El frío y la bruma matinal no fueron impedimento para los 550 participantes de la 10° Corrida del Deporte de nuestra universidad, quienes se congregaron nuevamente el pasado viernes 17 de mayo desde las 8.30 de la mañana para ser parte de la carrera. El recorrido -de 7,6 kilómetros de extensión- tuvo como protagonistas a integrantes de toda la comunidad universitaria, como también a escolares e invitados externos.

El jefe del Departamento de Gestión de Deporte y Cultura de nuestra casa de estudios, Marcelo Bernal, calificó como exitosa la actividad, ya que superó con creces la convocatoria del año anterior -de 350 participantes, aproximadamente-. Por su parte, Mario González, encargado del evento y entrenador del equipo de Karate del Plantel, afirmó que el sello de la Corrida de este año fue “la vida sana y  la formación integral a través del deporte, e internamente el trabajo en equipo”.

Los y las deportistas corrieron por las calles aledañas al campus universitario y a través de las inmediaciones de éste. Un recorrido que por primera vez surcó Valentina Velázquez, estudiante de primer año de Pedagogía en Educación Física, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Estudiantes con solo dos semanas de preparación. “La verdad es que venía volviendo de una lesión, así que participé con lo poco que he entrenado. Me sentí cómoda y el circuito me gustó bastante”, señaló la ganadora, quien integra el equipo de atletismo de nuestra universidad.

Compromiso con el deporte

El Reporte Global de Notas de Actividad Física  en Niños y Adolescentes 2018 -publicado a principios de mayo del presente año- dejó a Chile como uno de los países peor evaluados entre 49 naciones.  Por otro lado, la Encuesta Nacional de Deporte de Enero de este año arrojó que más del 80% de los chilenos realiza menos ejercicio de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ante esto, Bernal recalcó que “hay un desafío importantísimo a nivel país, y nosotros como Universidad de Santiago tenemos que ser los protagonistas en mostrar cómo lo afrontamos”.

Bernal puntualizó en que “estamos encomendados en generar un bienestar” en la salud física y mental de los chilenos. “El fomentar una vida activa y sana promueve un bienestar  a la sociedad”, aseveró, recordando a la comunidad universitaria la amplia gama de talleres deportivos que nuestro plantel tiene disponibles.

Por su parte, González destacó que esta actividad es la única Corrida organizada por una universidad, agregando que “queremos ser líderes en función de la actividad física y la salud”. El entrenador manifestó que se está buscando generar un evento de este tipo con un carácter externo y más masivo, en donde se puedan convocar a estamento, como el Instituto Nacional del Deporte.

En cuanto a la actividad, Velázquez distinguió lo positivo de sumarse a estas iniciativas, ya que “incluyen a toda la comunidad”. “Es bueno que se motive a la gente a participar y sobre todo a los jóvenes, que hoy en día son muy pocos los que practican deportes”, comentó la estudiante.

Conoce los nombres de los ganadores y ganadoras del evento:

Categoría Estudiantes:

Damas: Valentina Velázquez (Primer Lugar)
   Catalina Arriagada (Segundo Lugar)
   Fernanda Pirvi (Tercer Lugar)

Varones: César Paupein (Primer Lugar)
      Francisco Arancibia (Segundo Lugar)
      Luis Marchant (Tercer Lugar)

Categoría Funcionarios:

Damas: Roxana Silva (Primer Lugar)
   Elizabeth Díaz (Segundo Lugar)
   Vivian Roa (Tercer Lugar)

Varones: Marcelo Soto (Primer Lugar)
      Hernán Retamales (Segundo Lugar)
      Carlos Guzmán (Tercer Lugar)

Categoría Colegios:

Damas: Natalia Chaparro (Primer Lugar)
   Carolina Alfaro (Segundo Lugar)
   Fernanda García (Tercer Lugar)

Varones: Gabriel Zúñiga (Primer Lugar)
      Bastián Díaz (Segundo Lugar)
      Cristián Urrutia (Tercer Lugar)

Categoría invitados:

Damas: Catalina Aguirre (Primer Lugar)
   Silvia Curamil (Segundo Lugar)
   Nathalie Guerrero (Tercer Lugar)

