Ayer lunes 17 de agosto, a partir de las 5 de la mañana, las comunas de Estación Central y Santiago, pasaron a la denominada "fase 2" o transición del plan "Paso a Paso". Sobre la evaluación de la primera jornada conversó Estación Central con el alcalde Rodrigo Delgado, quien dijo tener la impresión de que la mayoría de la gente ha internalizado las medidas.

Respecto a las situaciones de aglomeración en el comercio, el edil expresó que tiene que haber una visión más integral y el análisis es más complejo. Comentó que aún el Persa Estación no está abierto, pero hay que prepararse para cuando abra al igual que el otro mall de la comuna.

“No basta con que solo el locatario cumpla, hay que tener una mirada más general y medidas como diferir los horarios, pero tiene que ser para todas las comunas” señaló Delgado.

El edil aseveró que el desconfinamiento empieza en la etapa 4, y que ahora estamos recién en la etapa 2 de transición, agregando que es importante ser claro en la comunicación; “esto es algo parecido a la cuarentena pero con más libertades de movimiento”, lo que es clave comprenderlo para que todos sean responsables, afirmó.

Escucha el siguiente podcast de Radio Usach
 

Actualmente, en nuestro país, vivimos un nuevo cambio en los flujos migratorios, con el estancamiento de la población peruana y un incremento sostenido -desde el año 2000- de la población dominicana, colombiana y haitiana (Departamento de Extranjería y Migración (DEM), 2015). A su vez, la población venezolana en el último lustro ha ido en gran aumento, de hecho, según los actuales datos oficiales, la diáspora venezolana se ha transformado en sólo dos años en la comunidad de inmigrantes más grande de Chile, dejando por primera vez en una segunda posición a la comunidad peruana. Le siguen haitianos (179.338 personas) y colombianos (146.582 personas), ubicándose como la tercera y cuarta comunidad más numerosa del país (Instituto Nacional de Estadísticas y DEM, 2018).

En este escenario, la legislación vigente, (Decreto Ley N°1094) , corresponde a una legislación insuficiente, la que no se condice con las transformaciones migratorias en el país, al no dar respuesta adecuada a las necesidades que plantea el contexto nacional y regional.

En consecuencia, se han generado variadas problemáticas respecto a la incorporación social, económica y cultural que enfrentan los grupos de inmigrantes que están en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. En respuesta a ello, desde la vuelta a la democracia los gobiernos modernizaron la gestión administrativa y suscribieron acuerdos internacionales de protección de derechos humanos.

Para garantizar los derechos que estipulan los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, se han instaurado una serie de instrumentos, como circulares, oficios o decretos en materia de salud, trabajo, vivienda y educación, destacando solo la promulgación de la Ley Nº 20.430, sobre protección de refugiados y la Ley Nº 20.507 sobre tráfico y trata.

En este proceso de producción normativa, se destaca el Instructivo Presidencial N°9/2008, aprobado durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Dicho documento tenía por objeto sentar las bases de la futura política migratoria, definiendo a Chile como un país de acogida y visualizando las migraciones desde una perspectiva de integración.

Expuesto el reciente trabajo legislativo, en el ámbito de la generación de decretos para normar el fenómeno migrante, llegamos al año 2013, cuando Sebastián Piñera presenta en su primer Gobierno, un nuevo proyecto de ley de Extranjería y Migración después de 40 años.

La iniciativa ha sido duramente criticado por las organizaciones académicas y de la sociedad civil por carecer de un enfoque de derechos humanos y por limitar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la seguridad social. La controversia sobre dicho proyecto, queda reflejada en el informe de ese año (2013), sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, donde se manifiesta que esta ley “ignora la capacitad estatal para autorizar la residencia de extranjeros en el país, desconoce los instrumentos internacionales suscritos por Chile en materia de integración regional y omite varias obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” (Olea: 127).

Finalmente, sufrió un estancamiento en su tramitación parlamentaria y se dejó abierta la posibilidad de ingresar un nuevo proyecto de ley que tomara en cuenta la discusión que había hecho la sociedad civil al respecto.

Es así como durante los últimos siete años, desde que se presentó por primera vez el proyecto de ley (2013), se han generado más de 465 indicaciones y planteado otras iniciativas legales para avanzar en una ley migratoria. Dentro de estas iniciativas destaca, en el segundo Gobierno de Bachelet (2014), el proceso de encuentros consultivos para la nueva Ley Migratoria, convocada y organizada por el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) y la División de Organizaciones Sociales (DOS).

La valiosa información recogida a partir de este conjunto de acciones nos pone frente al imperativo ético de dar forma a una Ley de la República que recoja estas indicaciones, pero que además tenga como contenido sustancial, el derecho a la migración, entendido como un derecho humano superior consignado en nuestra Constitución. En otras palabras, como afirma Bauman (2016), no podemos seguir siendo condicionados por una ideología de Estado, que finalmente nos produce pánico frente a la migración, impidiendo que un imperativo categórico se paralice por el miedo irrefrenable hacia el otro/extranjero que representa un peligro, una amenaza permanente.

Efectivamente, La máquina legisladora en Chile, respecto a la migración, en la segunda parte del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, ha mantenido de forma dominante un sustrato ideológico en el que subsiste el concepto/idea del extranjero como amenaza que altera la seguridad del país, poniendo en tensión permanente los dispositivos de control legal y social.

La legislación migratoria del presente y particularmente del futuro, debe hacerse cargo en Chile y en el mundo de las personas sin Estado, que han sido desnaturalizadas y privadas de la protección de una comunidad jurídica, que debe reconocerlos como miembros de dicha comunidad.

La expresión de Arendt: el derecho a tener derechos, tiene que ver precisamente con lo esencial de la problemática de aquellos que se han quedado a la intemperie de la humanidad, es decir, desamparados de ciudadanía y huérfanos de pertenencia a una comunidad jurídica en la que se les reconozca una participación y un ámbito de interacción significativos. Al respecto, la misma filósofa nos señala que la verdadera realización humana exige una participación en la esfera de la reciprocidad en la que convive la pluralidad de los individuos dentro de una organización colectiva que instaura la igualdad. Dicha igualdad, antes que una realidad sensu estricto, se despliega a través de la creación de una comunidad política que otorga protección jurídica a sus miembros.

