Mediante una declaración difundida en diversos medios de comunicación, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), manifestó su desacuerdo con la propuesta de Presupuesto 2021 para Educación Superior, planteada por el Ejecutivo.

El texto divulgado por el Cruch sostiene que:

“La propuesta del Ministerio de Educación para el próximo año resulta incomprensible e inaceptable, puesto que atenta seriamente contra la sustentabilidad de las universidades del Cruch y envía una señal que puede interpretarse como la intención de socavar las bases de las universidades tanto estatales como con vocación pública de Chile, impactando directamente no solo en la formación de nuestros estudiantes, sino que también en las múltiples iniciativas que aportan al desarrollo del país y que ven en riesgo su continuidad, así como de las miles de familias de quienes laboran en nuestras instituciones y que dependen de su trabajo”.

“Las universidades del Consejo de Rectores contribuyen directamente al desarrollo de Chile. En su emplazamiento a lo largo de todo el país constituyen el polo intelectual, cultural y artístico de cada una de las regiones y sus ciudades principales. Además, cumplen un rol fundamental en el proceso de descentralización, potenciando el desarrollo regional”, añade la nota.

Más adelante, la declaración precisa que “durante la pandemia por COVID-19, las 30 universidades del Cruch, a pesar de su compleja situación financiera, han contribuido a enfrentar la emergencia sanitaria a través de la construcción de una red de apoyo a los servicios de salud del país, que incluye múltiples iniciativas para fortalecer las redes de salud regionales, ya sea en la prevención, detección o tratamiento del COVID-19. Todas las actividades realizadas han sido con cargo a los presupuestos de las universidades”.

“Adicionalmente, las universidades han implementado todas las acciones necesarias para mantener su docencia, dando continuidad al proceso formativo de más de 400 mil estudiantes, de los cuales el 50% es beneficiario de la gratuidad y por lo tanto pertenecen al 60% más vulnerable del país; y continuar con sus tareas de investigación, extensión universitaria y vinculación con el medio”, declara.

El comunicado prosigue indicando que “en este escenario, las universidades del Cruch han debido realizar ajustes presupuestarios mayores debido a la crisis social y sanitaria, que han significado menores ingresos por matrícula y aranceles y venta de servicios, además de un aumento de gastos derivados de la crisis sanitaria para apoyar a estudiantes y profesores/as en conectividad y equipos, por una suma estimada de $204.000 millones. Este escenario deberá proyectarse al menos para el año 2021, incluyendo los costos adicionales para el retorno a actividades esenciales bajo condiciones sanitarias seguras y para mantener apoyo financiero a sus estudiantes”.

“La situación antes descrita es compleja y ha puesto a nuestras universidades en una situación de fragilidad nunca antes vivida. Este escenario adverso se agrava con el Proyecto de Ley Presupuesto 2021, que contempla una disminución de recursos a las instituciones del Cruch que asciende a $42.119 millones, de los cuales $21.638 corresponden a disminuciones de aportes basales”, dice el Consejo de Rectores.

La nota añade que “esta situación fue expuesta ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. La comprensión de nuestros argumentos derivó en el rechazo de estos programas presupuestarios y gracias a este resultado el Cruch fue invitado por el Subsecretario de Educación Superior a conformar una mesa de trabajo para analizar única y exclusivamente el uso de los Excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), a la que accedimos a participar, en coherencia con nuestros principios orientadores, que privilegian el diálogo”.

“Esta mesa de trabajo se circunscribe al FSCU,  materia que no involucra recursos del Estado, ya que la propiedad de los recursos de los FSCU es en su totalidad de las instituciones que poseen dicho fondo. Lo que se debe acordar es la autorización legal para su uso, que depende del Ejecutivo. Estos recursos serán casi exclusivamente para cubrir déficit por exceder la duración de la carrera (Artículo 108) y, en consecuencia, no resuelven los problemas de financiamiento actual”, precisa el comunicado.

Luego agrega que “el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y cada una de las agrupaciones que forman parte de él (Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Cuech; Agrupación de Universidades Regionales, AUR; Universidades Públicas No Estatales, G-9), han propuesto un conjunto de medidas para enfrentar esta situación y las han reiterado en todas las instancias posibles, pero hasta la fecha no ha existido ningún acercamiento de la autoridad referido a otra materia que no sea el uso de excedentes del FSCU”.

Más adelante la declaración del Consejo de Rectores precisa que “las medidas incluyen propuestas que no demandan recursos adicionales, como establecer acceso a endeudamiento con garantía del Estado y el uso de excedentes del FSCU. Otras, sí implican recursos para el Estado, pero entendiendo la situación del país y la necesidad de hacer ajustes, se solicita mantener los valores asignados en el presupuesto 2020, lo que, en definitiva, implica asumir desde ya una disminución del 2,6% real en los recursos de los Fondos Institucionales (Basales, Convenios y de Interés Nacional). También, medidas orientadas a mejorar la implementación de la Ley 21.091, como la suspensión de Aranceles Regulados para implementar un nuevo y mejor diseño”.

