Un crecimiento de 799% experimentaron las solicitudes de refugio hacia nuestro país en 2017. Esto, en comparación a 2015, año en que se levantaron 629 requerimientos. Según información obtenida por el diario La Tercera, Vía Ley de Transparencia, el año pasado hubo 5.656 peticiones y hasta el 28 de febrero de 2018 ya se registran 2.229 solicitudes. Quienes encabezan este tipo de trámites son colombianos, cubanos y venezolanos.

Para la Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, uno de los principales factores que explican esta significativa alza de requerimientos es la imagen de una democracia consolidada que exhibe nuestro país en el exterior.

“Chile está Chile está de moda, porque se acaban de realizar elecciones presidenciales en un marco de total democracia y transparencia del proceso. Eso representa una importante ventaja para quienes deciden venir, pues advierten estabilidad”, afirma.

“Nuestro país tiene larga data en el tema del reconocimiento del refugio”, agrega la Dra. Normabuena. “En el siglo XIX, Sarmiento o Alberdi huyeron de la dictadura de Rozas en Argentina y vinieron a Chile. En la mitad del siglo XX, judíos y españoles también llegaron masivamente a Chile por persecuciones o dictaduras que sufrían”, explica.

Por otra parte, la especialista agrega que la economía nacional también opera como una buena carta de recomendación para Chile. “Los indicadores, no obstante los altibajos, tienen un signo positivo, lo que hace que la gente quiera venir”, afirma. “Los migrantes que han llegado traen a sus familiares o comunican que es posible sobrevivir en este país y que es fácil ingresar. Esos llamados han hecho que la cifra de migrantes aumente y ya estamos bordeando los 600 mil, lo que representa un número altísimo”, enfatiza.

Finalmente, la académica reconoce que quedan muchas tareas pendientes en materia de migración, ya que las condiciones para que los extranjeros vivan y trabajen en Chile muchas veces no son las óptimas. “Aquí en Chile tenemos la política del ‘mientras tanto’: ‘mientras tanto’ sale la ley, hacemos algo en salud; ‘mientras tanto’ sale la ley, favorecemos a los indocumentados; etcétera. Pienso que esa ley debe ser despachada dentro de este año, porque los migrantes no pueden esperar más”, concluye.

El Plan Quinquenal 2018-2022 que dio a conocer esta semana el Ministerio de Obras Públicas (MOP) incorpora la evaluación de 12 renovaciones de contratos de concesión, entre los cuales se encuentran varios tramos de la Ruta 5 (Carretera Panamericana), la 68 (Camino a Valparaíso) y la 78 (Autopista del Sol).

Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, este proceso representa una oportunidad para que el próximo Gobierno exija que el incremento de las tarifas no sea tan grande como ha sido en los últimos años.

“La diferencia entre el costo de operación y el retorno no puede ser tan grande como el que existe actualmente, que va desde un 17% hasta un 300% en algunas autopistas. En un monopolio natural, como en el caso de las empresas de suministro eléctrico, la rentabilidad está fijada dentro del mismo contrato de concesión y se mantiene entre un 7% u 8%”, sostiene el especialista del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal.

A su juicio, las concesionarias de las carreteras operan como monopolios naturales ya que el usuario, cuando ocupa una autopista, no tiene una alternativa que le permita escoger cuál cobra menos. Por lo tanto, considera urgente que el incremento tarifario se calcule estrictamente en base al costo de operación para la autopista.

“En algunas autopistas, como la Costanera Norte, la diferencia entre el costo y la tarifa es de 170%, y en la Ruta 78 hacia San Antonio cobran hasta tres veces más de lo que les cuesta operar. Hay que tomar en consideración esos elementos al momento de evaluar los proyectos. La seguridad vial es relevante, pero también lo que pagan los usuarios”, afirma.

