Polémica ha causado la cifra mínima de militantes para que un partido pueda constituirse como tal (18.512 afiliados), lo que ha traído problemas para casi todas las colectividades. Sin embargo, una nueva dificultad se sumó a esta meta.

En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santa María, explicó que “esto es más complejo de lo que parece. No es una suma general, sino que tienen que estar distribuidos por regiones. Si en una región no se alcanza el 0,25% (de los votantes de la última elección de diputados en dicha zona) o 500 personas, estamos obligados a cancelar la inscripción de ese partido en esa región”.

En ese sentido, advirtió que “si no se alcanza el mínimo en a lo menos tres regiones contiguas u ocho discontinuas, ya no tenemos que cancelar (las candidaturas), sino que disolver a ese partido”, advirtió.

Plazos

El 14 de abril, los partidos deben presentar su nuevo padrón. Sin embargo, el Presidente del Servel solicitó que las colectividades hagan llegar antes de esa fecha la información sobre sus militantes, para no generar inconvenientes en la inscripción de sus candidaturas.

“Como no hay plazo para revisar desde el 15 de abril si los partidos han cumplido la meta (más de 18 mil militantes a nivel nacional), nosotros pedimos que nos empiecen a enviar desde ya las fichas de reinscripción o de afiliados nuevos. No esperemos las últimas 24 horas del plazo, porque nosotros lo vamos a cumplir de todas maneras”, aseguró.

“Antes del 3 de mayo, que es la fecha de declaración de candidaturas para elecciones primarias, nosotros tenemos que saber qué partidos pueden inscribir o declarar candidaturas”, subrayó.

Polémica por condiciones para fichar militantes

En una discutida decisión, el Servicio Electoral autorizó a los partidos tradicionales a reafiliar militantes solo con el envío de una solicitud por mail, adjuntando fotocopia de la cédula de identidad. La medida despertó críticas en las tiendas emergentes, que vieron esto como un acto discriminatorio hacia sus colectividades al otorgarles facilidades con las que ellos no cuentan. En ese contexto, el Servel decidió permitirles la firma electrónica simple para la inscripción de sus militantes. Sin embargo, las agrupaciones quedaron disconformes con la medida, aduciendo que esto ya había sido comprometido y que resulta igualmente engorroso conseguir una rúbrica digital.

Al respecto, Santa María reconoció que la firma electrónica implica un trámite “complejo, caro y engorroso” y que, por eso, “estamos considerando la clave única del Registro Civil como una firma electrónica simple, de manera que nos estamos ajustando absolutamente a lo que está determinado por la ley. No podemos avanzar más allá”, enfatizó.

“Se ha generado un debate que nosotros hemos planteado como artificial. Es la ley la que ha señalado diferentes mecanismos para el caso de los partidos en formación”, insistió Santa María.

Según la autoridad, la normativa sobre partidos políticos establece que las colectividades emergentes solo pueden captar nuevos militantes “de manera presencial, ante un ministro de fe que puede ser un notario público, o un funcionario del Servicio Electoral o un oficial del Registro Civil -en estos últimos dos casos, designados por el respectivo director- y, también, de acuerdo a las disposiciones de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios certificadores de dicha firma”.

A su vez, descartó que existiese alguna anomalía en la decisión de permitir a los partidos ya constituidos que refichen militantes vía correo electrónico adjuntando el carnet.

“En el caso de la reinscripción a partidos que estaban constituidos antes del 5 de mayo de 2015, se estableció que para las personas que ya estaban en los duplicados del registro de afiliados en poder del Servicio Electoral, debe hacerse por medio de un ministro de fe igual que las nuevas afiliaciones de partidos en formación, pero, además, se estableció que el Servel tenía por mandato establecer no solo la firma electrónica, sino que otros mecanismos electrónicos”, explicó.

Además, aseguró que esta medida no estará exenta de mecanismos para chequear la veracidad de la información que reciben. “Nosotros vamos a recibir esa información, vamos a procesarla y a enviar una respuesta: una información a una dirección electrónica que nos envié la persona más una carta certificada al domicilio que tenemos registrado”, indicó.

Esto, “dando un plazo de tres días hábiles desde la recepción de la carta en la oficina de correo respectivo, para que las personas puedan reclamar o solicitar al Servel que se deje sin efecto esa solicitud de ratificación de militancia en el evento de que estuviera siendo mal utilizada”, enfatizó.

