los damnificados, y forraje para los animales”, advirtió el edil sobre la ayuda que solicitan.

El alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera, advirtió que tiene evidencias concretas para asegurar que se se trata de un incendio intencional. “Ha habido tres focos distintos y distantes el uno del otro. Ayer, vecinos de Llico y Culenmapu descubrieron a cuatro personas prendiendo fuego en los cerros, les dieron persecución. Lamentablemente no lograron dar con ellos. Ya es un hecho concreto, con testigos oculares”, sostuvo.

Por último, el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, señaló que el plan de contigencia llevado a cabo anoche “fue terrible en términos de la cantidad de incendios y de la proximidad con la poblaciones afectadas. Es el siniestro más importante en la historia de Penco. Nunca se había visto algo así en términos de voracidad”, aseguró.

Cobertura especial de Radio U. de Santiago

Al evaluar positivamente la jornada, la directora de la radio, Gabriela Martínez Cuevas explicó la decisión de realizar una programación especial, señalando: "Como radio de una Universidad Estatal y pública no podemos soslayar esta catástrofe que afecta al país, por lo mismo volcamos todo nuestros esfuerzos a una programación especial para informar a la ciudadanía  el drama en el que están sumidos miles y miles de compatriotas. Nuestra responsabilidad es dar cuenta de esta cruda realidad y sensibilizar a la opinión pública para que colabore con los más necesitados en la medida de sus posibilidades".

La directora explicó la importancia de la labor de nuestra emisora, detallando que en esta primera etapa la emergencia demanda concurrir a los centros de acopio, "pero vendrá una segunda mucho más compleja: la salud mental de los afectados/as, así como la reconstrucción de lo que se ha perdido, en particular,  establecimientos educacionales, centros laborales, etc. Es aquí donde igualmente se va a requerir de una comunicación pública comprometida; al menos, Radio Universidad de Santiago, no eliminará de su agenda este desastre cuyas consecuencias, ni las autoridades las han podido dimensionar aún".

• El sociólogo de nuestra Universidad, Claudio Avendaño, afirma que el paquete bomba que recibió en su casa Óscar Landerretche presenta una serie de características que separan el actuar de la agrupación autodenominada “eco-terrorista” de otros actos con objetivos similares, como su indefinición política o el hecho de enviar el explosivo por correo. “El elemento que produce la divergencia es cómo se cuenta el suceso. Es muy distinta la forma en que se presentan a la sociedad en comparación al estilo tradicional de otros grupos”, enfatizó.

Un paquete bomba  recibió en su casa el Presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien resultó con lesiones menores tras la explosión del artefacto. El atentado fue reivindicado por el grupo ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje’, supuesta organización autodefinida como “eco-terrorista”, que argumentó haber cometido el acto para “vengar” la “devastación de la tierra” en que incurriría la cuprífera por su actividad minera. El hecho fue repudiado por todos los sectores políticos y el Ministerio del Interior ingresó una querella contra quienes resulten responsables “por el delito consumado de envío de cartas o encomiendas explosivas y envío de bombas o artefactos explosivos de carácter terrorista”.

De acuerdo al sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, a partir de los hechos que se han conocido se pueden extraer algunas conclusiones preliminares sobre el actuar de este grupo específico que lo diferencia de otras organizaciones de carácter terrorista.

En primer lugar, Avendaño subraya el tipo de registro que utilizan para revindicar el hecho. “Se observa una narrativa adolescente. Su forma de contar el hecho es parte de la jerga o de un tipo de comunicación desde los jóvenes hacia sus pares”.

“Sirve para revindicar un tipo de lenguaje y el lugar desde dónde están hablando”, agrega. Respecto a sus características, indica que es “un lenguaje coloquial, muy distinto al que utilizan otros grupos que cometen este tipo de acciones”.

En segundo término, el académico de la Escuela de Periodismo explica que movimientos con este tipo de ideologías tienen su origen en el siglo XIX. “Responden a una cierta contracultura de carácter bucólico, anti-civilización, colocándose a renglón seguido de los movimientos anti-industrialización del 1800, contrario a las lógicas industriales de la sociedad moderna en general”, sostiene.

“No es algo nuevo. En Chile, probablemente sí, pero siempre ha existido una visión distinta o contraria a la civilización industrial”, indica el especialista.

En tercer lugar, indica que no se puede advertir un ideario específico en su actuar. “No hay ningún indicio de cuál es el programa político que tienen. Es un hecho que se puede entender como un acto que nace desde la frustración por aquellas ideas que ellos plantean y defienden”, sostiene.

Finalmente, hace hincapié en la “imprecisión” de su actuar. “Si se quiere ser verosímil y creíble, esta distención al utilizar Chilexpress no es menor. Revela una cierta ligereza o poca precisión. Ahí, uno podría prever una organización poco formal”.

“Lo que resulta de la suma de todos estos elementos es una narrativa de un grupo distinto que, también, puede llevar a la sospecha de que se trata de algo verdadero o, simplemente, un encubrimiento”, advierte.