El académico advierte que el principal desafío que tienen actualmente las autoridades es que no hay una estimación sobre cuánto le cuesta funcionar a una concesionaria. “Es importante saber cuánto le cuesta operar a la autopista por cada vehículo, para que la tarifa tenga relación con dicho costo”, señala.

“La tarea del próximo Gobierno es incorporar el punto de vista del usuario y cómo se va a calcular el incremento de la tarifa año a año, además de establecer la manera en que se evaluarán esos proyectos y bajo qué costo”, concluye.

Sesenta y un haitianos permanecieron retenidos en el aeropuerto de Santiago desde la noche del domingo, luego de que oficiales del terminal aéreo les impidieran el acceso por documentación fraudulenta. Según cifras de la aerolínea LAW y la Policía de Investigaciones (PDI), entre el viernes y la madrugada del lunes se rechazó el ingreso de alrededor de 230 haitianos en el terminal aéreo internacional.

Para la experta en migración y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, la forma en que se aplica la fiscalización para controlar el acceso a esta población es absolutamente discriminatoria. “No se registran casos de venezolanos a los que se le apliquen los mismos procedimientos, y eso que sabemos que los representantes de dicha nacionalidad ingresan en un volumen mayor que los haitianos. Tampoco, en años anteriores, se les efectuó dichos controles a otros colectivos migrantes que ingresaban al país masivamente”, sostiene.

Para la especialista, esto se debe a las facultades discrecionales con las que cuenta la PDI para controlar el acceso de las poblaciones extranjeras. Según la Dra. Daisy Margarit es el mismo funcionario de turno el que determina bajo su propio criterio el grado de acuciosidad con el que revisa la documentación de los inmigrantes. “Hay extranjeros a los que no se les pide nada y solo ingresan, bajo una confianza a priori, y otros a los que se le investiga con mayor rigurosidad si sus papeles son reales o fraudulentos”, afirma.

De acuerdo a la Dra. Margarit, una de las causas de la discriminación hacia la población haitiana obedece a la imagen negativa que se ha construido en torno a los representantes de dicha nacionalidad. Es así como se ha insistido en sus precarias condiciones de vida y su necesidad de trabajo. Según la experta, algo similar ha ocurrido en Europa a propósito de los sirios que atraviesan el Mar Mediterráneo por la difícil situación que experimenta dicho país. “Probablemente, sigamos viendo de manera reiterada este tipo de situaciones, sobre todo contra la población haitiana”, advierte.

Finalmente, la académica indica que debe investigarse el trato que han recibido estas personas que se mantienen recluidas en el aeropuerto sin acceso a ducha ni a su equipaje, lo que a su juicio representa una evidente violación a los derechos humanos mínimos. Cabe consignarse que diferentes abogados y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos visitaron a los haitianos retenidos en el aeropuerto y expresaron que se encontraban en “condiciones inhumanas”.

“Por cierto que en Chile ha habido deportaciones de extranjeros en otras ocasiones, pero cuando éstas están dirigidas solo hacia personas de una nacionalidad determinada constituyen un claro caso de discriminación”, enfatiza la Dra. Margarit. “La inmigración es un espejo de cómo somos como sociedad chilena, con grados de racismo y discriminación hacia otras personas diferentes”, concluye.

“Esta noche el cine chileno tocó las estrellas. Grande Chile y un gran abrazo, con orgullo y emoción, a todo el equipo de #UnaMujerFantástica, la mejor película extranjera en los #Oscars 2018”. Estas fueron las palabras del Presidente electo, Sebastián Piñera, quien a través de su cuenta de Twitter celebró la obtención de la estatuilla por parte del film nacional de Sebastián Lelio, que relata la historia de una mujer transgénero que enfrenta reproches y prejuicios.