Finalmente, el reto ético al que nos referimos en el título de esta columna, se orienta a la validación de los migrantes, como sujetos de derecho que, en el espacio de la existencia jurídica, establecen un compromiso vinculante con la sociedad en la que viven (derechos y deberes).

Se trata de una exigencia ética, precisamente porque interpela a los legisladores y a la sociedad en su conjunto para otorgar el estatus de subjectum iuris al migrante.

Dicha validación social, discursiva y legal, implica el reconocimiento de ese estar en el espacio jurídico, por tanto, la posibilidad de beneficiarse de una protección legal. De este modo, el migrante puede ser considerado sujeto de derecho, en su situación insoslayable de ser humano, siendo reconocido como tal por la ley.

En esta instancia y a partir de esa condición jurídica, pensamos que se hace muy necesario en estos tiempos de horizontes distópicos, volver sobre el sujeto como otro-humano con el cual sostenemos la experiencia ética de la responsabilidad para con ese otro, superando la alienación que significa la clausura en el sí mismo y el olvido del otro. Vivimos en una cultura en la que el Yo se absolutiza y por tanto se proyecta enajenado/distorsionado, incapaz de vincularse a la realidad comunitaria.

No podemos quedar atrapados en la máquina de producción de una trama normativa que difícilmente alcanza lo humano, como vulnerabilidad permanente que va perdiendo su dignidad en los infinitos trayectos y desplazamientos sobre territorios ajenos. El cuerpo legal de esta ley es urgente y debe contener los incontables cuerpos/vidas de quienes, a veces, se desplazan sólo para sobrevivir.

Ya en el año 2017, las recomendaciones del Ministerio de Salud, en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, eran aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescados y mariscos, y disminuir el consumo de alimentos ultra procesados, especialmente, los que tienen los denominados “sellos negros”.

Además, explícitamente, indican la necesidad de “aumentar la cobertura de ferias libres y otros formatos de mercados locales para el expendio de productos provenientes de la agricultura familiar y campesina en cada comuna del territorio, con énfasis en los alimentos promovidos por las guías alimentarias. Extendiéndose a los nuevos emplazamientos de vivienda, innovando en el formato y acercando los puntos de venta a los lugares de tránsito de las personas en su vida diaria.

Afortunadamente durante la emergencia sanitaria, especialmente, las familias de menores ingresos han seguido acudiendo a comprar sus alimentos saludables en las ferias libres y los negocios de barrio, esto a pesar de las dificultades para el desplazamiento de las personas y, principalmente, las restricciones de funcionamiento que han tenido las ferias libres básicamente por la incomprensión de parte de algunos alcaldes respecto del importante rol que cumplen en cuanto a, mejor acceso a los bienes a un menor costo, la amplia oferta de productos saludables y el fortalecimiento de los pequeños agricultores y pescadores artesanales del país.

La importancia del canal tradicional ya quedaba de manifiesto en el 2010, en un estudio de panel realizado en la Región Metropolitana de Santiago, en que el 42% de los participantes prefería comprar sus alimentos en ferias libres y negocios de barrio y, un 37% en supermercados.

Junto a ferias libres y negocios de barrios, como lugar para comprar las frutas y verduras, aparecen con mucha fuerza las compras a distancia con entrega a domicilio, principalmente, vinculado a ventas desde ferias libres, verdulerías (negocios de barrio) y directo de productores; formato emergente que se acelera por motivos de la emergencia sanitaria. Esto, en contraste con el bajo porcentaje de la población que prefiere comprar sus frutas y verduras en los supermercados.

De esta forma, en un estudio reciente que realizamos durante la emergencia sanitaria, las preferencias para comprar frutas y verduras, agrupando ferias libres, negocios de barrios y las entregas a domicilio, llegan a un 86%, especialmente por la cercanía al hogar y la conveniencia en los precios. Esto podría explicar que, un 75% de los encuestados declara que, durante la emergencia sanitaria, el consumo de frutas y verduras en su familia se ha mantenido igual que antes o, incluso, ha aumentado.

En el estudio de panel realizado el 2010 en la Región Metropolitana de Santiago (citado anteriormente), se obtuvo que el 73% de las personas que participaron compraban sus frutas y verduras en las ferias libres, un 15% lo hacía en supermercados, un 6% en negocios de barrio y, sólo un 0,2% mediante entregas a domicilio.

Al comparar ambos estudios, es evidente la relevancia de las ferias libres como lugar de compra de frutas y verduras, fundamentalmente para la población de menores ingresos. Los supermercados no marcan grandes diferencias en ambos estudios, en cambio, los negocios de barrios y, claramente, las compras a distancia con entregas a domicilio, adquieren un importante rol, explicado en gran parte por la situación de emergencia sanitaria y por un cambio en los hábitos de compra de la población.

La importancia del canal tradicional, para permitir el acceso democrático a los alimentos saludables, se refuerza durante la emergencia sanitaria, lo que coincide con el planteamiento que realiza Eve Crowley, representante en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), quien aseguró que la obesidad “es más que un problema individual; es un problema también de entornos y del contexto político, cultural y económico“, y agrega “cuando hay desigualdad, hay mayor riesgo en algunas poblaciones de que no pueden comprar los alimentos saludables”.

La situación del país, ha evidenciado los problemas de acceso a la alimentación que tiene gran parte de la población, lo que reafirma nuestra opinión respecto de que el grave problema de Chile no es la cantidad de alimentos producidos, sino, más bien la distribución de los mismos.

Para mejorar la distribución, se deben seguir fomentando los mercados locales y circuitos cortos de comercialización, se deben hacer esfuerzos para que los alcaldes entiendan el rol de las ferias libres y, si bien, es necesario generar protocolos sanitarios para su funcionamiento, se deben hacer los esfuerzos necesarios para que sigan funcionando, especialmente, en los sectores de población de menores ingresos.

Por su lado, las ferias libres deben generar algunos cambios como, por ejemplo, disminuir la cantidad de puestos por feria. Sería ideal, realizar ferias con máximo 50 puestos, pero en mayor número de puntos de la ciudad. También, deben innovar aumentando la entrega a domicilio, es algo que a la población le acomoda, ya sea por las dificultades de desplazamiento por enfermedades, por la edad, problemas de movilización, seguridad o falta de tiempo debido al trabajo.