Un dictamen de la Contraloría General de la República permitió a la Municipalidad de Lanco (en la Región de Los Ríos) ampliar la venta de medicamentos de sus farmacias, llamadas comúnmente como ‘populares’, a vecinos de otras comunas con las cuales mantenga convenios. Hasta ahora, dichas farmacias solo podían vender insumos a personas que residieran o trabajaran en la comuna respectiva.

Para el especialista en organización industrial y director del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Orlando Balboa, este cambio solo impactará de manera marginal en los precios de los medicamentos. “No creo que sea muy grande el efecto”, sostiene.

El académico explica que “es improbable que haya una baja generalizada de los precios, porque es difícil pensar que en Las Condes bajarán los valores dado que hay más competencia en Pudahuel”.

De acuerdo al académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) del plantel estatal, lo más probable es que las alianzas o convenios entre municipios sean, fundamentalmente, por su cercanía geográfica.

En ese sentido, “las grandes cadenas tienen locales a lo largo de todo Chile y las farmacias populares solo están en determinadas comunas”.

“Es probable que las grandes cadenas discriminen precios. Es decir, los bajen en las comunas donde hay más competencia, y los suban en otras”, indica.

“No se puede desconocer que la decisión puede generar un impacto marginal en las grandes cadenas, pero pueden verse más afectadas las operadoras independientes, porque disputan nichos de mercado similares a las farmacias comunales”, agrega.

“Al extenderse el servicio a más personas, se generaría más competencia, pero centrada más en las independientes que en las grandes cadenas, porque tienen mayores costos”, indica.

A su juicio, estas perciben menores márgenes de ganancia que las grandes, por lo que su negocio podría hacerse inviable en algunos casos. “Puede que les afecte, aunque no sé si la medida implicará la quiebra de estos negocios. Depende mucho de dónde esté centrada la competencia”, puntualiza.

Para el Dr. Balboa, esto podría subsanarse “si los operadores independientes se sumaran a las farmacias populares en la Cenabast. Habría que extender un convenio con esas farmacias, pero es un tema legal”.

Los niveles de evasión en el Transantiago volvieron a batir un récord. Ahora, la cifra de no pago se elevó a 35%, lo que genera alarma respecto a la licitación de fin de año sobre cuatro de los siete servicios, en circunstancias que el negocio da señales de ser cada vez menos rentable.

Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, esta situación es “previsible”. “Las medidas que se han ido tomando han sido desordenadas y no han logrado enfrentar el problema de buena manera”, sostiene.

Por eso, indica que “hay que tener una postura concreta y precisa sobre este tema, y el rol del liderazgo ministerial es muy importante en esto, pero no ha aparecido con claridad hasta ahora”.

El académico explica que “no ha habido reacciones coherentes ni del Gobierno, ni de los legisladores, ni de las empresas respecto al tema de la evasión y, en ese estado de incertidumbre, si la gente puede evadir, lo hace y lo sigue haciendo. Es inevitable que algo que está descontrolado como la evasión aumente”.

Por eso, afirma que “no hay ninguna señal de que la evasión vaya a bajar. No se ha hecho nada consistente para reducirla. Lo más probable es que siga aumentando. Las propuestas son todas parciales y la responsabilidad de la evasión no está claramente establecida”.

Proyecto antievasión

Este miércoles, el Senado despachó a la Cámara Baja el denominado proyecto ‘Antievasión’, que crea un registro de pasajeros infractores y aumenta las atribuciones a los fiscalizadores.

Para Martin, la iniciativa “puede resultar incluso más negativa” para la evasión. “Si hacemos un Dicom de la gente que no ha pagado el Transantiago, restringiendo la movilidad y, por lo tanto, el trabajo de esas personas, se transforma en una presión tremenda desprovista de una lectura sensible sobre la realidad socioeconómica del país”.

“Ese no es el camino. Es como poner una trenza sobre la gente, que aprieta a los usuarios del Transantiago que no están buscando un beneficio socioeconómico, sino sobrevivir y moverse en la ciudad”, explica.

En síntesis, “es una presión feroz de un sistema que solo quiere defender el negocio de los operadores, basándose en la factibilidad económica sin ofrecer un servicio razonable para los usuarios”.

