• El especialista en seguridad pública del Plantel, Jorge Araya, advierte que la separación del Servicio Nacional de Menores en dos instituciones, como plantea el Gobierno, sólo solucionará los problemas que enfrenta la entidad si se duplican los recursos destinados para prevenir el delito. Además, apunta a la necesidad de un mayor financiamiento para tener centros con una infraestructura adecuada y más profesionales.
   

El Gobierno confirmó que entre septiembre y octubre enviará al Congreso dos proyectos que buscan reemplazar el Servicio Nacional de Menores (Sename)  por dos instituciones: una, el Servicio de Protección Especializada,  que busca tratar a niños que padezcan de la vulneración de sus derechos u otros problemas intrafamiliares; y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que tratará a menores que hayan cometido delitos.

Para el experto en seguridad pública de la Universidad, Jorge Araya, “el cambio de estructura no va a solucionar los problemas. Lo que va a solucionarlos será llegar a contar con los recursos suficientes para tener centros con una infraestructura cada vez más adecuada,  funcionarios que puedan fiscalizar todos aquellos centros que trabajan para el Sename como corporaciones privadas, más profesionales, etcétera”.

“La separación es absolutamente lógica y necesaria, pero la solución del problema no depende sólo de separar los servicios, sino que los servicios cuenten con los recursos necesarios para solucionar los problemas que existen hoy en el Sename”,  insiste.

De acuerdo al especialista, este aumento debe traducirse en “duplicar los recursos que el Estado actualmente está destinando a prevención”. Según el académico, sólo un 13% del presupuesto nacional en seguridad y justicia está destinado para este ítem, que no sólo contempla el funcionamiento del Sename, sino que también para la Subsecretaría de Prevención del Delito o para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), entre otros.

“Claramente, hay que hacer un aumento muy significativo de los recursos para este nuevo servicio y esto llama a una voz de alerta respecto a todas las demandas que tiene el Estado respecto a distintas materias”, afirma. “Es bueno que aparezca este tema, porque nos lleva a ponderar cuántos recursos se destinarán para las distintas reformas, teniendo en la mesa esta necesidad, que requiere ser priorizada de manera urgente”, agrega.

Renovar las plantas de profesionales

Respecto del motivo por el cual se requiere este aumento sustantivo de recursos que plantea, el especialista explica que esto se debe a que “hay que renovar las plantas de profesionales, recogiendo la experiencia de los funcionarios actuales, pero también incorporando nuevos profesionales especializados; y replantear las mallas y metodologías o terapias que estén desarrollando estos centros para lograr rehabilitaciones y el desarrollo humano de estos niños y jóvenes de manera eficiente”.

“Desde el Sename están hablando de capacitación. Obviamente, hay que capacitar a los funcionarios, pero los desafíos del servicio son más ambiciosos y exigentes. Se debe incorporar a profesionales de alto nivel que puedan reforzar todo el desarrollo profesional que deben tener, incorporando estrategias y metodologías con evidencia de su impacto en distintas partes del mundo”, complementa.

Esfuerzo multisectorial

El experto valora que los servicios se separen para abordar los derechos que se desean resguardar. No obstante, plantea que “puede haber situaciones de mayor complejidad para detectar, y que deben ser abordadas multisectorialmente por otros mecanismos”.

“Estos servicios responderán a necesidades muy sentidas para el estado de situación del sistema, pero llegar al fondo del problema también requiere de la acción de otros servicios que tienen que actuar también”, insiste.

Por eso, indica que las iniciativas del Gobierno “no eliminan la obligatoriedad del Estado de desarrollar multisectorialmente otros programas que van en la línea preventiva también. En las escuelas hay que ir desarrollando planes para eliminar la violencia escolar, que detecten problemas de violencia intrafamiliar, y poder intervenir ahí, desde la primera niñez”.

La enseñanza de la Reforma Procesal Penal

“Estos proyectos para reemplazar el Sename se vienen discutiendo desde hace varios años. La demora en impulsar los proyectos puede deberse a las estimaciones presupuestarias necesarias que debían hacerse. Lo que se dice es que la implementación será gradual, que se hará primero en regiones, como fue con la Reforma Procesal Penal. Detrás de esa decisión debe estar la prioridad por contar con los recursos económicos para eso”, indica Araya.

No obstante, advierte que “la gran falla que tuvo la Reforma Procesal Penal es que cuando se implementó, se contemplaron recursos muy significativos para ponerla en marcha, habilitando edificios nuevos para el funcionamiento de las fiscalías locales, por ejemplo. Fue una gran inversión del país. En cambio, cuando se implementó la Ley Penal Adolescente, prácticamente se hicieron pequeñas adecuaciones, pero dejando los mismos centros e infraestructura que existían antes”.

• El investigador del IDEA, Dr. Raúl Elgueta (en la fotografía), sostiene que el 62% que no responde a la pregunta acerca de quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, posibilita la aparición de nuevas candidaturas a La Moneda. “Si los futuros candidatos logran leer bien la situación en términos de mostrar autoridad y capacidad para unificar diferentes sectores, pueden desafiar y generar nuevos liderazgos”, precisa.

Este viernes se conocieron los resultados de la tan esperada encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un estudio que en diferentes oportunidades ha marcado la pauta de las elecciones presidenciales. Entre las cifras más destacadas, figura la alta aprobación de Alejandro Guillier, la baja aprobación histórica del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y el primer lugar de Sebastián Piñera en lo que respecta a la carrera presidencial. No obstante, una de las cifras llamativas del sondeo fue que un 62% no sabe o no contesta la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el próximo Presidente?”.