No obstante, reconoce que el paquete bomba enviado a Landerretche plantea “una convergencia con las formas tradicionales. Es decir, con los actos terroristas conocidos”.

“El elemento que produce la divergencia es la narrativa, el cómo se cuenta el hecho. Es muy distinta la forma en que se presentan a la sociedad en comparación al estilo tradicional en que esto se lleva a cabo. Eso hace dudar, genera perplejidad y, finalmente, curiosidad”, precisa.

Un acto simbólico

Respecto a cómo comprender el hecho, sostiene que este “se puede ubicar en un plano simbólico-cultural. Este grupo se opone a una matriz de relación con la naturaleza donde el hombre es el centro y tiene derecho a dominarla y utilizarla a su servicio”.

Con todo, advierte que “hay que tomar en serio esta situación, por supuesto, porque hay un acto concreto que tiene que ver con un tipo de violencia”.

Aunque sostiene que las características del contexto no justifican el hecho, explica que el escenario en que se dan estas situaciones es uno en el que se evidencia “un proceso de distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones y una demanda por mayor participación”.

“Probablemente, lo que hay en nuestra sociedad son una serie de conflictos entre los puntos de vista de ciertos sectores ciudadanos y la institucionalidad política. Ahí hay una brecha muy importante”, concluye.

• El director de la Escuela de Medicina, Dr. Mauricio Osorio, sostiene que para ponerse al día en un plazo adecuado con las 35 mil atenciones suspendidas producto de la movilización, el Minsal va a requerir de recursos frescos. “Resolver la situación en el corto plazo implica inyectar más recursos, para atender fuera de horario o de una manera distinta las prestaciones no realizadas”, subraya.

Hace 16 días hábiles que los trabajadores de la salud pública se encuentran en paro, sumándose a los distintos sectores movilizados producto de la discusión del reajuste  propuesto por el Gobierno. De acuerdo al Ministerio de Salud, al día lunes, las cirugías y consultas con especialistas suspendidas ascienden a 7.183 y 27.595, respectivamente. La autoridad señala que cada día que los hospitales no funcionan con normalidad significa una semana para poder recuperar el tiempo perdido, por lo que el retraso de las atenciones podría ser de más de tres meses, aunque desde el Colegio Médico han advertido que las demoras pueden extenderse incluso hasta en un año.
 
Para el director de la Escuela de Medicina, Dr. Mauricio Osorio, “la situación no resiste más. Esto debió haberse resuelto ya. En la medida en que sigamos como estamos, esto repercutirá en dejar gente postergada, que pacientes no puedan retirar sus medicamentos y que no se puedan resolver situaciones que hubiese sido fácil hacerlo si se hubiesen completado las consultas”.
 
El Minsal solicitó a todos los servicios a que diseñen un plan de recuperación de la actividad asistencial suspendida. A juicio del académico, “si el plan que se va a hacer implica suspender a la gente que en el futuro se tiene que atender y que ya está programada, no es una solución concreta”.
 
El Dr. Osorio señala que “en este momento, ya hay programadas consultas de especialidades y cirugías para los próximos meses. Por lo menos, el próximo mes la agenda está completa. Por lo tanto, el hecho de colocar tanto interconsulta como cirugía implica, en la práctica, postergar a los que ya estaban programados”.
Además, agrega que “en el caso de una cirugía, si a una persona se le vencen los exámenes que tiene para realizársela, hay que tomarle de nuevo los exámenes y entras en un programa de latencia que es mayor a la cirugía”.
 
Por eso, señala que “para una solución real, esta resolución respecto a lo que no se ha hecho en interconsulta y cirugía debe ser por sobre lo que se tiene habitualmente programado”.
 
Según la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), para subsanar la situación se trabajará en las tardes o los fines de semana, y se aprovechará lo más posible el horario hábil. Sin embargo, el Dr. Osorio señala que “hoy esos tiempos ya están comprometidos. A lo mejor algunos sábados pudieran ser diferentes, pero en general están comprometidas las actividades. Por ende, esto tiene que ser por sobre lo que se hace normalmente o no hay ninguna posibilidad de resolverlo en el corto plazo”, insiste.
 
Para alcanzar este objetivo, afirma que se requiere “más recursos, porque si se quiere responder solo con la capacidad existente, se provocarán demoras. Resolver la situación en el corto plazo implica inyectar más recursos, para atender fuera de horario o de una manera distinta lo que está quedando pendiente”.
 
“El problema es que ese monto será de mucho mayor cuantía en la medida que se siga generando la situación que hay hoy”, sostiene el Dr. Osorio en alusión al paro.
 
Efectos en la salud producto del paro
 
“Se sigue acumulando la basura en las calles, lo que es otro foco de insalubridad e infecciones”, advierte el Dr. Osorio, pero agrega que el paro en el Registro civil o en el Servicio Médico Legal también provoca otro tipo de efectos nocivos para la salud.
 
“No solo hay que verlo solo como un problema físico, sino que también de la tranquilidad y salud mental, no solo de quienes están siendo postergados, sino de todos aquellos que viven en la ciudad y que están siendo afectados”, hace hincapié.
 
