El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, denunció esta semana que el ente fiscalizador ha recibido “cientos” de denuncias porque “alguien le exige el pago de una comisión” a una determinada persona para que estas accedan a una prestación en los servicios de salud públicos, saltándose así las listas de espera de pacientes No Ges al interior de los hospitales. “Es un caldo de cultivo de la corrupción cuando no existen criterios para priorizar en las listas de espera o para la asignación de los pabellones”, afirmó.

Al respecto, el especialista en salud pública y Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Dr. Mauricio Osorio, sostiene que esto podría evitarse si las listas de espera fueran transparentes para el paciente. “Cuando la persona se siente postergada y está en una lista sin claridad de cuándo será su turno para resolver el problema de salud que le aqueja, obviamente que puede verse tentada de participar en una situación absolutamente reñida con lo que la ley indica para resolver su situación, saltándose la lista de espera”, explica.

De acuerdo al Dr. Osorio, si el paciente supiera el lugar en que se encuentra y bajo qué criterios se avanza en la lista, el espacio para que se cometan arbitrariedades se reduciría significativamente, evitando así la corrupción en el sistema público. “Esta situación que da cuenta el Contralor es anómala y nadie puede estar de acuerdo con ella, por lo que hay que buscar los mecanismos por los cuales de una manera conocida y clara la gente pueda solucionar su problema de salud si entra a una lista de espera, sabiendo el orden para estimar mejor cuándo resolverá su problema de salud”, afirma.

A su juicio, esto también daría al paciente la señal de que el sistema de listas de espera funciona correctamente. “No solo hay que tener el registro, sino que eso debe ser transparentado. Tiene que haber alguna manera de que la persona vaya, pueda mirarse donde está y ver que, efectivamente, va corriendo la lista de espera”, señala.

Finalmente, respecto al anuncio del Ministerio de Salud de que los hospitales atenderán los sábados y domingos, para descongestionar el sistema, el especialista indica que es importante  conocer si esto se hará externalizando servicios, porque podría provocar una pérdida de recursos para el sistema público. “Hay elementos en el sistema que pueden generar estos actos de corrupción, por lo que deben transparentarse para evitar que esto se repita”, concluye.

La Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó la demanda de la empresa BCI, que pretendía que la instancia considerara ilícito el uso de un audio privado entre ejecutivos del banco y trabajadores descolgados de una huelga, donde el ente financiero incurría en prácticas antisindicales. De esta forma, el Máximo Tribunal abrió la puerta a que las grabaciones sin consentimiento sean utilizadas como medio de prueba para que un juez pueda emitir sentencia.

Para la abogada especialista en derecho laboral y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Cecily Halpern, la decisión es negativa, ya que permite que medios que son considerados ilícitos desde el punto de vista penal terminen siendo aceptados por los tribunales de justicia, afectando los derechos de las personas.

“Hasta el momento, lo que había indicado la jurisprudencia en general es que las grabaciones, para ser consideradas como pruebas judiciales, tenían que ser consentidas. Por eso, el fallo sorprende”, señala la abogada. “Esto va a afectar la confianza de lo que se dice y lo que no en una reunión. Eso me parece negativo y da pie para que empleadores o trabajadores usen grabaciones no consentidas para efectos de darlos a conocer a terceras personas”, señala.

Desde su punto de vista, esto puede terminar generando un clima de desconfianza nocivo para el ambiente laboral de una empresa. De generalizarse el criterio judicial, señala que los actores no considerarán necesario que su contraparte exprese la voluntad de dar a conocer públicamente algo que se está tratando en un espacio que, en principio, se define como privado, lo que podría generar un alto grado de alejamiento entre las distintas esferas.

“Los empleadores se van a cuidar más de sostener una comunicación fluida con un sindicato o con trabajadores, porque estarán atentos a que sea grabada y que salga del marco de esta reunión; entonces, mejor no decir algo que, quizá, sí podría haber mejorado la relación de trabajo, que tiene que ser armónica y de confianza”, insiste.

Finalmente, indica que si la justicia acepta este medio probatorio en principio ilícito para una causa de trabajadores, también tendrá que aceptarlo para una de empleadores. “Lo que está en juego acá es que lo que la ley califica como un medio ilícito -una grabación no consentida-, la Corte Suprema sí la admite en este caso, lo que cuestiona la manera de comunicarse entre empleadores y trabajadores”, concluye.

El último informe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) arrojó que durante 2017 se registraron 94 mil accidentes viales, la cifra más alta en 45 años –es decir, el número más abultado desde 1975, año en que se inició el registro de siniestros-.

Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, el principal factor que explica esta cifra es el incremento del parque automotriz. Según  la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en el primer trimestre de este año se comercializaron 98.104 automóviles, 21,5% más que en igual periodo de 2017 y la mayor venta reportada para este período desde que hay registro, en 2011.

En ese sentido, para el especialista, una de las principales causas que impulsa este fenómeno es que “Transantiago no está entregando el servicio que los usuarios esperan y, por eso, muchos terminan optando por los vehículos, abandonando el transporte público”, afirma.

