Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) reveló que los fallecidos en accidentes originados por velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo subieron un 26% entre 2008 y 2017. Frente a ese escenario, el Gobierno planea automatizar el control de velocidad y apoyar la disminución del límite de velocidad urbana, de 60 a 50 km/h que se discutirá este miércoles en el Senado.

Para el especialista en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, reducir la velocidad urbana no es suficiente para disminuir los accidentes de tránsito. A su juicio, los accidentes no se producen porque el límite sea alto, sino porque los automovilistas no lo respetan cuando tienen oportunidad de hacerlo, independiente de que sean 60 o 50 kilómetros por hora. Por ende, se trata de un problema de fiscalización.

“El mayor número de fallecimientos por esta causa, según Conaset, se produce los viernes, sábados y domingos, días en que no hay tanta congestión y los vehículos tienen más libertad para desplazarse”, explica. “Al cruzar la información, se puede interpretar que los conductores avanzan a mucho mayor velocidad los viernes, sábados y domingos porque está más libre la vía. La gente sobrepasa ese límite de 60 kilómetros por hora porque sienten que no hay nadie fiscalizándolos”,  insiste.

El especialista valora que se discuta la posibilidad de establecer un control automático de la velocidad en las principales vías de la ciudad. No obstante, considera que la responsabilidad de administrar las multas por este concepto debiese recaer en la Conaset y no en las municipalidades, dado que tiene mayor competencia en la materia y asegura que los recursos se centralicen, para usarse en aspectos que apunten a disminuir y reparar las faltas por accidentes.

“Los recursos que provengan de las infracciones debieran ir a un fondo cuya finalidad sea educar a los automovilistas, o para ayudar a quienes han sido víctimas de accidentes, y no necesariamente a las municipalidades. Tendría mayor impacto”, considera.

Finalmente, el especialista señala que otras causas del aumento de la mortalidad de los accidentes es el aumento explosivo del parque vehicular en los últimos años y a la escasa educación vial de los conductores.

“Tiene que haber mayor exigencia al momento de sacar la licencia de conducir y un seguimiento para que el proceso completo entregue garantías de que la persona maneja todos los conceptos de la educación vial”, concluye.

“Hicimos un análisis de la circulación de vehículos (…) e hicimos una comparación con todos los miércoles del mes de abril, y lo que detectamos es que hay un 11% menos de circulación de vehículos”. Esta fue la cifra con que la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, se refirió a la baja provocada por la restricción vehicular de vehículos catalíticos que se puso en marcha este miércoles, en el marco del Plan de Descontaminación de la capital.

Para el especialista en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, la disminución de contaminantes que se produce por la no circulación de esta cantidad de automóviles es poco significativa.

“Suponiendo que, efectivamente, fuera del orden del 10% la cantidad de autos que dejaron de circular, eso implicaría que, idealmente, bajaría un 10% la contaminación por vehículos”, sostiene. “Considerando que las emisiones generadas por vehículos en Santiago representan un 20% de la contaminación total de la capital, el 10% de ese 20%  sería igual a un 2%. Es decir, bajarían en un 2% los niveles de contaminación”, explica.

Por otra parte, el especialista critica que la medida se haya acotado a solo restringir un dígito -no dos como se planteó en primera instancia- y que se terminara aplicando solo en el interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, ya que no lograría transmitir a la población que debe preferirse el transporte público en vez del automóvil particular para tener una ciudad más limpia y descongestionada. “No queda tan claro el mensaje con esto. En realidad, lo que se está transmitiendo es que se debe renovar el auto para no tener restricción”, considera.

Finalmente, reconoce que para que esto último suceda también se debe mejorar la calidad del transporte público que existe actualmente a la capital, ya que para desincentivar el uso del automóvil particular es necesario proporcionar buenas alternativas para que las personas no   perciban la restricción como un castigo.

“Es bastante poco lo que se logra descontaminar con la restricción. Si relacionamos ésta a otras medidas, podría funcionar, pero no nos va a cambiar la vida solo con esta iniciativa en particular”, concluye.

