El Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunciaron un paquete de medidas económicas para “proteger la salud, los ingresos y el trabajo de las familias chilenas”, en el marco de la propagación del coronavirus en el país. Dicho anuncio implica recursos fiscales por hasta US$11.750 millones.

Protección de los ingresos laborales

El proyecto de ‘Ley Covid-19’ contempla un mecanismo de protección a los ingresos laborales para quienes por la emergencia deban permanecer en su hogar sin posibilidad de trabajar a distancia. La garantía se permitirá cuando exista acuerdo con el empleador o haya mandato de la autoridad sanitaria.

Sin embargo, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, explicó que la aplicación del beneficio termina provocando que los afectados por la cuarentena perciban menos ingresos.

“Su primer giro será del 70% del sueldo promedio de las últimas remuneraciones y el segundo mes, será de 55%. No es nada beneficioso”, consideró.

Por su parte, el economista y académico de la Usach, Gonzalo Martner, agregó que “la mantención del sueldo de las personas en las empresas se va a hacer usando el mecanismo  del Fondo de Cesantía Solidario. Es decir, se van a utilizar los fondos acumulados por los trabajadores y habría un complemento que sí sería de recargo fiscal, pero en condiciones que no están claras”, precisó.

“El trabajador pagará también su cuarentena”, afirmó Salas. “El beneficio solo sería que sigue siendo trabajador en su empresa”, criticó.

Además, el ex Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, enfatizó que el beneficio va dirigido solo a los trabajadores contagiados con COVID-19 o con riesgo de contraer el virus.
 
“Si esta medida no va complementada con un fortalecimiento del capital de trabajo de la empresa, lo que queda con recargo al empleador con qué lo va a financiar, si tiene su establecimiento cerrado y no tiene ventas”, afirmó.

“Tendría que haber acceso a un crédito para las Pymes, que tenga al menos 90 días de gracia, en los cuales no va a estar pagando ni amortizando capital, con una tasa de interés que no exceda el 3% anual y que esos créditos sean mínimo a 24 meses. Si no, cómo va a financiar al menos la mitad de la planilla y responder a los proveedores”, agregó.

Bono Covid-19

Por otra parte, el Gobierno anunció un bono equivalente al de Subsidio Único Familiar que beneficiará a 2 millones de personas sin trabajo formal.

Para Frigolett, esta ayuda resulta “insuficiente, porque es de aproximadamente 15 mil pesos per cápita en un promedio de cuatro cargas. Una familia no vive con eso”.

“Debiera haber un subsidio dirigido a jefas y jefes de hogar, de 200 mil pesos, equivalente al Bono Marzo, también para abril y mayo. Lo que propone el Gobierno es completamente insuficiente”, estimó.

Suspensión de pago para empresas

Otra de las medidas es la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de las empresas por los próximos 3 meses.

Para Martner, el beneficio no discrimina por tamaño de la empresa ni por sector, lo que resulta “problemático, porque un conjunto de dineros que dejarán de recaudarse van a beneficiar a los más ricos de Chile”.

“El problema es que el grueso del apoyo económico va a consistir en la suspensión del pago por tres meses, sin que se especifique cómo se devolverá después, del impuesto a las utilidades de las empresas”, agregó.

El 2% constitucional

Finalmente, el proyecto contempla reforzar el presupuesto del sistema de salud pública, suplementándolo con el llamado “2% constitucional”, para atender los gastos que se deriven de la emergencia sanitaria.

Al respecto, el abogado experto en derecho constitucional y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, advirtió que este gasto deben firmarlo todos los ministros y el Presidente, lo que los hace responsables directos.

“Si se gasta en contravención a la Constitución, incurrirían en responsabilidad penal por el delito de malversación de caudales públicos, además de las atribuciones de fiscalización y ejercicio de la acusación constitucional de que dispone la Cámara de Diputados”, explicó.

“Hay que tener cuidado, pues no deben mal usarse estos fondos públicos en el sentido del incentivo a la economía que se disfraza de cobertura a la crisis sanitaria. Lo primero no está contemplado como causa de la atribución presidencial”, concluyó.

