Una convocatoria estratégica de historiadores encabezó la Cancillería chilena en octubre del 2015, cuando a un mes de haberse realizado la audiencia de objeción preliminar, -donde nuestro país declaraba que la Corte de Justicia Internacional (CIJ) no era competente para evaluar la demanda marítima de Bolivia- se objetó lo enunciado declarándose competente, y dando inicio a un juicio que estaría en la palestra internacional durante dos años.

Fue entonces cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet aseguró que la contramemoria que presentaría Chile incluiría aclaraciones respecto de ciertos datos históricos que mencionó el fallo, respondiendo al peso que los ocho argumentos históricos habían tenido en los alegatos bolivianos, y donde nuestro país había defendido solo con argumentos jurídicos, como es tradicional según la Constitución.

Como parte de la estrategia nacional para contrarrestar la réplica altiplánica, el canciller de ese entonces, Heraldo Muñoz, eligió a doce destacados historiadores, entre ellos, los doctores Cristián Garay Vera y César Ross Orellana, académicos del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, quienes se reunieron periódicamente con el equipo, asumiendo el desafío de mantener en completa reserva el trabajo que realizaban y la información que manejaban, trabajando exclusivamente con material impreso, nada por correo ni teléfonos.

Sobre el proceso, el Dr. César Ross comenta que “la Comisión se organizó temáticamente y fuimos elaborando contenidos para contraargumentar cada punto de la posición de Bolivia, que sostenía que la obligación de negociar de Chile se fundaba en una serie de contactos históricos donde se acreditaba dicha tesis. Nuestra tarea fue aportar evidencia sólida que permitiera demostrar que dicha obligación, en efecto, no existía”.

Por su parte, el Dr. Cristian Garay indica que “como es de esperar, hubo diferencias de opinión, pero no sobre la materia de fondo, sino que respecto de qué fuentes usar o respecto de cómo demostrar tal o cual argumento. Entonces, los abogados interactuaban para acotar y elegir aquello que pudiese tener más efectividad en el lenguaje jurídico y en la dinámica que habría luego en la Corte”.

La Comisión de historiadores estuvo coordinada por Joaquín Fermandois, académico de la U. Católica e integrada por Ricardo Couyoumdjiam (PUC), María José Henríquez, María Elisa Fernández y Carlos Sanhueza (U. Chile), Sebastián Hurtado (U. Austral), Mauricio Rubilar (U. Católica de la Santísima Concepción), Gonzalo Serrano (U. Adolfo Ibáñez), José Antonio González (U. Católica del Norte), Sergio González (U. de Tarapacá), y nuestros historiadores.

Trabajo de la comisión

Con un ambiente de camaradería se realizó el trabajo conjunto. Según relatan nuestros historiadores, casi todos los integrantes  -tanto de la comisión, como los abogados y diplomáticos involucrados-, se conocían desde hace años debido a su pertenencia al mismo gremio.

“Hubo un ánimo muy cooperativo y amistoso, especialmente en la dirección del grupo de historiadores que presidió Joaquín Fermandois, y también respecto de los agentes, especialmente Claudio Grossman, siempre muy considerado”, comenta el Dr. Cristian Garay.

El trabajo del equipo fue considerado como munición para las armas del argumento jurídico que cinco abogados más la intervención del propio agente Claudio Grossman presentarían ante los jueces en los alegatos finales realizados el 1 de octubre de 2018.

En su demanda, Bolivia argumentaba que Chile tenía la obligación de negociar una salida al mar soberana para su país, porque se había obligado a sí mismo en todas las veces que había existido instancia de negociación.

“El equipo boliviano creó de tal manera un derecho expectativo, generando esperanza a Bolivia. Buscamos demostrar lo contrario, llevando a que el juicio no se concentrara en doctrinas jurídicas respecto de la frontera, sino en documentos y pruebas contra pruebas de carácter históricas”, comenta el Dr. César Ross.

Por su parte, el Dr. Cristián Garay añade que “las argumentaciones de los bolivianos iban desde el ámbito de la comunicación con notas de prensa, pero no se podía dar carácter de tratado internacional o acuerdo entre partes, donde la relevación de fuentes fue lo esencial. Por eso el gobierno chileno no habla de que se hayan establecido negociaciones -salvo la de 1978-, sino que eran más bien conversaciones, y que cada acto se agotó en sí mismo”.