El pasado 12 de abril, en la Asamblea General de la Unión Europea de Geofísica (EGU, por sus siglas en Ingles) en Viena, el Dr. Raúl Cordero, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, presentó los resultados del Proyecto Anillo que dirige “Carbono Negro en la Criosfera Andina”, financiado por CONICYT. 

El proyecto implicó analizar cientos de muestras de nieve recogidas por investigadores de seis universidades nacionales a lo largo de un trazado lineal de casi 7 mil kilómetros, abarcando desde Putre en el Desierto de Atacama hasta el campamento Glaciar Unión en Antártica (a 800 millas del Polo Sur).

En palabras del científico, el estudio se trató “del mayor esfuerzo realizado en el Hemisferio Sur para cuantificar la influencia y el transporte del carbono negro (u hollín) y otras impurezas en la Cordillera de Los Andes y en la Antártica”.

Causas del estudio

Dada la importancia hidrológica de la nieve a nivel mundial, ya que a pesar de que el 70% de la Tierra está cubierta por agua, sólo una mínima parte es dulce y la mayoría se encuentra congelada en los polos o forma parte de aguas subterráneas, aguas alimentadas, en última instancia, por el deshielo de las zonas más altas, su preservación es de vital importancia.

En ese sentido, la zona central del país es considerada un área de estrés hídrico relativo, por lo que para el equipo científico era de gran urgencia determinar si la cantidad de carbono negro u otras impurezas en la cordillera podrían afectar significativamente las reservas de nieve.

Según explica el Dr. Gino Casassa de la Universidad de Magallanes, la principal característica de la nieve radica en su gran reflectividad de la radiación solar, que en presencia de impurezas o material particulado disminuyen su reflectividad causando un incremento de la radiación solar absorbida, siendo esperable un aumento en el derretimiento de la nieve, y su consecuente afectación a la disponibilidad del recurso hídrico.

En esa línea, según afirma el Dr. Nicolás Hunneus de la Universidad de Chile, el carbono negro se origina en general en la combustión especialmente de motores a diesel, pero la nieve también puede ser afectada por el carbono orgánico, que se origina por ejemplo de estufas a leña o incendios forestales, así como por polvo natural.

Pese a que la Cordillera posee zonas puntuales fuertemente impactadas, como las que se encuentra cerca de campamentos mineros, el Dr. Cordero explica que decidieron enfocarse en puntos que podrían considerarse representativos del estado general de Los Andes, trabajando a seis mil metros de altura en el norte, y a 20 grados bajo cero en la Antártica.

Las muestras de nieve fueron derretidas, y el agua resultante filtrada. Las impurezas, capturadas en los filtros, fueron analizas en el Laboratorio de Radiometría y Fotometría de la Universidad de Santiago, siguiendo una técnica desarrollada originalmente por el Dr. Stephen Warren, asesor del proyecto e investigador de la Universidad de Washington (Seattle). 

Principales resultados

En su presentación en Viena, el Dr. Cordero informó que los muestreos realizados demuestran que “afortunadamente la cordillera no está ampliamente afectada por la contaminación”.

En esa línea el científico destaca que las concentraciones de carbono negro detectadas fueron en general menores a las 14 nanogramos de hollín por gramo de nieve, lo que puede considerarse bajo y ubica a las nieves andinas al nivel de las de Alaska o el Ártico canadiense.

El científico explica que “las concentraciones de carbono negro encontradas en la nieve andina implican reducciones en la reflectividad o albedo de la nieve menores al 2%, y que es por lo tanto poco probable que actualmente estén provocando una señal climática relevante”.

Pese a que se esperaba que las concentraciones de carbono negro fuesen bajas en la cordillera norte, los bajos valores de impurezas en la zona sur fueron sorpresivos para los investigadores debido a su cercanía con los centros urbanos que utilizan leña como fuente de calefacción.

El informe del Dr. Cordero sí reveló notables excepciones, es decir, puntos en los que se detectaron concentraciones mayores a 40 nanogramos de hollín por gramo de nieve: Cerro Toco en la Región de Antofagasta (muy cerca de generadores a diesel de grandes proyectos astronómicos), y Valle Nevado/LaParva (muy afectada por la contaminación de Santiago).