Para el cientista político de nuestra Universidad, Dr. Raúl Elgueta, lo que revela la encuesta CEP es que, en relación a la contienda presidencial, “ganaron los que van a tratar de proponer algo nuevo. Se graficó un escenario abierto y si los fututos candidatos logran leer bien la situación en términos de mostrar autoridad y capacidad para unificar diferentes sectores, pueden desafiar y generar nuevos liderazgos”, afirma respecto a posibles nuevas cartas de partidos o movimientos emergentes, como Revolución Democrática, Amplitud, Izquierda Autónoma, Partido Liberal o Ciudadanos.

“Hay un espacio abierto en el sentido de que hay posibilidades de emprendimiento electoral o aventuras como algunos las llaman. Hay una oportunidad importante, pero las candidaturas alternativas van a tener que incorporar la lógica de los partidos que hay, que aunque marquen poco, tienen la llave de la gobernabilidad”, agregan el académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel estatal.

Para el especialista, esto sucede dado que “la próxima elección se definirá mucho en términos de autoridad y de qué Presidente va a estar en condiciones de conducir el país en un escenario creciente de disconformidad o percepción negativa”.

Por eso, “lo que indica es que el escenario está abierto. Lo complicado es que los partidos generen liderazgos potentes o marcas”, sostiene, complementando que “hay más bien un escenario de sorpresas posibles. Todavía no está muy claro que es lo que pueda ocurrir”.

Sobre este punto, concluye que “la estrategia de Ossandón es interesante, porque toma nota de lo poco que aporta para una elección presidencial la marca de los partidos políticos. Sin embargo, trata de presentarse con el apoyo de estos partidos. El escenario más probable son candidaturas amparadas por las coaliciones, que marcan poco pero igual lo hacen, y que se independizan de los partidos políticos”.

¿Seguirá bajando la aprobación del Gobierno?

Para el doctor en ciencia política, el Gobierno de Michelle Bachelet no seguirá cayendo en lo que respecta a su ya alicaído nivel de aprobación, que llegó a un histórico 15%. “Lo más probable es que se mantenga. No creo que caiga más, por este efecto de ‘U’ que seguramente se dará en la próxima elección. En un escenario de buena percepción de alcaldes, habrá muchos ediles reelectos y las dos coaliciones saldrán fortalecidas”.

Además, agrega que durante el próximo año no será “rentable” atacar a la Presidenta. “No hay reelección de Bachelet, así que no tiene tanto sentido que la oposición la golpee. Lo más probable es que pase a ser un personaje semi-retirado, que va a ser Presidente, pero que no va a ser considerado como una amenaza”.

Por ahora, Elgueta afirma que “lo único que puede hacer el Gobierno es tratar de aguantar. Seguramente, va a tratar de ver quiénes van a ser candidatos y ahí habrá un cambio de gabinete”.

¿Quién ganó en esta CEP?

“Claramente ganó Piñera, fue una buena encuesta para él. Aparece ahí y no ha necesitado ni alzar la voz. Ha salido con bastante apoyo”, sostiene el académico.

Respecto a cómo ha evolucionado la opción presidencial de Marco Enríquez-Ominami, sostiene que su tercer lugar en la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera Presidente? “es harto dentro de todo, porque todos han bajado y él ha logrado aguantar, pero no ha capitalizado nada y eso es lo complicado”.

• Este fue uno de los resultados más interesantes de Triangular, el estudio liderado por el sociólogo Alberto Mayol, que vincula los resultados semestrales de la encuesta ‘Estudio de Valores’ con las conclusiones de una investigación cualitativa sobre contingencia, además de un análisis Big Data de la prensa nacional. “Lo que interesa es salir de la lógica que sólo tenemos encuestas;  acá vemos un choque mucho más interesante y enriquecedor”,  explica el académico de la FAE.

Una gran mayoría de los chilenos cree que el actual modelo de pensiones debe ser reemplazado. Ese es uno de los resultados que forma parte de Triangular, estudio de la Universidad de Santiago liderado por el sociólogo Alberto Mayol.

Una de las encuestas que forma parte de este estudio arroja que un 61% de los consultados está de acuerdo con cambiar las AFP por un sistema público solidario. Mientras, el 24% cree que es mejor opción complementar el modelo con una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado. Sólo un 3% cree que el actual modelo es apropiado y que debiera conservarse.

‘Estudio de Valores. Primer Semestre de 2016’ se aplicó sobre una muestra de 701 casos de 18 a 65 años de Arica a Punta Arenas, desde el 24 de mayo hasta el 15 de junio, presentando un 95% de confianza y considerando un margen de error de 3,7%.

De acuerdo al sociólogo, lo significativo de este resultado es que la ciudadanía se debate sobre si querer más AFP o no querer más el actual sistema de pensiones. En ese sentido, la solución propuesta por el sistema político, una AFP estatal, no  respondería al problema que percibe la gente. “Entonces, tenemos una situación que es muy difícil de administrar, porque finalmente no hay una conversación ni simultánea ni posible”, explica el sociólogo.