Para la experta en filosofía del cuerpo y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Dra. Valentina Bulo, las felicitaciones del futuro Mandatario son difíciles de comprender, considerando la postura valórica que han mantenido sectores relevantes de su coalición de gobierno, como representantes de la Unión Demócrata Independiente. La presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que la Ley de Identidad de Género es mala. Durante la campaña electoral, el mismo Piñera expresó en un debate con Alejandro Guillier, que “no estoy de acuerdo con que los menores puedan cambiar su sexo casi sin ningún trámite. El género no puede ser como una camisa que uno se cambia todos los días. Muchos casos de disforia de género se corrigen con la edad”.

“Hay contradicciones claras, como que existen muchos miembros del Gobierno entrante que están en contra de la Ley de Identidad de Género, pero están felicitando la película”, sostiene Valentina Bulo.

La especialista considera que el galardón internacional representa una clara señal política en relación a que el género no está determinado desde el nacimiento, sino que es una construcción basada en la decisión de cada uno. “Una película como esta vuelve a instalar y relevar el tema de la Ley de Identidad de Género, y la gente que felicita la película va a tener que asumir sus contradicciones internas, si no están de acuerdo con dicha ley”, afirma.

La Dra. Bulo advierte que el tema puede volverse incómodo para Piñera, si no adopta una definición distinta. A principios de año, el diario La Tercera informó que el próximo Jefe de Estado recibió en su oficina de la Fundación Avanza Chile a los presidentes y secretarios generales de RN, la UDI, Evópoli y el PRI, y les comunicó que no se aprobarían iniciativas como la Ley de Identidad de Género.

“Piñera es hábil y evidentemente hay una distinción entre felicitar el logro de la película en el sentido de reconocer los logros de este equipo que obtuvo el Premio Oscar y las convicciones morales. Sin embargo, uno se pregunta cómo se puede felicitar esta película y estar en contra de todo lo que se plantea en ella. Él debe responder por eso de todas maneras”, enfatiza. El futuro ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, admitió en las últimas horas que “la película nos plantea un desafío que tenemos que abordar”.

Finalmente, la académica advierte que pese al premio, aún falta mucho en Chile para reconocer los derechos de la población transgénero. No obstante, concluye que “es un paso decisivo. Lo que está logrando Daniela Vega con esta película es que abre todo un espectro de posibilidades frente al reconocimiento de los derechos de las minorías, cosa que antes de la semana pasada no ocurría”.

El 2015 surge Elibatt, la primera fábrica de baterías de litio del país. No obstante el proyecto, desarrollado por el Centro de Innovación del Litio (CIL) de la Universidad de Chile, no fructificó, por problemas de administración y con la comercialización del producto, según se informara  oportunamente.

Entrevistado por el programa Sin Pretexto de la Radio U de Santiago el otrora director del CIL y creador de Elibatt, Jaime Aleé, es tajante al afirmar que la existencia en el país de importantes reservas del mineral no metálico no es garantía para el surgimiento de una industria asociada, “no por explotar caucho vas a fabricar neumáticos. No hay relación directa en cuanto a poseer una materia prima con el hecho de dedicarse a desarrollar una industria”, precisó. 

Si bien el litio ha estado en la primera línea del debate público por las posibilidades que ofrece en el naciente desarrollo de la electromovilidad a nivel mundial, Jaimé Aleé es cauto al indicar las proyecciones de bonanza de la industria del litio en Chile, precisando: “El negocio es relativamente pequeño. Chile exporta del orden de los 700 millones de dólares al año, el equivalente a 1 semana de producción de cobre, o a la exportación total de nueces del país”.

Y a futuro, desde  su perspectiva, el negocio no se ve más auspicioso. “El litio nunca va a crecer mucho más. Ni siquiera en una situación hipotética de uso masivo de vehículos eléctricos. Las proyecciones para el 2030, señalan que aumentará la demanda de litio en unas cinco veces”, explica Aleé. Esto significa pasar de 200 mil a 1 millón de toneladas en Chile. Sin embargo, el precio que actualmente es alto por un aumento de la demanda, “probablemente se estabilice, porque el litio es extremadamente abundante. El negocio no pasará de los 7 mil millones de dólares en el mundo. Hay un exceso de optimismo en el negocio del litio”, sentencia el experto.