Tras sostener una reunión con rectores de algunos planteles, la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación anunció una serie de medidas de acción con el objetivo de dar continuidad al proceso formativo, así como a la entrega de beneficios a los estudiante en el marco de la Fase 4 de COVID-19 en el país.

Estas medidas son:

1. Activación de Comité de Coordinación del Sinaces en el contexto de emergencia:

El Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (Comité Sinaces) fue convocado por su Presidente, el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, para efectos de iniciar un trabajo de coordinación permanente en el contexto de la emergencia sanitaria actual. Este comité está integrado además por el Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Hernán Burdiles, y el Presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt. Forman parte del Sinaces, además, todas las instituciones de educación superior.

El objetivo del Comité será impulsar una serie de medidas de corto y mediano plazo que permitan la coordinación de todo el sistema en el marco de la emergencia; sostener un sistema de información permanente para las comunidades educativas; y procurar que las instituciones puedan dar continuidad de los procesos formativos con calidad, buscando dar tranquilidad a los jóvenes que se están matriculando en la educación superior.

Esta instancia comenzó a sesionar el 17 de marzo, y seguirá realizando una coordinación periódica durante todo el periodo que dure la emergencia.

2. Entrega de plataforma de enseñanza online para las instituciones que no disponen de estas herramientas:

Tras concluir un levantamiento con todas las instituciones, el Ministerio de Educación generó un acuerdo con Google que permitirá poner a disposición de todas las Casas de Estudios que requieran plataformas de enseñanza online, la aplicación Google Suite, utilizada ya en el sistema escolar y por muchas instituciones.

Esta medida podrá beneficiar a alrededor de 19 mil estudiantes matriculados en planteles que, si bien cuentan con ciertas herramientas tecnológicas, no disponen de este tipo de plataformas. Estará a disposición de manera gratuita.

3.  Fondos para instituciones destinados al desarrollo y fortalecimiento de proyectos de educación online

Este año, la Subsecretaría de Educación Superior tiene en su Fondo de Áreas Estratégicas un presupuesto de casi $10.500 millones para proyectos vinculados a la mejora de la calidad en la educación, los cuales son concursables y están dirigidos a las universidades del G9, universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados y estatales.

A partir de la experiencia recogida en esta crisis, la Subsecretaría de Educación Superior ha resuelto priorizar aquellos proyectos que se presenten relacionados con el desarrollo de la educación a distancia, de manera de que las instituciones puedan potenciar sus proyectos de formación virtual.

Adicionalmente, dentro del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, que este año considera $30.000 millones, se trabajará con el Comité que define la asignación de estos recursos para priorizar la creación de una red estatal para la educación a distancia, además del desarrollo de proyectos individuales en las universidades que requieran potenciar sus actuales sistemas de formación virtual

4. Alianza con Instituciones de Educación Superior para la difusión de buenas prácticas y capacitación a docentes en modalidad online

La Subsecretaría de Educación Superior acordó una alianza con nueve Casas de Estudios, con trayectoria y experiencia en el desarrollo de modalidades alternativas de enseñanza para que puedan compartir sus buenas prácticas y entregar capacitación a los docentes de aquellos planteles que requieran apoyo en el marco de la emergencia. Este acuerdo permitirá fortalecer al sistema en su conjunto, potenciando el trabajo colaborativo.

5.   Actualización periódica de la información de cada institución

La Subsecretaría de Educación Superior junto a la Superintendencia de Educación Superior, ya han oficiado a todas las instituciones para que entreguen información periódica sobre las acciones implementadas para el resguardo de las actividades académicas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se ha reiterado la importancia de mantener canales de contacto directos con sus estudiantes, académicos y funcionarios.

6.   Beneficios estudiantiles para Educación Superior

Con el objetivo de cumplir el calendario de asignación de los beneficios estudiantiles del Ministerio de Educación y Junaeb, y así poder informar oportunamente a los estudiantes los beneficios a los que podrán acceder, se solicita a las Casas de Estudio avanzar en los procesos de matrículas, ya sea mediante modalidad online o presencial.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación ha resuelto extender por la postulación a gratuidad, becas y/o créditos de Educación Superior a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FUAS, hasta el próximo viernes 27 de marzo en el portal FUAS. Así, se busca dar más tiempo para que los jóvenes que aún no han podido concluir sus procesos de postulación, puedan hacerlo.