La encuesta también arroja que si bien un 79% está de acuerdo con cambiar la constitución vigente por una nueva, solo un 18% respalda la fórmula del Gobierno (cabildos), en contraste con un 59% que se muestra partidario de efectuar el cambio a través de una Asamblea Constituyente.

Por otra parte, aunque el 92% cree que es necesario realizar una reforma al sistema educacional chileno, los consultados evaluaron la medida impulsada por el Gobierno con una nota promedio de 3,3.

Similar situación ocurre con la Reforma Laboral. Mientras un 85% es partidario de realizarla, califican la iniciativa de la actual administración con nota 3,5.

Respecto a la Reforma Tributaria, el 60% piensa que es negativo “hacer crecer los impuestos y la burocracia”, frente a un minoritario 26% que destaca “la importancia de avanzar en mayor recaudación fiscal para derechos sociales”.

Un país “corrupto”

La mayor parte de los encuestados, equivalente al 77,5%, cree que Chile es un país corrupto o muy corrupto. De hecho, más del 88% de los consultados cree que este apelativo es propio tanto de la elite política como de la económica.

El estudio establece un ranking de abusos a partir de las evaluaciones de los encuestados. En este, los consultados identifican a las tarjetas de las casas comerciales como las que más incurren en injusticias, seguido de los políticos y las grandes empresas.

Respecto a los casos La Polar, la colusión de los pollos y del papel higiénico, un 94% cree que es reflejo de la forma en que las empresas manejan sus negocios en general.

Más estatismo, menos optimismo

El estudio da cuenta de una mayor demanda de estatismo de parte de la población. De hecho, un 77% se inclina por que los escándalos protagonizados por empresas sean resueltos a través de una regulación más firme de parte del Estado, frente a un 21% que piensa que esto se resuelve con una mejor formación ética.

Por otra parte, al ser consultados por cuáles recursos debiesen ser de propiedad exclusiva del aparato estatal, el 74% cree que debe ser dueño del agua; un 73%, del cobre y la energía; un 63%, de todos los recursos mineros; un 62%, del litio; un 59%, de recursos forestales; y un 53%, de la pesca.

Según datos comparados con mismo periodo del año pasado, se revela que si un 50,8% consideraba en 2015 que Chile era un país subdesarrollado, pero cercano al desarrollo, en 2016 el 51,4% sigue creyendo que el país es subdesarrollado, pero ahora considera que está lejos del desarrollo.

Dinero y política

El informe Triangular también comprende un análisis cualitativo de la contingencia semestral, realizado en base a 14 entrevistas semiestructuradas y considerando dos grupos de discusión.

Este segundo estudio da cuenta de que la vinculación entre SQM, el PPD y la ex timonel del partido, Carolina Tohá, “se ve como un ejemplo de lo que está ocurriendo con todos los partidos”.

Finalmente, sobre la vinculación entre SQM y Marco Enríquez-Ominami, ello generó una “decepción total” respecto al candidato. “Se me cayó”, afirman.

Triangular

El Informe Triangular reúne y vincula los resultados semestrales de la encuesta ‘Estudio de Valores’ con las conclusiones de un estudio cualitativo sobre contingencia realizado en base a entrevistas y focus group, además de un análisis Big Data de la prensa nacional.

“Lo que estamos haciendo es generar un proceso de estudio de la opinión pública que opera por convergencia y no por elementos sueltos que se están midiendo y que los define una comisión. Aquí tenemos elementos de un estudio cualitativo, que son muy abiertos, para plantear toda clase de temas; tenemos elementos cuantitativos, de encuesta, que son muy cerrados, donde planteamos preguntas más específicas; y tenemos estudios de Big Data de la prensa, donde vemos cómo se va construyendo la opinión pública y cómo esta responde a ello, si lo acoge o lo rechaza”, explica Mayol.

“Tenemos un choque mucho más interesante y enriquecedor, y lo que queremos es establecer un nuevo estándar”, agrega. “Lo que interesa es salir de la lógica de que solo tenemos encuestas, y que ese es el principio y el fin”, puntualiza.

El estudio fue desarrollado por el Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura (Cisec) de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago junto al Departamento de Gestión y Políticas Públicas y el Centro de Innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales (Citiaps) del plantel.

 

• El sociólogo e investigador del IDEA, Cristián Parker, afirma que la iniciativa propuesta por el Gobierno puede significar que personas de la tercera edad, se sientan más capaces de valerse por sí solas. “Es una medida que puede ser conducente, adecuada y muy bien recibida, tanto para una persona en condiciones de jubilar, como para sus familiares”, advierte.

Esta semana se dieron a conocer las propuestas de la Presidenta Michelle Bachelet para “perfeccionar” el actual sistema de pensiones. Posteriormente, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, hizo hincapié en que se debe analizar un alza en la edad de retiro de hombres y mujeres.

Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, elevar los años para jubilar “es una medida que puede ser conducente, adecuada y muy bien recibida tanto para una persona en condiciones de jubilar como para sus familiares. El factor de mejorar la pensión justifica de manera sobrada un conjunto de medidas, entre las cuales está el jubilar después”.

El especialista del Instituto de Estudios Avanzados del plantel estatal explica que “prolongar dos a tres años el periodo de jubilación puede afectar positivamente desde el punto de vista familiar y de la autoimagen de quien está próximo a jubilar, como autovalente”.

