“No debiéramos tener alteración de precios, porque no hemos tenido heladas”. Así, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, descartó un eventual aumento de costos para el consumidor en hortalizas y frutas en general, por la emergencia agrícola decretada el miércoles en 17 de las 52 comunas de la Región Metropolitana, dada la escasez hídrica que afecta a la zona.

Sin embargo, el experto en comercialización agroalimentaria, desarrollo de mercados locales agropecuarios y académico del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago, Luis Sáez, dijo que “lo más probable es que sí haya un alza de precios”.

El ingeniero agrónomo explica que es posible que aquellos productores que no fueron afectados mayormente por la sequía intenten cobrar más caro, aduciendo una escasez de oferta de estos productos.

“Cuando una persona vaya a comprar una lechuga y vea que está más cara, la explicación que se le dará es que hubo sequía… Es muy probable que ocurra algún nivel de especulación”, advierte. “El Ministro trata de calmar a la ciudadanía, pero no es suficiente. Vivimos en un sistema de economía de mercado donde las señales se usan y de las cuales, a veces, se abusa”, enfatiza.

Medida “parche”

Por otra parte, Sáez señaló que la emergencia agrícola decretada por el Gobierno se podría haber anticipado. A su juicio, y a pesar de que los pronósticos climáticos no revelan cuántos milímetros de agua caerán en un año, si dan a conocer si este será más seco o más frío, lo que habría permitido adoptar medidas preventivas impulsadas tanto desde la política pública como a nivel individual.

“Emergencia hace mención a una situación inesperada, pero las emergencias están siendo cada vez más normales por la sequía”, afirma. “Es una medida parche, paliativa, que llega un poco tarde porque los animales vienen sufriendo por la falta de forraje desde hace meses”, agregó.

Entre las acciones que podrían haber ayudado a contener la emergencia, señaló la instalación de tranques de acumulación de aguas, construcción de más pozos para regar y generar distintos tipos de cultivo, más resistentes.

“Recién ahora se decreta la emergencia. Eso significa que en un mes, como mucho, llegarán los forrajes de los animales. El daño ya está hecho y solo queda hacer una reparación de las pérdidas. Debiese haber políticas públicas que se hagan cargo de prevenir estas situaciones, ya sea en el ámbito productivo como en el apoyo a la generación de redes que suplan los daños que se producen ahora”, concluyó.

Frente a la coyuntura legislativa por la Ley Corta de Distribución y ante la futura reforma iniciada por la irrupción del Sistema de Medición, Monitoreo y Control, a través de medidores inteligentes, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) junto al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago están llevando a cabo el Curso Aproximaciones a la Regulación del Sistema Eléctrico Nacional.

Permitir un acercamiento a las normativas en generación, transmisión y distribución es el foco de la iniciativa, cuyo objetivo es capacitar a los asesores técnico-parlamentarios de la BCN.

El programa surge como respuesta a la urgente tarea de asesorar al Poder Legislativo en la materia, por lo cual el curso tiene un alto grado técnico. La idea es generar conocimiento para que los asesores dispongan de herramientas que les permitan realizar un trabajo más acabado frente a la contingencia parlamentaria, apoyando así el debate político-legislativo.

En la apertura del curso, el Coordinador de la BCN, Guido Williams, enfatizó que el curso es “el espacio natural donde debe desarrollarse el análisis técnico en el Congreso Nacional, por su rol asesor y por las competencias técnicas de quienes realizan investigación. Tenemos claro que existe necesidad de permanente formación en quienes realizamos investigación, especialmente en ámbitos donde no hemos tenido especialistas, como en el ámbito eléctrico”, precisó.

El coordinador destacó la función pública del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la U. de Santiago. “Este curso da cuenta de un sentido de responsabilidad social republicana justo de destacar”, afirmó.

Para el Asesor Técnico Parlamentario del Área de Economía, Nicolás García, la experiencia es sumamente relevante. “Siempre estamos en temas muy técnicos y por la contingencia, a veces, es bien difícil acercarse. Esto permite racionalizar, pensar y analizar de mucho mejor forma los temas que vemos día a día. En definitiva, mejora nuestro trabajo”, consideró.