También, es imposible dejar de mencionar que, para mejorar la disponibilidad de alimentos a la población, es necesario reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, que en promedio alcanzan a un 30%, con lo cual se podría alimentar a una gran parte de la población.

“Es muy grave que grupos de civiles decidan ejecutar acciones de desalojo de dichas tomas, que sólo competen a las autoridades competentes, y que estas no actúen oportunamente. Por lo mismo, hacemos un llamado a que se investiguen estas situaciones y se identifique a las personas responsables”.

Esta fue parte de la declaración que emitió, a través de un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) respecto a lo ocurrido en La Araucanía en los últimos días, tras el desalojo ejecutado por civiles a algunas municipalidades de la región tomadas por grupos de personas de origen mapuche. 

Ausencia de políticas

A juicio de la académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, Elisa Loncon Antileo, estos episodios de violencia, “han ocurrido antes y son evidencia de la ausencia de políticas de diálogo, pero, más allá, revelan la ausencia de políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que no tendrían que tomarse la municipalidad si es que esa municipalidad reconociera los derechos que son nuestros”.

Uno de los orígenes del conflicto actual, en opinión de Loncon, se encuentra en el carácter colonialista de las instituciones nacionales.

“Los pueblos indígenas son, prácticamente, pequeñas colonias, del Estado. El comportamiento sigue siendo de negación de quienes son los pueblos indígenas. Las instituciones como la municipalidad, la intendencia o la policía, gobiernan para el pueblo no indígena; a través de una lengua, legislación y programas que no son indígenas. Entonces ¿qué hace la gente de aquí de Malleco? ¿Qué han hecho toda la vida? Han reclamado sus derechos”, planteó la profesora.

De acuerdo con Elisa Loncon, el Gobierno tiene una responsabilidad importante en el brote de violencia, ocurrido en la zona tras la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez.

“El Gobierno no es inocente ni ignorante. El Gobierno está haciendo prevalecer su interés de modelo económico de explotación de la naturaleza y, en función de eso, está actuando, pero no para resolver los problemas profundos que tienen los pueblos indígenas en cuanto al reconocimiento de sus derechos colectivos; el derecho a territorio o a tener agua”, señaló la también investigadora y doctora en Lingüística por la Universidad de Leiden, Holanda.

Derechos colectivos

Para el historiador mapuche y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Fernando Pairican, “lo sucedido durante los últimos días en Wallmapu manifiesta que hay actores que se resisten al ejercicio de nuestros derechos colectivos y cruzan el cerco al hacer uso de la violencia racial”, dijo.

Sin embargo, el investigador en pueblos y movimientos indígenas señaló que el proceso constituyente permite la posibilidad de canalizar los derechos de los pueblos originarios. “Es indispensable para ello atender la situación de los prisioneros políticos, revertir la militarización de Wallmapu y comprometernos en un nuevo pacto en las relaciones interculturales”, sostuvo.

“El Convenio 169 de la OIT de pueblos originarios y tribales sumado a la Declaración de los Pueblos Originarios de la ONU son recomendaciones para tener en consideración. Ambos documentos permiten canalizar la demanda de los mapuche en huelga de hambre. Estos no solicitan la libertad, sino atender a un cambio de las medidas cautelares”, explicó.

Con todo, el postdoctorante del Centro de Estudios  Interculturales e Indígenas consideró que las movilizaciones del fin de semana en La Araucanía representan a un grupo minoritario, si se compara con las manifestaciones en apoyo al cambio constitucional que, entre otras demandas, expresaron la necesidad de que exista una nueva Carta Magna para el país con perspectiva intercultural.

“Los actos de violencia sucedidos en los últimos días contra la población mapuche expresan que el racismo aún existe en un porcentaje de la población. El racismo que susurraba en silencioso, ante la crisis de COVID 19, nos demuestra que aún debemos avanzar bastante en los derechos y la educación intercultural en la población no indígena”, advirtió.

Violencia estructural

En tanto, el historiador mapuche, académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Pedro Canales Tapia, consideró que las acciones de civiles que intentaron atacar a personas de origen mapuche, “son expresiones de racismo puro y público, que no dan ninguna posibilidad de entender lo que está sucediendo en La Araucanía en estos tiempos de pandemia, a través de hechos como quemas de camiones, descarrilamiento de trenes y otras acciones que se han ido sumando. En ese contexto, lo que sucedió en Curacautín, el grito racista de ‘el que no salta es mapuche’, lo que hace es complicar más la situación”, sentenció.

“Esta es una situación histórica de violencia estructural en contra del pueblo mapuche; en contra de sus organizaciones y en contra de sus demandas históricas, legítimas por lo demás”, opinó Canales.

Para el académico, las preguntas de fondo, ante el episodio de violencia son, “qué Chile queremos construir, qué Chile es el que se está comenzando a pensar y elaborar en qué quedó la propuesta plurinacional para la posible asamblea constituyente luego del plebiscito que se va a desarrollar en octubre”.

“¿Son solo discursos? ¿Es sólo retórica política? ¿Son anhelos, ilusiones, imposibles de cumplir? ¿Por qué en este momento, en esta coyuntura tan compleja en la cual tenemos que lamentar la muerte de más de 13 mil personas producto del COVID-19, el Gobierno de Chile desarrolla este tipo de estrategias respecto de las demandas mapuche? ¿Por qué los mapuche son tomados presos luego de ser desalojados de varias municipalidades? ¿Y por qué la población chilena que apoyó a la policía en este proceso de desalojo y que se enfrentó a otros chilenos, en un capítulo inusual de la historia de este país, no recibió ninguna sanción ni esas personas fueron encarcelados?”, cuestionó el académico.

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco decretó prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de Antonia Barra. El caso ha vuelto a instalar como tema principal de discusión no sólo la violencia de género en nuestro país, sino también la forma en que los medios de comunicación abordan estos temas.