Varones: Hugo Godoy (Primer Lugar)
      Cristóbal Leiva (Segundo Lugar)
      Sergio Soto (Primer Lugar)

La Cámara Chilena de la Construcción presentó el pasado martes 7 de mayo el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) del presente año, estudio que evaluó a 99 comunas de Chile –casi 14 millones de habitantes- de acuerdo a seis factores como Vivienda y Entorno, Conectividad y Movilidad, Ambiente de Negocios, entre otros. ¿El resultado? Vitacura y Las Condes encabezan el listado, mientras que La Pintana, Lo Espejo y San Ramón se encuentran entre las cinco con peor puntuación.

Al respecto, Carlos Muñoz, especialista en urbanismo y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, plantea que ambos polos esconden el verdadero problema de la “segregación territorial de la sociedad en las ciudades chilenas, particularmente en Santiago”. Una realidad que, a su juicio, se explica por la mala distribución de ingresos entre las municipalidades y la población en general.

Lo anterior, según explica el Arquitecto, “se refleja territorialmente”, ejemplificado con la situación de Vitacura y La Pintana, comunas ubicadas en los extremos del ICVU. Además, añade que el estudio plantea una “voz de alerta” que en una misma ciudad “tenemos estas realidades tan antagónicas”. 

“Circulo vicioso”

Muñoz acusa que existe una “falta de voluntad política” transversal a todos los gobiernos  para resolver esta problemática, agregando que medidas como el Proyecto de Integración Social del Gobierno de Sebastián Piñera no son suficientes para solucionar la segregación geográfica en las ciudades.  “Detrás de todo esto, lo que hay es una diferencia abismante en la capacidad de ingresos de las personas”, advierte.

Así, el académico aclara que, al estar inmersos en una sociedad de mercado, los lugares mejor ubicados dentro de la ciudad en cuanto a conectividad, inversión y ambiente sociocultural solo pueden ser adquiridos por las personas más ricas. Mientras que al contrario, quienes tengan menos poder adquisitivo sólo pueden acceder a viviendas a menor precio, pero a la vez más carentes y vulnerables, “segregando más la ciudad a nivel local, regional y nacional”. “Esto es un círculo vicioso”, califica.

Factor económico

Por consiguiente, el experto apunta a que se tomen medidas que busquen lograr mayor equidad en cuanto a los ingresos. Una forma de lograrlo, manifiesta, es mediante impuestos por medio de una Reforma Tributaria que recaude dineros congruentemente con el nivel adquisitivo de las personas –es decir, a menores ingresos, menores impuestos y viceversa-. “Esto va a redundar, inevitablemente, en un mejoramiento de las condiciones laborales, del ambiente de negocios y, por supuesto, en una mejor conectividad y movilidad”, complementa.

Incluso, de acuerdo con Muñoz, una medida como ésta podría tener impactos a lo largo de todo Chile, mejorando la conectividad entre las ciudades y descentralizando el país, al tener el Estado mayor cantidad de recursos, y por ende, mejor capacidad para invertir.

Por lo mismo, el académico hace un llamado a que el Estado pueda recuperar ese gasto y que el sector privado no sea el principal beneficiado, ya que éste no distribuye la inversión en todas las comunas, sino que la focaliza en las que aparecen en el primer lugar del ICVU. De esta manera, no solo se pueden mejorar aspectos relacionados con la planificación urbana, sino que otras áreas como la educación, la salud y el medio ambiente, que también repercuten en la calidad de vida de las personas, concluye el experto.

El Gobierno de Sebastián Piñera presentó el pasado jueves 2 de mayo el Proyecto de Modernización Laboral, iniciativa que, entre sus ejes, busca dotar de mayor flexibilidad a los trabajadores a la hora de asistir a sus empleos. De esta forma, el Ejecutivo planea reducir los días de trabajo semanales a cuatro jornadas, dejando tres para descanso, mediante un acuerdo individual entre trabajador y empleador.

Quien se acoja a la medida deberá trabajar durante doce horas por tres días para completar las 45 horas semanales. En ese sentido, el Doctor en Psicología y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Berríos, afirmó que dicho alcance no asegura un aumento en la producción, en especial si el tipo de actividad es “muy intensiva”. “Las personas con una jornada regular, con ocho o nueve horas, hacen pausas de trabajo y esos son tiempos muertos en donde no se está produciendo”, argumentó.

