El segmento de distribución eléctrica era presa de una fuerte inercia hasta los cortes de suministro del invierno de 2017. Luego de esto, por primera vez se dictó una norma técnica de calidad de servicio para los sistemas de distribución, cuyos ejes principales fueron: disminución de los tiempos de reposición ante corte de suministro, mejoramiento en la atención a los clientes en condiciones de emergencia e incorporación del Sistema de Medición, Monitoreo y Control ("sistema de medición inteligente"). Para lo anterior, es clara la obligación que tendrán las empresas de aumentar las inversiones en la red y sistemas de atención a usuarios, con el fin de fortalecer la seguridad y calidad del servicio.

Posterior al terremoto político causado por los “medidores inteligentes”, comenzó la discusión sobre el modelo monopólico que rige el segmento de distribución y las rentabilidades de las empresas del sector. Discusión que resulta paradójica, ya que se fundamenta en una interpretación errada de la relación que existe entre la tasa de descuento —que valoriza las inversiones en redes base del cálculo tarifario— y las supuestas “rentabilidades aseguradas” establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Tanto el Gobierno como el Congreso se han concentrado exclusivamente en el nivel de rentabilidad de las empresas, postergando la urgencia de fortalecer la red eléctrica. Han postergado también la imperiosa reforma del sector para introducir competencia, que permitirá bajar las cuentas. Es más, el proyecto de ley corta apunta al sentido opuesto. Parece que el objetivo de la política pública se ha extraviado.

Por importantes que sean la redefinición de áreas típicas, el giro único por empresa y una rentabilidad ajustada, lo cierto es que no tienen un impacto significativo en disminuir las tarifas ni mejorar la calidad del servicio para las personas. He aquí la paradoja: con el proyecto de ley, el objetivo de política pública es la empresa y no en el cliente final. El efecto es la incertidumbre en el sector y desincentivo a la inversión en infraestructura y continuidad de suministro. Todo lo contrario a lo que las personas exigen: seguridad y calidad del servicio. Por lo demás, si el argumento para un proyecto “corto” es disminuir la cuenta final, hay medios que son de mayor impacto pero que no están incluidos.

Entonces, ¿qué viene primero, reducir ingresos al sector privado con un impacto marginal en la cuenta de la luz o mejorar la calidad y seguridad de un servicio básico para la vida de las personas a un mejor precio? Lo racional es partir por el nivel de servicio que las personas recibirán, las inversiones requeridas y después discutir la rentabilidad. Primero la carreta, después los bueyes. El proyecto de ley corta hace todo lo contrario.

Dr. Humberto Verdejo
Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Santiago de Chile