Los alcaldes de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea solicitaron el pasado miércoles 3 de abril al gobierno la extensión de la futura Línea 7 de Metro hacia  esta última comuna. De esta forma, el tramo llegaría hasta la intersección de Avenida Las Condes con La Dehesa, dos mil 600 metros más al oriente del trazado original.

Para el arquitecto Rodrigo Martin, académico de la Universidad de Santiago y experto en transporte urbano, este proyecto no supondría un problema de inversión pública siempre y cuando las comunas beneficiadas paguen los costos.  No obstante, hace hincapié en lo ocurrido con la extensión de la Línea 1 hasta Los Dominicos, “en donde hubo un compromiso por parte del municipio de Las Condes para financiar las obras con aportes comunales, pero eso todavía no se concreta”.

Por lo mismo, el arquitecto afirma que “el desarrollo de la Línea 7 hasta el límite de Vitacura es una inversión sumamente grande,  en donde se podrían priorizar otros proyectos de mayor impacto social ubicados en otras zonas de la ciudad”.  Martin enfatiza en que los fondos utilizados para ampliar la red de Metro son de carácter público, y que no es justo “que las comunas que tengan más recursos tomen las decisiones y que las más pobres sean postergadas permanentemente”.

En cuanto a los cuestionamientos a las futuras Líneas 8 y 9 por su supuesta baja rentabilidad social, el académico señala que la extensión de la red hacia comunas como La Pintana o La Florida “tendrían un gran impacto en términos de equidad social”. Asimismo, critica que ese criterio utilizado para evaluar proyectos “no es un problema cuando las comunas tiene los recursos”.

Martin apunta a que el principal problema recae en que “toda la inversión en infraestructura se está localizando en algunos sectores de la ciudad y muy poco en otras”. Para eso, propone que “la autoridad central sea capaz de redistribuir estas capacidades económicas entre diferentes comunas por un bien común” y que así todo Santiago experimente mejoras.

El pasado lunes 1 de abril se dio inicio a la Operación Renta, proceso que este año estará marcado por una nueva modalidad que tiene como protagonistas a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Dichas personas estarán obligadas por ley a cotizar parte de sus ingresos declarados, los cuales estarán destinados a previsión social y así asegurar su acceso a pensiones, seguros y planes de salud.

Hernán Frigolett, académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago y ex Tesorero General de la República, señala que, si bien el Fisco no perderá fondos al traspasar los dineros provenientes de la devolución de impuestos a entidades privadas como las AFP o las Isapres, sí tendrá problemas al costear deudas asociadas a créditos fiscales o universitarios.

“Respecto a las deudas educacionales que se generen mediante el crédito universitario o fiscal, van a tener que buscar otras fuentes de recaudación mediante la vía judicial”, plantea el economista. Frigolett añade que, a medida que avance la gratuidad universitaria, “será un problema en términos de cómo recuperar los dineros morosos”.

Otro cabo suelto que expone el académico es la cobertura de los planes de salud de las Isapres y la doble cotización que tendrán los contribuyentes respecto a los pagos realizados en 2018. Si bien la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, aclaró que así podrán costearse planes futuros, Frigolett enfatiza en que existen contratos vigentes y modalidades de pago pactadas con las Isapres. “Por tanto, el Servicio de Impuestos Internos no tendría por qué retener si ya se tiene un acuerdo. Hay un doble pago que no tiene ninguna razón de ser”, expresa.

Con todo, reconoce que con esta medida “se está ‘emparejando la cancha’ entre los trabajadores dependientes y los independientes”, obligándolos a cotizar según lo que exige la ley, y así afiliarse a los sistemas de cobertura social, concluye.

La Sociedad Endocrina de Estados Unidos dio a conocer esta semana una investigación tildada como “exitosa” en la creación de una píldora anticonceptiva diseñada para hombres. Lo anterior permitiría, de aquí a diez años, que esta pastilla esté disponible en el mercado, algo que abre nuevas posibilidades para que las parejas heterosexuales puedan decidir cuándo embarazarse.

