El Gobierno anunció a fines del mes pasado el proyecto de Ley Anti-amedrentamientos para evitar los llamados “funerales narcos”. El proyecto busca tipificar como delito la posesión, uso, tenencia o porte de artículos pirotécnicos (actualmente, solo es una infracción), aplicando una sanción que iría desde los 61 días hasta los cinco años de prisión, en caso que hayan agravantes, como que turben la tranquilidad pública, pongan en peligro de la seguridad de terceros o infundan temor en la población.
Para la experta en seguridad ciudadana y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Lucía Dammert, esta iniciativa “atiende más bien a una necesidad comunicacional conocida como populismo punitivo, donde ante la presencia de ciertos hechos que provocan conmoción ciudadana, los Gobiernos responden con propuestas de ley que endurecen las penas, aumentan niveles de castigo, proponen prisión efectiva, pero no resuelven necesariamente el problema de fondo”.
A juicio de la especialista, que se desempeñó como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y miembro del Consejo Asesor de la ONU en Asuntos de Desarme, el verdadero problema no es este hecho puntual, sino el narcotráfico en general, el cual se resuelve con una efectiva persecución penal del Ministerio Público y un mejoramiento en los mecanismos de capacitación e inteligencia de las policías, para que puedan adelantarse a la realización de estos hechos.
“La mayoría de las iniciativas de política de seguridad que se concentran en mecanismos más bien jurídicos, de aumento de penas de cárcel, tienen una vocación comunicacional efectista, de cambiar la percepción política para hacer ver fuerte a un Gobierno”, explica. “El Gobierno ha visto la necesidad y se ha encontrado además con una coyuntura política donde esta discusión puede sacar del centro otras discusiones”, considera la socióloga, Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden (Holanda).
Según la Dra. Dammert, ya existen herramientas de gestión y política pública para regular el porte, registro e ingreso de armas, por lo que una propuesta de ley en este sentido resulta innecesaria. “En los narco entierros pareciera no haber la inteligencia para reconocer la información que a nivel territorial es muy conocida. Cuando hay un evento de este tipo, los vecinos ya saben que va a ocurrir. Lo llamativo es que estos sepan y la policía no. Lo que se requiere es más presencia policial en las calles y alertas tempranas desde el Ministerio Público y las policías”, insiste.
Finalmente, “en el caso chileno, donde los niveles de esto son bajos y el fenómeno es acotado, uno esperaría no necesitar de un protocolo especial para hacer la labor que las policías tienen que hacer. Si tanto ellos como la Fiscalía lo hacen, este no debiera ser un problema mayor", concluye.