Por otra parte, el académico reconoce que el exceso de velocidad también influye en la cantidad de accidentes, pero indica que esto tiene que ver más con la educación vial de los conductores que con fijar un límite de velocidad máxima urbana, como se discute en el Congreso tras la reposición del proyecto que bajaría de 60 a 50 km/h el tope de velocidad en la ciudad. A su juicio, si no existe una fiscalización efectiva de esta eventual norma, será inoficiosa, ya que los conductores suelen avanzar a la velocidad que estiman conveniente cuando tienen oportunidad.

“El curso de manejo debería ser obligatorio para todos. Así, las personas que tendrían un mejor comportamiento, administrando bien los tiempos y manejando la ansiedad, además de todo lo relacionado con la educación vial. En otros países, esto es obligatorio”, concluye. Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, no es obligatorio para todos hacer el curso de conducir en una escuela de conductores para rendir el nuevo examen, solo para los postulantes a licencia de conductor excepcionales, mayores de 17 años y menores de 18. 

Un anexo a las indicaciones sustitutivas del proyecto de ley de migraciones que ingresó el Gobierno este miércoles, calcula que el costo para el Fisco asociado a la inmigración es de $154.358 millones, lo que considera dinero utilizado para remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores con extranjeros.

Al respecto, la Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, reconoce que los costos son altos para el Estado, pero hace la salvedad de que la inmigración no solo trae gastos al fisco, sino que también beneficios, ya que impulsan la actividad económica al incrementar la fuerza de trabajo.

“La inmigración tiene muchos beneficios económicos”, insiste la Dra. Norambuena. “El porcentaje menor que está establecido para la contratación extranjeros, de un 15% del total de trabajadores en una empresa, debe aumentarse, porque muchos rubros los requieren”, sostiene.

Aunque sostiene que el enfoque de las medidas sustitutivas, centradas en las restricciones para el ingreso de extranjeros, son adecuadas porque vienen a dar solución a un problema real, que serían las pocas trabas que pone Chile para la entrada de migrantes, enfatiza que la legislación también debe  considerar los derechos de una población que aporta al país.

“A veces se critica este fenómeno, sin considerar que los inmigrantes que tienen un trabajo normal son personas que, como todo chileno, tienen que pagar impuestos. Cancelando esto, pagan todas sus obligaciones en áreas como la salud o la educación, por ejemplo”, señala la Dra. Norambuena.

Finalmente, señala que no debe escandalizar el número de inmigrantes que calculó el Gobierno a principios de abril. “Un millón de inmigrantes en la población total del país no es una cifra alarmante; estamos entre los países con menos población extranjera”, concluye.

Metro de Santiago presenta los horarios de funcionamiento más acotados si se compara con trenes subterráneos de Latinoamérica como Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México. En la ciudad brasileña, por ejemplo, el último tren circula a las 00.00 horas en días de semana y a la 01.00 h los fines de semana. En ciudades como Nueva York y Chicago, en tanto, el servicio funciona las 24 horas del día.

Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, sería positivo que el ferrocarril metropolitano extendiera su horario de funcionamiento, por la calidad del servicio que entrega y por la seguridad que ofrece a sus pasajeros, comparado con lo que sucedería con los buses del Transantiago. En ese sentido, señala que los principales beneficiados serían los trabajadores de jornadas nocturnas.

Sin embargo, reconoce que el flujo de pasajeros en las noches es menor en comparación a quienes utilizan el transporte público durante el día. Esto último haría que la rentabilidad económica de una medida de este tipo fuera muy poca. “En consecuencia, una decisión como esta requeriría al menos una coordinación con el Ministerio de Trabajo, para definir políticas de jornada laboral que la justifique”, sostiene.

De acuerdo a Martin, diariamente se mueven en transporte público 6 millones  de personas en la capital. Por lo tanto, para compensar las eventuales pérdidas que generaría extender el servicio, al no contar con una demanda similar a esta, habría que incrementar el valor del pasaje, evitando aumentar el subsidio estatal que, a la larga, terminaría por perjudicar las arcas fiscales.

“Una determinación como esta solo podría argumentarse en función de un impacto social significativo, pero es necesario analizar la realidad de jornadas de trabajo en Santiago con mayor detalle, para poder justificar esta medida”, puntualiza.

Finalmente, insiste en que la experiencia internacional indica que el subsidio del Estado para los ferrocarriles que funcionan de noche es demasiado alto como para ser costeado por nuestro país. “Procesos de consulta participativa son, probablemente, el mejor camino para dimensionar esta demanda nocturna, para no terminar equivocándonos  al tomar una acción solo desde la teoría o en función del posible impacto mediático”, concluye.

La semana pasada fue publicada en el Diario Oficial la ley que crea el denominado ‘registro de evasores’ del Transantiago, que fijó 60 días para su implementación. Es decir, la lista de pasajeros deudores comenzará a regir el 5 de junio, y para quienes ingresan a esta no se les devolverán impuestos y se les suspenderá la entrega de la licencia de conducir.

Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, este registro constituye una medida regresiva, ya que termina castigando a los sectores socioeconómicos con más dificultades presupuestarias para costear un pasaje de bus que alcanza los $660 pesos.

Por lo tanto, considera que la medida amenaza con empeorar la percepción que tiene el usuario respecto al Transantiago, ya que se suma a las últimas acciones concretas sobre el servicio, como el aumento en $20 pesos del precio del pasaje efectuado en febrero (lo que motivó una jornada de evasión masiva en el Metro) y la postergación de la nueva licitación, lo que constituye un aplazamiento indefinido respecto a las mejoras que podría haber presentado el sistema.

“Es malo decirlo, pero el escenario no es muy positivo y hace urgente que el Gobierno actúe rápido para mejorar el servicio. La expectativa de cambio aparejada a la nueva licitación y que se suspendió da la señal de que la postergación solo deja cosas malas. Espero que no suceda, pero podría haber una reacción negativa respecto al tema de la evasión”, sostiene.

Para el especialista, una medida punitiva en un contexto donde los índices de evasión venían a la baja carece de sentido. Además, indica que para lograr una reducción en la materia se requiere, también, un cambio en las formas de pago y explorar alternativas para subsidiar el pasaje de los sectores más desposeídos.

“Sería interesante que si Metro se hace cargo de ciertos recorridos del Transantiago, como deslizó la ministra Hutt, asumiera los lugares donde hay más rentabilidad e impacto social en el transporte y definiera precios subsidiados, de manera de ayudar a los estratos socioeconómicos con más necesidades de la ciudad”, señala.

Finalmente, el especialista indica que aunque solo las personas naturales, y no las empresas, podrán acceder a esta lista, nada asegura que el mismo consultante transfiera los datos a su empresa para tomar decisiones como, por ejemplo, negar créditos a quienes los necesitan. Esto, en la práctica, generaría ‘listas negras’ difíciles de fiscalizar, considera.

“La gente está recibiendo señales de endurecimiento del sistema sin tener ningún beneficio todavía, por lo que es urgente que el Gobierno tome medidas para mejorar la calidad de vida del usuario”, concluye.

Una congestión sin precedentes experimentó la Ruta 68 este domingo, cuando alrededor de cuatro mil cuatrocientos vehículos retornaban a Santiago tras el fin de semana largo por Semana Santa, lo que produjo congestiones vehiculares de hasta siete kilómetros de longitud.

Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, situaciones de este tipo provocarían menos problemas si, en los procesos de licitación de autopistas, se pidiera como requisito a las concesionarias proponer un software que entregara información oficial sobre el estado de las vías principales y adyacentes, con la finalidad de que los automovilistas tomen mejores decisiones y no terminen colapsando solo una alternativa.

“Falta una visión global de la problemática, porque la concesionaria vela solo por su autopista y, sin embargo, está todo conectado, las calles, caleteras adyacentes y vías alternativas. Esa visión de mirarlo todo como un sistema completo se pierde, y terminamos solo en esfuerzos individuales que, a fin de cuentas, no generan los resultados que se esperan. Tiene que haber una integración para que estas cosas no pasen”, afirma.

El especialista reconoce que existen aplicaciones como Waze que proveen este servicio, pero enfatiza que esta información no es oficial. “Existen softwares que no son oficiales y que solo entregan información que proporcionan los usuarios por tener su celular encendido”, afirma. Por eso, considera adecuado que en los contratos de licitación “exista algún acápite o reglamento que obligue a la autopista a proveer información en tiempo real de lo que sucede. Naturalmente, el automovilista estaría mejor informado y podría tomar mejores decisiones de desplazamiento”, señala.

Tareas pendientes

Producto del atascamiento, el Gobierno anunció una mesa de trabajo que integrará el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Obras Públicas, las concesionarias de autopistas y Carabineros.  Dentro de los ejes que abordará la instancia, se encuentran el aumentar la infraestructura con más inversiones, nuevas formas de transporte, más tecnología y contar con una ruta resiliente para todas las entradas a Santiago.

Para el Dr. Sepúlveda, trabajar en todas estas áreas es indispensable para solucionar el problema de los atascos en los accesos a la capital. Sin embargo, sostiene que también debe incluirse la educación vial de los conductores, ya que, en muchas ocasiones, son sus conductas en las autopistas las que terminan generando la congestión.

“Por ejemplo, si se fuera a una velocidad estable y sin cambiar de carril, el automóvil de atrás no tendría que detenerse. El comportamiento de piloto de carreras de algunos hace que la velocidad del resto disminuya, sin considerar los inescrupulosos que se van por la berma y entorpecen más. Ese es un aspecto que debe incluirse dentro de la solución”, señala.

Finalmente, considera que la medida más urgente es mejorar la gestión de las emergencias, para lograr un despeje expedito de las vías, mediante un sistema donde existan indicadores que midieran el tiempo de respuesta para dejar operativa la autopista nuevamente. “En este tipo de mesas anunciadas por el Gobierno, debiesen estar representados los usuarios, y las universidades y centros de estudio, que podrían aportar con soluciones innovadoras”, concluye.