De acuerdo con la Dra. Diana Aurenque, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago y especialista en filosofía de la medicina, dicho avance es positivo en la medida que, dentro de un contexto de pareja estable, “hombres y mujeres deben tomar acciones individuales para decidir mejor cuándo ser padres”. Además, afirma que los hombres, con este tipo de métodos, podrían ser más partícipes de las decisiones que se toman sobre al tema.

Lo importante, insiste la Dra. Aurenque, es que las decisiones sobre cuándo o no ser padres y los métodos anticonceptivos a utilizar sean tomadas entre ambas partes, para que ni la salud ni la felicidad de ambos se vea afectada. “No es justo que la mujer pase por tratamientos hormonales que afecten a su cuerpo, su salud mental en muchos casos, y que el hombre, pudiendo tomar otras opciones, no lo esté haciendo”, enfatiza.

Además, la experta sugiere “desarrollar otros aspectos que tienen que ver con la confianza y la responsabilidad en las parejas”, teniendo en cuenta que algunas mujeres podrían resistirse a la idea de que los hombres se hagan cargo de usar una píldora anticonceptiva.

Con todo, advierte que “la pastilla anticonceptiva, en los últimos diez o veinte años, ha tenido bastante mala fama. Si bien en Chile todavía se consume en una cantidad considerable, en países europeos como Alemania existe bastante reticencia a tomar estas píldoras por los cambios hormonales que produce, como bajas en la libido de las mujeres, cambios en el estado de ánimo, como la depresión, y trombosis, siendo esta última un riesgo importante que tienen que asumir cuando usan este método”.

Rol estatal

La académica agrega que el Estado podría jugar un rol importante en materia de equidad respecto a la paternidad y en los roles de cada género. Por ejemplo, en facilitar a los hombres el acceso a métodos anticonceptivos en la salud pública o entregar educación sexual. A su vez, disminuir brechas entre hombres y mujeres respecto a los planes de salud de las Isapres o que las mujeres jóvenes no se les impida recurrir a cirugías esterilizantes, en caso de no querer ser madres.

Por último, la Doctora en Filosofía recalca lo valioso de “generar estas sensibilidades”, pues “son decisiones que atañan a la pareja, que deben ser conversadas y apoyadas por los dos”, concluye.

Cuatro de cada diez escolares chilenos son discriminados en sus colegios. Así lo reveló la Agencia de Calidad de la Educación, tomando como base los cuestionarios que los estudiantes respondieron durante el Simce en el año 2017. De acuerdo al estudio, los más afectados resultaron ser los alumnos de 8° básico, con 45% de niños y niñas que se sintieron agredidos por motivos como el aspecto físico, rasgos de personalidad o formas de vestirse.

Para el Dr. Daniel Ríos, experto en evaluación de aprendizaje, innovación pedagógica y académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, estas cifras son “alarmantes”, ya que motivos discriminatorios como los rasgos de personalidad no son aceptables, ya que constituyen “elementos identitarios” de cada persona. A su juicio, es muy grave que “esta diferencia tan notable que tenemos los seres humanos ya merezca la burla desde 4° Básico en adelante”.

El Doctor en Ciencias de la Educación afirma que estos niveles de discriminación en las aulas pueden tener consecuencias no solo para quienes son víctimas, sino también para quienes discriminan, sobre todo “cuando estén formando a sus familias o tengan posibilidades de compartir con otros, en ámbitos laborales o en estudios superiores”. Por lo mismo, considera que “las escuelas tienen que hacer algo para revertir esos datos y posibilitar una educación valórica que permita el respeto hacia el otro”.

En este sentido, el Dr. Ríos estima importante que estos datos se divulguen entre estudiantes y profesores, y que sean la base para la reflexión dentro de las escuelas. Asimismo, plantea que “se integre a las familias, a los apoderados y a todos aquellos agentes sociales que puedan contribuir desde el diálogo y la toma de decisiones, para enfrentar este problema”.