Con la revisión de antecedentes, la Comisión pudo demostrar que en las instancias que Bolivia planteaba que había existido una propuesta chilena de negociar, el intento había concluido porque el país altiplánico no había ratificado.

“En tanto, las veces que Chile lo intentó con mayores posibilidades -durante el gobierno de Gabriel González Videla y Augusto Pinochet- había una tercera parte, existente desde siempre, que es Perú, y que tras el tratado de 1929 por la Guerra del Pacífico, establece que Chile no podrá darle salida al mar por territorio chileno sin su consentimiento al igual que Perú. Las dos veces que estuvimos más cerca, Perú se negó a esa fórmula”, revela el historiador César Ross.

Otro de los puntos aportados por la Comisión consideró datos arqueológicos y ancestrales de la zona en disputa. "¿Acaso la Corte pediría a los chilenos que viven en el norte abandonar dicha zona en beneficio de otro país?", fue el argumento esgrimido por la defensa chilena ante la CIJ, y que puso broche de oro a los alegatos. 

“Nosotros decimos que en con relaciones internacionales del siglo XXI, no puede ser que dos estados nacionales -en una conversación o diálogo entre sus elites centradas en sus capitales- resuelvan la vida de comunidad que tiene más derecho a ese territorio. Esto no era una negociación acerca de territorio como si fuese un objeto inanimado. Ahí viven personas y en la cosmovisión andina pertenecen al lugar, no el lugar a ellos. Entonces era mucho más complejo que repartir terreno”, agrega el Dr. Ross.

En ese sentido, el Dr. Garay afirma que “el trabajo del comité no fue accesorio si no propició munición a las armas del argumento jurídico, dando valoración del estatus de la documentación”.

Comenta que fue una experiencia “larga, extenuante y gratificante al mismo tiempo, porque la U. de Santiago no solo es compleja con distintas áreas, sino por su aporte significativo con dos miembros en una instancia en donde no se debatía un tema técnico, también hermenéutico, cobrando especial relevancia porque la historiografía y el conocimiento de este tipo no es de fechas ni datos, por el contrario, se trata de un concepto que incluye la interpretación”, agrega el historiador.

Resultados y proyección con Bolivia

"La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia", sentenció el presidente del tribunal Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó el fallo de la CIJ.

La declaración jurada internacional abrió un nuevo escenario en las relaciones internacionales entre ambos países, cerrando -probablemente- el diálogo a corto y mediano plazo sobre el acceso al mar para Bolivia, pero ampliando el abanico de relaciones en otros aspectos.

Así lo explica el Dr. Garay, quien indica que ahora Bolivia deberá cambiar su enfoque. “Bolivia y Chile están condenados a ser vecinos, el fallo nos permite decir hay paz y seguridad jurídica (Tratado de 1904). Ahora falta la amistad, que es parte de un proceso de acercamiento. Lo que queda descartado es el inicio de un nuevo proceso en que se discuta algo parecido a soberanía”, indica.

El historiador agrega que esto es producto de la embestida comunicacional y política del Presidente boliviano. “Queda como un interlocutor dañado para Chile, y que está manifestando que el juicio fue un elemento solo funcional a la demanda, por tanto, se agota esa vía y pensará en abrir otra”, adelanta.

Sin embargo, el historiador asegura que la instancia abre otras posibilidades. “Eso no obsta para acercarse a la población boliviana mediante iniciativas culturales, económicas, sociales, que permitan socializar la idea que Bolivia puede tener otro tipo de relaciones con Chile, donde sea beneficiada”, puntualiza.

El Dr. Ross por su parte asegura que el panorama es complejo. “Las confianzas están muy dañadas. El Presidente Morales, que ha sido tan clave en dar estabilidad y cierto bienestar a su país, usó el conflicto con Chile para sus propios afanes electorales de manera contumaz. Ahora debemos recomenzar desde un punto muy bajo. Es posible, además, que esta derrota en La Haya, termine hipotecando su deseo de permanecer en el poder”, sostiene.

El historiador indica que a futuro “se debe contemplar un cambio de fondo, restableciendo relaciones diplomáticas, creando un ambiente de confianzas y teniendo en cuenta que tardaremos una o dos décadas en alcanzar un alto nivel de relaciones bilaterales”.