Esto, debido a que la familia también modificaría su percepción sobre los adultos mayores de los cuales debe encargarse. “Para el desarrollo con dignidad de esos años, es muy importante que las personas tengan la percepción de que son autovalentes y de que han hecho un esfuerzo durante su vida que ha sido bien recompensado”, agrega.

“En la medida en que las pensiones mejoran, los jubilados se van a sentir mejor desde el punto de vista psicológico y social, para decir que la pensión alcanza y que no tienen que estar dependiendo de sus hijos y nietos”, agrega.

Jubilar después: un hecho

Pese a que la medida no está establecida, para Parker la situación ya se da en la práctica. “Jubilar después también es un hecho. Ahí donde hay instituciones o empresas que no obligan a jubilar en la edad legal, las personas se mantienen trabajando, porque su jubilación va a ser escasa o porque se sienten en condiciones de seguir trabajando y les gusta su trabajo”, afirma.

No obstante, advierte que “una medida racional es prolongar la edad de jubilación en una proporción menor, pero no se entendería que mañana propusieran una ley donde los hombres y mujeres jubilaran a los 70 años. Eso sería irracional. Lo razonable sería que se prolongara en dos a tres años en cada caso”.

El especialista enfatiza en que se deben tomar con cautela los argumentos para impulsar una medida de este tipo, pero que “en una primera mirada, me parece que no es negativa la posibilidad, por motivos de desarrollo social, ya que hoy las personas están viviendo más y tienen un periodo inactivo muy prolongado, de alrededor de 30 años”.

En todo caso, descata que existen opciones para retirarse antes y que no es una obligación, en estricto rigor, llegar al tope de la edad de jubilación.

Jugando con fuego

El sociólogo advierte que el Gobierno se encuentra en un terreno delicado. “En el imaginario colectivo ya se les ha hecho la cruz a las AFP’s. La calle dice no más AFP’s, y las propuestas del Gobierno que se debaten hoy a nivel de la clase política son como modificamos y reformamos este sistema. Entonces, ahí habrá un conflicto y una confrontación”, sostiene.

“Si uno plantea esta medida con un criterio estrictamente económico y para salvar las AFP’s, obviamente que no será bien recibida. Se tiene que estudiar qué impactos puede tener y resaltar los beneficios en la modificación del estatus de la población de la tercera edad, de lo que significa vivir como jubilado y sentir que ya no se tiene cabida en una sociedad productivista como la nuestra”, afirma.

• El programa busca potenciar el trabajo a nivel de organizaciones de base, en línea con el rol histórico de esta Casa de Estudios estatal y pública, el que beneficiará a unas 40 personas durante el segundo semestre. El diplomado, que en su inauguración contó con la presencia del diputado Giorgio Jackson, estará a cargo de la profesora Nieves Hernández del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Este miércoles se inauguró en la Universidad de Santiago de Chile la cuarta versión del Diplomado en Habilidades para el Liderazgo Social, como un aporte para la formación de dirigentes sociales y como parte del potencial que busca transformar el país a partir del trabajo social.

Con temáticas como la persona detrás del dirigente; el dirigente como mediador, negociador y estratega; el dirigente como ciudadano y formador de cultura democrática; y la formulación de proyectos, el diplomado es organizado además por SociaLab, Techo-Chile y Fundación Trascender, entre otras organizaciones.

Son alrededor de 40 personas las que participarán en este programa que se realizará los miércoles entre las 9:00 y las 13:00 horas durante todo el segundo semestre, con una metodología basada en las experiencias de profesores y estudiantes, con el objetivo de democratizar el conocimiento como un bien público, al mismo tiempo que un derecho para todos.

Rol de la universidad estatal y pública

Uno de los asistentes a la inauguración fue el diputado Giorgio Jackson Drago, quien valoró el esfuerzo que realizan los dirigentes sociales, “lo que se ve complementado por lo que todos creemos debiese ser el rol de una universidad estatal y pública, que es estar abierta a este tipo de actividades, facilitar los espacios y proveer el conocimiento para generar aprendizajes efectivos”.

En ese sentido, felicitó a la Universidad de Santiago de Chile por involucrarse en esta iniciativa. “Espero que todos la apoyen para que en las próximas versiones exista además un reconocimiento hacia afuera. Es decir, un diplomado que pueda contar con los reconocimientos oficiales en beneficio de los dirigentes sociales”, agregó el parlamentario.

Aporte social y formalización de conocimientos

Como integrante del equipo coordinador del diplomado, la profesora Nieves Hernández Manqui, del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Plantel, destacó que dentro de la misión original de la Universidad siempre ha estado su aporte a la comunidad. “En la época de la Universidad Técnica del Estado existió un convenio con la CUT para fomentar que los trabajadores vinieran a la Universidad”, recordó.

En cuanto al diplomado, subrayó la necesidad de formar a dirigentes sociales a través de una formalización de sus conocimientos, “considerando que nosotros como Universidad proporcionamos el espacio, lo que se transforma en un orgullo para ellos, además de un gran aporte social al vincularnos directamente con personas que pueden tener otra mirada de nosotros”.

“Aquí nos sentimos en nuestra casa”

Una de las organizaciones que participa en la coordinación del diplomado es SociaLab, cuyo objetivo es generar un impacto social positivo mediante la búsqueda y apoyo de emprendimientos sociales innovadores y sostenibles. Su mentor social, Mario Orellana Gómez, asegura que “si bien se trata de un pequeño esfuerzo respecto de las necesidades de formación de los dirigentes, hemos logrado provocarlos para resolver los problemas desde distintas miradas, pero de manera orgánica”.