El especialista enfatiza en que las conductas discriminatorias en las escuelas reflejan un problema a nivel de sociedad, como los ataques por orientación sexual o conductas xenófobas y racistas. No obstante, concluye que el abordar esta problemática puede contribuir a “la armonía social y la ampliación de nuestra de democracia”.

El obispo capuchino Celestino Aós (73) asumió como Administrador Apostólico de la arquidiócesis de Santiago, luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Ricardo Ezzati como mandamás de la Iglesia Católica en Chile.

Para el experto en sociología de la religión y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Parker, es poco probable que esto implique cambios profundos en la institución religiosa. “El cargo de administrador apostólico es provisorio (…) Eso significa que quizás con este obispo no podemos esperar grandes cosas”, señaló el sociólogo en el programa ‘Desliza y Desbloquea’ de Radio Usach.

Por otra parte, el doctor en sociología afirmó que el nuevo Administrador Apostólico está cerca de cumplir los 75 años. Es decir, una edad en donde “normalmente, un obispo renuncia”.

Con todo, el Dr. Parker reconoció que sí tiene un pequeño margen de acción, “en cuanto a esclarecer situaciones que están pendientes, sobre todo de abusos”. En ese sentido,  destacó la formación del obispo Aós como psicólogo y sus conocimientos de derecho canónico lo que, a su juicio, le permitiría entender mejor lo que significa procesar este tipo de casos.

En cuanto a la renuncia de Ezzati, el académico indicó que la decisión tomada por el Papa Francisco llegó tarde, considerando la edad del ex arzobispo. Finalmente, concluyó que la Justicia debe seguir su curso, descartando un posible sobreseimiento ante su supuesto rol de encubridor de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.

El Gobierno de Sebastián Piñera  rechazó el proyecto del Eje Alameda-Providencia, aduciendo que el proyecto carecía de rentabilidad social. La iniciativa buscaba recuperar los espacios públicos y potenciar el transporte colectivo mediante la transformación de un tramo que iba desde Estación Central hasta la comuna de Providencia.

Para Rodrigo Martin, experto en transporte urbano y  académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, el desechado proyecto “generaba desde cambios a la imagen general de la ciudad como al funcionamiento del sistema de transportes”. Si bien reconoce que es positivo que se evalúen las iniciativas en términos de rentabilidad social, sostiene que dicha evaluación debe considerar el impacto a largo plazo. “Cuando se piensa en un proyecto estratégico, se pueden generar cambios a escalas temporales mucho más largas”, insiste.

El experto en transporte urbano, quien participó en el proceso de consulta ciudadana del proyecto, afirma que la iniciativa “está siendo eliminada sin tener una visión estratégica de ciudad y de planteamiento a largo plazo, dejando de lado una inversión importante en su desarrollo”. El Eje Alameda-Providencia, según consignó La Tercera, tendría una inversión futura de 223 millones de dólares, ocupándose sólo en la etapa de diseño y diagnóstico un total de 2.239 millones de pesos.

Puntos a resolver

De acuerdo a Martin, este proyecto habría generado cambios en la forma en que los habitantes de Santiago se relacionarían con la ciudad. Otro de sus objetivos era solucionar “nudos emblemáticos” de la capital, como Estación Central y Plaza Italia. Así, se favorecería a los peatones y a quienes se movilizan en transporte público, quitando el foco en los vehículos particulares, algo que para el académico es necesario para el futuro de Santiago.

No obstante, el arquitecto advierte que para realizar un proyecto de tal envergadura, se requiere de un sistema de transportes que sea capaz de cubrir toda la demanda por parte de los usuarios. “Se necesita un sistema eficiente, que tenga la capacidad de mover a todas las personas que tiene que transportar y así poder reemplazar a todos esos vehículos”, concluye.