Respecto a la nieve Antártica, el informe confirmó que se trata del continente más limpio del mundo. Las concentraciones de hollín en Glaciar Unión (a 800 millas del Polo Sur) resultaron menores a 1 nanogramo por gramo de nieve mientras que en los lugares cercanos a las bases nacionales, en el extremo norte de la Península Antártica, la concentración resultó similar a la medida en algunos puntos del Ártico (entre 3 y 6 nanogramos por gramo de nieve).

En tanto, el Dr. Cordero enfatiza en que continuarán trabajando en la misma línea, debido a que, “el principal resultado de nuestro proyecto hasta ahora es que la contaminación no puede explicar por si sola el retroceso observado en las últimas décadas en la cobertura de nieve o de los glaciares andinos, pero eso no disminuye los devastadores efectos del Calentamiento Global y sus efectos secundarios”, puntualiza.

A su vez, el equipo espera continuar trabajando en determinar la altitud en la cordillera que el carbono negro generado en Santiago puede alcanzar, “para analizar si la contaminación urbana tiene un papel significativo en la tasa de derretimiento de los glaciares”, según explica el Dr. Fabrice Lambert de la U. Católica.

Además, evaluarán si la gran presencia de carbono orgánico detectado es presumiblemente generada en incendios forestales.

El Gobierno lanzó la semana pasada el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), una plataforma que permitirá transparentar las cifras delictuales de cada comuna a través de la página web de Carabineros. Esto posibilitará que se realicen reuniones cada 30 días, donde el comisario de cada unidad policial y representantes del municipio, la gobernación y la intendencia puedan evaluar el trabajo de la institución.

El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, reconoce que la iniciativa impulsada por el Gobierno va en la línea correcta, ya que considera que una de las debilidades del trabajo policial se encuentra en su poca efectividad para hacer seguimiento de los delitos. Sin embargo, estima que esta plataforma no puede ser administrada solo por Carabineros.

“Podría haber un incentivo perverso para que Carabineros desestime denuncias o no las impulse para no aparecer con aumentos delictuales”, explica. “Más que el diseño, lo importante es ver cómo va a operar esto y qué control civil tendrá el sistema, si esto está solo en manos de Carabineros no dará los resultados esperados”, insiste.

El especialista señala que, aun cuando se establezcan sanciones para quienes adulteren datos, se deben reducir los márgenes de discrecionalidad en la administración de estas cifras, ya que puede terminar generándose una política organizacional al interior de la institución policial que termine complicando el trámite de realizar denuncias a las víctimas, con el único objetivo de que el trabajo de la unidad sea mejor evaluado.

“En todas partes del mundo, la denuncia es un tema controvertido, porque sabemos que esta se ocupa como indicador del delito, pero solo reporta una parte menor de la cantidad de crímenes que efectivamente ocurren, porque la denuncia es un acto voluntario de la víctima. Si la víctima no tiene confianza en el sistema o tiene miedo, no hace la denuncia”, afirma.

Finalmente, Araya estima que el control civil debiera efectuarse a través de un chequeo de la victimización y contrastarla con las cifras de denuncia. “Si no hay coherencia entre estos números, es porque el sistema no está funcionando bien”, concluye.

“Hay que evaluar la actual forma de medir y proponer una más representativa y confiable. Esperamos contar con un nuevo indicador durante el segundo semestre de este año”. Con estas palabras, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, se refirió a la forma en que se mide la evasión. Esto, luego que este presentara una variación de cinco puntos entre enero-marzo de este año, donde la elusión alcanzó un 28,5%, y el trimestre anterior, que había registrado 23,7%. La diferencia extrañó al Gobierno y lo motivó a convocar una comisión de expertos para evaluar un nuevo mecanismo.

Sin embargo, para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, no es necesario cambiar el mecanismo, sino que analizar las razones de por qué se presentó una diferencia tan grande entre un trimestre y otro. “Cualquier mejora al mecanismo de muestreo de la evasión es muy razonable, pero eso no soluciona el problema de la alta elusión del pasaje. Es como si se quisiera mejorar la fiebre cambiando el termómetro”, compara.

En la actualidad, la evasión se mide de acuerdo a un muestreo en que el Ministerio de Transportes elige 63 servicios de buses al azar, en los que un “observador incógnito” registrará la cantidad de pasajeros que pagan y los que no lo hacen. Luego, se calcula un promedio ponderado por cada empresa del Transantiago, a objeto de llegar al resultado final.