Próxima licitación

El académico sostiene que la alarma de las autoridades por la próxima licitación del Transantiago es infundada. “Va a funcionar igual, porque es necesario que las empresas sigan funcionando”, señala.

Sin embargo, indica que los niveles de no pago permitirán a los operadores una mejor negociación con el Estado. “La evasión va a permitir a los privados tener control respecto a los niveles de subsidio”, sostiene.

“Si una empresa se asigna una licitación teniendo un contexto de 35% de evasión, va a exigir ciertas condiciones para poder operar, y eso implicará que el sistema se vuelva más subsidiado y más garantista, y nos va a salir más caro a todos”, explica.

“Lo más probable es que suba el valor del subsidio. La opción de que eso suceda es casi segura”, proyecta.

Tras los recientes aluviones que afectaron a la zona central del país, y que causaron pérdidas humanas, desaparecidos, damnificados, lesionados, cortes de caminos y de suministro de agua potable en Santiago y la región de Valparaíso, el académico del Departamento de Ingeniería Geográfica del Plantel, Dr. Marcelo Caverlotti Silva, sostiene que una vez más quedó en evidencia la vulnerabilidad de nuestro país para enfrentar este tipo de emergencias.

“Chile es un país propenso a generar aluviones y, por lo tanto, somos y seremos vulnerables a este tipo de fenómenos naturales. Para lo anterior debieran existir políticas claras relacionadas con normativas para riesgos geológicos y que estas sean parte de los planos reguladores comunales”, recalca.

En ese contexto, el jefe de la carrera de Ingeniería en geomensura propone la creación de una nueva institución que enfrente las catástrofes naturales.

“Tiene que ser un organismo nuevo especializado y centralizado en las catástrofes naturales, que trate de monitorearlas y predecirlas para minimizar la pérdida de vidas. Esto se puede lograr con imágenes satelitales y equipos en terreno. La tecnología está como para, por ejemplo, crear una alerta prematura”, precisa.

A su vez, aclara que este nuevo organismo “puede agrupar a los ya existentes, como la Onemi o el Sernageomín”.

Al mismo tiempo, el académico aclaró que los planes reguladores de varias comunas del país, “no tienen contemplado las zonas de riesgo y se construye donde no se debiera, como laderas, quebradas, o zonas propensas a aludes o inundaciones. En el norte, por ejemplo, hay casas instaladas en sedimentos mineros y la gente se está intoxicando”.

Asimismo, el Dr. Caverlotti sostiene que se deben generar organizaciones regionales y comunales con conocimientos técnicos que permitan evaluar los riesgos locales de cada sector en particular.

Según el académico, los antecedentes históricos revelan que en Chile, por lo general, los aluviones se han originado principalmente por fuertes precipitaciones y de gran intensidad, en zonas de gran pendiente y de quebradas.

Además, enfatiza, “es de conocimiento público que existen emplazamientos humanos en zonas de riesgos de avalanchas, caídas de rocas y aluviones; siendo de suma importancia para prevenir efectos negativos que provocan estos fenómenos naturales la planificación urbana y rural”.

Cambio climático

Respecto a que el fenómeno del cambio climático fuese un factor determinante en el origen de los aluviones, el Dr. Carvelotti, sostiene que “ha afectado en cierta medida pero descarto que sea el factor principal, creo que estos acontecimientos se dan mayormente por nuestra topografía y nuestra forma, porque son recurrentes”.

De acuerdo con el ingeniero en Geomensura, existen antecedentes de aluviones desde 1991, registrado en Antofagasta, fenómeno que provocó 92 fallecidos y 70 mil damnificados. Otro también importante fue el de 1993 en la Quebrada de Macul-La Higuera que causó 26 muertes, 8 desaparecidos y más de 32 mil damnificados.

“Estos aluviones ocurrieron antes que se estudiara el fenómeno del cambio climático”, asegura.

Del mismo modo, para enfrentar la emergencia, el académico subraya que es necesario “tener una visión de Estado que permita trabajar en políticas públicas y proyectos a largo plazo que de forma efectiva aborden los problemas de los riesgos naturales y de esta forma no tener que lamentar víctimas fatales cada vez que se produzcan eventos como en este caso de aluviones, que está expuesto nuestro país”.