El especialista en relaciones organizacionales y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) del plantel estatal, sugirió que debiesen mejorar las condiciones y el clima laboral en las empresas y organizaciones, más que reducir los días de trabajo en la semana. “Hay datos abundantes que muestran que, por ejemplo, un trabajador satisfecho con su empleo es alguien que puede producir incluso un 30 por ciento más”, explicó.

Adherencia limitada

En conversación con Tele 13, el académico agregó que no todas las personas podrían acogerse a los beneficios de un sistema de cuatro días  de trabajo con jornadas laborales de 12 horas. “Para personas jóvenes y sin responsabilidades familiares puede que sea un beneficio directo, pero en otros casos, como trabajadores que tienen familia o niños, es más difícil”, advirtió.

Además, señaló que, muy probablemente, las mujeres sean las trabajadoras que menos se acojan al proyecto, ya que las extensas jornadas laborales que implicaría acortar la semana de trabajo no les dejarían espacio para realizar labores domésticas que aún consideran de su exclusiva responsabilidad, debido a “la cultura machista impregnada en nuestra sociedad”.

Riesgo de “arbitrariedades”

Según Berríos, la reducción de la jornada semanal de trabajo también puede  generar una serie de riesgos para los trabajadores con una posición más vulnerable dentro de sus organizaciones, ya que los empleados que no tengan el suficiente poder de negociación con sus empleadores pueden quedar expuestos a “arbitrariedades”, lo cual debería considerarse en el Congreso a la hora de discutir el proyecto.

Lo más importante, de acuerdo con Berríos, es que el trabajador “vea primero si hay algún beneficio para su calidad de vida o su entorno familiar”.

El proyecto de Ley de Eutanasia y Cuidados Paliativos sigue siendo materia de discusión en el Congreso Nacional. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó los pasados 23 de abril y 7 de mayo las indicaciones que permiten el suicidio asistido y la incorporación de menores de entre 14 y 18 años, respectivamente.

No obstante, la iniciativa ha abierto el debate sobre si es correcto o no permitir un ‘buen morir’ a pacientes terminales o postrados con dolores psicológicos. Para la Doctora en Filosofía y especialista en bioética de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque, la discusión en torno a la eutanasia debe centrarse en que las personas “autónomamente” puedan decidir si quieren poner fin a su vida.

En conversación con el programa Conecta2 de la Señal Internacional de TVN, agregó  que lo esencial de un proyecto de ley como este es “asegurar que las personas, así como decidimos cómo vivir, también podamos elegir cómo fallecer”, dada la dificultad de resolver en qué consiste una ‘muerte digna’ y cómo brindarla, señala. “No es algo que podamos encontrar escrito en alguna parte por la medicina, la familia ni los Estados”, enfatizó.

Con respecto a la inclusión de menores de edad de entre 14 y 18 años, la también especialista en ética filosófica indicó que, si bien depende de la edad, estos pueden “determinar la autonomía de sus acciones”, siendo capaces de tomar dicha decisión con “claridad”. Cabe destacar que la aprobación de este alcance en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue de siete votos a favor y seis en contra.

“Decisión personal”

El rol que podría jugar la familia de un paciente en la aplicación o no de la Eutanasia también fue abordado por la experta en bioética. Para Aurenque, tanto en este caso como en la donación de órganos, por ejemplo, estas decisiones son netamente personales. Por lo mismo, puntualizó que “la familia está ahí para hacerla valer, pero no para tomar esa decisión por uno”.

Aurenque destacó también la importancia de contar con una regulación de este tipo, especialmente en sociedades heterogéneas en cuanto a los valores ético-morales. “Lo que es bueno, malo, lo que es una buena vida y una buena muerte son (visiones) muy personales, y tienen que ser protegidas para que uno pueda decidir, apoyadas por una legalidad y una institucionalidad que esté detrás”, concluyó.

Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile  protestaron esta semana contra la sobrecarga académica que, acusan los jóvenes, provoca incluso que no dispongan de tiempo para comer ni dormir, a fin de priorizar sus estudios. Así, se ha instalado la discusión respecto a la exigencia en educación superior.

En ese contexto, la académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago y médico cirujano, Dra. Vivianne Bachelet, plantea que, en general, existen diversos factores que suscitan que los alumnos no se adapten a un régimen de alta exigencia académica. En contraste con la supuesta poca preparación de las nuevas generaciones –tesis que descarta, por no existir evidencia al respecto- señala que el estrés de la capital, las distancias que los jóvenes recorren día a día para llegar a sus destinos y la falta de dinero, sumado a la sobrecarga académica, “hace que la situación se vuelva crítica para algunos”.

La también investigadora asociada de la Casa de Estudios y miembro del Colegio Médico de Chile sostiene que las mallas curriculares de carreras como Arquitectura o Medicina “se han mantenido iguales en los últimos cincuenta años”, ignorando que la sociedad chilena ha sufrido diversos cambios durante las últimas décadas. Así, se dejaría de lado la realidad de muchos estudiantes que viven alejados de sus universidades o que deben trabajar los fines de semana para costear los gastos de sus estudios o apoyar a sus familias.

Medidas compensatorias

Ante esta problemática, la académica plantea la necesidad de “asegurar que los alumnos tengan suficientes recursos financieros y materiales como para tener una buena subsistencia”.

Por último, estima que una medida a corto plazo para menguar la carga académica de los estudiantes es “armonizar las exigencias, de tal manera que cada profesor sepa cuanto están exigiendo las demás asignaturas en un momento dado”. Con esto, se evitaría “sobrecargar a los jóvenes en fechas determinadas”, considera.

A cuatro meses de su promulgación, la Ley de Aula Segura enfrenta un periodo crucial, ya que en los últimos días estudiantes de liceos emblemáticos se han movilizado contra la medida gubernamental, acusando expulsiones arbitrarias y persecución política. Dicha situación tiene enfrentados a los jóvenes con las autoridades institucionales.

En ese sentido, el académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, Dr. Jaime Retamal, planteó que la Ley de Aula Segura “no ayuda a la comunidad ni al sistema escolar, como tampoco a arreglar los problemas de los jóvenes debidamente al interior de los colegios”.

En conversación con Radio Agricultura, el especialista en violencia escolar argumentó lo anterior asegurando que existe un consenso entre expertos en la materia a nivel global sobre los perjuicios de las “leyes de tolerancia cero” en materia educacional. En ese sentido, concluye que Aula Segura no conlleva a ningún beneficio para Chile, como tampoco “para ningún país del mundo”.

Según el Centro de Padres y Apoderados del Liceo Darío Salas, debido a la norma se han efectuado 25 procesos de expulsión en un mes.

Luego de la detención de Julian Assange tras estar siete años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, han surgido diversos debates sobre la legitimidad de las filtraciones de datos hechas por WikiLeaks. Mientras que el Gobierno estadounidense busca extraditar al ex líder de la plataforma bajo cargos de conspiración para realizar piratería informática, activistas de todo el mundo reclaman por el derecho a la información y transparencia de datos.

En ese sentido, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, Dr. René Jara Reyes, explica que, si bien los datos que fueron publicados por WikiLeaks exponen a ciertas figuras políticas –como Hilary Clinton, ex candidata presidencial estadounidense-, mucha de la información puede ser de interés público. “Cuando hay un interés mayor, es válido escrutar los archivos del poder”, afirma. Según el académico, esto es lo que el periodismo busca defender.

Proyecciones a futuro

El Dr. Jara proyecta que el caso Assange y lo relacionado con WikiLeaks no acabará en el corto plazo. Por un lado, postula que la condena del hacker sea mucho más baja de lo que arriesgaba en un principio, ya que, por ahora, está siendo juzgado en Inglaterra por violar su libertad condicional. Aun así, de ser extraditado a Estados Unidos, “podría presentarse un escenario mucho más largo, donde se va a tener que probar la gravedad de las filtraciones que encabezó Assange”.