Para Martin, aunque se mejore el muestreo, la forma de medir la evasión siempre llegará a resultados aproximativos y, por lo mismo, será objeto de críticas constantes, porque nunca logrará cubrir la conducta de todos los usuarios del sistema. “Si uno quisiera medir la evasión con total certeza, la muestra tendría que cubrir el 100%, pero una fiscalización como esa sería tan costosa como la operación misma del sistema, por la cantidad de personas requeridas para llevarla a cabo”, sostiene.

Por otra parte, para el especialista existen razones que explican que la diferencia sea tan grande entre un trimestre y otro. En primer lugar, por el aumento del valor del pasaje efectuado a principios de año. Segundo, porque el Gobierno optó por postergar el mejoramiento del sistema de transportes, al dejar caer la licitación del nuevo Transantiago, que había dejado la ex Presidenta Michelle Bachelet y que consideraba la renovación de la flota, señal de mejoramiento de la calidad para el usuario que no fue considerada por la actual administración al momento de desestimar la convocatoria.

Finalmente, el académico insiste en el valor de tener cifras que puedan compararse en el tiempo, lo que se perdería si se cambia la manera en que se mide la evasión del Transantiago. “Hay que tener cuidado cuando se critica un resultado que no es el que uno espera. Hay un empeoramiento de la situación que, básicamente, se debe a una falta de señales de mejoramiento del sistema para el usuario”, concluye.

Con largas filas partió este lunes 23 de abril el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que se encuentran en situación irregular y que ingresaron a Chile hasta el 8 de abril. Durante el primer día, más de 13 mil personas se inscribieron para legalizar su situación en Chile, pero en algunos casos tuvieron que llegar con hasta 12 horas de anticipación. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresaron preocupación por las condiciones en que miles de migrantes esperaron por un número.

Al respecto, la Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, concuerda con esta visión del INDH. En primer lugar, critica lo que considera una planificación “apresurada” de la jornada. “Hay premura en este proceso, demasiado apuro. Si se sabía que eran miles de inmigrantes en situación irregular, las autoridades debieron prever medidas para atender correctamente a esta cantidad de personas”, afirma.

Por otra parte, la especialista apunta que las condiciones para los migrantes que esperan por su turno tampoco fueron las más adecuadas. “Pasan la noche en la calle y esperan en un lugar que no les da la posibilidad de acceder a un baño”, critica. “Tal como hay que resguardar que la gente entre de manera regular, también debe respetarse al migrante”, enfatiza.

Finalmente, la especialista indica que regularizar a esta población es una buena señal, ya que el país puede determinar el tipo de migrante que se encuentra en Chile y le permite a los extranjeros aspirar a un trabajo más digno en áreas donde su participación puede terminar siendo vital para la economía del país.

“Una migración regularizada trae el beneficio de que esta gente va a poder encontrar, conforme su expertise o la formación que tenga, un trabajo normal, digno y regulado. Por otra parte, desde el punto de vista de la sociedad chilena, hay muchas áreas donde la participación del migrante va a ser esencial”, concluye.

Un alza del 40,6% obtuvieron las Isapres abiertas durante el año pasado, en comparación a 2016. Las utilidades son las más altas desde 2012, alcanzando los $70.577 millones, y el principal factor que explica el aumento es una mayor recaudación asociada a la prima GES -que son beneficios garantizados por ley que cobran las Isapres para que sus afiliados accedan a las garantías del plan AUGE-, que subió un 38,9% en 2016, lo que significó una recaudación adicional anual para cada empresa de entre $30 mil y $50 mil por beneficiario.

El economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, concuerda en que el alza en las ganancias del sistema privado se explica por el ajuste en la prima GES, pero, además, suma otros factores enquistados en el sistema, como la discriminación que realizan las Isapres por sexo, edad y prevalencias de sus afiliados, lo que hace que cobren por criterios que no hacen justo el acceso a la salud.