Junto con agradecer la participación de la Universidad de Santiago de Chile, definió esta posibilidad como “un golpe psicológico tremendo, considerando que hay dirigentes que solo han cursado hasta sexto básico. Y con esto pueden venir a la Universidad y decirle a sus hijos que sí se puede, incluso a los 40 ó 50 años”.

“Una universidad estatal y pública -añadió el dirigente- con la que queremos seguir trabajando, pues la mayoría de sus estudiantes vienen de nuestros barrios. Aquí nos sentimos en nuestra casa”.

Democratizar el conocimiento

Por su parte, Javiera Sepúlveda Piffaut, directora de comunicaciones de la Fundación Trascender, aseguró que el mayor logro es que los dirigentes sociales se sientan capacitados. “Uno de los objetivos del diplomado es enseñarles a aprender y a buscar, y que efectivamente el conocimiento es una puerta para democratizar las oportunidades para ellos y sus comunidades”, detalló.

En ese contexto, no dudó en destacar la participación de la Universidad de Santiago de Chile como un colaborador fundamental. “Es parte de su rol social, al apoyar las iniciativas que democratizan el conocimiento y la educación. Es un símbolo muy importante que la Universidad esté dispuesta a apoyarnos, pues estamos luchando para que las personas que no tienen el privilegio de ir a la universidad igualmente puedan hacerlo de alguna manera”, concluyó.

 

• El sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, sostiene que “este tipo de medidas son más de carácter represivo que preventivo”. No obstante, reconoce que “desafortunadamente, la situación de aumento de la delincuencia y de seguridad ciudadana ha llegado a un punto en donde tenemos que aplicarlas”.

Esta semana entró en vigencia la Agenda Corta Antidelincuencia y, junto con ello, el anunciado control preventivo de identidad, que faculta a las Policías para acceder a información de transeúntes.

Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, “este control preventivo es un mal necesario. Es una mala medida, pero, desafortunadamente, la situación de delincuencia y de seguridad ciudadana ha llegado a un punto en donde tenemos que aplicar este tipo de acciones, que son más de carácter represivo que preventivo”.

De acuerdo al especialista, la delincuencia ha aumentado debido a que en la sociedad chilena prima el interés privado por sobre el colectivo, lo que ha alterado la noción de qué medios son legítimos para conseguir ciertos fines.

“La delincuencia se reproduce en condiciones en que las normas no están imperando. El problema no es controlar la identidad de las personas que van por la calle, el problema es qué tipo sociedad estamos construyendo”, afirma.

Para Parker, los últimos resultados conocidos de la aplicación de esta medida -187 personas detenidas- dan cuenta de que la iniciativa está cumpliendo el objetivo por el que fue impulsada: evitar que personas con orden de aprehensión caminen por las calles sin que nadie los detenga.

“Parece ser que cumple su objetivo, pero en un contexto favorable: los policías que salieron a detener están todos entrenados de manera especial  y han tratado a la gente con cuidado y respeto. Ojalá continúe de la misma manera”, manifiesta.

Educación cívica y cultura democrática

El académico explica que uno de los problemas de la implementación del control preventivo de identidad es que “hay una insuficiente educación cívica en la Policía y también en la ciudadanía. Este tipo de medidas son el reflejo de una sociedad que no ha logrado encausar adecuadamente la convivencia. Por lo tanto, la Policía tiende a sustituir lo que la sociedad no ha podido encausar: el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana”.

De acuerdo a Parker, la falta de educación cívica en la Policía se expresa en el sentido de que “la Policía mantiene una cierta forma de proceder donde lo fundamental es la represión y no la persuasión. En democracia, la policía debiera ser educadora de la ciudadanía y eso no existe”.

Complementa señalando que “el policía es un ciudadano al que el Estado le entrega ciertas facultades adicionales para portar armas y de coerción, pero es un ciudadano y no se puede sobrepasar”.

“La Policía –Carabineros y la PDI- tienen que actuar sobre la base de que ellos también son ciudadanos y tienen que respetar los derechos de todos, evitando prejuicios y arbitrariedad”, agrega.

Aunque reconoce que un sector de la población no tendrá problemas para facilitar su identificación, señala que “el problema es que existe mucho prejuicio todavía respecto al actuar de la Policía. Entonces, cuando uno actúa sobre la base de prejuicios, no lo hace de la mejor manera. Hay un peligro de que la propia población actúe mal sobre Carabineros y eso obligará a la Policía a actuar mal también”, advierte.

“En nuestro país, los procesos de democratización todavía no terminan. Uno de los elementos  principales de una democracia es generar una cultura democrática y nuestra Policía todavía no tiene empapado esto, así como la ciudadanía en general”, concluye.

Una polémica medida

Según Parker, el control preventivo causa polémica debido a que en la sociedad aún está latente “el síndrome de un Estado represivo” producto de la dictadura.

“El riesgo de que eso vuelva a suceder está muy presente en la consciencia colectiva. Eso significa que la Policía tiene que tener un cuidado y un respeto mucho mayor, y que nosotros los ciudadanos tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de una sociedad democrática. Si uno anda por la calle sin problemas y un policía le pide la identificación, está bien. El problema es cuando no existen los criterios adecuados de parte de la Policía y se procede a un abuso. Ese es el riesgo grave”, sostuvo.
 