Para Mónica Maureira, periodista de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad Usach, “hay comportamientos en torno a las mujeres que están muy estereotipados y desde ahí se levanta una voz muy crítica, que es la que estamos viendo a propósito de lo que se informa, para ir denunciando, cuestionando, o generando una crítica hacia los medios de comunicación sobre cómo abordan temas vinculados a discriminación y violencia”, apuntó.

“Si hay algo que no habíamos visto en nuestros años de democracia es este desarrollo de un espíritu más crítico hacia los medios de comunicación, en tanto entidades incuestionables”, comentó.

Perspectiva de género en los medios

“Hay que pensar en cambios más radicales. Pienso en procesos formativos, por ejemplo, de nuestros colegas, de las y los periodistas que están en los medios de comunicación en temas de género y derechos humanos. Podría haber declaraciones desde las líneas editoriales, de los equipos directivos de los medios de comunicación, y generar prácticas al interior de los medios, más paritarias, con mayor gestión de los contenidos vinculados a violencia”, indicó la periodista.

Es así como destacó la creación de la figura de la “editora de género” en medios de países como Estados Unidos o España, que tratan temas como la violencia, discriminación, derechos humanos y género, que contribuirían a excluir prejuicios en las emisiones y notas de las respectivas temáticas.

“Los medios tienen que superar esa forma episódica de dar cobertura a los casos como los de Antonia, o como fue el de Nabila o el de Fernanda Maciel. Hay que contextualizar permanentemente un tema que es un problema político, social y, también global. Es la antesala para que las carreras vinculadas a comunicaciones incorporen cursos u objetivos transversales de género y derechos humanos en sus mallas curriculares”, finalizó Mónica Maureira.

El rol de la justicia

Por su parte, la psicóloga de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago, Paula Vargas, destacó que “para la socióloga y psicóloga social, Inés Hercovich, la violación no es un hecho aislado y tampoco tiene que ver con patologías del sujeto, que se identifica como el agresor, sino que tiene un lugar en la estructura social de género. Impacta en la vida de la víctima, pero también en las trayectorias de vida de su entorno más cercano familiar, comunitario o social”.

En ese sentido, señaló que “la reciente formalización de Martín Pradenas por violencia sexual no sólo es la formalización en sí misma, sino una seguidilla de mensajes que se envían a quienes continúan siendo víctimas. Sería ingenuo pensar que estamos frente a ‘sólo un caso’, porque lo que se ha dicho en el Tribunal es un mensaje a la sociedad, que caracteriza a la mala víctima, restando de responsabilidades a quien se identifica como el agresor”, señaló en alusión a la decisión del Tribunal, en primera instancia, de rechazar la prisión preventiva de Pradenas, decisión que fue revocada la semana pasada.

“Este tipo de mensajes profundiza una cultura de silenciamiento en torno a la violencia sexual, porque los costos de hacer visible esta experiencia son muy altos, se invalida y cuestiona el testimonio de las mujeres que denuncian. Se las desacredita en lo público”, afirmó.

Finalmente la psicóloga Paula Vargas concluyó que “la conmoción pública que generó la audiencia de formalización, instala con urgencia los temas que el Estado de Chile debe resolver según las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Los poderes del Estado, como el Judicial, deben generar acciones para evitar la victimización secundaria de las personas que denuncian violencia sexual; esta victimización es nociva y uno de los principales obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia”.

Comenzó el fin de la cuarentena en siete comunas de la capital. Este martes, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, Tiltil y Colina pasaron a la fase de Transición del plan ‘Paso a Paso’. De acuerdo al Ministerio de Transportes, la jornada registró un aumento de 7,92% en los flujos vehiculares del Gran Santiago.

El experto en transporte urbano y subdirector del Smart City Lab de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, anticipó que uno de los mayores problemas de la medida de desconfinamiento se producirá en Las Condes, debido a que es una de las comunas que más recibe movilidad por motivos laborales. 

“Es, probablemente, la zona más compleja porque recibe flujos de todo el sector sur poniente de Santiago”, sostuvo. “El nivel de actividad comercial que podría implementarse es mucho y la gente que tenga trabajo en esta comuna sentirá mucha presión económica de abrir esos locales, moviéndose hacia allá”, explicó.

Además, advirtió que personas sin trabajo también sentirán la presión de trasladarse a aquellos sectores donde la movilidad está permitida. “En estas comunas, habrá la posibilidad de desplazamiento libre y, por lo tanto, de realizar comercio informal, lo que puede que empiece a surgir producto de una necesidad económica”, insistió.
 
Coincidió con este análisis el experto en transporte y logística y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Usach, Juan Pedro Sepúlveda. “Habrá muchas personas, que quedaron cesantes por la pandemia, que utilizarán el transporte como medio para salir a buscar trabajo en estos sectores”, enfatizó.

Finalmente, afirmó que ante la posibilidad de que el nivel de hacinamiento se incremente en el transporte público, es de vital importancia que el Ministerio de Transporte expanda los horarios diferenciados a todo tipo de actividad, ya sea educativa, laboral o comercial.

“Es fundamental que no solo los estudiantes universitarios tengan horarios diferenciados, sino con todo tipo de actividad. Es importante plantearse este tipo de jornadas, que contemplen teletrabajo durante la semana y formas para evitar los niveles de aglomeración de personas antes de la cuarentena”, concluyó.

Con el estallido social del 18 de octubre, una de las preguntas que escuchamos los mapuche fue por qué no estábamos presentes en las movilizaciones por una nueva Constitución. La aparente inactividad del movimiento en el sur fue interpretada por algunos como un desinterés por lo que estaba sucediendo en el país. Pero no hubo tal inactividad. En una conversación con Ana Llao para el libro Wallmapu Plurinacionalidad y Nueva Constitución (Pehuén, 2020), comentó que, ante los hechos de Santiago, los mapuche convocaron a una manifestación en apoyo a una nueva Constitución en la plaza Teodoro Schmidt de Temuco. Durante la concentración, luego de marchar en dirección a la cárcel exigiendo la libertad de los prisioneros políticos mapuche, algunas estatuas fueron derribadas. Lo mismo sucedió en Concepción con la imagen de Pedro de Valdivia y en Collipulli con la de Cornelio Saavedra.