Además, con el objetivo de dar continuidad al proceso formativo, entendiendo que el contexto de emergencia dificulta la realización de los procesos cotidianos de las instituciones, la Subsecretaría de Educación Superior pide priorizar todos aquellos que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo (de una manera remota) y de aquellos en los que este servicio se apoya (soporte informático, servicios administrativos, de información, etc.), así como otros que sean esenciales para la gestión institucional.    

Finalmente, para revisar más información sobre estas medidas y los beneficios estudiantiles, se invita a todas las comunidades educativas a ingresar a la web de Educación Superior.

Luego de la suspensión de la prueba de Historia y la reprogramación de los demás exámenes, este miércoles concluyó el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Al respecto, desde el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) presentaron un balance del proceso de aplicación de la prueba que, de manera excepcional, este año debió rendirse en tres oportunidades.

Si bien la directora del Demre, Leonor Varas, explicó que las cifras totales de quienes rindieron la prueba en esta tercera etapa son difíciles de interpretar, puesto que convocaron a más estudiantes que los que se vieron imposibilitados de responder el examen previamente, aseguró que “en una PSU normal el porcentaje de inasistencia histórico es del 12 por ciento, y creemos (que este año) tendremos una asistencia que va a ser parecida a la de un proceso sin estas dificultades”.

En el caso de la prueba Lenguaje y Comunicación, Varas informó que unos 2 mil jóvenes asistieron a rendir este examen el martes 4, mientras que en Matemáticas, fueron casi 4 mil los postulantes que respondieron la prueba el miércoles 5.

Durante el punto de prensa en que dieron a conocer este balance, tanto la directora del Demre, Leonor Varas, como el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, agradecieron a quienes participaron en el proceso de aplicación de la PSU, desde los monitores voluntarios hasta quienes facilitaron los recintos.

Admisión en la Usach

Tal como se informó el mes pasado, a raíz de las modificaciones en los días de entrega de los resultados de la PSU anunciados por el Consejo de Rectores de Chile, nuestra Casa de Estudios ha debido realizar ajustes a la calendarización de su Proceso de Admisión 2020.

Mientras que las y los alumnos antiguos mantendrán su periodo de matrículas desde el 16 de marzo al 3 de abril, la postulación de nuevos estudiantes se iniciará el lunes 24 de febrero, día en que se entregan los resultados de los exámenes rendidos, y se extenderá hasta el viernes 28 de febrero. La Feria del Postulante, en tanto, se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de febrero de 2020.

El pasado miércoles 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ciclo de Foros Ciudadanos Usach,  organizado por la carrera de Terapia Ocupacional, con el apoyo de la Asamblea Pluriestamental UTE-USACH, invitó a la comunidad universitaria a la Jornada Derechos Humanos: “Verdad, justicia y reparación en el contexto actual”.

La actividad  contó con la participación de Haydee Oberreuter, de la Asociación de Familiares de Ex Presos Políticos fallecidos de Chile y Carlos Margotta, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Mónica Palacios, directora de la carrera, indicó que “nosotros tenemos un compromiso esencial con el respeto irrestricto de los derechos humanos, no solo del derecho individual, sino que también social, político y cultural, porque nos interesa generar procesos de inclusión con las personas, sobre todo en este contexto nacional en el que buscamos la igualdad y justicia”.

El foro analizó los diferentes vínculos que unen al pasado con el presente en el escenario de estallido social que vive el país.

Carlos Margotta,  señaló que el 18 de octubre recién pasado se generó una “rebelión social, en el que el pueblo expresó su rabia e indignación con este modelo económico y social que se consagró con la Constitución de 1980”.

Haydee Oberreuter, indicó que le pareció muy interesante esta iniciativa porque pudo exponer sobre “la tesis que he venido desarrollando durante todos estos años y que apunta a que no existen solo violaciones a los derechos humanos en el pasado y ahora una nueva en el presente, sino que hay un continuo histórico de la violación a los derechos humanos en el país”.