¿Mineral estratégico?

El año 2014 la presidenta Bachelet creó la Comisión Nacional del litio con el mandato expreso de “generar una política nacional que incorpore el desarrollo sustentable de esta industria”. En enero de 2015, esta comisión entregaba a la mandataria un informe en el que proponía al litio y a los salares como “bienes estratégicos para Chile”.

En opinión de Jaime Aleé tal definición estratégica pierde sentido dado que, “se lo declaró así, considerando la importancia para la fusión nuclear, sin embargo, ello no será posible en los próximos 50 o 100 años. Por otra parte el litio es extremadamente abundante, por tanto tampoco es estratégico por ser un material escaso”.

Y es más, “es tan poco estratégico que Chile nunca ha explotado el litio con sus propias compañías, entregándole un material que considera estratégico a privados”, comenta Jaime Aleé.

Realismo, expectativas y proyecciones

“Estoy siendo un poco pesimista, pero quiero ser lo más realista posible, porque se hacen una serie de supuestos y fantasías que no son buenas para el futuro  de Chile”, reconoce Jaime Aleé, al ser consultado por Radio U. de  Santiago, respecto de las expectativas cifradas en la explotación de este mineral no metálico.

“Chile ha producido cobre por muchos años ¿Qué industria se ha generado a partir de su producción?”. A partir de  esta interrogante el especialista Aleé no sólo fundamentó su visión, sino que convocó a reflexionar respecto del diseño de una política pública que procure el desarrollo de una industria del litio, sustentada no sólo en “actos de voluntarismo, sino que teniendo altos grados de realidad respecto de porqué y bajo qué condiciones la explotación sería ventajosa o no, para el país”.

De este modo, y a pesar de que agentes públicos y privados sacan cuentas alegres de las potencialidades de la industria del mineral no metálico, Jaime Aleé estima que las expectativas son exageradas, y expone una teoría: “Los países que han vivido de las materias primas sienten una suerte de dolor de que sean explotadas por los países del primer mundo” y agrega que “al litio se le asocia a un mundo tecnológico industrial que no tiene sustento alguno en la realidad. Todo esto es un pensamiento mágico y no por desearlo ocurrirá. Al litio se lo ha ‘inflado’ más de lo que realmente es”.

Finalmente, y en cuanto a las proyecciones de explotación del litio, Jaime Aleé prevé la recuperación del liderazgo en el mercado considerando los nuevos contratos firmados por CORFO, descartando la creación de una empresa nacional para el desarrollo de la industria del mineral no metálico.

Este lunes se efectuó un alza de $20 en el precio del pasaje del Transantiago, lo que sigue  generando diversas muestras  de rechazo a la  medida por parte de los usuarios. De esta manera, el costo de los buses aumentó hasta los $660, mientras que el Metro llegará hasta los $760 en horario punta. Aunque la decisión fue informada este viernes, la determinación ya había sido tomada en diciembre del año pasado, según consta en las actas de las reuniones del Panel de Expertos, instancia que calcula estos valores.

Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Rodrigo Martin, esta alza es “natural” en un sistema concesionado de licitación operada por privados, donde lo primordial es asegurar la rentabilidad del negocio para las empresas involucradas, sin tomar en cuenta el beneficio para los usuarios. “Los avances que podríamos tener requieren una visión más cuidadosa y con una filosofía de base diferente respecto a lo que es el derecho al transporte en la ciudad”, sostuvo en conversación con el programa Sin Tacos ni Corbata de Radio U. de Santiago.

Según explica el  también subdirector del “Smart City Lab Santiago” del plantel estatal, el Panel de Expertos calcula el valor del pasaje solo en base a criterios como los costos de operación –es decir, los insumos que requieren las máquinas- o los niveles de evasión que alcanza el sistema en un determinado momento, pero no en caso que los buses se ajusten a las necesidades de las personas o, incluso, si todos pueden pagarlo. “El 10% más pobre de Santiago gasta un porcentaje cercano al 20% de su ingreso familiar en transporte”, ejemplifica.