• El especialista en comportamiento del consumidor del Plantel, Enrique Marinao, afirma que el aumento de precios en las colaciones de los quioscos saludables implicará que estos sectores sigan consumiendo “lo que les alcanza”. “La ley está segmentando maliciosamente a los consumidores”, enfatiza el académico, quien estima que la normativa no tendrá ningún impacto a largo plazo.

A inicios de esta semana entró en vigencia la Ley de Etiquetado de Alimentos, la cual obliga a llevar a los productos altos en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio un disco pare que haga explícita la advertencia. Sin embargo, los encargados de quioscos de colegios, que ya no pueden vender productos ‘chatarra’ en estos establecimientos, advierten un aumento de 25% en los precios de su oferta (lo más barato sería una fruta, a $200).

Para el experto en marketing y comportamiento del consumidor de la Universidad de Santiago, Enrique Marinao, un efecto de este tipo implicará que la ley no impulsará mejores hábitos alimenticios en toda la población, debido a que “los sectores socioeconómicos medio y bajo no van a tener los ingresos suficientes para solventar esta subida de precio. Este nicho seguirá consumiendo lo que les alcanza”.

El académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal sostiene que “la ley está segmentando maliciosamente a los consumidores desde sus inicios. Los ricos seguirán comiendo saludable, mientras el pobre tendrá que seguir comiendo lo que los empresarios poco éticos lancen al mercado al precio de su nicho de mercado”.

“¿Quién tiene acceso al consumo saludable? El estrato alto, donde el precio demanda es inelástico y les da lo mismo cuánto pagar”, agrega.

El doctor en ciencias empresariales explica que “no es posible que, para que el consumidor adquiera hábitos de consumo de alimentos sanos, este tenga que estar pagando más por aquellos. No puede ser que mi consumo saludable tenga que costearlo con mayor precio porque las empresas no están dando el ancho para producir como deberían”.

Efecto = 0

El ingeniero comercial es escéptico respecto del impacto de los logos que establece la ley en los hábitos alimenticios de la población. “No puede ser que, en primera instancia, la única vaga información que tenemos es si es alto en sodio, alto en grasa y, después, tengamos que entrar a leer la letra chica, de que el consumo por sobre los 100 gramos hace mal para la salud”.

Según Marinao, “habría que preguntarle al sector político-legislativo y gubernamental cuál es la negociación que tuvieron que hacer para sacar esta ley, porque en términos de información es una ley muy compleja. Un niño no entiende de buenas a primeras el significado del logo. A largo plazo, esto no tendrá ningún impacto, será igual a cero”.

El especialista agrega que “la publicidad que se está haciendo para persuadir a los consumidores va a lograr su peak en el corto plazo. A mediano y largo plazo, eso no será efectivo y por más que tengamos diez signos pare en los productos, las personas van a seguir consumiendo lo que por costumbre y hábito ya consumen”.

El fondo del problema

Para el académico, la Ley de Etiquetado es solo “un elemento paliativo a la salida de un proceso. A la entrada, está que se fiscalice que los productos de toda la cadena productiva no sean ‘altos en’”.

El experto agrega que “el trasfondo de lo que estamos hablando hoy es que hay un grupo de empresarios que están utilizando insumos que son altamente dañinos para la sociedad y nadie ataca este punto”.

“El producir maliciosamente con productos que se ha comprobado los daños que tienen en la obesidad es actuar maliciosamente, con un filtro poco ético, sin fiscalizar los procesos productivos con que estamos lanzando productos al mercado”, concluye.

• El cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, sostiene que es inconveniente retomar el mecanismo ante la escasa participación en las elecciones primarias desarrolladas este fin de semana y donde solo un 5,5% acudió a las urnas. Afirma que, en las actuales circunstancias, ello solo podría incentivar acarreo de votos y clientelismo.

Una escasa participación se registró el pasado domingo en el marco de las primeras primarias municipales financiadas con fondos públicos. De un universo de electores de 5.067.812, solo un 5,5% concurrió a votar, lo que reflotó el debate entre personeros políticos respecto a si se debe reponer el voto obligatorio.

Sobre esto, el cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, considera inconveniente volver al sufragio bajo esta modalidad. “El voto es una obligación de los ciudadanos y fue una mala idea implementar el voto voluntario, pero hoy sería una mala decisión volver al sufragio obligatorio, en tanto nos encontramos en un contexto de alta desafección política y baja identificación por los partidos, lo que se puede traducir en un alto acarreo de votos y un fuerte clientelismo”.

El académico de la Escuela de Periodismo del plantel estatal explica que “dado que el vínculo que existe entre ciudadanos y autoridades no es muy fuerte -no es un nexo programático-, el voto obligatorio se puede prestar para que este vínculo se vuelva más bien clientelar, lo que facilitaría el acarreo de votantes”.

Para el experto, la causa de la baja participación se debe a que “la gente no se siente atraída por los partidos y dichos partidos no están pensando en las personas, sino en sus propios intereses”.

“El hecho de que la participación electoral venga cayendo desde hace varios años, en particular desde 2012, en que se instaura el voto voluntario, puede afectar la participación en las municipales. Si miramos la tendencia a la baja de los últimos años, la participación electoral en las próximas municipales será menor a la elección presidencial anterior”, proyecta.