En la misma línea, García resaltó el rol público que distingue a la Universidad, acercando la academia a distintas instancias. “Hace que tengamos un contacto mucho más directo, con personas que están investigando, que están publicando contenido. Se rompe esa barrera del paper, que queda sólo en una revista y no se acerca al ámbito práctico en donde se aplica”, sostuvo.

Para la Encargada de Gestión de Asesoría Técnica-Parlamentaria, Yahel Gutiérrez,  el impacto es doble: “Primero, el conocimiento que han entregado los profesores de la Universidad es imprescindible, ya que han logrado que los analistas comprendan y entiendan el mecanismo del negocio. Como segundo aspecto, el impacto que se encuentra vinculado entre los analistas y los parlamentarios, ya que estos últimos solicitan bastante información y parte del trabajo de los analistas es representar a la Biblioteca del Congreso con asesoría directa y a través de informes escritos que respondan a requerimientos de los parlamentarios”.

Gutiérrez subrayó que como Biblioteca del Congreso trabajan de manera neutral, sin emitir opinión crítica. “El aporte que pueda brindar la Universidad de Santiago en conjunto con la Biblioteca o directamente con ambas cámaras, puede lograr transferir o concientizar, desde las políticas públicas, cómo mejorar la calidad de la ley y el debate legislativo en los proyectos o temas contingentes”, señaló.

El programa, cuenta con seis clases expositivas, teóricas y participativas, las cuales abordan temáticas generales del sistema eléctrico nacional, legislación vigente, tecnologías implementadas, matriz energética y descarbonización, además de dos salidas a terreno para complementar y  tener un acercamiento a la industria de la distribución, y conocer su infraestructura.

Según se informó hace una semana, Metro publicó los detalles para la licitación de las asesorías de ingeniería y construcción de las futuras Líneas 8 y 9. De esta manera, terminó dando a conocer las posibles estaciones que tendría esta última, lo que da cuenta de su indudable impacto social. Sin embargo, puede terminar provocando una especulación inmobiliaria perjudicial para quienes ya habitan estos sectores.

Cada vez que se anuncia una línea de Metro y se da precisión de las estaciones, comienzan a ocurrir inversiones y compras de terreno que terminan produciendo gentrificación. Es decir, que cuando sube mucho el precio del suelo, se instalan proyectos externos en la comuna que terminan expulsando a los vecinos por dicho aumento. Así, el supuesto aporte que les llegaría a estos últimos con la localización de Metro termina siendo un beneficio solo para los futuros inversionistas, sacando a los habitantes de los lugares que se mejoran.

Lo anterior también provoca que los grupos socioeconómicos más bajos no puedan acceder a viviendas en estos lugares, ya que la oferta se vuelve cada vez más cara. Por eso, es bueno que cuando se plantea una nueva línea, esta se proponga a escala global y contemple una alta participación de los municipios y de los habitantes de estos sectores, a fin de que se procure un beneficio para las personas y no genere especulación. Siempre que se trace una línea y se inserte en la estructura general de Metro, lo deseable es que la posición que tiene cada estación sea acordada con las alcaldías y que tanto los asesores urbanistas como la dirección de obras de los municipios tengan algo que decir.

Hay que recordar que recién se están iniciando los estudios de mecánica de suelos para la Línea 7. Por lo tanto, la 9 recién vendría a implementarse en 2027. En otras palabras, las estaciones que se están planteando en estos primeros estudios aún son bastante preliminares. Considerando lo anterior, es sano que la posición específica de las estaciones permanezca aún en un plano de estudio, para dejar espacio a la redefinición de los planes reguladores, las fijaciones de densidad y, junto con ello, la instalación de actividades acordes al interés de la comuna, no solo a la escala macro de Metro.

Por Lucía Dammert
Académica Universidad de Santiago

El Gobierno insiste en un decreto que busca dar atribuciones a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, aun cuando el propio Contralor General de la República advirtiera que se deben precisar tanto la “colaboración” del Ejército como el ejercicio de “ciertas facultades”, y pese a que la medida, en términos de seguridad, es totalmente desaconsejable e inconveniente.