Agrega que “mientras no esté la fuerza de la parte política, todos los organismos técnicos están amarrados de manos, porque para abordar estos temas se necesitan recursos. Mientras no haya un Estado que tome en cuenta que somos un país con este tipo de situaciones de sismología, vulcanología y de aluviones estamos en problemas”.

El Dr. Caverlotti, recordó que “sucedió lo mismo con los recientes incendios forestales, que se solucionó casi de forma espontánea con la señora Avilés que contrató un avión porque no había una política de contingencia ni tampoco planes estratégicos para atacar este tipo de fenómenos, y eso tiene que ver con una política”.

Por tanto, puntualiza, “tiene que haber planes de contingencia y también monitoreo constante para intentar prevenir sobre todo los eventos con muertes de personas”.

La reciente publicación del informe anual de Amnistía Internacional 2016-2017, estudio que resume la situación de los Derechos Humanos en 159 países del orbe, 23 de ellos de la región, destacó que en Chile el aborto continúa tipificado como delito aunque se despenalizaría en algunos casos, que aún se mantiene el uso excesivo e innecesario de la fuerza policial, la violencia en la Araucanía, y la exclusión de la población civil de la jurisdicción militar, entre otros casos.

Al respecto, el presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales Farías, en declaraciones al programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago, criticó que en el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, aún en el Parlamento, se eliminara la disposición que prohíbe a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres que se realizaron un aborto.

“Lo que nos parece impresentable e indigno es que parlamentarios y parlamentarias todavía estén usando sus concepciones personales para construir políticas públicas. La ciudadanía debería decirle a sus parlamentarios que la despenalización del aborto es una necesidad de las mujeres y niñas de Chile; la construcción de políticas públicas son para todos los chilenos y chilenas, y no para un grupo de interés religioso político de otro tipo”, recalcó.

Asimismo, el directivo enfatizó que cada día que pasa sin que se promulgue el proyecto de ley, continúan realizándose abortos clandestinos.

“Cada día que los legisladores siguen discutiendo este tema, cada día hay mujeres y niñas que están generando abortos clandestinos con altos niveles de inseguridad y con posible impacto en su vida y desenlaces fatales. También nos preocupa que con el afán de que el proyecto salga rápido, por parte del gobierno, quede tan desdibujado que al final no tenga ningún impacto”, subrayó.

Excesivo uso de la fuerza policial

Por otro lado, Roberto Morales precisó que en el país se han logrado avances en materia de Derechos Humanos, entre ellos, la tipificación de la tortura y la exclusión de civiles de la jurisdicción militar.

“Sin embargo, sigue siendo preocupante el uso de la fuerza por parte de Carabineros, particularmente en manifestaciones sociales y sobre el pueblo mapuche. En 2016, incluso menores de edad fueron agredidos, también periodistas y funcionarios del Instituto de Derechos Humanos cuando estaban como observadores”, recordó.

Agregó que “estos no son hechos aislados, son más bien sistemáticos y, por tanto, los protocolos que se establecieron y que son conocidos, no se cumplen. Nos parece que las autoridades de la misma policía o del gobierno debieran tomar cartas en el asunto, pero vemos que no lo hacen”.

En cuanto a la situación de la Araucanía, Morales aseguró que es “muy preocupante el uso excesivo de la fuerza de la policía. Uno de los casos más dramáticos y emblemáticos de 2016 fue el del joven Brandon Hernández Huentecol de 17 años quien recibió más de 17 perdigones en la espalda por parte de un funcionario de Carabineros”.

El directivo también recordó los casos del fotógrafo Felipe Durán, quien estuvo más de 300 días con prisión preventiva, resultando finalmente fue absuelto, y de la machi Francisca Linconao, quien estuvo casi un año con la misma medida cautelar.

“Solo en estos dos casos hay un uso excesivo de la medida precautoria, es decir de la prisión preventiva, cuando además no existen las pruebas necesarias, sino se hubiesen juzgado. A nuestro juicio esto genera desconfianza desde el punto de vista de la ciudadanía”, sentenció.

Del mismo modo, afirmó que “hoy en día se está estableciendo una criminalización de la opinión pública sobre las personas del pueblo mapuche, similar a lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera cuando se intentó criminalizar la protesta social a través de la ley Hinzpeter”.

