El mito de la caverna de Platón nos permite ver cómo nos encontramos encadenados dentro de una caverna, situación que hace que las sombras que vemos reflejadas en la pared sean aquello que consideramos como real. Es el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. En esta columna describiré cómo son las sombras de la oscura negociación del TPP-11 y las razones del por qué se ha puesto en jaque nuestra soberanía nacional, mediante un nuevo marco legal para la creación de un Gobierno empresarial transnacional.

El TPP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un proyecto valorado como un tratado internacional de comercio, cuyas primeras negociaciones se realizaron en el último Gobierno de Michelle Bachelet, y su contenido, en primera instancia secreto, fue desclasificado por Julián Assange; sí, el hacker creador de WikiLeaks, permitiendo así su análisis y desmitificación de las consecuencias beneficiosas de su firma.

Las implicancias de este acuerdo radican en dos puntos centrales. El primero de estos, es generar una garantía jurídica para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países, lo que en definitiva estabiliza un Gobierno transnacional que sobrepasa la soberanía de las naciones. Y, por lo tanto, somete y domina a los países que lo integran, ya que permite validar la intervención y arbitrajes externos a las normativas propias de un país.

El segundo punto se basa en las implicancias que tiene para la economía nacional, puesto que, si bien un tratado de comercio puede beneficiar al país por el ingreso de cierta industria nacional al comercio internacional, o el acceso a una determinada transferencia tecnológica o a determinados conocimientos o producto de permitir la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en distintas zonas geográficas, nada de ello ocurre para el caso del TPP-11. Muy por el contrario, este tratado está orientado hacia la generación de estadios estables para las inversiones transnacionales. Es más, el fortalecimiento del comercio y el desarrollo económico del país a partir de la firma del TPP-11, es una premisa falsa, porque a diferencia de otros tratados que efectivamente pueden estar orientados a fortalecer el comercio, este no es el caso. Puesto que Chile ya ha realizado tratados internacionales con todos los países que están suscribiendo el TPP-11, entre ellos está Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Por tanto, la realidad es que no van a reducir significativamente los aranceles para nuestras actuales exportaciones, ni va a aumentar el producto interno bruto, según los estudios de la propia Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile.

A lo anteriormente dicho, se le agrega que este tratado no ha estado sometido a una evaluación socioambiental y tampoco ha sido validado mediante una consulta indígena, pasando por sobre acuerdos internacionales firmados previamente como el convenio 169 de la OIT.

Piense usted que a todo lo anterior, se le suma que durante el período de negociación, Estados Unidos realiza un giro respecto de su política de comercio internacional, ya que se orienta a fomentar el proteccionismo respecto de su industria nacional, lo cual implica su controversial salida del TPP-11, evidenciando así que este tratado va en desmedro de la soberanía y la protección de la industria nacional de los países firmantes, siendo un escenario especialmente peligroso para países como el nuestro que no tienen políticas orientadas a la protección de su industria, ni de sus recursos , ni de sus habitantes. A pesar de no beneficiar a la sociedad, nuestro actual Gobierno, insiste en permanecer en este tratado.

Mediante diversos mecanismos se intenta generar la asociación entre el TPP-11 con el crecimiento económico y el desarrollo del comercio. No obstante, gracias a la desclasificación de su contenido, hoy es posible realizar un análisis más certero de sus implicancias.

Implicancias del TPP

En primer lugar, garantizar acuerdos que superan la soberanía de los países, dejan en un segundo plano las realidades locales, y como se manifiesta en este caso, no hubo en ningún momento la intención de promover la participación de la comunidad. Se omite así el deber de haber realizado una consulta al menos a las comunidades indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT. Este hecho constituye una violación a los derechos humanos y una ausencia de democracia económica.

Es necesario entonces, que al momento de generar políticas públicas que afectan a los diversos segmentos de la población, generemos también evaluaciones respecto a sus impactos y no solo se diseñen este tipo de políticas que solo buscan cuidar los intereses de las transnacionales, ignorando el cuidado de la ciudadanía y la soberanía nacional. Por ejemplo, en primera instancia, se hablaba de la inocuidad en relación al medioambiente e incluso al fomento del desarrollo de las mujeres, no obstante, el tratado no menciona ninguna implicancia positiva ni beneficiosa en ninguna de estas dimensiones.