Desaconsejable, porque no existe ninguna experiencia internacional que avale la eficacia de una medida como esta. Si lo que quiere decir el Gobierno es que los miles de millones invertidos en las Policías no son suficientes para dar una lucha frontal contra el crimen organizado en la frontera, primero habría que evaluar en qué se ha invertido ese dinero.

Si lo que se necesita es ayudar a las Policías, lo aconsejable sería  traspasar las capacidades logísticas. Es decir, que si las Policías necesitan aviones no tripulados para monitorear con mucho más certeza la frontera y el Ejército tiene dichos aparatos, es el Ejército el que debería traspasarlos a las Policías, realizando las capacitaciones correspondientes.

El proyecto también es inconveniente, principalmente, por tres razones. Primero, porque quien iría a la frontera a hacer este trabajo sería la tropa, que no está preparada para luchar contra el crimen organizado. Segundo, porque hay otros problemas en defensa que deben ser resueltos con mayor celeridad en este momento (Milicogate, malversación de fondos y una reforma pendiente al Ministerio de Defensa). Tercero, porque cuando las FF.AA. entran en la lucha contra el narcotráfico, no salen nunca más, como ha pasado en México, lo que ha terminado implicando un enfrentamiento con las Policías.

Cuando en México acudieron a los militares, fue porque no había más alternativa. Incluso en el espacio académico, se reconocía que había lugares donde el 100% de la fuerza local trabajaba para el narcotraficante, por lo que no había otra solución. En Chile, este no es el caso.

El problema de la droga hoy, y lo que afecta a la ciudadanía, es lo que está ocurriendo realmente en las poblaciones: la falta de inteligencia para poder dar con las redes que traen la droga, pero si creemos que hay cientos de miles de burreros que decidieron tomar una mochila y correr hacia Chile, estamos completamente equivocados.

El segmento de distribución eléctrica era presa de una fuerte inercia hasta los cortes de suministro del invierno de 2017. Luego de esto, por primera vez se dictó una norma técnica de calidad de servicio para los sistemas de distribución, cuyos ejes principales fueron: disminución de los tiempos de reposición ante corte de suministro, mejoramiento en la atención a los clientes en condiciones de emergencia e incorporación del Sistema de Medición, Monitoreo y Control ("sistema de medición inteligente"). Para lo anterior, es clara la obligación que tendrán las empresas de aumentar las inversiones en la red y sistemas de atención a usuarios, con el fin de fortalecer la seguridad y calidad del servicio.

Posterior al terremoto político causado por los “medidores inteligentes”, comenzó la discusión sobre el modelo monopólico que rige el segmento de distribución y las rentabilidades de las empresas del sector. Discusión que resulta paradójica, ya que se fundamenta en una interpretación errada de la relación que existe entre la tasa de descuento —que valoriza las inversiones en redes base del cálculo tarifario— y las supuestas “rentabilidades aseguradas” establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Tanto el Gobierno como el Congreso se han concentrado exclusivamente en el nivel de rentabilidad de las empresas, postergando la urgencia de fortalecer la red eléctrica. Han postergado también la imperiosa reforma del sector para introducir competencia, que permitirá bajar las cuentas. Es más, el proyecto de ley corta apunta al sentido opuesto. Parece que el objetivo de la política pública se ha extraviado.

Por importantes que sean la redefinición de áreas típicas, el giro único por empresa y una rentabilidad ajustada, lo cierto es que no tienen un impacto significativo en disminuir las tarifas ni mejorar la calidad del servicio para las personas. He aquí la paradoja: con el proyecto de ley, el objetivo de política pública es la empresa y no en el cliente final. El efecto es la incertidumbre en el sector y desincentivo a la inversión en infraestructura y continuidad de suministro. Todo lo contrario a lo que las personas exigen: seguridad y calidad del servicio. Por lo demás, si el argumento para un proyecto “corto” es disminuir la cuenta final, hay medios que son de mayor impacto pero que no están incluidos.