Obligaciones de reparación y no repetición

Lo que establecen las obligaciones internacionales que debe cumplir el Estado chileno frente a la política de violación de los derechos humanos y los pactos y convenciones en la materia, es buscar verdad, hacer justicia, reparar el mal causado y establecer garantías de no repetición.

“La reparación ha sido miserable, el propio Ricardo Lagos Escobar dijo en su gobierno que se entregarían pensiones austeras, exiguas y simbólicas, cuando los estándares de las organizaciones internacionales piden que la reparación debe ser acorde al daño causado, algo que en Chile está lejos de ser una realidad”, indicó Margotta.

En este mismo sentido, Haydee Oberreuter manifestó que “el Estado ha vivido permanentemente haciendo apología de la ausencia de recursos para poder atender una debida política de reparación integral que no significa dineros, exclusivamente, sino una política que le devuelva la dignidad a la persona que fue un luchador social”.

En cuanto a las Garantías de repetición, la dirigente dijo que “hace cuarenta años que venimos diciendo que nada ha cambiado, que el personal de la CNI fue recontratado por el Ejército, que los cursitos de ética y derechos humanos no están sirviendo, que se sigue torturando en democracia en nuestro país”.

También señaló que las sociedad chilena tuvo que “ver en acción a carabineros y militares, a los manifestantes con los ojos arrancados, a la gente violentada y muerta, para entender que las garantías de no repetición no están aseguradas en Chile”.

La actualidad de los DDHH

El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, hizo referencia a los efectos de no haber asumido las obligaciones correctamente “las estamos pagando en la actualidad, porque las Fuerzas Armadas siguen inspiradas en una doctrina de seguridad nacional donde ven al pueblo como su enemigo interno”.

El abogado añadió que  “en esta rebelión social millones de chilenos y chilenas han expresado en las calles su descontento, demuestra la sed de cambio hacia un modelo de sociedad inclusivo, justo y en donde la igualdad sea una realidad, pero en este momento aún no se resuelve hacia las grandes mayorías este conflicto”.

Sumando al debate, la activista de DDHH indicó que el futuro del proceso debería estar marcado por tres elementos “Uno, las demandas sociales que le han dado contenido al estallido social. Dos, el proceso Constituyente deberá darle una nueva estructura que fortalezca la participación ciudadana. Y tres, asegurar que los delitos cometidos no queden impunes y retroactivamente se haga cargo de las deudas que tiene el Estado de Chile en materia de verdad y justicia”, señaló Oberreuter

Carlos Margotta se refirió a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en La Moneda “fue una instalación comunicacional llena de descaro, una ofensa para las víctimas, porque quien aparece como el principal responsable de la política de violación de los DDHH y  que además incumple con sus obligaciones internacionales, no puede aparecer como el defensor de ellos”, finalizó.

A través de su cuenta en Twitter, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, anunció que a partir de esta semana, comenzará a hacerse efectivo el aumento en las pensiones del Pilar Solidario, aprobado por el Congreso.

"Esto quiere decir que 330 mil pensionados, mayores de 80 años, verán aumentadas sus pensiones en $55.101; otros 270 mil con edades entre 75 y 79 años, en $33.060 y los menores de 75 años, incluyendo a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, con un alza de $27.550", publicó la ministra.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, la medida constituye un avance: “más vale 160 mil que 110 mil pesos”, admitió. “Pero la pregunta –agrega– es si esto responde a las necesidades que tienen las personas de mayor edad que reciben menos ingresos y, a su vez, si da cuenta de las posibilidades que la economía del país tiene para ir en ayuda solidaria de esas personas”.

A juicio del experto, si bien la economía en Chile no está pasando, coyunturalmente, por un buen momento, “está en perfectas condiciones de hacer un esfuerzo extra para aumentar esa pensión básica solidaria”.

“Yo creo que el Gobierno debe plantearse una meta a la cual llegar lo antes posible, del orden de los 220 mil pesos por lo menos para la pensión básica solidaria que, a su vez, poco a poco vaya avanzando hacia el 80 por ciento de los pensionados y, en su momento, hacia la universalidad. Si no nos planteamos esas metas, entonces siempre el sistema irá quedando relegado, salvo cuando hay grandes crisis”, sostuvo Martner.