En la capital –donde vive un porcentaje significativo de mapuche–, grafitis y rayados mostraron su intervención en las manifestaciones. La académica Elisa Loncon tomó nota sobre el uso del mapuzungun en los muros de la capital. Constató que la presencia de los mapuche no se suscribía tan solo a la wenüfoye, sino también ha permeado el idioma.  La mapuchización del 18 de octubre, concluyó con la instalación de un Rewe en Plaza Baquedano a las pocas semanas del estallido social, que simbolizaba la lucha por el reconocimiento, la libertad de los prisioneros autonomistas y el fin a la exclusión política (Wallmapu: plurinacionalidad y Nueva Constitución: Pehuén 2020).

Esta confluencia de las históricas demandas mapuche con las variadas luchas que se expresaron el 18 de octubre (feministas, pensiones, vivienda digna, deuda, estudiantiles, etc.) lleva a preguntarse si es posible reimaginar un nuevo país con espacio para todos. En lo que respecta al tema indígena, los datos entregados por el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, ELRI, dan cuenta de un aumento en la identificación indígena en Chile (2019). Hay dos explicaciones para esto: las políticas públicas de afirmación (como la Ley Indígena de 1993, Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003, Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad de 2008 y Plan Araucanía de 2010), sumadas a la creciente fortaleza y coherencia del movimiento mapuche para sostener la autodeterminación como un derecho a conquistar, contribuyeron a un cambio de imaginario en la población.

Aquí lo interesante es la identificación de las nuevas generaciones de indígenas y no indígenas, con una pertenencia étnica que, para algunos, no excluye asumirse como parte de la comunidad “chilena”; esas generaciones parecen avanzar en la convivencia desde en una perspectiva intercultural y de las identidades políticas [1].

En este aspecto, es útil hacer un paralelo con la historia reciente de Bolivia. Entre las múltiples variables que explican el fin del Gobierno de Evo Morales está, por un lado, la radicalización de la identidad por quienes no se autoafirman como indígenas, y por otro, las políticas económicas del Gobierno, que derivaron en la rebelión de los indígenas y, sobre todo, de las clases medias y altas criollas.

Al observar esa creciente tensión que sufre la vía democrática hacia los derechos indígena, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, llama a recuperar lo ch’xi, es decir lo mestizo, como un camino posible de reencuentro.

Volviendo al 18 de octubre, a las pocas semanas del estallido social Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, viajó a Santiago. Como resultado de lo que vio se formó la convicción de que estaban las condiciones para avanzar hacia lo que llamó una nueva Constitución “Plurinacional con perspectiva intercultural”. ¿Qué significa esto? Parafraseando a Lechner, significa adoptar un nuevo orden ante la desafección hacia la democracia por los modos de pensar la política (Lechner, 2006).

La emergencia indígena en América Latina, nombre con el cual se conoce a la suma de revueltas indígenas en el continente latinoamericano, aspira a ampliar los horizontes democráticos a través de la autonomía como forma de ejercer la autodeterminación. Este heterogéneo movimiento concilió la situación de las naciones indígenas en América Latina, en algunos casos, a través de la plurinacionalidad (Wallmapu y Plurinacionalidad: 2020). A esta ruta la hemos llamado “la vía política” a la autodeterminación (Malón: 2014).

Los desajustes entre los Estados nacionales (que deberían ser los titulares de los derechos humanos indígenas que han sido negados en reiteradas oportunidades), han terminado por crear ensayos políticos en los cuales la democracia no concuerda con las representaciones simbólicas existentes. Eso fue lo que sucedió, a nuestro juicio el 18/O: múltiples culturas se unieron para empujar un cambio constitucional en post de crear un nuevo país como sujeto de derechos.

Sin embargo, las experiencias plurinacionales se encuentran en suspenso luego de la crisis en Bolivia. ¿Cómo se puede reanimar ese proceso? La historia de Bolivia nos da algunas pistas. La experiencia plurinacional de ese país comenzó en 1992, con la insurrección armada encabezada por el Ejército Guerrillero Tupak Katari, la cual marcó el ascenso de la movilización aymara-q’chua que concluye con el triunfo de Evo Morales en el año 2006. El “katarismo”, como se conoce a una corriente política del movimiento en Bolivia, recuperó a ese antiguo líder que fue, en voz del historiador Sinclair Thomson, parte de la era de las insurrecciones. Katari fue recuperado por los militantes q’chua en Bolivia y a esa perspectiva armada fue teorizada con las ideas de Fausto Reinaga con su clásico libro la Revolución India. En la localidad de Chiapas, Mexico, sucedió una situación parecida con el Ejército Zapatista de Liberación, que reinterpreta por un lado al revolucionario mexicana de Emiliano Zapata y por otro, incorpora el factor maya en el proceso político (Yvon Le Bot: 2014). Estas experiencias sugieren que la vía hacia la autodeterminación tiene momentos de paz y de ruptura.

En Chile, el uso de la violencia a baja intensidad por miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, y los últimos episodios atribuidos por la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) dan cuenta que el uso de la violencia política continúa presente en el contexto de las naciones originarias como instrumento de acción colectiva (Aukin 14 de abril 2020). A esta ruta la hemos denominado la vía rupturista a la Autodeterminación (Malon, 2014).

La RML es una nueva organización que nació, al parecer, en Cañete-Tirúa en el transcurso de 2018, fruto de numerosos nütram (conversación) que han surgido de las expresiones de resistencia, cuyo sustento emana de la cultura y la política en que “germinan desde el weichan y el control territorial” (Aukin, 14 de abril 2020). Algo parecido sucedió con la organización Weichan Auka Mapu en la zona wentenche (tierras situadas entre el río Malleco y Cautín), organización nacida en el transcurso de 2014, y cuyo símbolo es un kultrün cruzado por una escopeta y una lanza.

Se puede discutir cual “vía” es la mejor para llevar adelante los derechos a la autodeterminación. Nos inclinamos por la que sitúe la democracia como el mecanismo, sin embargo, la porfía en avanzar entorno a los derechos fundamentales ha cerrado en todo momento la discusión para un cambio político y abrió las puertas a la radicalización de algunos miembros del movimiento autodeterminista mapuche.

