El director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Luis Bobadilla, responde esta inquietud en el siguiente video.

La división de la oposición que se expresa  hoy es el resultado de una concepción que se ha ido expandiendo como un virus: me involucro en política para “conseguir” algo para mí o para mi grupo, si es que lo tengo.

La sociedad y la cultura existen más allá de las estructuras de la economía y de la política y de sus extravíos, y no se domestican tan fácilmente: expresan los avatares imprevisibles de la condición humana, que avanza, retrocede y vuelve a avanzar…”.

La idea de acción colectiva para avanzar en propósitos comunes, en plazos más cortos o más largos, o por último para actuar en alianza con distintos con los que a lo mejor no tengo un proyecto común, pero si ciertos objetivos parciales compartidos en el corto plazo -en virtud de lo cual en lo que no estoy de acuerdo me lo reservo como parte de mi independencia de largo plazo- pues bien, esa idea simplemente ha desaparecido del escenario político chileno.

Quedó atrás la cultura secular de las mancomunales, de los sindicatos clasistas, de los frentes o unidades populares, de las concertaciones para avanzar en conjunto.

Ahora es cada uno para su santo. Solo acepto que los demás me den lo que yo quiero, y lo quiero ahora. Nada de reciprocidades, de puesta en perspectiva, esas son cosas antiguas, con olor a naftalina. Yo y mis intereses primero, yo segundo, yo tercero, en la inflación sin límite de los egos. Lo demás es secundario, no tiene por qué importarme. ¿Pero no es ese el triunfo de la lógica del mercado? ¿El triunfo del neoliberalismo?

Mientras, los dueños del poder oligárquico siguen en lo suyo, probablemente divertidos por estas tribulaciones izquierdistas de trasnoche, porque lo principal es la preservación de su dominio sobre la sociedad y sobre los recursos de la naturaleza. Pero el viejo topo, que sabe cavar la tierra con tanta rapidez, el digno zapador, también sigue en lo suyo. Y por una razón muy simple: la sociedad y la cultura existen más allá de las estructuras de la economía y de la política y de sus extravíos, y no se domestican tan fácilmente: expresan los avatares imprevisibles de la condición humana, que avanza, retrocede y vuelve a avanzar.

He apreciado que en el adocenado debate que ha precedido al plebiscito que prontamente tendremos que enfrentar, se ha asentado la opinión en los jóvenes que es imperioso cambiar el Rol Subsidiario del Estado (RSE) que está actualmente consagrado en nuestra Constitución y en muchas otras constituciones del mundo.

Entiendo completamente esa aprehensión, porque los jóvenes son permeables a la orquestación intencional que desvirtúa los hechos que estamos viviendo, ven a un Estado pasivo ante las necesidades de la población, a empresas que destruyen el medio ambiente y visualizan un futuro complicado para realizar sus sueños. Si bien es cierto que el RSE no ha dado los frutos que se esperaban, debemos señalar que ello se debe a la torpeza notable en su aplicación que realizaron los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 30 años y no a la inoperancia de ese principio.

Es importante señalar que el RSE tiene su origen en la valorización extrema de la libertad del ser humano, ubicándola en el primero lugar de la escala axiológica y reconociendo a la persona como el gestor principal del crecimiento y desarrollo de una comunidad. Esta afirmación se materializa a través de dos actitudes: una pasiva y otra activa. La pasiva permite que los emprendedores puedan realizar todo tipo de actividad económica y que fluya libremente el intercambio de los bienes y servicios. Sin embargo, nuestros jóvenes no han percibido los beneficios de esa acción y solo han sido espectadores de la desidia de la autoridad para evitar los abusos de las empresas, la destrucción del medio ambiente y otros hechos palmarios que los seducen a pensar que la RSE no es lo que necesita el país.

La actitud activa, que para algunos autores cifran su origen en la Encíclica Rerum Novarum (enclave que no comparto) se refiere a la acción que efectúa el Estado cuando los particulares no quieren o no pueden realizar alguna actividad socialmente importante. Esta es la actitud que en nuestro país está carente, pues la Autoridad no ha corregido los errores y abusos que los particulares han realizado durante estos años.

La actitud activa que atribuyo al RSE se materializa a través de la aplicación de subsidios, algo pálidamente evidenciado en la subvención escolar tan vilipendiada por la izquierda hace unos años atrás; en la creación de empresas estatales, entidades que la Constitución vigente permite crear, pero solo a través de leyes con quórum calificado que no han sido creadas por los mismos políticos de izquierda que critican la Constitución; o a través de incentivos directos a determinadas actividades.

Es en esos incentivos que los tributos tienen una importantísima función como herramienta de la Política Fiscal de los países, pues son verdaderas válvulas que afectan el flujo circular de la economía, restringiendo el destino de recursos a determinadas actividades cuando se implanta algún impuesto de castigo como el que afecta al tabaco o al alcohol; y como beneficios cuando se aplican rebajas, exenciones o incentivos como el que se otorga a las donaciones con fines sociales, deportivos, culturales, educacionales y… aunque parezca paradójico... con fines políticos.