A su vez, advirtió que los Derechos Humanos “deben ser velados, respetados y protegidos, y cuyo principal responsable de esto es el Estado, por tanto, lo que uno debiera esperar es que las instituciones y los agentes del Estado sean lo primeros en generar los mecanismos, elementos, protocolos y formas de actuar que respeten los Derechos Humanos”.

Finalmente, Morales aclaró que Amnistía Internacional ha señalado “que necesitamos sociedades civiles y ciudadanos más activos que empujen, presionen, y estén sistemáticamente indicándoles a sus líderes políticos y sociales que esto tiene que cambiar. Este llamado también deberíamos hacerlo en Chile”.

La semana pasada se puso en marcha la controvertida nueva ley de estacionamientos, que cambia el cobro para el uso de aparcaderos en malls, supermercados y centros de salud según dos criterios: minutos efectivos de utilización o cobro por tramos, si es que el usuario excede los 30 minutos de uso. En este último caso, se puede redondear solo si beneficia al usuario.

Anteriormente, el cobro solo era por tramos. La normativa puso en evidencia que muchos centros comerciales del sector oriente han subido sus valores, lo que dio paso al debate sobre si deben o no regularse los precios en este servicio. Al respecto, el ministro de Economía descartó de plano que se puedan establecer una fijación de precios en el país.

Al respecto, el subdirector del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Dr. Enrique Marinao, es contrario a la opinión del secretario de Estado. “Estamos en condiciones de que se dé una regulación de precios”, sostiene.

El especialista en marketing de servicios y comportamiento del consumidor explica que “el consumidor no tiene la opción de decidir el estacionamiento a ocupar, porque ya están geográficamente establecidos”.

“Un enfermo obligatoriamente debe ocupar el estacionamiento de un recinto de salud determinado. El consumidor no tiene opciones tan de libre mercado como se quiere hacer entender”, ejemplifica.

Además, indica que “en una economía de libre mercado, se prevé que los actores tienen espacio de libertad para subir sus precios en función de los servicios que prestan”, por lo que “se podría intervenir en la regulación de los servicios en función de los atributos y características que se están prestando en los distintos estacionamientos”.

El experto indica que una opción a considerar es establecer una banda de precios. “La banda de precios ofrece una mayor flexibilidad, donde el empresario puede adherirse a ese intervalo, siendo explícito y transparente, y que un mayor cobro se traduzca en servicios anexos”, afirma.

Uno de los mayores beneficios de esta opción, indica Marinao, es que “obliga a transparentar los atributos específicos en que se basan para subir el precio”. Entre estos, seguridad, condiciones del recinto -si tiene techo o aire acondicionado, por ejemplo-, servicios de limpieza, accesos expeditos, etcétera.

El académico critica que “actualmente, solo estamos pagando los metros cuadrados que ocupa un vehículo, sin ninguna característica más, una atención diferenciada que justifique que se cobre más. Parece que en Chile esto da exactamente lo mismo”, critica.

Finalmente, sostiene que “en esta ambigüedad, donde el Gobierno a través de su ministro de Economía dice que no podemos regular los precios, los consumidores quedan totalmente indefensos, porque el empresario tampoco asume la responsabilidad de ofrecer mayores atributos o características en beneficio del consumidor”.

Agrega que “el empresario sube el precio sin importar el servicio añadido que está presentándole al consumidor, y el Estado le hace el quite al tema. ¿Qué les queda a los consumidores? Se ven forzados a usarlos, porque no tienen mayor poder de elección”.

“Las ambigüedades generan espacio para que exista una posible colusión, carteles de precio en determinados sectores de Santiago, y los consumidores tendrán que pagar sí o sí”, concluye.

La madrugada del sábado, a solo kilómetros de la frontera con nuestro país, un bus con 40 pasajeros de la empresa Turbus que se dirigía desde Mendoza hacia Santiago, volcó en una de las curvas dejando un saldo de 19 personas fallecidas, dos de ellas chilenas.

Las primeras pericias indican que el accidente habría ocurrido porque el conductor de la máquina, Francisco Sanhueza, enfrentó una curva muy peligrosa a una velocidad cercana a los 100 k/h. Ante su evidente responsabilidad en el suceso, el conductor está siendo imputado por la justicia Argentina y enfrenta penas que podrían alcanzar los 25 años de cárcel.