Las nuevas organizaciones mapuche, luego de la crisis política de la Coordinadora Arauco Malleco, como Aukan Weichan Mapu o la Resistencia Mapuche Lavkenche, se han sumado a la aspiración de construir un Control Territorial como sendero a la Liberación Nacional (Llaitul y Arrate: 2008). Según una declaración política de WAM, la violencia política sería de carácter defensivo, “circunscrito en primer orden a nuestro territorio” y luego sobre latifundistas, empresas forestales, proyectos energéticos e inversiones del gran capital (WAM, 23 de abril 2016).

De todos modos, algo se expresa con claras diferencias en las vías que hemos identificado, la democrática y la insurreccional. No son divergentes pues ambas buscan la autodeterminación, pero enfatizan caminos distintos para reimaginar un país en base a un nuevo marco político. En el primer caso Adolfo Millabur ha llamado a crear una Constitución Plurinacional con perspectiva intercultural. Según el edil, frente a la ausencia de derechos indígenas, es necesario desmantelar algunas políticas públicas que fomentan la segregación. En el segundo caso, los continuadores del Control Territorial han intensificado sus acciones de violencia política en el actual escenario. Los miembros de esta vía política no comparten la plurinacional opción, sino una revolución anticolonial suscrita al anticapitalismo. Derechamente hablan de Liberación Nacional.

En su último libro la escritora Silvia Rivera Cusicanqui hizo un llamado a recuperar el concepto de René Zavaleta Mercado: lo “abigarrado”, en alusión a lo mestizo. Lo llamó un mundo ch’ixi es posible. (Rivera Silvia: 2016). A su parecer ello sería lo que se estaría diluyendo.

Aspecto similar ha remarcado Elicura Chihuailaf, quien ha escrito entorno a fortalecer la morenidad. ¿Será que hemos perdido lo xampurria (mestizo-hibrido) en favor de los absolutos políticos?

La historia mapuche de los últimos treinta años ha estado marcada por un crecimiento político-intelectual. El movimiento mapuche se ha convertido en un laboratorio de ideas de humanidad que oxigenaron la postdictadura. Sin embargo, la respuesta del Estado, con su doble política de reconocimiento y criminalización, ha terminado por acentuar las opciones radicales. Hay cicatrices, producto de los últimos veinte años de violencia estatal, en las nuevas generaciones mapuche que irrumpe hoy con mayor voluntad de operar en el Wallmapu. Si a eso sumamos el escenario pandémico, no resulta fácil subsanar la crisis política que se aproxima.

El pueblo mapuche ha cambiado en los últimos veinte años en tres ámbitos. Por un lado, las políticas públicas del Estado han incorporado a tres generaciones de mapuche a la educación superior y a algunos espacios de trabajo. Eso ha atraído cambios en la situación económica en los mapuche, lo que ha derivado en un giro social y, por ende, político. A eso se suma la politización del movimiento autonomistas en las últimas tres generaciones, como resultado, entre otros factores, de haber vivido la política de represión a baja intensidad ejercida por parte del Estado chileno.

La autodeterminación es un derecho humano. Así lo consagró la ONU en 2007, recomendando a todos los Estados a avanzar hacia esa meta en relación con la población indígena. El movimiento mapuche ha sostenido la autodeterminación desde 1984, como se observa en los documentos de la organización Ad Mapu, cuyo trabajo fue continuado por Aukiñ Wallmapu Ngulam, la Identidad Territorial Lafkenche, La Coordinadora Arauco Malleco, Aukan Weichan Mapu y la Resistencia Territorial Lafkenche. Si la transición a la democracia en 1990 situó al país en una nueva etapa histórica luego de diecisiete años de dictadura, las naciones originarias también vivieron, por decirlo de algún modo, su propia “transición hacia los derechos fundamentales”. Esto último es lo que ha negado el Estado chileno; y al ocupar la violencia ha radicalizado al mismo movimiento. ¿Se hace necesario un nuevo marco para las relaciones interculturales? Todo indica que sí es necesario y además, urgente ante los acontecimientos que vive Wallmapu.

¿Tendrá la elite la capacidad de comprender lo que está en juego en relación con los pueblos originarios? parafraseando a Álvaro García Linera, aún es tiempo de repensar “un nuevo horizonte de época”.

El mito de la caverna de Platón nos permite ver cómo nos encontramos encadenados dentro de una caverna, situación que hace que las sombras que vemos reflejadas en la pared sean aquello que consideramos como real. Es el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. En esta columna describiré cómo son las sombras de la oscura negociación del TPP-11 y las razones del por qué se ha puesto en jaque nuestra soberanía nacional, mediante un nuevo marco legal para la creación de un Gobierno empresarial transnacional.

El TPP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un proyecto valorado como un tratado internacional de comercio, cuyas primeras negociaciones se realizaron en el último Gobierno de Michelle Bachelet, y su contenido, en primera instancia secreto, fue desclasificado por Julián Assange; sí, el hacker creador de WikiLeaks, permitiendo así su análisis y desmitificación de las consecuencias beneficiosas de su firma.

Las implicancias de este acuerdo radican en dos puntos centrales. El primero de estos, es generar una garantía jurídica para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países, lo que en definitiva estabiliza un Gobierno transnacional que sobrepasa la soberanía de las naciones. Y, por lo tanto, somete y domina a los países que lo integran, ya que permite validar la intervención y arbitrajes externos a las normativas propias de un país.

El segundo punto se basa en las implicancias que tiene para la economía nacional, puesto que, si bien un tratado de comercio puede beneficiar al país por el ingreso de cierta industria nacional al comercio internacional, o el acceso a una determinada transferencia tecnológica o a determinados conocimientos o producto de permitir la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en distintas zonas geográficas, nada de ello ocurre para el caso del TPP-11. Muy por el contrario, este tratado está orientado hacia la generación de estadios estables para las inversiones transnacionales. Es más, el fortalecimiento del comercio y el desarrollo económico del país a partir de la firma del TPP-11, es una premisa falsa, porque a diferencia de otros tratados que efectivamente pueden estar orientados a fortalecer el comercio, este no es el caso. Puesto que Chile ya ha realizado tratados internacionales con todos los países que están suscribiendo el TPP-11, entre ellos está Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Por tanto, la realidad es que no van a reducir significativamente los aranceles para nuestras actuales exportaciones, ni va a aumentar el producto interno bruto, según los estudios de la propia Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile.