Principio de equidad

“Uno de los objetivos deseables, si nos comparamos con otros países”, continúa el especialista, “es que el decil más pobre gaste en el rango del 10% de su ingreso en transporte. Ese podría ser un objetivo de definición de precios, un valor razonable para los grupos socioeconómicos más desposeídos, pero lo estamos haciendo al revés. Estamos asegurando que el negocio de una empresa privada funcione y lo que paga la gente es una consecuencia, no un objetivo”.

Por eso, plantea que el sistema debiera considerar la intervención estatal para que la definición de precios contemple un principio de equidad, ya que no todos los grupos socioeconómicos se ven igualmente presionados frente a un mismo valor.

“Hay que avanzar hacia líneas controladas por el Estado, subsidiadas en lugares específicos. No digo que se subsidie todo el Transantiago, sino que se balancee hacia los sectores socioeconómicos más necesitados, lo que podría generar señales interesantes en términos de equidad para ir en contra de esto tan homogéneo, parejo e injusto”, propone, el experto.

Finalmente, el académico de la U. de Santiago llama a observar el caso de Brasil, país donde se discutió la posibilidad de incorporar en la Constitución el derecho a la movilidad.

“Cuando se aumenta el valor de un servicio y no se mejora nada respecto a eso, se suspende la licitación y se revierten las alternativas de mejor calidad, es súper contradictorio para la gente y va en contra de todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, de reducir la evasión”, afirma.

“Esta alza es una señal muy mala y es entendible que la gente tenga un nivel de frustración”, concluye.

Cuatro funcionarios de Carabineros fueron desvinculados de la Institución la semana pasada por su eventual responsabilidad en los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y filtraciones; así como violación de secreto y sabotaje informático, en el marco de las pesquisas realizadas durante la llamada ‘Operación Huracán’.

Sin embargo, para el secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, abogado Luis Bobadilla, estas desvinculaciones “no sirven”. Entrevistado por el programa de análisis de coyuntura Sin Pretexto de  Radio U. de Santiago, el jurista fundamentó su postura ya que, a su juicio, “tiene que haber una cirugía mucho más profunda, pues es necesario que los servicios de inteligencia de la Institución se replanteen por completo, y que se revise cómo funciona su relación o comunicación con el Ministerio Público”.

En la misma línea, el abogado Bobadilla estima que la investigación que debe llevar adelante el Juzgado de Garantía de Temuco, es una oportunidad para acotar las funciones que cumple la Institución policial, dejando la tarea investigativa en manos de la Policía de Investigaciones, fundamentalmente. “No es posible que una institución destinada a la prevención del delito termine abarcando todo el espectro del trabajo policial”, advirtió.

Sistema Procesal Penal

Para el académico de la Facultad de Derecho de la  estatal U. de Santiago, otra de las lecciones que deja el caso es que el Ministerio Público no puede seguir descansando solo en la confianza generada por las pruebas que aporta Carabineros. En este sentido, sugiere que se modifiquen algunos protocolos contemplados en el Sistema Procesal Penal.

“El Ministerio Público está dependiendo fuertemente de lo que las policías aportan, de manera que el sistema empieza a tambalear cuando hay problemas con la entrega informativa. No hay que olvidar que es un sistema que se construye en base a las confianzas y si falla un eslabón, el sistema en su conjunto se viene abajo”, enfatizó.

Replantear la ANI

Finalmente, el abogado Bobadilla señala que también se debe replantear la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para que se constituya en un órgano que, efectivamente, coordine la labor de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Su visión crítica de  esta  instancia  va  más allá y concluye: “La ANI me parece una institución sumamente poco seria. Cuenta con un equipo muy reducido, no tiene agentes de campo ni informantes y se nutre, básicamente, de lo que las policías le aportan”.