“También debemos señalar nuestra preocupación respecto a las aseveraciones acerca de la falta de eficiencia y transparencia de nuestras universidades que han expresado las autoridades de Gobierno en las últimas semanas. Estas aseveraciones no solo no son efectivas sino que reflejan desconfianza respecto a nuestras universidades y desconocimiento de los mecanismos a través de los cuales ellas dan cuenta de manera periódica y transparente de su accionar académico, administrativo y financiero”, dice el Cruch.

Finalmente, la declaración del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, hace un llamado a resguardar el patrimonio que representan las universidades públicas para el país, a la contribución que ellas realizan en todos los ámbitos de nuestra sociedad y su rol clave para lograr que el país alcance mejores niveles de desarrollo en beneficio de todos(as) sus ciudadanos(as) y cada uno de sus territorios”.

Tras los resultados del plebiscito constitucional, se ha comentado mucho que la disyunción representa una tensión entre el “pueblo” y la “élite”. Y algunos ahondando en esa tesis, como lo hace Juan Carlos Eichholz, asegura que el verdadero conflicto no se centra en la desigualdad, sino más bien en un problema de falta de “empatía” de la élite política y empresarial hacia sus “hijos”, el pueblo trabajador. La interpretación debería indignar tanto a las denominadas  “élites” como a los presuntos “hijos-pueblo”.

Exploremos la propuesta de Eichholz. Primero, supongamos que en el país, efectivamente, existe una élite conocida por una amplia mayoría de chilenos y chilenas y que no sea sólo una marca famosa de pañuelos. Imaginemos además, tal como la dibuja Eichholz, que esta élite representa una minoría educada y culta, con influencia política, económica y empresarial, pero que pese a sus noblezas, ha fallado porque se desentendió de sus tareas fundamentales: la dirección empática, afectiva incluso, de “sus hijos”, el pueblo. ¿Se entiende lo ofensivo de la propuesta?

Estamos hablando de una élite influyente, que concentra en sí una serie de fuerzas, poderes y hasta saberes, como dice Eichholz, pero que ¿es incapaz de responder a las demandas de sus “hijos”? Si el planteamiento busca representar a la élite nacional, éstas deberían buscarse un mejor vocero o nosotros definitivamente mejores élites, pues en la propuesta, Eichholz compara una situación de responsabilidad política nacional con un conflicto familiar y privado, como si se hubiera inspirado en los infortunios televisados de una familia minoritaria y adinerada como la Calderón-Argandoña. Peor aún es el modelo paternalista que supone su reflexión.

Cuando compara la relación entre la élite y el pueblo en códigos de relaciones familiares, al modo de “padres e hijos”, la propuesta impone una asimetría inadmisible para el análisis de la política nacional.  

Un acto paternalista refiere, como indica su nombre, al intento de que un individuo o un Estado se entienda a sí mismo como autoridad, pater o “padre”, y actúe para resguardar el bienestar de terceros (personas o ciudadanos) y para protegerlos incluso sin su aprobación o incluso en contra de su voluntad. En el caso de los padres de facto, el paternalismo se justifica aunque tampoco de forma ilimitada, pues se les reconoce el legítimo derecho de la crianza de sus hijos, no obstante sólo en la medida de que aquella libertad de enseñanza no amenace o contravenga el bien superior del niño o niña. Pero además, y no menos importante, esa atribución e incluso deber de resguardo y protección va de la mano con la idea de que los menores no son considerados como sujetos plenamente autónomos y/o soberanos de sí.

Con todo, saber desde cuándo un niño o niña es un sujeto autónomo, es ya materia de múltiples controversias en cuestiones relativas a consentir tratamientos médicos, elección de género o también de responsabilidades penales. Sin embargo, en el caso de una ciudadanía votante no hay justificación para paternalismos de éste u otro tipo. Comparar a la gran mayoría de ciudadanos que votó por el Apruebo con una población de infantes es, por lo menos, insultante pues parece una estrategia reciclada para, nuevamente, desatender el mensaje político de fondo.

Si antes se criminalizaba la protesta y su descontento social, ahora se le infantiliza; mientras que en el 2019 ninguna demanda era válida porque se trataba sólo de actos de violentistas y antisociales que “no respetan a nada ni a nadie”, cual salvajes irracionales, en este 2020 se advierte que el Apruebo es conducido por “niños” y “niñas” que poco pueden decidir y deliberar, razonadamente, sobre el país que quieren.

Pese a los distintos enfoques, en ambos casos, la táctica es la misma: se minimiza, se irracionaliza y, con ello, se anula el fundamento de un cambio constitucional. ¿Puede haber peor obstinación? Como si en las urnas sólo reinara la voz de una masa salvaje y no pensante. Incluso después de que el 78% de los votantes estuviera dispuesto a creer en una propuesta institucional, a colaborar en consolidar una alternativa al conflicto social que se desató, justamente, contra la institucionalidad política y Estatal.
Con esta evidencia empírica ineludible, además de la certeza de que muchos jóvenes por primera vez se sintieron voluntariamente interpelados a votar, aun así, ¿quieren algunos seguir tapando el Sol con el dedo y leer en estos resultados sólo berrinches de unos cuantos “niños”?