Entonces, ¿qué viene primero, reducir ingresos al sector privado con un impacto marginal en la cuenta de la luz o mejorar la calidad y seguridad de un servicio básico para la vida de las personas a un mejor precio? Lo racional es partir por el nivel de servicio que las personas recibirán, las inversiones requeridas y después discutir la rentabilidad. Primero la carreta, después los bueyes. El proyecto de ley corta hace todo lo contrario.

Dr. Humberto Verdejo
Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Santiago de Chile

Desde las 9:00 de la mañana y hasta las 18:00 horas de ayer lunes, expertos nacionales e internacionales, representantes de organizaciones y del Congreso se reunieron en el Aula Magna de la Universidad de Santiago en el marco del seminario “Derribando mitos sobre los sistemas de reparto: Fondos de pensiones, ¿para la seguridad social o el mercado financiero?”.

La instancia, organizada por la Fundación Sol y patrocinada por la Fundación Rosa Luxemburgo, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP y la Usach, constó de tres paneles donde se refirieron a diversos temas, como las tendencias de los sistemas previsionales en el mundo y cómo funcionan los sistemas de reparto en otros países.

¿Qué sistema previsional debería tener Chile?

Uno de los paneles más atractivos de la jornada fue el integrado por el Representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, Luis Mesina; la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans; la diputada integrante de dicha comisión, Karol Cariola; y el diputado miembro de la comisión de Hacienda, Giorgio Jackson.

Los representantes respondieron, cada uno en un tiempo de 15 minutos, qué se entiende por un sistema de reparto, qué sistema debiera tener Chile y qué condiciones sociales debieran darse para instaurar dicho sistema. Luego, hubo un espacio de 45 minutos para responder a las preguntas del público.

Respecto a la reforma de pensiones del Gobierno, la diputada Karol Cariola insistió que “este proyecto de ley que hoy día nosotros estamos discutiendo (…) no es una reforma y tiene un problema de fondo: que puede llegar a prolongar a muchos años más el sistema que hoy tenemos, porque lo proyecta por lo menos a 40 años más. Lo que está haciendo este Gobierno es garantizarle a quienes han sustentado este negocio, por lo menos 40 años más”.

“¿Cuáles son los principios que están detrás de mantener el sistema de capitalización individual si no es, más bien, proteger a los grandes inversores que están detrás de las AFP?”, afirmó, por su parte, la diputada Gael Yeomans. “Y hay otro mito más dentro de la propuesta: que se supone que responde a la clase media y a las mujeres, lo cual es absolutamente falso”, enfatizó.

Para el Representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, Luis Mesina, “nuestra pelea no es menor, es contra Luksic, contra Matte, contra Angelini, contra Saieh, contra Calderón, contra Solari. Contra las grandes compañías que no solo se están haciendo con la propiedad de los medios, sino que, además, con nuestra humanidad están expandiendo sus fechorías en el resto de la región”.

“El Gobierno, al no contemplar las nuevas tecnologías como elemento central en la producción de trabajo para los próximos 30 años, evidentemente está errando el camino de las pensiones”, sostuvo, finalmente, el diputado Giorgio Jackson, en alusión a los desafíos de la automatización en el mercado laboral en Chile.

El Gobierno anunció a fines del mes pasado el proyecto de Ley Anti-amedrentamientos para evitar los llamados “funerales narcos”. El proyecto busca tipificar como delito la posesión, uso, tenencia o porte de artículos pirotécnicos (actualmente, solo es una infracción), aplicando una sanción que iría desde los 61 días hasta los cinco años de prisión, en caso que hayan agravantes, como que turben la tranquilidad pública, pongan en peligro de la seguridad de terceros o infundan temor en la población.

Para la experta en seguridad ciudadana y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Lucía Dammert, esta iniciativa “atiende más bien a una necesidad comunicacional conocida como populismo punitivo, donde ante la presencia de ciertos hechos que provocan conmoción ciudadana, los Gobiernos responden con propuestas de ley que endurecen las penas, aumentan niveles de castigo, proponen prisión efectiva, pero no resuelven necesariamente el problema de fondo”.