Para el experto en transporte urbano y subdirector del SmartCityLab de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, “la licitación tiene una buena intención y está bien planteada, pero surgieron problemas durante el proceso y, lamentablemente, da la sensación que éste pudiera estar manejado por las empresas privadas”.

Entrevistado en el programa Sin Tacos ni Corbata de Radio U. de Santiago, el académico además reflexiona que “cuando existen elecciones presidenciales y cambio de gobierno, se vuelve más complejo tomar decisiones, pues surgen críticas, las autoridades salientes deben cerrar procesos, por lo que probablemente éste sea el peor momento para realizar una licitación. Lo ideal hubiera sido desarrollarla con anterioridad”.

Como permanente integrante de mesas de trabajo organizadas por el Ministerio, el experto Rodrigo Martin advierte que los contratos de la mitad de las empresas del Transantiago están llegando a su fin, lo que implica extensiones de los mismos.

Fallo no se revierte

“Es complicado que el TDLC revierta su fallo. Es algo que supera los aspectos legales y tiene un carácter más político”, precisa el experto en transporte urbano.

Y si bien aclara que esta licitación no mejora todo lo necesario, al menos permite corregir algunos elementos con impactos positivos para los usuarios, como utilizar indicadores del cumplimiento de servicios respecto de la calidad que se entrega, además de incorporar un cambio tecnológico muy importante, con nuevos buses eléctricos y la simplificación de algunas rutas.

En cuanto a la manera en la que se presentaron las empresas al proceso, asegura que “en el caso de las tres chilenas, no compitieron entre ellas por ninguna unidad de negocio y se repartieron los recorridos al momento de postular, lo que es tremendamente cuestionable, considerando que debería tratarse de un proceso secreto que asegure competencia”.

Respecto del futuro del proceso de licitación, Rodrigo Martin anticipa que si la postergación busca realizar correcciones, “debemos tener la seguridad de que efectivamente será así y no implicará más demora”. Esto, a propósito de que el presidente electo Sebastián Piñera ya anunció que revisará el funcionamiento del Transantiago.

“El futuro gobierno buscará aplicar su propuesta de Transporte del Tercer Milenio, básicamente asentado en nuevas líneas de Metro, por lo que es posible que incluso cambie la visión del rol de los buses”, concluye el experto en transporte urbano.

En el programa de análisis de coyuntura “Sin Pretexto” de Radio U. de Santiago  y a pocos días de terminar su administración, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, realizó un balance positivo  de la gestión del Gobierno de la Presidenta Bachelet en relación a la agenda de género y el desarrollo de políticas públicas en torno a las desigualdades entre hombres y mujeres.

Para la secretaria de Estado el contar con una institución de rango ministerial que procure la eliminación de toda discriminación de género es capital,  toda vez que se relevan las necesidades y los derechos de las mujeres, “siendo una preocupación de primera línea en el quehacer del Estado”.

En tal sentido la ministra Pascual remarcó que el funcionamiento del Comité interministerial por la igualdad entre hombres y mujeres es parte del fortalecimiento de la institucionalidad impulsado por el gobierno de la Presidenta de Michelle Bachelet y “nos ha permitido abordar de mejor modo los compromisos interministeriales por la igualdad de género”.

Cabe recordar que el programa de la Presidenta Bachelet se planteó una desafiante agenda de género en pro de terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres, lo que implicó, primeramente, la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, institucionalidad que debió hacerse cargo de los cuatro ejes prioritarios de la agenda, esto es: Violencia contra las mujeres; Participación política; Pobreza, mercado laboral y salarios; Derechos sexuales y reproductivos.

Los ejes y sus avances

En cuanto a  la violencia contra las mujeres,  la titular de la cartera destacó la creación de 20 Casas de Acogida, espacios que se suman a las 23 establecidos en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. A estas 43 se sumarán otras cinco, respecto de las cuales “ya están resguardados los recursos para que a fines de 2018, se implementen”, adelantó la ministra de la Mujer y Equidad de Género.