El necesario cambio estructural

En opinión del académico de la FAE, en el actual sistema previsional, “nos encontramos con pensiones contributivas de un nivel, francamente, muy cercano a la indigencia”. Esto, justificaría la necesidad de cambios estructurales “en el segundo piso del sistema de pensiones; del sistema contributivo”.

Martner añadió que este cambio debiera combinar un conjunto de mecanismos donde lo que coticemos de manera obligatoria financie a las personas que trabajaron antes. Esto sería un sistema de reparto – dijo-  que debiera permitir que, por ejemplo, el aumento del cinco por ciento que está previsto para las cotizaciones obligatorias, se dirija a aumentar las pensiones contributivas más bajas y, en general, del conjunto de pensiones. De esta manera tendríamos un sistema mixto”, precisó.

“Yo, personalmente, soy de la idea de que las AFP, es decir compañías administradoras privadas, nada tienen que hacer aquí y deberían salir del sistema, no recibir más cotizaciones obligatorias y ser entidades que tengan que competir con otros, ofreciéndonos condiciones que hoy no nos ofrecen. Esta sería una reforma estructural”, subrayó el académico de la Universidad de Santiago.

En el contexto de la promoción del libro “Desigualdad. Raíces históricas y perspectivas de una crisis” (Debate, 2019), el economista y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre participó de La Hora del Museo, programa producido por el Museo Histórico Nacional y transmitido por nuestra emisora.

El texto compara el desarrollo económico-político latinoamericano con el caso chileno, haciendo un repaso histórico que va desde las ciudades-estado griegas, pasando por el descubrimiento del "Nuevo Mundo" a la travesía chilena durante los siglos XIX y XX. 

Durante la conversación con el periodista y conductor del espacio, Luis Cruz, el militante del PPD reconoció ser de una clase acomodada, pero que sus viajes a Concepción a visitar a su madre, Delfina Guzmán, y recorrer asambleas en distintas partes de la actual Región del Bío Bío en la década del 70, le hicieron entender que "el chancho estaba mal pela’o”, percepción que no ha variado. Por este motivo dedicó la obra a la reconocida actriz nacional, quien “le mostró el rostro de la injusticia”, afirmó.

Con respecto al argumento central del texto de 456 páginas, sostuvo que “la sociedad debe organizarse de modo que siempre esté a recaudo de los individuos que quieren excesivo poder, porque, de derecha o izquierda, si tú se lo permites, terminarán sojuzgando a otros, ya que he conocido gente de mi sector político que ha utilizado la política para ascender en la escala social y ostentar poder”, afirmó.

Crisis social

Si bien su visita a los estudios de nuestra emisora tenía un carácter promocional, fue inevitable abordar el momento actual que vive el país. 

Sobre el estallido social ocurrido el 18 de octubre, Eyzaguirre consideró que es homologable a la situación que se vivía a principios de la centuria pasada. “Las primeras décadas del siglo XX son muy parecidas a lo que pasa ahora y siempre es el mismo síndrome. Una oligarquía pequeña que tiene concentrado todo el medio de producción, que no paga impuestos y que los estados-gobiernos frente a la presión social, caen en políticas que no son financiables”, aseguró. 

Para el economista con los US 25 mil percápita que tiene Chile, se podría solucionar la crisis social que vive el país. “Bastaría que el 1% más rico se meta la mano al bolsillo”.

Sin embargo, han aparecido voces que plantean la idea de que el Estado pida un préstamo internacional para resolver esta situación, iniciativa que no apoya, porque “es lo mismo que decirle a una persona: usted se va a endeudar va a tener un buen pasar, pero sus hijos van a pagar. Lo que hay que hacer es cobrar más impuesto”, sentenció.

Sobre el régimen presidencialista de nuestro país se mostró contrario, puesto que no promueve “acuerdos ni consensos”. En esa dirección espera que el nuevo documento normativo que direccione al país termine con el actual sistema.

“Espero que la nueva Carta Magna sea un régimen de colegiados, donde gobierne la mayoría y sin los vetos que tiene la actual constitución. Aquí está todo arreglado; así lo escribió Jaime Guzmán: “hice una Constitución para que nada pueda cambiar”, recordó.