Hace 2500 años, hubo una minoría distinta en Occidente y que era mucho más que un pañuelo, sobre todo más que un puñado de comunas, apellidos o colegios. Una minoría que descubrió el logos como posibilidad abierta a los seres humanos, una capacidad para acceder a la realidad por medio del propio juicio, de la deliberación y de los argumentos por sobre autoridad cultural, sacerdotal o del tipo que fuere, por cierto, también por sobre la pura empatía, de la cual, según Eichholz, carece la presunta élite chilena.  

Pero no es empatía en primer lugar lo que debería entrenar mejor una élite que no escucha, sino justamente atender al logos, pues, lo que exigen quienes fueron a las urnas es su reconocimiento expreso como equivalentes; como sujetos pensantes cansados de compasiones, asistencias y donaciones, por parte de los gobernantes de turno; sujetos de derecho que quieren una Constitución que no los paternalice ni les diga cómo vivir ni qué hacer, sino que les permita un suelo de protección mínimo para que cada uno pueda ser el adulto libre que desea ser y que hoy, es privilegio heredado de sólo un puñado.

“Lo que exigen quienes fueron a las urnas es su reconocimiento expreso como equivalentes; como sujetos pensantes cansados de compasiones, asistencias y donaciones, por parte de los gobernantes de turno”.

Mañana jueves a la 12 horas, Radio Usach y STGO TV, en conjunto con la Fundación Chile 21, transmitirán el debate de candidatos/as a las primarias para la gobernación regional metropolitana, en la que participarán postulantes de la oposición Helia Molina (PPD), Karina Oliva (Comunes), María José Cumplido (Liberales), Claudio Orrego (DC), Álvaro Erazo (PS) y Sebastián Depolo (RD).

El espacio, organizado por la Universidad de Santiago y la Fundación Chile 21, que contará con la conducción de Lucía López y Marcelo Trivelli,  será difundido, además, a través de las redes sociales de nuestra Casa de Estudios.

Al respecto, el prorrector de la U. de Santiago, Dr. Jorge Torres Ortega, sostuvo que, "como emisora de una Universidad estatal y pública, buscamos mantenernos presentes en todos los importantes procesos democráticos que está viviendo nuestro país, y colaborar a que la ciudadanía participe de la forma más informada posible”.

“Por eso”, agregó la autoridad, “invitamos a las y los auditores, no solo a seguir este debate por las primarias a gobernadores de la Región Metropolitana, sino que todas las elecciones que vendrán y, en general, la contingencia social y política, con el sello pluralista de la Radio Usach y STGO TV”.

En entrevista con nuestra emisora, el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara consideró que “estamos frente un hecho bastante histórico, en el que por primera vez en Chile podremos elegir a nuestros gobernadores y gobernadores, y es en ese contexto que la labor de los centros de estudio, las organizaciones de la sociedad civil, como también los medios de comunicación y una Universidad de vocación pública nos unimos”.

Lucía López, quien será la conductora y moderadora del espacio, invitó a sintonizar este debate y recordó que en este espacio estarán presentes las y los únicos candidatos que van a primarias por la gobernación de la Región Metropolitana.

“Este es el debate de las primarias a gobernador o gobernadora por la Región Metropolitana y tenemos el honor de haber sido elegidos como medios, STGO TV y Radio Usach, para dirigir este debate, lo que me parece fantástico”, planteó la periodista.

No lo olvides: mañana jueves 12 de noviembre, a las 12 horas, Debate Primarias Gobernadores Regionales, por la 94.5 FM, canal 50.1, App Soy Usach, además de las redes sociales de Radio Usach, STGO TV y Chile 21.

La Superintendencia de Salud levantó un análisis de mercado de los precios de diversos exámenes y días cama en 18 prestadores del país, donde encontró diferencias de hasta 12 veces en el precio que cobran las instituciones privadas para una misma prestación. El superintendente Patricio Fernández indicó que “no solo  hay diferencias entre prestadores, sino que entre días hábiles e inhábiles para la toma de exámenes como los de laboratorio en general e imagenología”.

En entrevista de Sin Tacos Ni Corbata, Fernández añadió que “las justificaciones de parte de los prestadores o clínicas no nos parecen atendibles. Hoy día las diferencias tecnológicas pueden existir, pero no con una brecha tan grande como para establecer las diferencias de precios que se cobran. Acá hay una estrategia de obtener un margen de ganancia o compensación” sostuvo.

El superintendente de Salud señaló que resulta dramático lo que sucede en regiones, porque fuera de Santiago hay menor oferta y el escenario de diferencias de precios se hace más complejo.

“Dado que en Chile no existe una ley que fije precios, es importante que las personas se informen sobre todo si están en el sistema privado de salud”. Reiteró que hasta no exista una normativa reguladora hay que cotizar y hacer valer el derecho a elegir y por eso la Superintendencia de Salud está trabajando en una plataforma online que compare los precios.

Escuche su análisis en el siguiente podcast de Radio Usach: https://www.radiousach.cl/sin-titulo-71169593