Además, destaca que el principal conflicto detrás del caso es la filtración de datos e información confidencial. Si bien el académico expresa que Assange ha perdido poder de movilización en estos años, lo que  podría reflejar “un mal escenario para él y para la libertad de expresión”, agrega que existen diversos activistas y organizaciones internacionales que buscarán repetir la fórmula de WikiLeaks, como también realizar actos “para lograr su liberación”.

Maniobras políticas

Por otra parte, el Doctor en Ciencias Políticas se refiere a las implicancias a nivel político de la decisión del Gobierno ecuatoriano, de entregar a Assange. Al respecto, sostiene que es difícil entender la posición del Presidente de dicho país, Lenin Moreno. “Es tan impredecible como AMLO en México”, considera. Para el experto, dicha postura refleja también “un enfrentamiento entre el ex Presidente Rafael Correa con Moreno”, lo que sería una “pasada de cuenta” por parte del actual Mandatario ecuatoriano.

Finalmente, en cuanto a la postura de Sudamérica frente a Estados Unidos, argumenta que este hecho podría verse como un síntoma del “giro a la derecha” que están experimentando los Gobiernos de la región en general. No obstante, advierte que la entrega de Assange a las autoridades “no ha sido una acción tan contundente como para construir un escenario de cooperación entre  Estados Unidos y América Latina, específicamente con Ecuador”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Eutanasia y Cuidados Paliativos bajo tres causales, dando el primer paso para que este se discuta en el Congreso. Dicha iniciativa permitiría que personas con enfermedades terminales o crónicas que sufran dolores intratables, como también pacientes postrados que padezcan “dolores psíquicos”, puedan optar a una muerte asistida.

En ese sentido, la  académica de la Universidad de Santiago y experta en bioética, Dra. Diana Aurenque, señala que, a pesar que la medida es un avance positivo “como política de salud pública y para la libertad de las personas”, el proyecto de ley tiene puntos pendientes que deben zanjarse “para que sea apropiada, liberal y acorde a los tiempos”.

Edad

“Por ejemplo, está la pregunta sobre desde qué edad  las personas pueden determinar esto”, plantea la Dra. Aurenque. La experta explica que, si bien en la mayoría de las legislaciones que permiten la eutanasia los mayores de edad tienen la facultad de decidir morir, “también hay otras que contemplan a menores, siempre y cuando haya consentimiento por parte de los padres”. Lo anterior recuerda el caso de Valentina Maureira, joven de 14 años que en 2015 solicitó a la ex presidenta Michelle Bachelet “dormirla para siempre”, tras padecer fibrosis quística.

“Dolores psíquicos”

En cuanto a los “dolores psíquicos”, la académica sostiene que dicho aspecto hace referencia a personas que están postradas, las cuales consideran que esa no es una manera digna de vivir. Por lo mismo, la profesional apunta a que los pacientes deben contar con el pleno uso de razón para que sea posible aplicarles la eutanasia. Por lo mismo, argumenta que es responsabilidad de especialistas de la salud mental “determinar si el paciente es competente al momento en que decide morir”.

Objeción de conciencia

Otro aspecto que menciona la académica es el de la objeción de conciencia por parte de médicos e instituciones de salud, siendo este el más complejo, tal como se ha visto en la aplicación de la Ley de Aborto bajo tres causales aprobada en 2017. Si bien expone que, con esto, los médicos buscan resguardarse de cometer actos que atenten contra sus bases éticas -como el “no dañar” a un paciente-, la Dra. Aurenque enfatiza en que “sobrecargan a otros médicos a hacer las otras tareas” más difíciles de realizar. Por otra parte, afirma que “si hay financiamiento público, las instituciones deberían realizar todas las prácticas legalmente legítimas”.

La Doctora en Filosofía agrega que la medicina, hoy en día, va más allá de curar enfermedades: también, se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de las personas, lo que a veces implica priorizar un bien mayor. Un ejemplo de esto, menciona Aurenque, serían las cirugías estéticas, en donde se interviene la integridad física con el objetivo de alcanzar “un bienestar psicológico o que la persona esté más conforme con su cuerpo”.