Este viernes 5 de octubre se cumplen 30 años desde que se efectuara el Plebiscito de 1988, referéndum por el cual un 55,99% de la población chilena decidió por el “No”. La respuesta implicó terminar con 17 años de dictadura de Augusto Pinochet y condujo a elecciones democráticas de Presidente y parlamentarios.

Para el experto en educación y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Mario Sobarzo, este hecho debe ser tratado en todos los niveles de la educación escolar del país, pese a que la Reforma Educacional impulsada por el Gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle eliminara del currículo la educación cívica, para ser distribuida como materia en el resto de las asignaturas.

“Este tipo de temas es fundamental incorporarlos en la escuela, para que permee la familia y los espacios sociales. Esto debe ser incorporado en todo el proceso formativo, incluso en la prebásica, porque se está formando a ciudadanos”, considera.

El también especialista en filosofía política reconoce que este tipo de temas son conflictivos para abordarlos en el aula, tal como el 11 de septiembre o la situación de los pueblos indígenas que habitaban antes de la llegada de los españoles a Chile, dado que dividen posturas. Sin embargo, considera que es esencial en una sociedad democrática respetar las posturas distintas y la diversidad.

“Cuando estos temas no son tratados, se produce polarización, porque se convierten en tabúes que generan contradicciones y enfrentamientos. Cuando un tema se dialoga y se abre al dominio público, se producen posiciones más moderadas”, asegura. “Una sociedad democrática tiene desacuerdos respecto a temas sensibles como el aborto, el divorcio o los modelos de familia, pero debemos convivir con la desavenencia y aceptar que vivimos en democracia”, insiste.

Finalmente, señala que temáticas relevantes como esta han sido dejadas de lado producto de un enfoque más centrado en competencias y en la incorporación al mundo del trabajo. No obstante, señala que este abandono ha provocado efectos indeseados como, por ejemplo, que menos del 50% de los chilenos participe en procesos eleccionarios.

“Es importante que el niño aprenda, por ejemplo, que pueden haber posturas distintas y que lo que le dicen en su hogar puede ser diferente a lo que le dice su compañero; asimismo que vaya encontrando en la enseñanza media capacidades como la argumentación, la escucha activa y que asuma que el conflicto no es algo malo en sí, sino que puede resolverse. De esta manera se puede lograr cambiar una postura o, también, convivir con miradas valóricas distintas”, concluye.

“Lo que se vivía hace seis meses era una desunión grande, muchos problemas de violencia y en la operación de la policía, poca claridad de cómo salir adelante de manera conjunta para tener un desarrollo que pudiera enfrentar problemas”. Fueron las palabras del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en el marco de la presentación del Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de La Araucanía. El paquete de iniciativas, dadas a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, incluye una “fuerte” inversión en obras públicas, infraestructura educacional, caminos básicos e indígenas y obras de agua potable rural.

Sin embargo, para el historiador mapuche y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Pairicán, el enfoque del plan es más económico que social. Por eso, considera que puede “generar un retroceso” en las demandas del pueblo mapuche. Fundamentalmente, por la modificación de la Ley Indígena, lo que a su juicio debiese ser decidido a través de una consulta.

“La Ley Indígena de 1993 permitió una nueva etapa entre el Estado y los pueblos originarios, donde la propiedad de la tierra quedaba protegida. Los nuevos tipos de arriendo de la tierra que acá se están planteando pueden terminar tensionando el derecho a la propiedad o la propiedad comunitaria que el pueblo mapuche ha colocado como demanda”, afirma.

Según el economista Luis Larraín, la modificación de la Ley Indígena buscaría autorizar la posibilidad de celebrar distintos tipos de contratos tales como medierías, arriendo y cesión de derechos en tierra individual o comunitaria indígena por hasta 25 años, sujetos a un proceso de registro y supervisión del Estado.

“Cien años de historia de este pueblo se resumen en una agenda, de defensa de la propiedad o devolución de la tierra. Plantear la opción de seguir con los arriendos puede contravenir la lucha que generó el movimiento mapuche en la década de 1980 en contra de Augusto Pinochet”, advierte.

Por otra parte, considera que el proyecto impone un modelo económico que el pueblo mapuche no ha legitimado en el tiempo. “Hay una noción que no es extraña en la derecha y que la Concertación fomentó, de pensar que la solución a la realidad indígena pasa por un aspecto netamente económico, destruyendo el tejido social comunitario por implicar estancamiento social y político, en pro del individualismo y la propiedad privada”, explica.

