Multas de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales ($47.681 a $238.405) serán aplicadas a los consumidores que compren en el comercio ambulante no establecido en Providencia. Esa fue la medida anunciada por la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei. La ordenanza municipal comenzará su marcha blanca este miércoles y el castigo en dinero se hará efectivo a partir del 1 de agosto.

Para el experto en comportamiento del consumidor y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Enrique Marinao, la medida es errada y no inhibirá las compras en las calles, debido a que las personas actuarían mayormente motivadas por la oferta disponible en el mercado, independiente de si esto implica un castigo.

“Restringir la potestad de los consumidores de elegir dónde comprar no se soluciona vía decreto. No tiene sentido restringir las libertades básicas de cualquier ciudadano, de comprar donde estime pertinente”, sostiene.

El Dr. Marinao critica este tipo de medidas enfocadas en la restricción, las que considera reactivas y que, a su juicio, no se harían cargo de abordar el problema como debiera hacerse. Desde su perspectiva, lo recomendable sería atacar la cadena de producción desde un principio.

“Los distribuidores del comercio ambulante no han sido identificados con la acuciosidad que se requiere. Lo recomendable sería transparentar y controlar la cadena de distribución que funciona como proveedora del comercio ambulante”, enfatiza.

Finalmente, estima que el municipio de Providencia, con esta medida, termina por estigmatizar a los comerciantes ambulantes como delincuentes, lo que considera un error. “Estas personas son trabajadores que buscan desenvolverse lejos de las malas prácticas, como los asaltos”, concluye.

Un 21,6% se redujo el consumo de bebidas azucaradas en Chile. Esa fue la conclusión de una investigación financiada por Conicyt y el Research Council de Reino Unido. El estudio, que evaluó las compras de casi tres mil hogares desde 2011 a 2015, relacionó esta disminución al aumento del impuesto que se efectúo hace poco menos de cuatro años: el importe pasó de 13% a 18 para bebidas con una concentración de azúcar agregada de 6,25 gramos por 100 ml o más.

Para la experta en análisis de los alimentos y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, la baja en el consumo de este tipo de bebidas es “significativa”. Sin embargo, rechaza que ello se deba a la reducción del impuesto. A su juicio, la reducción obedece a la propaganda que se ha hecho a nivel estatal por una salud saludable, lo que se ha sumado a la Ley de Etiquetado. Ambas acciones habrían logrado comunicar a la población respecto a los peligros de consumir alimentos con alto contenido en azúcar.

“Estas son las pequeñas intervenciones que ha logrado la política de salud pública, que informa, de manera persistente, que el consumo excesivo de algunos nutrientes traerá consecuencias que no son beneficiosas para la salud”, afirma. “La reducción se debe más al marco de las políticas públicas que proporcionan conocimiento en la población de los beneficios de una vida más saludable”, insiste.

La académica del  Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos explica que si bien el impuesto aumentó el costo de producir una bebida con azúcar y, por ende, las empresas disminuyeron la producción de estas, facilitando la disminución de su consumo, recuerda que el estudio tampoco detectó un alza importante de sus alternativas directas -“zero” o “light”-. Es decir, la variación no respondería a que las personas se inclinaron por opciones más baratas a causa del importe, sino, derechamente, por otras más saludables, como aguas minerales o saborizadas sin azúcar.

“Diría que ha ido cambiando el tipo de consumo y no tiene que ver tanto por el impuesto, sino porque la industria dispone otros productos para que la gente que se preocupa más de su salud los compre”, afirma. “La baja es significativa, pero la duda que queda es si es efecto del impuesto. Desde mi punto de vista, esto se debe más a que una parte importante de la población ha decidido disminuir el consumo de azúcares en varios alimentos. Debido al alto consumo de bebidas por parte de los chilenos, el foco de la reducción de azúcares pueden haberlo puesto ahí”, concluye.