En efecto, las disposiciones legales que reglamentan las donaciones son un ejemplo de cómo el Estado restringe su potencial en la recaudación fiscal para motivar a los particulares para hacer alguna acción específica, estableciendo el beneficio al “direccionar” el pago del impuesto a aquellas actividades que el particular considera oportuno apoyar, no aplicando de esta forma el principio de no afectación de los impuestos que destina toda la recaudación del país a un fondo común, del cual la autoridad realiza asignaciones de acuerdo a la Ley de Presupuestos.

Las donaciones son un ejemplo de cómo el Estado confía en los particulares para que ellos sean los sustentadores de actividades como las ya mencionadas (beneficencia, deportes, educación…y política) pudiendo de esta forma también extenderse a otras actividades que en la actualidad no se aplica este mecanismo de donaciones como es la salud, las pensiones de los trabajadores dependientes, las necesidades de la tercera edad, etc.

Si bien es cierto que las donaciones son parte del “Gasto Tributario”, concepto que el Servicio de Impuestos Internos año tras año ocupa para determinar el total de ingresos que el Fisco deja de recibir en tributos por la aplicación de algunas disposiciones como los beneficios tributarios, no es menos cierto que las donaciones son el ejercicio de la libertad a tal extremo que los particulares deciden qué aspecto social será beneficiado directamente con su aporte, logrando de esta forma un mayor grado de eficiencia en la atención de estas necesidades sociales que las realizadas por el aparato estatal.

Un ejemplo de esto es el avance en inversión en infraestructura que muchas universidades privadas (que son producto del RSE en materia educacional) han evidenciado en los últimos 20 años, permitiendo que estas Casas de Estudio tengan campus de gran calidad que compiten fuertemente con la gran infraestructura que tienen las universidades tradicionales que son fruto de aportes estatales realizados en el siglo pasado.

Es por ello que considero que en nuestro país hemos mal utilizado un principio que no es creación del Gobierno Militar ni de la nunca bien ponderada “Comisión Ortúzar”, como es el RSE, sino que es creación de corrientes del pensamiento político francés, alemán e italiano del Siglo XIX y XX, que conceptualizó un criterio enraizado en las profundas convicciones de libertad del ser humano, pero lamentablemente, hemos aplicado pésimamente, desaprovechando el potencial de la iniciativa privada para ser presa de las ambiciones de grupos económicos y políticos que no responden a las necesidades de la población, sino de los intereses particulares que terminan destruyendo toda la doctrina y política positivamente concebida.

El presidente  de la Fundación Instituto Desarrollo y Liderazgo Indígena, comentó que la Ley Indígena protege los territorios mapuche, pero solo en la superficie del suelo, dando como ejemplo que si en el subsuelo de estas tierras hay recursos mineros, estos son dados a privados.

“No hay soberanía territorial para los pueblos indígenas, pero sí reconoce (en el Convenio 169 de la OIT y no en el Estado chileno) los derechos territoriales” que tienen relación con un espacio geográfico donde se ha desarrollado por miles de años la cultura mapuche; “no es un derecho meramente agrícola”, aclaró.

Diego Ancalao explicó que la Constitución de 1980 señala que la propiedad privada está por sobre la propiedad colectiva ya que no solo “hay privados que se han apropiado de territorios indígenas, sino que derechos públicos como es el agua”.

Además, la venta de Isla Guafo es posible por la legislación vigente ya que desde 1926 cuando se remataron a privados terrenos indígenas se creó la ley de la subdivisión de la propiedad territorial indígena, fragmentación que disminuyó con Frei Montalva y Allende, pero que se retomó con fuerza en la dictadura de Pinochet y se mantiene hasta hoy.

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Este miércoles se conoció que Carabineros rebautizaría la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de general (r) Rodolfo Stange, ex integrante de la Junta Militar, decisión que fue suspendida 24 horas después debido a la polémica generada. Estación Central conversó con la cientista política Dra. Lucía Dammert, quien valoró que se diera un pie atrás.

La experta en seguridad ciudadana y académica Usach remarcó que con esto,  en cierto modo “la policía uniformada reconoce que debe adoptar nuevas formas”. Agregó que esto nos invita  a revisar cientos de nombres de plazas, calles, edificios que no están acordes ni con la democracia, ni con los nuevos tiempos.

La doctora en Ciencia Política dijo que lo que pasó obedece a que Carabineros, desde los años 90, “está acostumbrado a tomar decisiones solos (…) y que seguramente (en la Institución) nadie lo vio como algo negativo. Lo dramático es que seguramente desde el Ministerio del Interior no lo advirtieron”.

Lucía Dammert señaló que “por suerte Chile cambió” y que la sociedad civil expresó su enojo por este nombramiento, que fue por lo demás una decisión del general director de Carabineros, Mario Rozas, hecha a mediados de agosto y que se filtró.

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