Sin embargo, “el mundo indígena se basa en la comunidad  y ese es su tejido social fundante, sea mapuche, aimara o maya. Es lo que explica el mismo Evo Morales cuando dice que son el Gobierno de los ayllus o de las comunidades. Es algo que ha resistido cientos de años”, enfatiza.

Finalmente, sostiene que este plan no fomenta particularmente al pueblo mapuche, sino que al emprendimiento del no indígena, marginando a una parte de los actores que se enfrentan en la zona. “Este proyecto beneficiará a las clases medias, a los agricultores, a los fonderos de La Araucanía, pero no necesariamente al pueblo mapuche, que bordea el 20% de la población en la región”, concluye.

Chile tiene los fármacos más caros de América Latina, según un estudio que comparó los precios de venta al público de medicamentos en distintos países de la región, y que fue realizado por  IQVIA (multinacional que presta servicios a industrias de tecnologías de información de salud e investigación clínica). Para enfrentar esta situación, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y el Ministerio de Salud lanzarán el último trimestre de este año un Observatorio de Precios Internacionales, que publicará los valores de los remedios en otros países.

Sin embargo, para el especialista en farmacología y académico de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, la iniciativa no tendrá los efectos esperados en lo inmediato. “En el corto plazo, los consumidores no van a ver una baja sustancial de los precios”, sostiene. Esto, porque los laboratorios internacionales continuarán teniendo “la sartén bajo el mango” a la hora de fijar los precios y los aranceles de los medicamentos.

“La Cenabast no tiene poder de negociación con los laboratorios, porque su volumen de venta y  gestión no se lo permite”, afirma. “Los laboratorios internacionales gestionan con otros gobiernos y empresas. Por lo tanto, la capacidad de un solo Gobierno o institución como la Cenabast para negociar los precios es pequeña”, insiste.

De acuerdo al Dr. Rojo, en la situación actual, un observatorio “solo podría contribuir a la transparencia”, pero para medicamentos innovadores, que están protegidos con derechos de patente y para los cuales existe un único proveedor en el mundo,  difícilmente se logrará una variación en su precio, aun cuando sea conocido el costo al que se vende en otros países.

“Lo que sí es beneficioso es que los consumidores se organicen y un observatorio podría servir para que los compradores de medicamentos exijan precios justos. En ese sentido, no es suficiente, pero no es una mala herramienta”, considera.

Finalmente, advierte que todas las medidas para vender a precios más bajos los medicamentos deberán sortear el obstáculo del libre mercado. “Para los medicamentos no genéricos, de marca, no creo que pueda hacerse mucho, porque el dueño de la patente es una empresa que aún tiene el monopolio sobre ese bien”, concluye.

Con la firma de un convenio el pasado lunes (24), el Ministerio de Educación y la Universidad de Santiago aseguraron la continuidad de estudios de más de mil estudiantes de pregrado de la Universidad Iberoamericana, en el marco de su proceso de cierre.

El sello del acuerdo se llevó a cabo en dependencias de Conicyt, hasta donde llegaron las autoridades firmantes: la ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, el Rector de nuestra Universidad, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid y el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas.

Además de representantes de estas instituciones, asistieron académicos y estudiantes de la Universidad Iberoamericana, quienes aplaudieron una vez que se firmó el acuerdo.

Para la Ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, es “una satisfacción muy grande comenzar a dar solución a un problema al que estos jóvenes nunca debieron estar expuestos”.

“Quiero agradecer especialmente al Rector de la Universidad de Santiago, a la Federación de Estudiantes de la Iberoamericana, y a Juan Eduardo Vargas de la División de Educación Superior del Mineduc, quienes son los que han llevado a cabo este trabajo durante estos meses para empezar a cerrar esta etapa”, agregó.

En sus palabras, el Rector de nuestro Plantel, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, puntualizó que la Universidad de Santiago “con una marcada vocación pública y rol social, no podía quedar ajena a la compleja situación de estos estudiantes y sus familias”.

“La firma de este convenio da cuenta, una vez más, del compromiso por articular procesos colaborativos con la institucionalidad educacional, para el cumplimiento de nuestra misión orientada al bien común de la sociedad”, sostuvo el Rector Zolezzi, quien además garantizó que nuestro Plantel hará el mayor esfuerzo para que estos estudiantes reciban la mejor educación posible.