El alcalde de la municipalidad de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la construcción de un proyecto de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas. Sin embargo, la iniciativa ha sido rechazada por un grupo de vecinos, que esta semana organizó un “cacerolazo”. Entre sus argumentos, plantean que la llegada de estos nuevos moradores podría disminuir la plusvalía del área y convertir el lugar en un foco de la delincuencia.

Al respecto, el arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa, reconoce que el proyecto busca solucionar el problema de la segregación que afecta a las comunas de Santiago. Sin embargo, considera que la iniciativa, en los términos en que está planteada, se encuentra incompleta. 

“No solo se trata de resolver el tema de la vivienda, sino de mejoras de áreas verdes, en la arborización, en los equipamientos deportivos y en los recreativos, para que todos, los nuevos moradores y los vecinos tradicionales del sector, se sientan efectivamente beneficiados”, afirma.

El especialista también advierte que la estrategia de integración debe considerar que estos nuevos residentes deberán resolver problemas de educación y salud, por lo que requerirán instalaciones que cubran estas demandas de acuerdo a sus posibilidades.

Con todo, considera que la iniciativa debiera ser replicada, pero critica aspectos de la arquitectura y construcción de la misma. “No solo hay que resolver la segregación, sino que toda la calidad arquitectónica de nuestras construcciones y desarrollo inmobiliario, que es bastante deficiente y de mala calidad, no solo respondiendo a la normativa sísmica o urbanística. También, a un mejor diseño y utilización de materiales, para no traspasar al residente problemas de aislamiento térmico o acústico”, enfatiza.

Estrategia política

Por su parte, el cientista político y académico del plantel estatal, Dr. Bernardo Navarrete, considera que las intenciones del edil de la comuna del sector oriente de la capital no se encuentran en cautivar nuevamente a los electores de Las Condes.

“Lavín no está pensando en su electorado de Las Condes, sino en nacionalizar su liderazgo toda vez que plantea el tema de la equidad en el acceso”, asegura. “En general, los alcaldes en Chile no son competidores centrales en el juego político, pero él, al plantear un deber moral con aquellos que están en situación de abandono o que no tienen acceso a una vivienda digna en una de las comunas con mayores ingresos en Chile, se anota un punto en la opinión pública que, en general, no tendría otro edil”, explica.

A su juicio, el gesto también podría interpretarse como una señal al electorado de Evópoli. “Lo más lógico e inteligente es pensar que no puede seguir administrando la nostalgia del electorado conservador, sino deberán buscar a nuevos electores con una mayor sensibilidad social”, recalca.

Reacción social

Finalmente, el sociólogo y profesor de la Escuela de Periodismo de la misma casa de estudios, Claudio Avendaño, destaca el espíritu de la iniciativa que, desde su perspectiva, intentaría resolver la segregación socioeconómica de la población, uno de los principales problemas de la capital.

“La segregación social es, en sí mismo, un factor negativo, así como todo aquello que contribuya a amplificar ese efecto”, recalca. “No obstante, estamos en un sistema que genera estas situaciones de segregación y, mientras no se resuelvan las causas que provocan este problema, a nivel sistémico, es poco lo que se saca con reparar las consecuencias del mismo”, afirma.

Para Avendaño, el sistema económico  en Chile ha provocado que la población resalte los valores individuales y relegue aquello que apunte al bien común, y que ello explica la tensión que origina el proyecto en el sector. Sin embargo, subraya que el hecho marca un precedente. “Se comienza a plantear un problema que es necesario discutir en términos más generales, como sociedad”, sostiene.

“Está comprobado que 10 km/h menos de velocidad reduce en más o menos 30% la probabilidad de fallecer en un accidente”, aseguró la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Ello, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley que reduce el límite de velocidad urbana de 60 a 50 km/h.