“Las Isapres aprovechan el dominio de mercado que tienen, como quien vende un producto que tiene mucha demanda o cuya demanda no puede ser dejada de lado, porque es salud. Son relativamente monopólicas respecto de sus propios beneficiarios”, afirma. “El sistema necesita ser reformado sin duda, ya que tiene varias deficiencias”, enfatiza.

El académico critica que una gran cantidad de fondos asociados a la prima GES no son utilizados por las Isapres, lo que termina provocando que dichos fondos terminen constituyendo solo utilidades, ya que el sistema de salud privado no contempla la devolución del dinero que recibe.

“Eso es una debilidad del sistema GES, porque si se está pagando por el acceso a los servicios, debiera haber alguna forma de que esos recursos pudieran ser manejados con más eficiencia, teniendo a más gente incorporada o más enfermedades que pudieran ser cubiertas. Si está sobrando dinero, hay algo que no está bien”, afirma.

Finalmente, indica que la reestructuración de las Isapre debe contemplar la no discriminación por tipo de paciente, estableciendo un plan base que garantice igualdad de sus afiliados en el acceso a la salud y no, a través de precios diferenciados. “Debe establecerse un plan base de atención de salud a cualquiera de sus afiliados, independiente de su condición”, concluye.

En el marco del plan de descontaminación para Santiago que dejó el Gobierno anterior, el Ministerio de Transportes informó que la restricción a catalíticos, que comenzará a regir desde el 2 de mayo para vehículos inscritos antes de septiembre de 2011, será de solo un dígito y no de dos, como había anunciado la administración anterior. Además, la cartera señaló que la medida solo regirá para quienes circulen al interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, con lo que las comunas con más habitantes de la RM –parte de Maipú y todo Puente Alto- quedarán exentos de la norma. Similar será el caso de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Para el experto en contaminación atmosférica y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, acotar la restricción de catalíticos solo al interior del anillo que  forma la circunvalación es insuficiente y no logrará una disminución significativa de material particulado fino (MP 2,5) en el corto plazo en la capital. Esto, porque la cantidad de vehículos que se restringirá será menor en comparación con el total que circula por la Región Metropolitana.

“Restringir un solo dígito en vez de dos estaría bien; es decir, que la medida se implemente de forma gradual y que este año se prohíba la circulación de solo un dígito, para luego ir avanzando. Sin embargo, que además se aplique solo dentro del anillo de Américo Vespucio es diluir la señal completamente”, afirma. “Lo importante era dar una señal fuerte, de que se está comenzando a implementar la restricción”, lamenta. “Acotar la restricción a esta zona es casi como decir: ‘vamos a jugar este año’”, critica.

Para el especialista, lo correcto habría sido expandir la restricción a toda la Región Metropolitana o, por lo menos, al Gran Santiago, para que la población completa comprendiera que el sentido de la restricción es disminuir la cantidad de automóviles que circulan por toda la capital, lo que a su juicio no se logra con esta determinación. 

Con todo, el Dr. Gramsh reconoce que la restricción vehicular es la medida correcta para descontaminar la capital. Según el académico, alrededor del 40% del material particulado es generado por los vehículos, por lo que se debe seguir atacando la fuente de emisiones más importante de la capital.

“En estos momentos, tenemos que avanzar en restricción vehicular porque se ha estancado el proceso de descontaminación que había avanzado desde 1980 hasta 2010. Ese año, la disminución de la contaminación comenzó a detenerse por el aumento del parque automotriz”, concluye.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, había designado a su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina. “Más allá de las cosas pequeñas de la política, yo quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo”, sostuvo el Mandatario con el objetivo de defender su nombramiento y enfrentar las críticas surgidas desde la oposición. “Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos”, insistió. Pese a ello, el Jefe de Estado decidió retrasar su nombramiento oficial, a la espera de que Contraloría se pronuncie respecto a los requerimientos presentados por el PC y el PS.

Sin embargo, el abogado especialista en derecho administrativo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, cuestiona el eventual nombramiento del Mandatario, ya que si bien la ley no prohíbe expresamente que los Jefes de Estado nombren familiares en cargos públicos -solo se lo impediría a los Jefes de Servicio-, tampoco entrega facultades para que los Mandatarios incurran en conductas que la ley impide. Según el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, no pueden ingresar a cargos en la administración del Estado parientes hasta el tercer grado de consanguinidad respecto de autoridades y funcionarios directivos.