A lo anteriormente dicho, se le agrega que este tratado no ha estado sometido a una evaluación socioambiental y tampoco ha sido validado mediante una consulta indígena, pasando por sobre acuerdos internacionales firmados previamente como el convenio 169 de la OIT.

Piense usted que a todo lo anterior, se le suma que durante el período de negociación, Estados Unidos realiza un giro respecto de su política de comercio internacional, ya que se orienta a fomentar el proteccionismo respecto de su industria nacional, lo cual implica su controversial salida del TPP-11, evidenciando así que este tratado va en desmedro de la soberanía y la protección de la industria nacional de los países firmantes, siendo un escenario especialmente peligroso para países como el nuestro que no tienen políticas orientadas a la protección de su industria, ni de sus recursos , ni de sus habitantes. A pesar de no beneficiar a la sociedad, nuestro actual Gobierno, insiste en permanecer en este tratado.

Mediante diversos mecanismos se intenta generar la asociación entre el TPP-11 con el crecimiento económico y el desarrollo del comercio. No obstante, gracias a la desclasificación de su contenido, hoy es posible realizar un análisis más certero de sus implicancias.

Implicancias del TPP

En primer lugar, garantizar acuerdos que superan la soberanía de los países, dejan en un segundo plano las realidades locales, y como se manifiesta en este caso, no hubo en ningún momento la intención de promover la participación de la comunidad. Se omite así el deber de haber realizado una consulta al menos a las comunidades indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT. Este hecho constituye una violación a los derechos humanos y una ausencia de democracia económica.

Es necesario entonces, que al momento de generar políticas públicas que afectan a los diversos segmentos de la población, generemos también evaluaciones respecto a sus impactos y no solo se diseñen este tipo de políticas que solo buscan cuidar los intereses de las transnacionales, ignorando el cuidado de la ciudadanía y la soberanía nacional. Por ejemplo, en primera instancia, se hablaba de la inocuidad en relación al medioambiente e incluso al fomento del desarrollo de las mujeres, no obstante, el tratado no menciona ninguna implicancia positiva ni beneficiosa en ninguna de estas dimensiones.

La firma de este tratado de libre comercio obstaculizaría las acciones que apunten a cualquier transformación estructural. Por ejemplo, generar cambios en la Constitución, nacionalizar los fondos de pensiones, generar normativas ambientales distintas a las actuales, modificaciones en el código de aguas, así como también en temas de salud y propiedad intelectual, puesto que una empresa transnacional podría recurrir a un arbitraje internacional si se considera afectada su rentabilidad, impidiendo así la modificación sobre las normas legales.

Gobierno transnacional

En la tragedia griega, la crisis no es el momento en que la gente se da cuenta, sino que la crisis se produce realmente en el momento que se llama el reconocimiento, que es cuando la gente sí percibe las consecuencias de los actos realizados.  El TPP-11 en el fondo es una tragedia griega en el sentido estricto porque la gente no se va a dar cuenta de la gravedad de los hechos hasta que el tratado esté siendo aplicado completamente. Solo entonces se darán cuenta que el pecado que se ha cometido es demasiado grande y desintegrador.

Las concesiones económicas realizadas en el TPP-11 generan una entidad superior de relaciones entre países, con un poder mayor que las propias naciones que lo conforman, al punto que podría ser considerado un mega-Estado que no tiene territorio en un país, ya que se basa en una estructura de relaciones económicas de empresas que trascienden el territorio de una sola nación. En la actualidad, las empresas transnacionales burlan las normativas de los países, no obstante, este tratado genera un marco legal que les permite imponerse a las naciones y es, sin duda, un fenómeno que cambia la lógica del funcionamiento de la economía del planeta.

Una empresa transnacional podrá demandar a un Estado si estima que sus políticas o cambios en las normativas afectan sus expectativas razonables de inversión. En ese caso, la empresa podrá recurrir a un arbitraje internacional, que es un ente privado, dejando las decisiones que soberanamente deben tomar los países en manos de un arbitraje internacional, situación que es lamentable para las sociedades democráticas.

El poder de las transnacionales sobre los estados-nación es cada vez mayor. Esta situación ya es parte de la realidad de la forma en que operan los mercados, no obstante, necesitan generar marcos normativos y legales que les aseguren sus ganancias y el despojo de los recursos de las economías subdesarrolladas.  Al mismo tiempo, este tipo de tratados tienen la finalidad de generar en el futuro mayores estados de acumulación de capital, y para ello necesitan que las actuales condiciones permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, es un tratado con mirada de futuro, en el caso, por ejemplo, de que se produzca un cambio en el ciclo político del continente y los gobiernos de izquierda vuelvan a liderar en la región, creando tratados comerciales para el beneficio de las sociedades. Dada esta situación, los nuevos gobiernos estarían sometidos a trabas legales que les impediría generar transformaciones eficaces.

Por último y a modo de conclusión, los desafíos que se desprenden de este nuevo escenario como país firmante del TPP-11, es que debemos generar transformaciones profundas y estructurales que resguarden los derechos humanos y fortalezcan el desarrollo de las sociedades a nivel internacional. Este cambio se fundamenta en la elaboración de las políticas de cooperación entre los países y en la participación que la comunidad tiene en la construcción política de las sociedades.

Vivimos el tiempo privilegiado de encontrarnos con nosotros mismos y enfrentar disyuntivas históricas de larga duración. Es tiempo de cuestionar el habitar desde una cúspide autocrática que nos acostumbró por siglos la sumisión al ideal nacionalista y colonial de España. Sin deponer esa cultura continuamos cautivos de un nacionalismo autoritario que desembocó finalmente en una sistemática violación de los derechos humanos en el siglo XX. ¿Con qué fin? Asegurar una visión noratlántica del mundo extraña y lesiva a la vida del pueblo común.

Hoy es el tiempo de dejar esa imagen mantenida a más no poder. Es tiempo del despertar, como quedó mundialmente de manifiesto en la primavera de 2019. El despertar a una verdadera conciencia nueva de la humanidad, que deshace los precarios equilibrios del régimen establecido,lo tenemos a ojos vista.