Para el experto en transportes y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, la afirmación de la titular del MTT es inexacta. “La reducción del límite de velocidad no logrará bajar un 30% las muertes por accidentes”, afirma. “La tasa a la que alude la ministra Hutt está asociada a cambios con respecto a límites más altos, como de 120 a 110 km/h, pero chocar a 60 o a 50 km/h no hace una diferencia tan significativa”, explica.

Según el experto, en velocidades inferiores no se logra bajar tan significativamente las tasas de mortalidad, dada la seguridad que proporcionan los automóviles con las nuevas tecnologías asociadas a los vehículos.

Además, descarta cambios significativos en las calles de las ciudades del país si la implementación de la iniciativa no contempla una fiscalización amplia y permanente. El año pasado, se registraron 1.483 fallecidos en más de 950 mil siniestros.

“La normativa en sí misma no asegura la reducción de estos accidentes”, asegura el académico del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal. “Cuando no hay carabineros en las autopistas controlando el límite de velocidad, lo común es que el automovilista circule en dicho límite o sobre este”, afirma.

Finalmente, destaca que el Ministerio de Transportes anunciara cámaras automatizadas y fiscalización presencial en vías exclusivas, pistas solo bus y corredores de buses. No obstante, hace hincapié en que esto no contempla la totalidad de las calles, por lo que la normativa podría terminar convirtiéndose en “letra muerta” en muchos sectores de la urbe.

“No se verá ningún cambio en las calles de la ciudad. Aunque las personas estén al tanto de la norma, si no hay ninguna otra acción en consecuencia, los conductores volverán a sus comportamientos habituales”, concluye.

“Racismo institucional”. Así calificó la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes a la exigencia que se le hace a la población haitiana de no tener enfermedades infectocontagiosas al momento de arribar a Chile. Esta condición es parte de la nueva visa humanitaria implementada por el Gobierno, que busca que los haitianos residentes en nuestro país traigan a sus familiares.

La Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, concuerda en que esta política implica establecer una diferencia negativa con las personas provenientes de dicho país. “Si se exige, debiera ser una condición para todos. No debiera suponerse que solo los haitianos padecen este tipo de enfermedades”, afirma.

La especialista reconoce que el espíritu de la iniciativa es “valioso y meritorio”, en el sentido de que busca la reunificación familiar de esta población. No obstante, considera que el beneficio se ve “obstaculizado” por una serie de trámites que califica como “absurdos”. “Todos estos trámites se transforman en otra valla para ellos. Si esta población salta un obstáculo, le colocan otra más alta y eso hace imposible que terminen la carrera”, critica.

Los haitianos pueden conseguir esta visa humanitaria enviando una carta notariada a su país, además de conseguir el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y efectuar un pago de US$100.

“No corresponde hacer ese trámite notarial si el individuo está regularizado en nuestro país, con sus papeles al día. Debería obtener inmediatamente la Visa para la reunificación familiar”, afirma la Dra. Norambuena.

En síntesis, la especialista destaca que la señal que da el Gobierno con esto es que no busca favorecer la migración haitiana en Chile. “Pedir esto es desconocer la realidad que vive ese país actualmente, que tiene una economía empobrecida y que, por lo mismo, provoca la migración de su población”, concluye.

Un récord de “portonazos” en la zona oriente de la capital fue lo que reveló un boletín estadístico entregado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente a las municipalidades del sector. Tomando en cuenta los cinco primeros meses del año, este ilícito incrementó en un 48% en comparación a 2017.

Para el experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, las cifras constatan la existencia de un nicho de mercado que se desarrolla al margen de la ley.

“Esto demuestra que se ha consolidado un mercado ilegal muy peligroso de automóviles o piezas robadas de vehículos. Por eso, habrá que iniciar labores muy fuertes de investigación por parte de las policías y de la Fiscalía para controlar esto”, señala el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

El ilícito denominado como “portonazo” fue bautizado así por medios de comunicación y hace alusión a los robos realizados en el ingreso de domicilios particulares (portones), donde los delincuentes intimidan o violentan a la víctima para sustraer sus automóviles. Si entre enero y mayo de 2016, año en que comenzó la medición de este fenómeno, los casos fueron 636 y bajaron a 491 en 2017, la cifra volvió a dispararse en 2018, llegando a los 727.