A juicio de la especialista, que se desempeñó como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y miembro del Consejo Asesor de la ONU en Asuntos de Desarme, el verdadero problema no es este hecho puntual, sino el narcotráfico en general, el cual se resuelve con una efectiva persecución penal del Ministerio Público y un mejoramiento en los mecanismos de capacitación e inteligencia de las policías, para que puedan adelantarse a la realización de estos hechos.

“La mayoría de las iniciativas de política de seguridad que se concentran en mecanismos más bien jurídicos, de aumento de penas de cárcel, tienen una vocación comunicacional efectista, de cambiar la percepción política para hacer ver fuerte a un Gobierno”, explica. “El Gobierno ha visto la necesidad y se ha encontrado además con una coyuntura política donde esta discusión puede sacar del centro otras discusiones”, considera la socióloga, Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden (Holanda).

Según la Dra. Dammert, ya existen herramientas de gestión y política pública para regular el porte, registro e ingreso de armas, por lo que una propuesta de ley en este sentido resulta innecesaria. “En los narco entierros pareciera no haber la inteligencia para reconocer la información que a nivel territorial es muy conocida. Cuando hay un evento de este tipo, los vecinos ya saben que va a ocurrir. Lo llamativo es que estos sepan y la policía no. Lo que se requiere es más presencia policial en las calles y alertas tempranas desde el Ministerio Público y las policías”, insiste.

Finalmente, “en el caso chileno, donde los niveles de esto son bajos y el fenómeno es acotado, uno esperaría no necesitar de un protocolo especial para hacer la labor que las policías tienen que hacer. Si tanto ellos como la Fiscalía lo hacen, este no debiera ser un problema mayor", concluye.

Nueve de las diez ciudades más contaminadas de Sudamérica son chilenas. Así lo estableció un informe de este año elaborado por Greenpeace y AirVisual, que midió los niveles de material particulado fino y concluyó que los sectores centro y sur del país albergan las urbes con mayor polución.

En este ranking figuran Osorno, Temuco y Rancagua, tres ciudades donde un equipo del Laboratorio de Óptica y Semiconductores del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile comparará la contaminación generada por estufas a leña versus la producida por estufas a gas al interior de 90 domicilios (30 por cada urbe).

“La gente pasa mucho más tiempo al interior de sus casas. En algunos casos, llega a ser casi el 90% del tiempo, por lo que es muy importante conocer este dato”, afirma el académico de la U. de Santiago y encargado del estudio, Dr. Ernesto Gramsch. “Se sabe que las estufas a leña lanzan material particulado al interior de los domicilios y, además, emiten NO2 y monóxido de carbono, por lo que se están analizando estos dos gases”, explica.

El experto en contaminación atmosférica y ambiental cuenta que ya llevan más de dos semanas de mediciones en Osorno, por lo que están empezando a hacer los análisis de datos. “En dos semanas más, tendremos los primeros resultados preliminares”, asegura el académico. Dado que por cada ciudad demorarán un mes en recabar los antecedentes, comenzarían a procesar todos los datos en agosto.

Para realizar las mediciones, el equipo de la Usach obtuvo sensores de monóxido de carbono y dióxido de hidrógeno, los cuales fueron integrados en una caja con un sistema electrónico donde se encuentra el medidor de material particulado. Gran parte del desarrollo, revela el Dr. Gramsch, se efectuó en el laboratorio de la Casa de Estudios.

Para establecer las casas que se miden, éstas debían cumplir una serie de características: que fueran de familias de estratos socioeconómicos C o D, de 60 metros cuadrados y donde la gente no fumara, para no interferir con las emisiones cuantificadas, entre otros requisitos. El proyecto “Comparación en la contaminación intradomiciliaria con estufas a leña y estufas a gas” fue encargado por la empresa Abastible, indica el académico.

“Vamos a hacer un informe final, pero además intentaremos publicar los resultados en alguna revista científica, ya que la manera de avalar que los resultados sean científicamente correctos es obteniendo publicaciones”, concluye.