Finalmente, la académica añade que lo más importante dentro de la discusión es que “lo que una persona considera una vida y una muerte digna no puede decidirse desde afuera”, apelando a que no haya presiones tanto de la familia como del Estado en la decisión que un paciente tome respecto a su vida. Además, concluye que es una labor ética de los médicos el “ayudar las personas a que estén mejor”.

La Reforma Tributaria planteada por el Gobierno sigue generando tensiones entre el oficialismo y la Oposición. Tras el rechazo de la Comisión de Hacienda  a la nueva propuesta presentada por el Ejecutivo, el miércoles fue aprobada la idea de legislar en el Congreso gracias al apoyo de la bancada DC.

Para la especialista en economía política y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, el aporte que plantea la reforma, del 1% a las regiones (provenientes de proyectos de inversión importantes que se realicen en ellas), contrasta con el que hacen países desarrollados como Canadá, donde dicho porcentaje “va desde el ocho al 15%”. Por lo mismo, advierte que “no es una medida significativa en términos de ingresos”, explicando que la magnitud de esos dineros es demasiado baja. “Por lo tanto, no es una política que beneficie a las regiones”, enfatiza, teniendo esta un carácter más bien simbólico.

Por otra parte, respecto a la reintegración del sistema tributario con la que se esperan recaudar US$ 471 millones, la especialista de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago explica que la propuesta de Hacienda no logrará una recaudación que logre compensar los 800 millones de dólares que costará pasar a un sistema tributario integrado. En ese sentido, advierte que “no hay certeza” de que el 1% de aporte a regiones o la eliminación de exención de contribución de predios forestales, logren recaudar lo que se propone, ya que “son estimaciones”.

Boleta electrónica

Otro de los problemas que menciona la académica dice relación con la recaudación por boleta electrónica, medida con la que se esperaba reunir más de US$ 1.100 millones, y así compensar el costo de implementación de la Reforma Tributaria. “La Reforma está sustentada sobre una cifra que es poco probable que se vaya a cumplir, ya que hay muchos negocios pequeños que no van a tener posibilidades de hacer la transición por problemas de conectividad o de desarrollo tecnológico”, asegura Vera.

Finalmente, la experta estima que no hay certeza respecto de si las medidas compensatorias planteadas dentro de la Reforma tendrán un carácter progresivo o regresivo, “ya que no se conoce la distribución de ingresos que ocurre en esos mercados”.

Este mes de abril se dio inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos de contaminación atmosférica, lo que implica una serie de medidas para combatir los episodios de alta polución del aire en las ciudades de la zona centro-sur de Chile.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que existen problemas en la aprobación de planes anti esmog  y en el reemplazo de la calefacción a leña para dichas regiones.

Si estos planes están siendo puestos en marcha, el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, advierte que la mayoría de éstos no han tenido buenos resultados en disminuir las concentraciones de material particulado  (MP) en ciudades como Temuco o Coyhaique. Por lo mismo, señala que es “frustrante” esperar tanto tiempo por la aprobación de medidas que no van a tener efectos significativos en la reducción de contaminantes.

El experto en modelos de pronósticos de contaminación atmosférica apunta a que la principal causa de este problema es que “no se ha abordado con la suficiente urgencia el reemplazar la leña de una manera más rápida”, algo que debe aplicarse, según Pérez, “en la mayoría de las ciudades del sur del país”. Asimismo, agrega que “mientras no reemplacemos la leña de una manera más urgente, no hay posibilidades de que la situación mejore significativamente”.

El académico contrasta la situación de Coyhaique –la ciudad más contaminada de Chile y Sudamérica- con lo que ocurre en Punta Arenas, una de las más limpias del continente. “A pesar de las diferencias climáticas y geográficas, la más grande es en cuanto a la matriz energética y de calefacción, donde en Punta Arenas se centra en sistemas de calefacción a base de gas”, explica Pérez.

El Doctor en Física añade que el uso de leña seca para calefacción tampoco supone una medida eficaz, ya que “que se disminuye un poco (la contaminación), pero no se ataca el problema de fondo”. Finalmente, enfatiza en que otros focos de contaminación, como las termoeléctricas, son emisores tanto de material particulado como de dióxido de carbono (CO2), gases perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. Por lo mismo, concluye que “hay que erradicarlas lo antes posible”.