Necesidad de un informe nacional

El informe, que detalla diversos datos asociados a estos delitos, fue remitido vía e-mail a los alcaldes de la zona oriente de Santiago por el fiscal regional Manuel Guerra. Al respecto, el especialista destaca la iniciativa, pero considera que el Ministerio Público debiese hacer públicas estas estadísticas a nivel de todo el país.

“El Ministerio Público cumple con publicar en su página web el reporte estadístico anual o trimestral respecto de los delitos ingresados”, reconoce. “Sin embargo, tenemos varias limitaciones de información. En dichos boletines, se hace una agrupación de los tipos delictuales, pero son muy globales y, por lo tanto, no sabemos si en esos robos hay un portonazo o si es en la vía pública. No presenta la estadística en desglose”, argumenta.

Finalmente, a juicio de Araya, esta información no solo permitiría reforzar las rondas preventivas en los barrios, calles y horarios en que, efectivamente, suceden con mayor frecuencia estas situaciones. También, considera que el carácter público de un boletín de este tipo supondría un beneficio para los vecinos de estos sectores.

“Al menos trimestralmente, se debieran poder publicar reportes de dónde están ocurriendo los hechos, a qué hora y cuál es la figura más utilizada para cometer ilícitos de este tipo. Eso permite tomar medidas no solo a las policías, sino también a las personas, que también tienen derecho a ser alertadas, para que puedan tomar medidas preventivas”, concluye.

Un 49,9% de los niños de Chile asegura sufrir violencia psicológica o física en sus hogares. Es decir, prácticamente la mitad de las familias del país utiliza la violencia en su forma de crianza. Esta fue una de las conclusiones del estudio ‘Modelos culturales de crianza en Chile: castigo y ternura, una mirada desde los niños y niñas’, realizado por la ONG World Vision en conjunto con la Universidad de Chile.

A juicio del psicólogo social, antropólogo y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Sergio González, esto se produce por la segregación de la sociedad chilena y, en general, de Latinoamérica, ya que la violencia siempre es motivada por la negación de un otro distinto, que por su diferencia representa una amenaza. Por ello, el experto explica que dicha violencia se manifiesta en la incapacidad de resolver conflictos por la vía de una comunicación armónica.

“Negar al que es diferente, descalificándolo y denostándolo por pensar distinto es algo muy común en nuestro continente”, señala el especialista. “Esto puede explicarse por las asimetrías sociales que tenemos en Latinoamérica, que implican una diferencia demasiado grande entre unos y otros. La desigualdad promueve una matriz en la que se reproduce la violencia, pero siempre atendiendo a este principio de la negación del otro, donde se rechaza al que es diferente, que amenaza e interpela”, afirma.

No obstante, el académico de la Escuela de Psicología del plantel estatal considera que el hecho de que sea la mitad de las familias las que crían de esta forma no es tan negativo, si se compara con lo que sucedía hace cuatro o cinco décadas atrás, donde la violencia en la crianza era practicada de manera transversal, por todos los estratos sociales e, incluso, validada como método de formación en las escuelas, indica.

“Antes, un profesor podía pegarle con una regla a un niño o una bofetada. Que los padres usaran la violencia para corregir comportamientos era totalmente habitual”, grafica. “Hoy, esto nos interpela y se nos aparece como una situación a corregir, porque se trata de una anomalía social. Las orientaciones de crianza de los nuevos padres, entre los 20 y los 40 años, serán totalmente diferentes a las que recibieron”, asegura.