En conversación con el programa Sin Pretexto de radio U. de Santiago, el ingeniero en tránsito de la Universidad Técnica del Estado (UTE), Jaime Bravo, afirmó que la gran mayoría de los accidentes carreteros en Chile obedecen a la impudencia de los conductores, factor que habría provocado el volcamiento en la frontera.

“Los accidentes son multicausales y cuando uno ve la parrilla completa de los accidentes en Chile se podrá dar cuenta que la gran mayoría obedecen a la imprudencia. Respecto a este accidente hay testimonios bastante elocuentes”, comentó.

Aclaró que “el camino que viene casi excediendo a la aduana de Chile es bastante serpenteante, tiene unas pendientes muy pronunciadas. Y a esa hora de la madrugada, en que se produjo el accidente, se tiende a tratar de llegar de manera oportuna a ponerse en la fila para poder salir luego del paso fronterizo y eso hace cometer ciertos grados de imprudencia a los conductores”.

Asimismo, Bravo cuestionó la función del segundo conductor del bus.

“Me resulta muy extraño que el copiloto vaya durmiendo, en circunstancias que si hay dos conductores es para que uno coadyuve en la función de apoyo para que no caiga en estados de fatiga”, subrayó.

En ese contexto, el experto recordó que la segunda causa de accidentes en Chile es la pérdida de control de un vehículo, “así que no resulta extraño que situaciones de esta naturaleza se hayan producido en forma frecuente en nuestro país, porque circular sobre todo en caminos de montaña requiere de destrezas un poco más particulares que las generales que uno utiliza circulando por la ciudad”.

Capacitación a conductores

Por otro lado, Bravo puntualizó que a pesar de la buena infraestructura en carreteras y calidad de vehículos, los conductores de nuestro país “dejan mucho que desear”.

“Respecto a infraestructura y a vehículos, Chile tiene estándares que podrían ser elogiados en todo el concierto latinoamericano. Tenemos el parque vehicular más moderno de Sudamérica después de Brasil, sin embargo nuestros conductores dejan mucho que desear”, recalcó.

Y acotó que “durante más de 20 años nuestras exigencias para obtener una licencia han sido bastante básicas. Y en estos últimos tres años donde se han aplicado algunas exigencias más relacionadas con los conocimientos y las habilidades y destrezas, se ha aumentado el número de reprobados”.

En relación al accidente, Bravo enfatizó que quienes formaron a los conductores del Turbus deberían entregar un informe a la autoridad para que sea de conocimiento público cuáles son sus capacidades.

“Deberíamos saber dónde se entregó la licencia, cuáles fueron los planes de formación, cuál fue el centro formador de esos conductores profesionales y ahí podríamos sacar algunos resultados para que este accidente no vuelva a ocurrir. Si tenemos buena infraestructura y buenos vehículos, también tenemos que procurar tener buenos conductores”, indicó.

“Conductores deben respetar las normas”

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Buses de Transportes de Pasajeros, Fenabus, Marcos Carter, señaló en Sin Pretexto que los buses asociados al gremio cumplen con las normas de seguridad.

“Nosotros estamos por dar seguridad a los usuarios en todo aspecto, no solo del manejo, como el tercer ojo, el control automatizado de conducción, GPS, el control de velocidad, entre otros. Como gremio, todo lo que se está invirtiendo en tecnología es por cuenta nuestra”, aseguró.

A su vez, afirmó que los pasajeros tienden a no respetar las reglas. “Aquí hay un tema cultural, porque, por ejemplo, el pasajero es un poco reacio a usar el cinturón de seguridad, pero las reglas del juego son así, hay que cumplirlas”.

Respecto a los conductores, precisó que “ellos tienen que capacitarse y respetar las normas que existen. Si hay zonas que indican una velocidad hay que cumplirla”.

La seguridad en el sistema judicial y particularmente en los tribunales de Justicia vuelve a instalarse en el debate, a propósito de la fuga de un reo en el tribunal de la comuna de San Bernardo, quien junto con robar el arma del gendarme que lo custodiaba utilizó a un juez como escudo humano para escapar.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, aseguró en el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago que “esto es una demostración más de lo que venimos diciendo hace varios años, en el sentido de que existen serios problemas de seguridad dentro de los tribunales y en general en el manejo de todo el sistema procesal penal”.