La firma de este tratado de libre comercio obstaculizaría las acciones que apunten a cualquier transformación estructural. Por ejemplo, generar cambios en la Constitución, nacionalizar los fondos de pensiones, generar normativas ambientales distintas a las actuales, modificaciones en el código de aguas, así como también en temas de salud y propiedad intelectual, puesto que una empresa transnacional podría recurrir a un arbitraje internacional si se considera afectada su rentabilidad, impidiendo así la modificación sobre las normas legales.

Gobierno transnacional

En la tragedia griega, la crisis no es el momento en que la gente se da cuenta, sino que la crisis se produce realmente en el momento que se llama el reconocimiento, que es cuando la gente sí percibe las consecuencias de los actos realizados.  El TPP-11 en el fondo es una tragedia griega en el sentido estricto porque la gente no se va a dar cuenta de la gravedad de los hechos hasta que el tratado esté siendo aplicado completamente. Solo entonces se darán cuenta que el pecado que se ha cometido es demasiado grande y desintegrador.

Las concesiones económicas realizadas en el TPP-11 generan una entidad superior de relaciones entre países, con un poder mayor que las propias naciones que lo conforman, al punto que podría ser considerado un mega-Estado que no tiene territorio en un país, ya que se basa en una estructura de relaciones económicas de empresas que trascienden el territorio de una sola nación. En la actualidad, las empresas transnacionales burlan las normativas de los países, no obstante, este tratado genera un marco legal que les permite imponerse a las naciones y es, sin duda, un fenómeno que cambia la lógica del funcionamiento de la economía del planeta.

Una empresa transnacional podrá demandar a un Estado si estima que sus políticas o cambios en las normativas afectan sus expectativas razonables de inversión. En ese caso, la empresa podrá recurrir a un arbitraje internacional, que es un ente privado, dejando las decisiones que soberanamente deben tomar los países en manos de un arbitraje internacional, situación que es lamentable para las sociedades democráticas.

El poder de las transnacionales sobre los estados-nación es cada vez mayor. Esta situación ya es parte de la realidad de la forma en que operan los mercados, no obstante, necesitan generar marcos normativos y legales que les aseguren sus ganancias y el despojo de los recursos de las economías subdesarrolladas.  Al mismo tiempo, este tipo de tratados tienen la finalidad de generar en el futuro mayores estados de acumulación de capital, y para ello necesitan que las actuales condiciones permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, es un tratado con mirada de futuro, en el caso, por ejemplo, de que se produzca un cambio en el ciclo político del continente y los gobiernos de izquierda vuelvan a liderar en la región, creando tratados comerciales para el beneficio de las sociedades. Dada esta situación, los nuevos gobiernos estarían sometidos a trabas legales que les impediría generar transformaciones eficaces.

Por último y a modo de conclusión, los desafíos que se desprenden de este nuevo escenario como país firmante del TPP-11, es que debemos generar transformaciones profundas y estructurales que resguarden los derechos humanos y fortalezcan el desarrollo de las sociedades a nivel internacional. Este cambio se fundamenta en la elaboración de las políticas de cooperación entre los países y en la participación que la comunidad tiene en la construcción política de las sociedades.

Se ha escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en apoyo a su negativa a cualquier tipo de retiro de fondos de AFP, decir que hay que mejorar las pensiones, no disminuirlas. Es una excelente idea. El problema es que con el sistema de AFP no hay manera de hacerlo de manera consistente. Sacar a las AFP y la capitalización individual del corazón del sistema de pensiones no es terminar con la idea misma de seguridad social, sino que es volver a establecerla.

En 1981 hubimos quienes dijimos que la promesa de 100% de reemplazo del sueldo por las jubilaciones a través de la capitalización individual hacia 2020 no funcionaría, ni tampoco la del 70% que otros postularon. Sostuvimos que la continuidad de cotizaciones iba a ser porosa en una economía con mucho empleo informal y que la rentabilidad de largo plazo iba a ser inferior al crecimiento de la masa salarial. Y así ha sido: los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo (algo más de un décimo las mujeres, un tercio los hombres). Esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los futuros jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedió el sistema desde su inicio hasta 2019.