Según el Dr. González, esto se debe a que la cobertura de la educación básica y media ha avanzado con creces en la sociedad chilena, lo que implica no solo un mayor conocimiento e información, sino que el aprendizaje de normas tanto de convivencia como de socialización, que constituyen herramientas eficaces para resolver conflictos por la vía de la comunicación. Esto, además de los valores propios que ha promovido la modernidad desde el último tercio del siglo pasado, como el respeto por los derechos y la identidad de los demás.

Finalmente, considera un error calificar las generaciones actuales como “blandas”. Para él, lo que se evidencia en ellas es un mayor respeto y consideración. “En la crianza de los hijos no debe haber muchas normas, sino solo algunas que sean claras, explícitas y que se apliquen de manera coherente. Es decir, tanto para los hijos como para los padres, para que exista congruencia. Lo importante es que no se niegue o subordine al otro”, concluye.

La Corte Suprema acogió el recurso en contra de Entel, Movistar y Claro, por acaparar espectro radioeléctrico en la licitación de la banda de 700 MHz, clave para el desarrollo del 4G. "Se ordena a las recurridas desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirido en el concurso de la banda 700”, señala el fallo del máximo tribunal. Según fuentes de la industria consultadas por El Mercurio, la determinación podría afectar a los usuarios de estas firmas, debido a eventuales problemas técnicos que se provocarían al migrar a los clientes de una banda a otra.

Sin embargo, el experto en telecomunicaciones y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Claudio Valencia, descarta que los clientes de estas compañías perciban alguna anomalía en los servicios que ya tienen contratados. “Desde el punto de vista del usuario, no debiera ser tan complicado. Ellos pueden trabajar perfectamente en la banda 2.600 MHz o 700 MHz. El problema es para las compañías, que tendrán que efectuar esa migración, pero los usuarios no perciben estos problemas. Además, las compañías tienen que responder a una cláusula donde se les obliga a entregar el servicio con lo que tengan disponible”, explica.

El especialista insiste en quienes percibirán más fuertemente el castigo serán las empresas, puesto que ya hicieron una inversión asociada a las bandas de frecuencia que tenían. “Los consumidores compran un smartphone que trabaja en las cuatro bandas de frecuencia asociadas a distintas generaciones de teléfono móvil. Por lo tanto, que las empresas hagan el cambio no limita el acceso a la comunicación de los usuarios”, enfatiza.

A juicio del Dr. Valencia, la banda de 700 MHz le da “robustez” a la comunicación móvil, ya que permite a personas que habitan en sectores interiores de ciudades como Santiago u otras de carácter metropolitano puedan acceder a datos a una mayor velocidad. Por lo tanto, considera injusto que solo tres compañías tengan la posibilidad de ofrecer mayores velocidades. “No es que beneficie a otras compañías, sino que les permite el ingreso para que puedan dar servicios de telefonía móvil en esas frecuencias”, destaca.

Por todo lo anterior, concluye que la decisión de la Corte Suprema es positiva. “Me parece que la decisión hace que disminuya el monopolio por parte de estas tres empresas y si se hace como especie de retiro de esas frecuencias, entrarán más competidores, lo que beneficia a los usuarios ya que disminuye el costo por los servicios al introducir una mayor competencia”, sintetiza.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reveló que entre enero y mayo se comercializaron 421 unidades nuevas de autos híbridos y eléctricos en Chile, lo que representa un aumento de un 193% en comparación a igual periodo de 2017.

Para el experto en electroquímica y académico de la Universidad de Santiago, Dr. José Zagal, a pesar que las cifras representan una buena noticia, aún están lejos de ser relevantes para provocar una disminución de la contaminación ambiental. Por eso, señala que es necesario generar incentivos para que la venta de este tipo de vehículos avance de manera más rápida, para terminar con el atraso de Chile en la materia en comparación a otros países desarrollados.

“Obviamente, la gente de manera espontánea no se comprará un auto híbrido ni menos eléctrico. Por lo tanto, tiene que haber una política de apoyo e imitar fundamentalmente los países del norte de Europa”, afirma. “Se puede permitir pagar una patente más barata o que una parte del costo del auto sea financiado por el Estado, rebajar el impuesto o impulsar el comodato. Hay muchas fórmulas”, señala.