En este mismo eje, la autoridad ministerial abordó un tema social muy sensible, el femicidio, puntualizando que “hemos generado un proyecto de ley que modifica la legislación de violencia intrafamiliar y, al mismo tiempo, crea nuevas definiciones e incorpora nuevos contextos de violencia”.

Esta modificación a la actual  normativa viene a llenar un vacío, puesto que, por ejemplo,  para la Red chilena contra la Violencia hacia las mujeres, la ley de femicidio, promulgada en 2010, es parcial, dado que quedan fuera de la definición de violencia femicida las mujeres y niñas violadas y asesinadas por conocidos, amigos, desconocidos, clientes, y los crímenes de odio contra lesbianas.

En tal sentido la Ministra Pascual, precisó que el proyecto denominado Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, “define formas de violencia más allá de la física, sicológica y sexual, contemplando la violencia económica, simbólica, el acoso sexual callejero, la difusión de imágenes sin consentimiento, entre otras”.

La ley también aumenta las penas de violencia intrafamiliar, y permite la sanción de la violencia en el pololeo o de toda relación íntima sin convivencia bajo el mismo techo. “Con esta legislación, de ser aprobada, Chile formaría parte de aquellos países que están en la segunda generación de normativas de violencia contra las mujeres”, subrayó la ministra Pascual.

De acuerdo a las cifras del propio Ministerio, al 31 de diciembre de 2017, Chile registró  42 femicidios consumados y 112 femicidios frustrados.

Participación política

Según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género el porcentaje de mujeres electas en alcaldías aumentó de 6,4% en 1992 a 11,9% en 2016. Por su parte en las últimas elecciones se pasó de 19 diputadas a 37, y de 6 a 10 senadoras.

En tal contexto la Ministra Pascual valoró la aprobación e implementación de la ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional y fortalece la representatividad de mujeres en el Congreso Nacional, precisando: “El gobierno de la presidenta Bachelet se propuso incorporar el criterio de paridad de género instando a que existan más mujeres en los espacios de la toma de decisiones. Se promovió, por ejemplo, que las directivas de los sindicatos tengan a lo menos un tercio de mujeres, y en los directorios de la empresas públicas el 40% - a lo menos- deben ser mujeres”.

“Yo soy partidaria de que exista el criterio de paridad de género en toda elección”, advirtió la Ministra Pascual.

Brechas de género

El Foro Económico Mundial plantea  que para que una sociedad y su economía prosperen, es fundamental la paridad de género; sin embargo, a nivel global ese logro se ve muy lejano según advierte el informe Global Gender Gap 2017, pues  al ritmo actual, tardará 217 años en cerrarse la brecha del Foro Económico Mundial, que compara tal reducción de género en 144 países.

En este indicador, Chile avanzó siete puestos en comparación a la medición anterior, y se ubicó en el lugar 63. El país ocupa el lugar 39 en logros educativos y 47 en el área salud. El aspecto más negativo evaluado por el Índice es la tasa de incorporación laboral de mujeres que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, alcanza el 49%. En Latinoamérica dicha tasa es del 55%, y en los países OCDE del 61%.

Ante ello la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género instó a “forjar la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en el cuidado de hijas, hijos y familiares”. En tal sentido el gobierno de la Presidenta Bachelet se planteó la tarea de diseñar un sistema nacional de cuidados y apoyos, “identificándose ¿quiénes cuidan y a quiénes se cuida?, constatando una ausencia de políticas públicas en el tema del cuidado de adultos mayores y personas en situación de discapacidad; ante ello creamos el programa piloto de cuidadores y cuidadoras profesionales que está implementado en 21 comunas”, precisó.