En suma, un fracaso irremediable. El ministro Briones sigue sosteniendo que el ahorro personal debe ser el pilar básico de las pensiones. Eso es persistir erróneamente con un enfoque que en términos empíricos presenta un resultado concreto: las pensiones son bajísimas con una capitalización en las condiciones salariales chilenas y con rendimientos decrecientes de los activos.

Las pensiones no se podrán mejorar hoy en Chile de manera significativa -ni tampoco en el futuro como promete la reforma aprobada en la Cámara de Diputados- con un sistema que siga basado en la capitalización individual. Habrá desde luego un rol de la Pensión Básica Solidaria para evitar que nadie viva en pobreza en la vejez, y eso dependerá de una reforma tributaria. O, en su caso, de un programa serio contra la evasión tributaria vinculado a este fin, que permitiría duplicar el actual gasto fiscal en pensión solidaria y llevarlo al menos al 2% del PIB en plazos razonables.

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales.

Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras serían, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV.

Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente.

En un sistema con este enfoque, las pensiones se pagan de acuerdo a derechos previsionales adquiridos y registrados en la vida activa mediante cotizaciones periódicas. Su monto depende de lo que se recauda, con reservas técnicas para enfrentar las oscilaciones del ciclo económico, distribuido de acuerdo a esos derechos registrados y a las mencionadas compensaciones sociales y de género.

Este enfoque consiste en hacer una reversión de lo impuesto en 1981 en una dictadura, solo que sin la carga de financiar con impuestos las pensiones ya existentes durante décadas. Por construcción, no implica ningún costo fiscal adicional.

El costo fiscal de pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario que complementa las pensiones misérrimas de las AFP es otro tema, que depende de las recaudaciones de impuestos, no de la cotización obligatoria. Obviamente, los bancos y las empresas cotizadas en bolsa sufrirían un impacto: dejarían de disponer de un financiamiento periódico a bajo costo. Pero pueden reemplazarlo sin dificultades insuperables.

La explicación técnica es mucho más larga, pero esto es lo medular, incluyendo que un fondo de capitalización colectiva complemente el sistema con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador que se discute hoy en el Senado, y cuya mitad la derecha insiste en llevar a capitalización individual, lo que mantiene bloqueado el proyecto.

Este aporte adicional debe contribuir a compensar el cambio demográfico. Lo que proponemos es que un sistema contributivo de recaudación y pago sea la base del sistema previsional. Si se pone en marcha a la brevedad, contribuiría, además, a enfrentar la crisis mejorando las pensiones y sosteniendo la demanda de consumo de los hogares.

Se argumenta que la técnica de reparto ya no es viable porque la relación entre el número de trabajadores y los jubilados aumentará a favor de estos últimos por el aumento de la esperanza de vida. Eso es cierto. Hoy existen poco más de 12 millones de personas en edad de trabajar, las que alcanzarán unos 13 millones hacia 2030 y luego disminuirán hasta unos 10 millones hacia 2100. Mientras, los mayores en edad de jubilar son hoy poco más de 2 millones de personas y se estabilizarán en unos 6 millones a partir de 2060, según las proyecciones disponibles. Lo que no es cierto es afirmar que un sistema de reparto no puede adaptarse a esta evolución.

En primer lugar, si los trabajadores aumentan su participación en la fuerza de trabajo, su productividad y sus ingresos (lo que dependerá de otro conjunto de políticas), podrán sostener a más trabajadores jubilados en el futuro que en el presente.

En segundo lugar, dado que el envejecimiento va a requerir de más esfuerzos en materia de pensiones, cualquiera sea el sistema que se utilice, en el caso del reparto el sistema debe incluir modalidades de ajuste de la cotización y de las condiciones de jubilación para asegurar el equilibrio del sistema. Esto lo hacen con éxito los países de altos ingresos que se supone son una referencia para Chile. Cabe recordar que el reparto intergeneracional funciona en la mayor parte de Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etc.) desde fines del siglo pasado y en Estados Unidos desde 1935.

Algunos países, como Suecia e Italia y próximamente Francia, establecieron un sistema de pensiones uniforme según los montos cotizados (cuentas nacionales o sistema por puntos), con compensaciones por razones de equidad social y de género, para evitar la fragmentación de sistemas parciales que suelen ser inequitativos.