El pasado viernes 15 de marzo se convocaron marchas en todo el mundo para protestar por soluciones eficaces al calentamiento global. En enero de 2020, nuestro país será la sede de la próxima Cumbre de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas para luchas contra el cambio climático (COP 25).

Dicha conferencia tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con los objetivos de los Acuerdos de París, en donde se acordó limitar el aumento de la temperatura global en menos de dos grados Celsius antes de 2030. Para el Dr. Raúl Cordero, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, estos acuerdos dejaron “cabos sueltos” que no aseguran que los países que forman parte de la cumbre cumplan sus compromisos antes de la fecha límite.

De acuerdo con el experto en cambio climático, es imprescindible que para mediados de este siglo las emisiones de carbono lleguen a cero. De lo contrario, “será muy difícil evitar los peores efectos del cambio climático”, advirtió en una columna de opinión publicada por El Mostrador. Si bien en la COP 25 se discutirá si es posible intercambiar cuotas de emisión entre los países, Cordero afirma que la cita en Chile “debería apuntar además a objetivos más ambiciosos”.

Siguiendo la misma línea, el académico llama a que el país “ejerza un liderazgo positivo” en materia de  reducción de gases de efecto invernadero. Asimismo, invita a que los países en vías de desarrollo “exijan a los grandes emisores -los países desarrollados más China y la India- un compromiso explícito para lograr emisión neta cero antes de mediados de siglo”.

Finalmente, Cordero plantea que Chile debe utilizar la COP 25 para mostrar los avances nacionales en la adopción de energías renovables no convencionales. “Nuestro país puede exhibir una ejemplar tasa de descarbonización, teniendo las credenciales para exigir esfuerzos comparables”, enfatiza el experto.

Presidentes y representantes de países de Sudamérica se reunieron el viernes pasado en el Palacio de la Moneda, en lo que el Presidente Sebastián Piñera calificó como el inicio del Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur). La instancia busca ser un nuevo espacio de debate y diálogo entre los países de la región.

Si bien el Mandatario ha sido enfático en que esta organización reemplazará a Unasur, la analista internacional y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, plantea que aún no está clara la consecución de este objetivo, dada la existencia de otros organismos regionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, señala que los líderes sudamericanos aún están evaluando cuál va a ser el alcance de esta nueva organización, “siendo que Unasur todavía existe”.

Para la cientista política, la primera cumbre de Prosur es “muy incipiente y simbólica, pero no necesariamente será una institución, ya que han habido declaraciones contradictorias en donde se quiere tener un organismo que no sea burocrático”. De acuerdo con la académica, “las relaciones entre Estados requieren una burocracia y una forma de ir tomando compromisos entre los distintos miembros que lo componen”.

Bolsonaro en Chile

Uno de los principales invitados a esta cumbre es el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien durante la semana se reunió con el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Según Figueroa, este hecho demuestra las aspiraciones del país carioca por ser “una potencia a nivel mundial”.

De acuerdo con la experta, el objetivo de la reunión con Trump era delimitar los temas más importantes a nivel regional, teniendo en cuenta las coincidencias entre las posturas de los Jefes de Estado en áreas como migración y delincuencia. Para la académica, esto podría estar “empañando la reunión de Prosur, ya que todos estamos hablando de cómo Bolsonaro va a imponer su agenda en la constitución de este”.

Finalmente, la analista afirma que Piñera erró al intentar encabezar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela en Cúcuta. “Lo que él intentó fue tener un liderazgo político, pero cuando quieres desarrollarlo a nivel regional, es difícil sostenerlo si se toman posiciones muy marcadas desde el inicio”. Por el contrario, considera que Bolsonaro fue más cauto al mostrar su postura frente a Venezuela, lo que ahora le estaría permitiendo posicionarse como el principal aliado de EE.UU. en Sudamérica.