Derechos sexuales y reproductivos

Después de 28 años de una lucha sostenida por organizaciones de mujeres, en julio de 2017 la sala del Senado aprobó la ley que despenaliza el aborto por tres causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, no fue hasta agosto, y luego de pasar por el Tribunal Constitucional, que fue visado para convertirse en ley.

Para la Ministra Pascual la ley “viene a saldar una deuda histórica con las mujeres, colocando al Estado en el lugar de las niñas, adolescentes y mujeres. En la tramitación de la ley logramos mantener el principio de no doblegar la voluntad de las mujeres, niñas y adolescentes, asegurar las prestaciones y generar un programa de acompañamiento”, puntualizó.

En relación al recurso de protección presentado por la Universidad Católica para evitar que el reglamento que regula la objeción de conciencia personal e institucional en casos de interrupción del embarazo, se implemente definitivamente y sea modificado, la ministra Pascual detalló: “Estamos estudiando el recurso de protección para entregar los argumentos de fondo”.

Finalmente, y a modo de conclusión la ministra remarcó: “Luego de estos años de gestión ministerial mi evaluación es positiva. Logramos cumplir el programa que la Presidenta Bachelet se propuesto en cuanto a superar las desigualdades que afecta a las mujeres. No obstante aún, nos quedan importantes brechas, por tanto como país debemos seguir avanzando en la equidad de género”.

En entrevista con CNN Chile, el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, explicó que la Carta Magna sostiene que para establecer un delito con pena de muerte se requiere una ley de quórum calificado, es decir, debe ser aprobada por la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio.

El profesional aclaró que este no es el único límite para restituir la pena capital, pues Chile está suscrito al Pacto de San José, tratado internacional que señala que los países que se han restado de aplicar la ejecución, no pueden volver a reponerla.

Sin embargo, el académico precisó que nuestro país “no ha eliminado completamente esta pena, ya que todavía la tenemos en unos delitos residuales en materia de Justicia Militar (crímenes de guerra), lo que nos impide abrirla para todas aquellas acciones que no sean de esa índole”.

“Populismo Legislativo”

Para el constitucionalista Zambrano, la iniciativa de los parlamentarios “podría llamarse ‘populismo legislativo’, porque efectivamente esto llama a voto y parece interesante, pero los límites no sólo son formales sino sustanciales, y la ley no podría establecer la pena de muerte para el delito que se propone ni ningún otro, por el principio de retroactividad”.

Cabe recordar que en 1963 la ejecución del llamado “Chacal de Nahueltoro” se convirtió en uno de los más polémicos e incluso dio lugar a un filme (Miguel Littín) que  se encuentra  en la  categoría de  piezas claves del Nuevo Cine Latinoamericano. El campesino, alcohólico y analfabeto, asesinó a su pareja y a los cinco hijos de ella. Una vez en prisión, Jorge Valenzuela experimentó un cambio radical, acercándose a la religión y tras un gran esfuerzo aprende a leer y escribir.

¿Cuándo se aplicaría la sentencia?

El fusilamiento de “El Chacal de Nahueltoro” sirvió de ejemplo para  el abogado Zambrano, quien en la entrevista  con el canal CNN, puso de relieve  que  este caso sigue causando debate respecto del derecho que le cabe al Estado de decidir sobre la ejecución de una persona.

En esta línea el especialista argumentó que al Estado sí le cabe la restricción de la libertad en determinados delitos y por un determinado tiempo. Aun así el abogado reflexiona: “¿Es razonable que el Estado disponga a perpetuidad completa y en forma absoluta sobre la privación de la vida? Ahí es donde el debate se instala antes de la existencia de la República en el mundo occidental”, remarca.

Por  último, de conformidad a los planteamientos de Zambrano, “el Estado puede fallar en una condena, ya que no tiene ninguna actuación que sea absoluta, entonces ¿por qué establecerla en aquello que es extremadamente grave como es el derecho penal y, más aun, con la pena de muerte?”, advierte.