El presidente de la Feusach, Juan Pablo de la Torre, señaló que se trata de “una buena señal hacia el país porque fortalece la educación pública”.

“Es importante que el rol de la Universidad estatal y pública logre dar soluciones concretas a las problemáticas de los estudiantes”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. Iberoamericana, Paz Gajardo, calificó este acuerdo como un logro, puesto que era fundamental para los afectados continuar estudios en una institución estatal.

Convenio

El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, entregó detalles del acuerdo, junto con destacar que los estudiantes “han sido nuestra prioridad”.

“El convenio busca respetar el espíritu del proyecto educativo de la U. Iberoamericana, una petición realizada por los estudiantes. Por lo mismo, se mantienen y respetan los planes de estudio, para que los jóvenes obtengan su título de la U. Iberoamericana”, explicó.

En esa línea, el instrumento contempla que los estudiantes retomen sus actividades bajo la tutoría de nuestra Institución, la cual mantendrá los planes de estudios, mallas curriculares y avance académico de los jóvenes afectados. Para ello, nuestro Plantel podrá contratar a docentes de la U. Iberoamericana con el fin de que continúen dictando las asignaturas que impartían previo a la crisis.

Los estudiantes beneficiados son todos aquellos que se hayan matriculado como alumnos de la U. Iberoamericana en los años 2016 y 2017. Estos obtendrán el título de la U. Iberoamericana.

Adicionalmente, el Plantel tutor podrá acceder a fondos especiales para apoyar el proceso. Para esto, el Mineduc abrirá un concurso a través del Fondo de Desarrollo Institucional, que permitirá a nuestra Casa de Estudios acceder a unos $2 mil millones.

Asimismo, se le entregarán los recursos de las Becas de Continuidad de Estudios que permitirán financiar hasta el 100% del arancel de referencia de las carreras de los jóvenes de los siete primeros deciles de la U. Iberoamericana.

Los escolares chilenos de primero a sexto básico pasan dos meses más en clases que sus pares de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo concluye el informe ‘Education at a Glance 2018’, que evalúa la inversión realizada a nivel preescolar.

Para el experto en educación y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Jaime Retamal, el dato que entrega el organismo internacional revela que tanto chilenos como daneses son los que más tiempo pasan en el aula, lo que hace urgente una discusión en el Congreso sobre el uso del tiempo escolar en los establecimientos de educación primaria del país.

“Llegó la hora de evaluar la Jornada Escolar Completa (JEC) y, en general, repensar el uso del tiempo escolar”, afirma el doctor en ciencias de la educación. “Debiera discutirse y evaluarse en el Congreso, teniendo a la mano indicadores para medir el verdadero impacto de esta y reformularla, así como la normativa que regula las seis horas de libre disposición y la ley de aseguramiento de la calidad, a fin de pensar sistémicamente el uso del tiempo escolar”, insiste.

De acuerdo al informe de la OCDE, los estudiantes chilenos están 1.039 horas en clases al año y 6.233 horas en seis, en contraste con el promedio anual de la OCDE, de 799 y en un sexenio, de 4.620. Es decir, los connacionales están 67 días más que sus pares en el colegio, en circunstancias que en la última PISA se situaron por debajo de la media de las naciones desarrolladas y con una brecha de aprendizajes de tres años en comparación a Singapur.

“Los escolares que pasan menos tiempo en los establecimientos escolares de toda la OCDE son de Finlandia. Es sumamente interesante hacer esa comparación, porque descubrimos de inmediato que el problema del tiempo escolar nunca ha sido pensado”, afirma el académico del Departamento de Educación del plantel estatal, en alusión a los buenos indicadores que ostenta el país europeo en materia educativa.

“El problema es cómo usamos el tiempo para favorecer los aprendizajes de los estudiantes y cómo hacemos para que el tiempo escolar sea efectivamente significativo para ellos”, subraya el experto  en gestión de la calidad educativa.  “La JEC no ha dado los resultados que se esperaban y padres, directores, profesores y estudiantes reclaman constantemente que el tiempo lo usan para prepararse para pruebas estandarizadas. Eso es muy negativo, porque nos dice que el sistema sigue entendiendo calidad educacional como el resultado de una prueba de estas características”, critica.