En ese sentido, Zambrano insiste en que mientras más alta la autoridad, mayor debe ser su exigencia ética y su conducta “modélica” –es decir, imitable para el resto de los miembros de su administración-, dando cumplimiento al artículo 8° de la Constitución, que señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio definido por el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como consistente “en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Por lo tanto, a su juicio, el eventual nombramiento de Piñera estaría reñido con la Constitución.

“Su acción es contra intuitiva con el concepto de probidad. El Presidente no puede escudarse en que la ley no lo prohíbe sino, por el contrario, debe actuar en función del principio de probidad, de actuar intachable y ético”, subraya.  De acuerdo a Zambrano, “el mensaje que está entregando el Presidente de la República a los Jefes de Servicio o demás integrantes de la administración es muy equívoco, porque un Jefe de servicio no puede designar, por muy experto o profesional que sea, a un familiar en un cargo de confianza, no obstante el Presidente de la República sí lo hace”. En otras palabras, “si la conducta del Presidente de la República la practicara un Jefe de Servicio, dicha actuación sería contraria a la Constitución y la ley”, enfatiza.

Finalmente, aunque el especialista reconoce que el nombramiento puede apuntar a generar una relación más cercana con el país trasandino, señala que “a la Presidencia de la República no se va a hacer amigos”.  “La ley no lo prohíbe, pero el principio apunta mucho más allá que a cumplir una ley. Requiere una conducta más proactiva respecto de la exigencia ética y moral del caso, ya que la norma no puede ponerse en todos los casos de perversidad de la acción humana. En ese sentido se promulgó el principio de probidad como principio y no como norma estricta, porque la idea es cumplir más de lo que la ley literalmente dice”, concluye.

El último informe de Cuentas Nacionales por Sector Institucional realizado por el Banco Central reveló que la deuda de los hogares alcanzó el 71,1% de su ingreso disponible en 2017, llegando a su mayor nivel desde que se tiene registro. Los pasivos del año pasado fueron de $83.374 miles de millones (US$135.700 millones), un 9,7% más que en 2016.

El economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Víctor Salas, reconoce que el nivel de deuda es “altísimo”, pero descarta que esto provoque mayores resguardos para que las familias dejen de consumir bienes. Desde su perspectiva, lo que revelan estas cifras es que “las personas no tienen miedo a endeudarse y el sistema financiero tampoco tiene miedo a facilitarle créditos”.

Para el especialista, esto se debe a que los chilenos han aumentado significativamente su estándar de vida. “En 1990, teníamos un ingreso per cápita de US$4.500, pero en 2015 subió a US$24.500. Obviamente, estamos en otro nivel de consumo”, explica.

El especialista indica que el alto nivel de deuda se debe a que en los últimos años la actividad económica se ha expandido a tasas decrecientes. “Crece el ingreso, pero menos de lo que crecía en años anteriores, entonces, los ingresos que la población recibe han seguido ese mismo derrotero”, señala.

Sin embargo, prevé que la banca no será más restrictiva para el otorgamiento de bienes, aun con tales niveles de endeudamiento. Esto, producto de que las perspectivas económicas para este año son positivas. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del 10 de abril del Banco Central, la economía nacional crecerá entre un 3,6% este año.

“La banca va a seguir prestando, porque estamos en un ambiente optimista hoy, de que crecerá el producto y la inversión, y los créditos estarán en un nivel aceptable que quizá haga que el endeudamiento se mantenga en alrededor de 70% para la medición de este año”, afirma.

El economista indica que esta situación tampoco desestabilizará el sistema financiero, considerando que en los países de la OCDE, la relación deuda versus ingreso de los hogares era de 117% en 2014-2015, países como Noruega o Suecia presentan cifras aún mayores (213% y 172%, respectivamente) y no han presentado problemas.

Sin embargo, reconoce que esta situación hace urgente que la educación financiera se imparta en los niveles más tempranos de la educación. “Falta enseñar economía a nivel de la educación básica, para que cuando los jóvenes salgan del colegio, no sean capturados inmediatamente por los sistemas bancarios y se endeuden. Debieran saber hacer sus cálculos”, concluye.