El rol del Ministerio del Interior
 
El médico concuerda con el Presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, en que la situación puede aumentar la mortalidad si las personas “no pueden retirar sus medicamentos o no pueden hacer sus controles adecuados”, lo que en el más extremo de los casos puede agravar una enfermedad hasta el límite.
 
Por eso, señala que “hay que llamar a la autoridad radicada en el Ministerio del Interior, en el sentido de que esta situación no resiste más y hay que solucionarla desde el punto de vista político. Esto no da para más”.
 
“Obviamente, el Ministerio de Salud tiene que preocuparse de lo que está ocurriendo y resolver a posterior todas estas situaciones que quedarán en espera, pero no es resorte del Minsal si hay o no reajuste. La autoridad política recae en otro nivel y sus personeros son los llamados a solucionar de una vez por todas esta situación”, concluye.
 
 

• El especialista en tecnologías aplicadas al voto, Dr. René Jara, afirma que primero debe actualizarse la base de datos y no utilizar el mismo padrón cuestionado. “Es el problema de un documento electoral que no se actualizó durante estos últimos veinte años”, critica. El experto proyecta que el sufragio electrónico podría implementarse recién en las elecciones municipales de 2020.

La semana pasada y tras una reunión con el ministro del Interior, el diputado PPD Ramón Farías señaló a un medio de comunicación que luego de las elecciones municipales existía la posibilidad de crear una mesa de trabajo para discutir la implementación del voto electrónico, con miras a las Presidenciales de 2017. El tema estaría siendo promovido por un grupo de parlamentarios del oficialismo.

Sin embargo, para el cientista político y experto en tecnologías aplicadas al voto de nuestra Universidad, Dr. René Jara, “implementarlo en las presidenciales el próximo año es absurdo, me parecería que se está improvisando”, señala.

El académico afirma que, actualmente, no están dadas las condiciones para esta modernización. Fundamentalmente, por el escándalo en el padrón electoral que desató la polémica esta semana, al conocerse los cambios inconsultos en el domicilio electoral de más de 460 mil electores. El hecho provocó la presentación y retiro de una ley exprés impulsada por el Gobierno y la salida de Javiera Blanco del ministerio de Justicia.

“Lo primero es tener bases de datos que sean confiables, en el sentido, por ejemplo, de eliminar los difuntos. Eso es grave e implica un esfuerzo del Registro Civil, porque se supone que ellos manejan el dato de quiénes están vivos y quiénes no”, sostiene.

Agrega que el problema en las bases de datos no es nuevo. “Durante los 90’s, hubo muy poca actualización del padrón electoral. Eso es grave. Durante toda esa década tuvimos un padrón de muy mala calidad, y eso no se dice. Hoy, estamos pagando los platos rotos de un documento electoral que no se actualizó durante estos últimos veinte años”, critica.

No obstante, el especialista reconoce que esta crisis en el padrón abre una “ventana de oportunidad” para ser discutido este año. Ello, porque “automatiza la construcción de los padrones. Eso en Chile, hasta ahora había funcionado bien, pero porque había un Servicio Electoral muy pequeño, que contaba con poco personal”.

“Lo que podría ayudar a la actualización virtuosa del tema electoral puede ser el voto electrónico, pero para ello hay que tener bases de datos unitarias, y lo que revela el último problema entre el Registro Civil y el Servicio Electoral es que, justamente, estas dos bases compartidas no son tales, y la información con que contamos no es de buena calidad”, insiste.

El académico indica que la implementación del voto electrónico debe ser paulatino y en un contexto de normalidad. “No hay panaceas en este tema. No es que porque se implementen las máquinas de votos, se va a solucionar el problema de la participación y la actualización de las bases de datos del padrón electoral”, enfatiza.

Con todo, indica que lo deseable es que el voto electrónico se implemente “para la próxima elección local, es decir, las Elecciones Municipales de 2020”, para hacer más expedito el acto de sufragar y evitar, por ejemplo, la complejidad de doblar extensos papeles de votación con decenas de candidatos. No obstante, advierte que el Servel no cuenta actualmente con la capacidad necesaria para impulsarlo.

“En el Servel debe existir la convicción de que este es el camino a seguir, pero no está ni el personal ni las unidades necesarias para hacer un cambio de ese tipo. Probablemente, esto se va a externalizar, por lo que hay que asegurar que la licitación sea lo más transparente posible”, indica.

El especialista descarta el riesgo de que las votaciones sean ‘hackeadas’. “Así como surgen las tecnologías, surgen las vacunas. El tema del voto electrónico tiene que asegurarlo una empresa que esté suficientemente validada”, señala. Además, “cuando hablamos de máquinas de votación, son circuitos relativamente cerrados, que tienen una serie de resguardos. Para mí, el tema tecnológico ya está resuelto, no hay problema en eso”, agrega.

Finalmente, el Dr. Jara concluye que “esto va a llegar sí o sí, el tema es que lo planifiquemos bien para que sea una transición reflexionada, que tome y se base en los principios básicos de las tecnologías electorales históricas que tiene Chile”.