Finalmente, el especialista en clima y convivencia escolar recalca que países como Estados Unidos, España, Francia han impulsado reformas para intervenir el tiempo y el ritmo de los estudiantes, a fin de favorecer sus aprendizajes, lo que contrasta con la experiencia nacional, donde se ha producido una acumulación cuantitativa de tiempo.

“Las escuelas deben replantearse el uso del tiempo y cómo se usa: si para reforzar una asignatura determinada o para producir otros aprendizajes; si utilizamos ese tiempo para producir resultados, prepararnos para la PSU o descubrir otras realidades y hacer acciones, como visitas guiadas”, concluye.

“Enfermedad contagiosa de origen bacteriano, que se transmite por vía sexual y se caracteriza por un flujo purulento de la vagina o de la uretra”. Así define la Real Academia Española a la gonorrea, que en Chile ha experimentado un aumento de 13% entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en comparación al mismo periodo de 2017. El dato es parte del Boletín Trimestral de Gonorrea elaborado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Al respecto, el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina del Plantel, Dr. Francisco Zamora, advierte que la información confirma una peligrosa tendencia en el país. “El problema no es que esta enfermedad haya aumentado un 13% con respecto al año pasado, sino que el porcentaje se transforma en una tendencia, porque en 2017 también había subido un 10%. Por lo tanto, en cinco años se ha quintuplicado la cantidad de diagnósticos que nosotros hacemos”, sostiene.

El especialista reconoce que no se trata de una enfermedad riesgosa para la vida, como la sífilis o el VIH. Sin embargo, enfatiza que es grave, ya que provoca severas complicaciones para los varones y para las mujeres, aunque en estas últimas señala que se manifiesta de manera más “silenciosa”.

“Eso tiene que instar a las autoridades a tomar medidas y hacer campañas a nivel nacional, mostrando que eso se debe trabajar como sociedad, con los padres y profesores”, afirma. “Una de las medidas que ha sido efectiva en otros países es quitar el tabú sobre la enfermedad, conversar que efectivamente existe; y, también, que a las personas con síntomas se les dé facilidad de atención y tratamiento. Es decir, que existan centros especializados donde se atiendan rápidamente estos casos, a fin que no se propaguen”, sostiene.

De acuerdo al especialista, en el caso del hombre, la gonorrea se manifiesta como una “uretritis” o infección, donde se excreta una secreción blanquecina desde la uretra que hace que el paciente tenga problemas para orinar y tener relaciones sexuales. En las mujeres, señala que esta produce una infección del cuello uterino y puede producir una inflamación pélvica.

“Esto es claramente un síntoma de la mala educación sexual que se les está dando a los jóvenes, no solo en las salas de clase sino, también, por parte de las familias”, critica el Dr. Zamora. “Algo que influyó mucho en la percepción de riesgo de la juventud es que no era una enfermedad  mortal, lo que hizo que se rebajaran las medidas para evitar el contagio, pero mientras más personas tengan la enfermedad, más riesgo hay de contagiarse, obviamente”, sostiene.

Finalmente, indica que la recomendación básica para evitar el contagio es siempre tener relaciones sexuales con preservativo, especialmente con personas desconocidas. “Esto es consecuencia de un cambio de conducta sexual de los chilenos, y se debe considerar que los varones jóvenes son los que más se contagian”, concluye.

Como es tradición, este 11 de septiembre, la comunidad universitaria del Plantel realizó el acto de homenaje y romería en memoria de las 87 víctimas que tuvo esta Casa de Estudios durante la dictadura cívico-militar.

La ceremonia es convocada por la Asociación de Funcionarios (Afusach), Federación de Estudiantes (Feusach), Asociación de Académicos (Asoacad), Asociación de Profesionales (ADP), Corporación Solidaria UTE-Usach, Coordinación de Académicos por horas de clases, y la Agrupación de Exonerados Políticos UTE.

Además del Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi, cada representante de estas agrupaciones, depositó una ofrenda floral en el Memorial que recuerda a las víctimas, ubicado en la entrada principal del Plantel.

El Rector Zolezzi puntualizó que cada uno de los estudiantes, académicos y funcionarios, que fueron detenidos, desaparecidos o asesinados tras el Golpe de Estado, vivirán siempre “en los corazones de sus parientes, amigos, de nosotros y en la memoria de un país entero”. 