Respecto a las críticas al Servicio Electoral por su supuesta responsabilidad en la baja participación, Osorio enfatiza que “al Servel le cabe poca responsabilidad ya que este es un proceso de primarias, para resolver pugnas de candidaturas de los partidos políticos. Son estos últimos los responsables de convocar a votar y no el Servel”, subraya.

¿Cómo motivar la participación electoral?

“La oferta de los partidos debe ser más atractiva, pero esto no implica ni una renovación de partidos ni crear nuevos partidos políticos. Lo importante es fortalecer los que existen, más que crear otros nuevos”, sostiene el cientista político.

Osorio indica que lo primero es “profundizar los vínculos programáticos entre electores y autoridades. Eso solo se logra a partir del fortalecimiento de los partidos políticos”.

Por ello, sostiene que se deben fijar metas a mediano y largo plazo, como “fortalecer la educación cívica desde los primeros ciclos de educación e impulsar una normativa que aporte de verdad al financiamiento y fortalecimiento de los partidos”, además de medidas de corto plazo que incentiven concretamente la participación. Por ejemplo, “liberar el pago del transporte público los días de elecciones”, señala.

“Una de las cosas que tienen que asegurarse los Estados es tener partidos políticos fuertes, y eso solo se hace asegurando el financiamiento permanente de estos. No basta tener partidos políticos financiados cada cuatro años. Solo con partidos políticos fuertes puede evitarse el surgimiento de liderazgos populistas”, advierte.

• Ante una audiencia conformada por estudiantes de Ingeniería Comercial y Administración Pública, el ex diputado analizó los cambios que se han producido en la función del Estado y su necesaria modernización en un régimen democrático. “Todo indica que lo que viene es más bien una estructura horizontal, debido a la crisis de los Estados-Nación, al empoderamiento de los ciudadanos, al fortalecimiento de la sociedad civil", explicó el abogado.  

Invitado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad, el abogado y consejero DC, Gutenberg Martínez, discutió  ante una audiencia de alumnos de Ingeniería Comercial y Administración Pública, los avances en la modernización del estado, los desafíos de la democracia y el rol del profesional que desee trabajar en el servicio público.

El político chileno señaló que los procesos de cambio traen consigo una etapa de consolidación de éste, y  al terminar el ciclo va sucedida por un nuevo proceso de ajuste. “En la actualidad esto no ocurre, pues la modernidad nos ha llevado a estar en un constante proceso de cambio, el que se denomina modernidad líquida”, indicó Martínez.

A este fenómeno, el político chileno agregó  el de la crisis del Estado–Nación, explicando que los estados nacionales son menos importantes que los de la década del 60 ó 70, por ejemplo. “El ministro de Hacienda de esos años tenía en la política del país una fuerza inmediata. Hoy el Estado es menos centralizado de lo que era ayer y esa fuerza no es tan inmediata”, dijo Martínez.

A esto sumó la discusión que existe en la filosofía política en relación a que la estructura de la sociedad y del Estado es vertical en un origen de soberanía popular. “Todo indica que lo que viene es más bien una estructura horizontal, debido a la crisis de los Estados-Nación, al empoderamiento de los ciudadanos, al fortalecimiento de la sociedad civil. Esto, junto a la necesidad de responder a la globalización, va generando una estructura horizontal”, argumentó Gutenberg Martínez.

El ex timonel de la DC aventuró en su exposición que además de la horizontalidad en la estructuración del poder político, se necesitarán entes supranacionales. “La gobernanza supone órganos de dirección que deben ser entidades supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, que tiene facultades, poder y capacidad de dictar normas obligatorias para todos los países europeos. Ellos ceden parte de su soberanía nacional a favor de un ente supranacional”, comentó.

Otra perspectiva que analiza Gutenberg Martínez es que la clásica discusión entre conceptos de Estado y mercado y la lógica de excluirse mutuamente, se verá afectada por un tercer integrante: la sociedad civil. “No sólo habrá que preocuparse del correcto funcionamiento del Estado y el mercado, sino que surgirá la necesidad de crear, fortalecer y apoyar a las comunidades. De esta forma se contrapesarán ambos poderes tradicionales”.

Con respecto a la democracia, Martínez argumentó que en la actualidad se debe tener una visión más amplia de ella. “Yo creo que para entender el concepto de democracia no hay que ser conservador y éste debe profundizarse permanentemente debido a los avances tecnológicos y utilizarlos en función de ella”, señaló el abogado DC

Los desafíos que tiene el Estado son en primer lugar, el de la descentralización. Gutenberg Martínez explica que diversos estudios de opinión han arrojado como resultado que los ciudadanos encuentran más cercano al municipio, pero éste a nivel del Estado no tiene relevancia. “Hay procesos descentralizadores del Estado, como por ejemplo, el Banco Central, el que tiene facultad e incide en las políticas económicas que se generan en el país”. Martínez explicó a la audiencia que existe una tendencia para buscar nuevos órganos autónomos en el Estado, ejemplificando con la creación de fiscalías y el Ministerio Público.

Otro importante desafío es luchar contra el deterioro de la gestión pública en el país. “Existe una falta de capacidad para ejecutar, por ejemplo, el presupuesto fiscal y esto es un problema que ustedes alumnos deberán afrontar”, dijo Gutenberg Martínez.

A juicio del político de la DC, esto dice relación con los problemas de crecimiento y productividad y agrega que existe una dificultad de dirección y coordinación al interior del Estado. “Si el Estado tiene menos poder y déficit en la calidad de la gestión, hay un mundo de desafíos para los administradores públicos del futuro”, asegura.