El pasado sábado 16 de marzo, en el Regimiento de Caballería Blindada de Iquique, un joven conscripto de 18 años disparó su arma de servicio contra dos superiores, suicidándose posteriormente.

Al respecto, la familia del joven denunció malos tratos por parte de sus superiores y compañeros, además de la poca respuesta del Ejército ante el deterioro de la salud mental del soldado afectado, producto de aquellas situaciones.

Ante esto, el director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, asegura que es “evidente” la necesidad de que el Ejército aplique instrumentos psicológicos en el proceso de selección que permitan “medir estructuras de personalidad de quienes ingresan a las Fuerzas Armadas”. Además, es enfático en que es responsabilidad del Ejército asegurar la protección y la salud física y mental tanto de los soldados que hacen carrera militar como de los jóvenes conscriptos.

En base a las acusaciones de la familia del joven soldado, el académico afirma que “las Fuerzas Armadas tienen que realizar una profunda revisión de su estructura de convivencia y prevenir cualquier tipo de vulneración o maltrato”. Barraza recalca también en que las situaciones de acoso o  bullying “no son aceptables en ninguna institución”.

Durante los últimos días se divulgaron videos en donde se muestra al joven siendo obligado a pelear con otros compañeros en los camarines del regimiento, lo que para el ex ministro evidencia una conducta “poco respetuosa y violenta”, y que las formas en que se relacionan quienes realizan el servicio militar deben evaluarse “necesariamente”.

Para evitar estas situaciones, Barraza apunta a que los miembros de las FF.AA. “debiesen tener la posibilidad de comunicar hacia sus mandos superiores cuándo son agredidos verbal, psicológica y físicamente”. Por otra parte, insiste en que tienen que existir “protocolos que cautelen el buen trato de los superiores respecto de las personas que están a su cargo”.

Por último, añade que los militares al mando de los conscriptos son quienes deben responsabilizarse por su bienestar y por el respeto de sus derechos. “Hay que revisar qué tan celosa fue la institución castrense del cuidado de la salud mental de esta persona que incurrió en el suicidio y en la muerte de dos superiores”, cuestiona.

Luego de su lanzamiento en septiembre del año pasado, el Plan Impulso Araucanía comienza a ser objeto de sus primeras evaluaciones. Si bien personeros del gobierno afirman que ha cumplido varias de sus metas, hubo sectores, en especial las comunidades mapuche, que criticaron sus resultados.

En ese sentido, Fernando Pairicán, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, señala que el Plan Impulso Araucanía “es una política especialmente débil, porque necesita recurrir a la violencia para poder llevarse a cabo”. Pairicán complementa con que “es un plan que necesita de una alta cantidad de fuerzas policiales para implementarse” y agrega que “a partir del verano se han incorporado fuerzas militares que se han perpetuado en el territorio mapuche”.

De acuerdo con el experto en materia de pueblos indígenas, las medidas apuntan a desarticular el empoderamiento de las comunidades mapuche de la Araucanía. “Este plan atenta también contra los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, en este caso, del pueblo mapuche”, enfatiza el historiador.

Para poder finalizar con el denominado “Conflicto Mapuche”, Pairicán explica que se debe cumplir con las normativas internacionales. Estas implican consultar directamente a las comunidades indígenas ante la implementación de planes públicos que las afecten y no llevar a cabo “políticas represivas” en su contra. Además, asegurar sus derechos fundamentales, en especial el de “autogestión”, cosa que, para el historiador, “el Estado chileno nunca ha querido plantear”.

El académico llamó a mirar el caso de Nueva Zelanda y “el camino que ellos recorrieron para llegar un acuerdo político con los maoríes”. No obstante, Pairicán acusa a la población no mapuche de la zona de no tener interés en conversar con las comunidades indígenas respecto a sus derechos. “Para ellos, la forma de dialogar es que el mapuche se subordine al Plan Araucanía diciendo a que es un política social, pero teniendo una alta dosis de represión política”, concluye.