“Hoy debemos honrar a nuestras víctimas siguiendo los postulados de construir un mundo mejor, donde haya espacio para todos”, sostuvo la máxima autoridad universitaria durante su alocución.
Además, el Rector anunció que se reunió con concejales de la comuna de Estación Central, para entregarles el apoyo de la Universidad a la iniciativa destinada a que la Avenida Ecuador cambie su nombre a Avenida Víctor Jara, en homenaje a este artista asesinado siendo funcionario de la UTE. 

Rescate de la memoria

El presidente de la Asociación de Funcionarios (Afusach), Luis Peña, expresó que el Golpe de Estado de 1973 pretendió eliminar los sueños y esperanzas que inspiraron a Salvador y Allende y a los trabajadores que los hicieron suyos. En ese sentido, destacó que “estamos aquí haciendo realidad el compromiso que han asumido las organizaciones del pueblo de honrar permanentemente la memoria de todos aquellos que han ofrendado su vida por los derechos y la dignidad de los trabajadores”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes (Feusach), Juan Pablo de la Torre, remarcó que es un deber honrar el legado de la Universidad Técnica del Estado y de sus estudiantes, recordando a Mario Martínez, dirigente de la Federación de ese entonces, asesinado en dictadura. “Es necesario recordar que nuestros compañeros y compañeras cayeron por luchar por una universidad al servicio del pueblo y un país que entendiera que debía servirse hacia las mayorías y no solo a los intereses de unos pocos”, agregó.

Desde la Asociación de Profesionales (ADP), su presidenta Betsy Saavedra, señaló que conmemorar a las víctimas de la dictadura es representar y vivir los valores que defendieron. “Es actuar con consecuencia, valentía y convicción, luchando a diario por la democracia y la dignidad de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria”, puntualizó.

Para la presidenta de la Asociación de Académicos (Asoacad), Gladys Bobadilla, la UTE fue la Universidad chilena más afectada por la dictadura “y lo hizo por defender sus estatutos nacidos del proceso de reforma universitaria”.

En representación de la Coordinación de Académicos por horas de clases, Bruno Jerardino, aseveró que las acciones de las víctimas siguen actuando y su influencia no se detendrá jamás. “La memoria es un acto de justicia, lo violento es olvidar. Olvidar a nuestros compañeros es falsear la memoria. La lucha de ellos es nuestra lucha hoy”, añadió. 

En palabras de Rodrigo Daroch, presidente de la Corporación Solidaria UTE-Usach, la Universidad Técnica del Estado, estaba comprometida con el desarrollo y las luchas sociales, razón por la cual fue bombardeada. En ese sentido, el dirigente dijo que la “Universidad de Santiago debe seguir las tradiciones democráticas y el pluralismo que tuvo su antecesora para ser la continuidad de la UTE, con las características del nuevo siglo”.

Finalizó el acto el presidente de la Agrupación de Exonerados Políticos UTE, Luis Cruz, quien recordó el legado del Rector Enrique Kirberg y la creación de las carreras tecnológicas. “Estas se crearon con el propósito de mantenerse solo mientras existiera la necesidad de ellas, evitando con eso la formación de cesantes con título”, manifestó. 

Tras el acto de conmemoración, las autoridades y la comunidad asistente inició la romería recorriendo puntos emblemáticos del campus que recuerdan a víctimas como la estudiante Michelle Peña, el cantautor Víctor Jara y el ex presidente de la Feusach, Mario Martínez.

Hasta un 89% se elevó el precio de los medicamentos más vendidos de Chile en los últimos cuatro años. Según un ejercicio realizado por el diario El Mercurio, que comparó el valor de 15 de estos remedios en distintas cadenas farmacéuticas de la capital, 14 aumentaron en mayor proporción que el IPC acumulado entre 2014 y 2018 (16,8%).

Para el doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Leonel Rojo, esta situación seguirá repitiéndose inevitablemente a menos que se regule el precio de fármacos indispensables, que sirven para tratar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la artritis o artrosis, el alzhéimer y la esquizofrenia. A juicio del especialista, para estos males se requiere un stock de remedios a un precio asequible en el mercado.