Es hora de avanzar en Chile a un sistema mixto de pisos, con una pensión universal pareja financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva y, finalmente, ahorros individuales complementarios y voluntarios con estímulo tributario.

Solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena.

Como una forma de aportar al debate de los problemas sociales que amenazan a Chile y que han sido fuertemente reclamados en las manifestaciones sociales de las últimas semanas, es que el Consejo del Departamento de Administración y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la FAE-Usach, realizaron una serie de “Conversatorios Ciudadanos” que examinaron diferentes temáticas relacionadas a nuestra actual coyuntura social.

El miércoles 20 de noviembre la profesora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Marcela Vera, realizó un completo análisis del TPP-11, bajo el título “¿TPP-11: Oportunidad o amenaza para Chile?”.

En su presentación, Vera comenzó definiendo conceptos básicos para entender este acuerdo, como la globalización y el neoliberalismo. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11, está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su principal objetivo es reducir el rango de maniobra del Estado en la economía, dentro de una amplia gama de materias, entre ellas; económicas, comerciales, derechos sociales y culturales, dificultando la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo.

“Con este acuerdo se busca generar garantía para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países. Así se genera un gobierno trasnacional que sobrepasa las soberanías nacionales y que permite el arbitraje externo”, explicó Marcela Vera a la audiencia.

La académica agregó que Chile ya tiene tratados internacionales con todos esos países, por lo tanto, “la rebaja arancelaria producto de este tratado es cero” argumentó.

A juicio de Vera, otra de las desventajas del TPP-11 es que éste no se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental y social, ni menos a la consulta indígena, faltando a la normativa del convenio 69 de la OIT, dejando de lado a las comunidades locales.

“El gran problema, es que este tipo de tratados ata a Chile al modelo exportador primario, porque su estándar es que mientras las grandes potencias nos envían valor agregado, nosotros mandamos de vuelta, materias primas. Además, es una negociación que se realizó en silencio y el congreso aprueba o rechaza, pero sin la posibilidad de realizar cambios”, agregó.

El TTP-11 obliga a suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, poniendo en riesgo el patrimonio genético y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Junto con esto, el tratado tiene un mecanismo que facilitará que la industria farmacéutica seleccione aquellas patentes que les permita mantener por más años un monopolio de venta en Chile de sus medicamentos innovadores, que tienen precios millonarios, impidiendo el acceso a sus genéricos.

“En palabras simples, un laboratorio que haga ingreso de un medicamento original en nuestro país se aseguraría que, mientras mantenga en videncia su patente, sus competidores genéricos no podrán ingresar al mercado”, concluyó Vera.

Tripartismo: un alternativa al modelo económico neoliberal

Por su parte, el día jueves 21 de noviembre, el académico del Departamento de Administración de la FAE, Héctor Toledo, realizó la charla denominada “Tripartismo: Una alternativa al modelo económico neoliberal”. En ella, el profesor comenzó realizando una explicación sobre el tripartismo como una forma de liderar una organización en tres sectores: gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos.

“Esta forma de gobernar, tiene como fundamento el bien común y, al considerar al Estado, a los empresarios y a los trabajadores (sindicatos), garantiza una lucha por un bienestar para estos tres componentes de la sociedad”, puntualizó Toledo. 

El desarrollo, por lo tanto, proviene de tres generadores de riqueza que tiene una tri-institucionalidad con crecimiento para todos. “Esto trae consigo un real significado de desarrollo, con la torta bien repartida entre todas las instancias de la sociedad y con justicia social”, expresó el académico de la FAE.

Toledo puso como ejemplo a sociedades como la noruega, sueca, danesa, entre otras, que siendo países muchísimos más pequeños que Chile, hacen uso del sistema tripartito para tener un desarrollo destacado en Europa. Puso énfasis, además, en la administración de la economía, e hizo un llamado a mirarla no como lo enseña la teoría clásica, sino más bien desde la evolución de las sociedades.

Finalmente, Héctor Toledo hizo un llamado a los jóvenes presentes en el conversatorio, a estar atentos y ser quienes entiendan el funcionamiento de la sociedad basado en el bien común, pues serán ellos los encargados de continuar con los cambios que puedan lograrse de este movimiento social.