Este año, las ventas de automóviles híbridos y eléctricos representan solo un 0,25% del mercado total de vehículos en el país. En ese sentido, plantea que otra opción para generar un mayor impacto en la contaminación es impulsar con fuerza el ingreso de buses del transporte público con estas características.

“Tendríamos que partir por la locomoción colectiva, porque los buses están todo el día en la calle, ocho o diez horas al día. Un automóvil particular se usa muy poco y el impacto de este en la contaminación es muy pequeño, comparativamente”, sostiene. “Ahora, si las baterías se recargan con energía proveniente del petróleo, no se evita la contaminación”, advierte.

Finalmente, indica que es más simple mantener un automóvil eléctrico o híbrido que uno que no tenga estas características. “La parte eléctrica es muy fácil de mantener y un auto totalmente eléctrico tiene muchos menos piezas que un vehículo a bencina o petróleo. Por eso es que en Valparaíso aún se ven buses eléctricos que tienen más de 60 años, pero todavía funcionan”, concluye.

Funcionarios de Gendarmería anunciaron una paralización nacional si no se concreta la reunión que solicitaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ello, luego de que el gendarme Héctor Palma fuera imputado por su presunta responsabilidad en las torturas sufridas por dos reos ecuatorianos la semana pasada, las que fueron grabadas por otros cuatro presos del penal Santiago 1 y viralizadas a través de redes sociales. Las víctimas se encuentran en el recinto luego que fueran formalizadas por asesinar a palos en el Barrio República a Elena Ancacoi Huircán, de 40 años, una trabajadora del área de Servicio del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile.

Al respecto, el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostiene que sí hubo responsabilidad de parte de los funcionarios de la institución penitenciaria en estos hechos y que, por lo tanto, deben aplicarse sanciones para quienes no ejercían su labor resguardando la integridad física de los internos. “Para que esto haya ocurrido, tiene que haber cierta complicidad implícita o explícita de los funcionarios de este centro penitenciario de Gendarmería de Chile”, considera.

“En primer lugar, por las connotaciones del caso, lo más lógico hubiese sido que los torturados hubiesen quedado absolutamente aislados o separados  de la población penal normal, porque eran extranjeros. Eso habría sido lo más prudente”, señala. “En segundo lugar, el hecho de que haya ocurrido sin que otros gendarmes se hayan dado cuenta de la situación sugiere que hubo ‘vista gorda’, de decir ‘se lo merecen’, dejando que esto ocurriera”, añade.

El ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior afirma que el hecho es grave y que, por lo tanto, se requiere una acción ejemplificadora que dé una señal tanto a Gendarmería como al país de que la delincuencia no se resuelve de esta forma y que no se puede ser cómplice de esta forma de actuar. Esto, ya que existe un ordenamiento jurídico que establece que solo los Tribunales de Justicia están habilitados para aplicar sanciones y castigar crímenes.

“El problema más grave es que personajes públicos han manifestado su aprobación, simpatía o justificación a que hayan ocurrido estos hechos”, critica. “No puede ser que el repudio al asesinato que cometieron estos sujetos sea una excusa para que otros se sientan con derecho a ser jueces y verdugos, aplicando tratamientos que atropellan absolutamente los derechos humanos”, sostiene.

Por otra parte, señala que la acción de los reos “es una hipocresía. Ellos no son justicieros, sino que están ahí porque cometieron asesinatos o robos con violencia y no deben sentirse con el derecho de castigar a otro”. 

Finalmente, reconoce que Gendarmería requiere urgentemente de más personal y, sus funcionarios, de una mayor preparación profesional. “Ellos están en una labor de resguardo, para privar la libertad de los sujetos que están dentro, pero también para resguardar su integridad física”, concluye.