“Debiera definirse un listado de medicamentos esenciales y que el Estado trabajara en la manufactura, a un costo ético, teniendo una producción de calidad que asegure precios al alcance de la población. Eso es algo que no existe hoy, porque todos los fármacos son manufacturados por privados”, critica. “Esto es factible. Es solo una cuestión de decisión política”, enfatiza.

De acuerdo al químico farmacéutico, es imposible conocer a ciencia cierta por qué suben los precios ya que, en la actualidad, no existe una norma que regule la administración, gestión y producción de estos. El especialista explica que los incrementos responden solo a la oferta y demanda, en un sistema de libremercado que se cruza con estos bienes que son de salud pública, no de mercado.

“Si uno le consulta a la cadena farmacéutica, esta asegurará que son los que menos marginan con los medicamentos y que el delta de la rentabilidad está dado por productos no farmacéuticos. Si se le pregunta a los laboratorios, ellos dirán que no tienen un gran margen de ganancia frente a los medicamentos, lo que es sospechoso porque siguen haciendo su negocio, en circunstancias de que cuando un negocio no es rentable, debiera dejar de existir”, cuestiona el académico de la carrera de Química y Farmacia del plantel estatal.

Finalmente, señala que el origen del aumento de los precios puede ser estar dado por dos factores: por una parte, el costo del laboratorio que lo provee, ya que si es un medicamento importado, su valor se relaciona con el costo de importación y de compra; o, por otra, el costo de la gestión, porque los medicamentos son vendidos por laboratorios a droguerías que lo distribuyen a las farmacias. En este último caso, apunta, la cadena de valor estaría dada por el precio original y todos los impuestos al valor agregado (IVA) que se le aplican, y que aumentan el precio en un 19% en cada una de estas transacciones.

“Actualmente, existe un petitorio mínimo de medicamentos que todas las farmacias deben disponer. Ninguna puede abrirse sin cumplir dicho petitorio, que consta de fármacos que, se cree, son necesarios para mantener el mínimo estándar de seguridad y salud en la población. Sin embargo, no tenemos una norma que regule la provisión de esos mínimos, y las farmacias terminan consiguiéndolos como estiman conveniente”, concluye.

Definir polígonos de desarrollo en zonas entorno a las estaciones del Metro, potenciando estos sectores con servicios de salud, educación y áreas verdes. Ese es el objetivo que tendría un proyecto de ley sobre la materia, que estaría estudiando el Gobierno.

El experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, destaca la eventual iniciativa. No obstante, advierte que la implementación de esta iniciativa es una ocasión propicia para definir ganancias para el Estado por la construcción de estas estaciones.

“Esta una oportunidad para modificar instrumentos legales, donde se puede plantear que obras inmobiliarias de construcción puedan generar mitigaciones al espacio público en pro del bien común o permitiéndole al Metro construir, en los alrededores de la superficie de sus estaciones,  servicios inmobiliarios”, afirma.

De acuerdo al especialista, la inversión que realiza el fisco por proyectos asociados al Metro ronda los 100 millones de dólares, por lo que urge que el aumento del valor del suelo que genera la construcción de sus estaciones pueda usarse para reinvertir en una mayor calidad del servicio de transporte.

Actualmente, las ganancias que producen las construcciones de estaciones de Metro son absorbidas íntegramente por inmobiliarias privadas, que suben los precios de sus casas y departamentos a la venta, explica. Por eso, “lo que hay que cuidar es que el espacio público sea un bien público y no se transforme en un negocio para las inmobiliarias”, considera Martin.

“En Lo Valledor, tenemos un 100% de aumento de valor de uso del suelo por la estación del Metro que se construirá en el sector. Ese incremento estaba siendo entregado en su totalidad al mercado inmobiliario, que podía especular en torno a este valor”, grafica.

Finalmente, llama a considerar modelos internacionales, como España, donde se cobra un impuesto a las inmobiliarias por el aumento de valor que genera la inversión pública; o Brasil, donde el Estado evalúa la densificación que contempla un proyecto de infraestructura para vender bonos en la bolsa, que permiten a las inmobiliarias comprar y aumentar la capacidad de construcción en estos terrenos.

“Aparece una oportunidad muy interesante, donde se puede plantear la existencia de un mecanismo intermedio que permita que el Estado asuma un rol más activo en la gestión de la ciudad, donde se puede reestructurar la plusvalía para reinvertir en infraestructura de bien social”, concluye.