¿Cómo es posible vivir en un país pensado con los ideales de un Occidente que siempre nos barbarizó? Ese fue el destino del orden señorial en el siglo XVI. Los privilegios del civilizado estaban lejos, en Europa. Aquí estábamos los bárbaros, los ignorantes, los ignorados. El régimen oligárquico del siglo XIX continuó haciendo lo mismo y con más ganas. En ambos casos, la política civilizatoria implicó una apología de la guerra que no descansó hasta doblegar a todos los enemigos de nuestra precaria comunidad imaginada. En el sur estaban los Mapuche. En el norte estaban los enemigos del Perú y Bolivia. Por doquier pululaban los bárbaros. Esto justificó la guerra civil de 1891 y el golpe conservador de 1973. Esta mitología de la guerra fundacional la enseñó el artista de la oligarquía fray Pedro Subercaseaux a principios del siglo XX. Construyó la imagen visual de un Chile guerrero, heredero del heroísmo militar de España. Sus pinturas presidieron la vida republicana (Descubrimiento de Chile por Almagro, 1918). Lo que pintó Subercaseaux lo divulgó después en la universidad Jaime Eyzaguirre, el historiador franquista de desproporcionada influencia en toda la elite del siglo XX (Fisonomía histórica de Chile, 1948). Con el ánimo belicista de ambos todo se volvió campo de batalla, acuartelamiento general. Este discurso militar atravesó los doscientos años de vida republicana (Sebastián Piñera, “Aún quedan batallas”, Discursos escogidos 2010-2014, Santiago, 2014).

¿Cómo desandar un país matón?

Necesitamos un sustento que nos sustente a todos, más allá de la contradicción fatal de civilización y barbarie, de buenos y malos, de ‘demócratas’ y ‘violentos’, en el lenguaje oficial tan recurrente como exasperante de hoy. Esa disyuntiva la enuncia el poder. Todas y todos precisamos un poderoso vuelco espiritual, un giro cultural de proporciones gigantescas: reconocernos hijos e hijas de la Tierra. Esta conciencia crece en todo el mundo. No vale más la odiosa comunidad imaginada de raíz colonial. Es tiempo de entender los gestos de los primeros habitantes de la Tierra: su comunidad, su mística, su empeño por vivir realmente en paz en este mundo. Fue la decisión Mapuche ante las campañas militares del siglo XIX: “Mira, coronel. ¿No ves este caudaloso río, estos dilatados bosques, estos tranquilos campos? Pues bien,ellos nunca han visto soldados en estos lugares, nuestros ranchos se han envejecido muchas veces y los hemos vuelto a levantar; nuestros bancos el curso de los años los ha apolillado y hemos trabajado otros nuevos y tampoco vieron soldados: nuestros abuelos tampoco lo permitirían jamás. Ahora ¿cómo queréis que nosotros lo permitamos? ¡No! ¡No! Vete coronel, con tus soldados; no nos humilles por más tiempo pisando con ellos nuestro suelo.” (Horacio Lara, Crónica de la Araucanía, 1889).

Los pueblos del mundo se congregaron en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992. Había que escudriñar la posibilidad de una nueva comunidad imaginada al fin del sangriento siglo XX. Se abrió la mente a una manera distinta de vivir y de habitar la Tierra. En las palabras del entonces secretario general de Naciones Unidas, el sabio africano Boutros Boutros-Ghali: “[Cada] conquista de la naturaleza que concretemos en lo sucesivo será, en realidad, en contra de nosotros mismos. El progreso ya no es más forzosamente compatible con la vida; no tenemos más derecho a la lógica del infinito; esa es la gran ruptura epistemológica que simbolizará tal vez, a los ojos de los historiadores, la ‘Cumbre para la Tierra’.” (Discurso inaugural pronunciado en la Cumbre para la Tierra, 1992). Hoy en medio de una calamidad mundial es indispensable admitir el aliento vivo y congregante de la Tierra. Ella al fin y al cabo es la que alberga, sana, cuida, mucho más de lo que sabemos. El estrépito de tantas guerras civilizadas y bárbaras nos hizo sordos a su saludable sabiduría. La guerra y la técnica hicieron una alianza que nos apartó de su espíritu acogedor. Volviéndonos crueles, enemigos, artificiosos. Guerra y tecnocracia juntas cavaron el abismo entre la humanidad y la Tierra, más que evidente en los procesos de racionalización del siglo XX: “La tecnificación se inició en los armamentos, ya que históricamente la Técnica ha ido siempre asociada con la guerra. El militar del siglo XX va siendo cada vez más un técnico, antes que un guerrero […]. Solamente en el breve período de 1970 a 1973 ha sido roto su predominio [de la tecnocracia] por una doctrina revolucionaria.” (Mario Góngora, La noción de lo civil en la historia chilena, 1986). La reflexión de Góngora sobre nuestra historia de Chile es certera. La Unidad Popular, nacida hoy hace cincuenta años, fue una pausa en la racionalización totalitaria que ordenó nuestra enajenación de la Tierra. ¿Qué significaron aquellos días? Por un instante el país adquirió dignidad y asombro mundial: dejó de ser presa del dictado colonial. Con una determinación pacífica ajena al belicismo histórico descompuesto de Chile. Fue la apuesta ética de Salvador Allende.

Hoy asistimos particularmente a un signo mayor e inequívoco del alejamiento de la Tierra que proviene del desconcierto colonial del siglo XVI: el colapso de la gran ciudad. El hecho indica la medida del giro histórico que actualmente nos concierne. La ciudad, iniciativa superior de la ocupación militar, emblema de la guerra a muerte entre la civilización y la barbarie, es la metáfora más acabada de una humanidad indefensa por su fatal distanciamiento de la Tierra. Hoy es el espacio predilecto de la contaminación, de la rabia, de la renuncia al suelo agrícola, de la vulnerabilidad sanitaria. Por todas estas plagas es una señal que conduce a imaginar otro tiempo y otro espacio: el olvidado y permanente compás de la Tierra entera. Para todas y todos. Este es el tiempo oportuno de hoy.