El ex parlamentario advierte que hay ligereza en la toma de decisiones estructurales con respecto al Estado como, por ejemplo,  la creación del Ministerio de la Ciencia. “Si la mayor parte de la investigación científica en Chile se realiza en las universidades, entonces, ¿por qué sacarla del Ministerio de Educación?”, se cuestionó Martínez.

Finalmente, el político chileno cerró su charla con un llamado a los futuros profesionales de la administración pública y su doble desafío: no ser tecnócratas sino que agentes de cambio y a modernizar la función pública. “Eso supone la capacidad de usar las herramientas tecnológicas para mejorar la gestión, el pensamiento crítico, e imaginar una nueva estructura del Estado entendiendo el mundo de hoy  y situándolo en los desafíos del Estado chileno a futuro”, culminó Gutenberg Martínez.

• El mundo entero quedó impactado con la masacre perpetrada por un ciudadano estadounidense, quien acribilló  a  50 personas. El investigador de IDEA, Dr. Cristián Parker, afirma que la normativa se convierte en un catalizador “donde cualquier persona tiene las herramientas para cumplir los cometidos que quieran”. A su juicio “los derechos constitucionales de tenencia de armas en Estados Unidos están lejos de ser suprimidos”.

Este domingo se produjo un tiroteo en una discoteca gay de Orlando, Estados Unidos, que dejó 50 muertos y 53 heridos. Pese a que aún se están investigando los antecedentes de Omar Mateen, el sujeto que ejecutó estos hechos, ha trascendido su filiación al Estado Islámico y se ha calificado el hecho como el peor acto terrorista desde el 11-S.

Para el sociólogo de la Universidad, Dr. Cristián Parker, una de las condiciones que propician este tipo de eventos en suelo norteamericano se encuentra en la misma Constitución del país.

“Si tienes acceso a distintos tipos de armas, es natural que allí se genere un caldo de cultivo donde cualquier persona tiene las herramientas para cumplir los cometidos que quieran. La tenencia de armas en Estados Unidos facilita y genera condiciones favorables para que sucedan este tipo de masacres, de la manera en cómo se dan: explosivas, violentas y masivas”, afirma.

El investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel explica que el derecho de cada ciudadano de portar armas en EE. UU. está asociado fuertemente al concepto de libertad en el país norteamericano. Ello, producto de hechos históricos que fundaron dicha nación y que avalarían el uso de las armas a nivel individual, como la propia colonización, la Guerra de Independencia, la Conquista del Oeste o la Guerra Civil, entre otros.

“Los derechos constitucionales de tenencia de armas en Estados Unidos están lejos de ser suprimidos. Solo se está discutiendo si hay posibilidad de controlar o restringir el uso de las armas, no el derecho a tenerlas”, critica el académico.

A nivel estructural, el ex consultor de  UNICEF, PNUD y CEPAL sostiene que las causas de este tipo de acciones terroristas responden a un cambio de paradigma. “El orden mundial que existía hasta fines del siglo XX, basado en la Guerra Fría, transmutó y no se ha podido generar un nuevo orden mundial que garantice la paz y la justicia”.

En ese sentido, el experto menciona que este tipo de situaciones se da en parte dado que no existe un orden mundial que garantice la paz. “El trabajo realizado por las Naciones Unidas, que por lo demás necesita una reforma radical, no es capaz de garantizar el orden y la paz a nivel mundial como debiera. Sin desconocer lo que hace, es insuficiente”, critica.

El Dr. Parker sostiene que una modificación al orden mundial actual para garantizar mayores condiciones de paz debe contemplar “que los países en vías de desarrollo tengan más oportunidades, que los países pobres se sientan menos oprimidos y que los países árabes e islámicos se sientan con mayores libertades para desarrollar sus propias alternativa”.

“El sistema mundial tiene problemas graves y genera condiciones para la reproducción de grupos antisistema. Eso no cambiara rápidamente. Si bien es muy importante condenar estos atentados con el mayor vigor moral y claridad política, no veo que la situación varíe sustancialmente”, enfatiza el especialista en sociología de la cultura y de la religión.

“Estas acciones son un evento más en una serie de eventos que vamos a seguir presenciando. La guerra contra el terrorismo no está concluida para nada”, proyecta.

Un ataque en contra de la diversidad de opción

De acuerdo al académico, el tiroteo en el club Pulse no es un ataque contra grupos marginales, ya que “esa discoteca es un espacio público y legal donde se reúnen personas con distintas motivaciones. No es que allí hubiese gente discriminada o segregada. Es un ataque en contra de la diversidad de opción”.

“Hay un componente fuertemente patriarcal y homofóbico en esta visión ideológica-religiosa del yihadismo,  donde la supuesta destrucción de la ‘moral’ y de las ‘sanas costumbres’ reside en la tolerancia con el movimiento gay. Por eso, deben destruir el ‘imperio’, representado por Estados Unidos, para construir una sociedad que respete los supuestos valores del Islam, que no son realmente sus valores, sino unos alterados y distorsionados, lo que es típico del yihadismo”, explica.

Finalmente, desde el punto de vista de la consecuencia de la acción, Parker sostiene que esta es “la búsqueda de una estrategia geopolítica para generar terror en la población en el seno mismo del ‘imperio’: Estados Unidos”.