Asimismo, aseveró que “lamentablemente no ha habido voluntad política para implementar soluciones”, añadiendo que “hemos hecho presentaciones al Ministerio de Justicia haciendo presente que no existen condiciones de seguridad y que en cualquier momento podía ocurrir algo como lo que pasó en el tribunal de San Bernardo”.

El representante de los fiscales advirtió sobre la necesidad de aumentar el personal de Gendarmería y la ausencia de condiciones de seguridad mínima en el manejo de los recintos. “O no hay protocolos de seguridad o los que existen no están funcionando. Hoy la mayoría de las salas de audiencia del país no tienen separación entre la zona de imputados y la zona del público. Muchos fiscales litigan a un metro de los familiares de los imputados. También compartimos los mismos ascensores”, criticó.

Mesa de trabajo

En cuanto a la posibilidad de integrar alguna instancia multilateral, donde participen distintos sectores involucrados en el sistema judicial para analizar dichos problemas, Claudio Uribe cuestionó que como Asociación no hayan sido convocados. “Hace algunos años participamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, a propósito del tema de inseguridad, donde generamos varias propuestas. Finalmente no pasó nada”, recordó.

“Lo primero es que tenemos la voluntad para dialogar”, aseguró, cuestionando la lentitud para abordar el problema, así como la posibilidad de convocar a una mesa de trabajo integrada solo por personas que no participan en los tribunales.

“Esperamos ser convocados de manera formal. Si no vamos los fiscales, quienes somos los más dispuestos a participar, llegaríamos a la conclusión que se trata de una mesa cosmética y que no tiene ninguna intención seria de solucionar el tema”, puntualizó.

Junto con recordar las fallidas solicitudes de reuniones con el Ministerio de Justicia, destacó que este miércoles 15 de febrero ingresaron una solicitud de audiencia para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet y poder analizar las propuestas de los fiscales sobre la materia. “El Poder Judicial debe otorgar facilidades a los intervinientes para evitar el contacto con familiares de los imputados y otras personas que puedan estar circulando en las zonas de público”, planteó como parte de los requerimientos de la Asociación que preside.

A propósito del proyecto de ley que busca despenalizar el consumo de marihuana anunciado por el Gobierno, y que contempla la tenencia de un máximo de cinco gramos y el cultivo en un hogar de una sola planta, el director de la Revista Cáñamo Claudio Venegas analizó en el programa “Sin Pretexto” el actual escenario.

Según el psicólogo, “en materia de drogas lamentablemente en este país nos han mal acostumbrado”, destacando de paso los anuncios del nuevo director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Patricio Bustos, quien aseguró hace algunos días que “la marihuana no es una puerta de entrada a otras drogas”.

“Las declaraciones de Patricio Bustos representan un avance notable, en relación a las posiciones que mantenía su antecesor Mariano Montenegro. Nos parece un enfoque de apertura y de mayor comprensión del tema, más dialogante”, advirtió Venegas, añadiendo que “tenemos muchas esperanzas que puedan existir avances sustantivos en materia no solo de cannabis, pues lo que Chile necesita es una nueva política de drogas”.

Asimismo, planteó que “en Chile el uso y tenencia de sustancias para consumo personal, ilegales y de acceso restringido, es algo totalmente lícito, mientras sea para consumo privado y próximo en el tiempo, incluso con la actual ley. Hay un error de concepto en creer que ahora se está abriendo la puerta”.

Por ello advirtió que surgen paradojas al momento de aplicar la actual legislación. “Por ejemplo, en el caso de las policías se traduce en detenciones de decenas de miles de personas usuarias. Lo mismo que respecto del cultivo. En el caso de la cannabis, cuando es para uso personal, siempre ha sido lícito”, aclaró.

También durante el programa el director de la Revista Cáñamo recordó que durante el último año la Corte Suprema emitió varios fallos donde ratifica que incluso sería lícito el cultivo colectivo de cannabis para uso personal. “Y si se trata de un consumo, tenencia o cultivo en el contexto de un tratamiento médico, más lícito aún”, agregó.

En ese sentido no dudó en cuestionar la actual legislación. “La actual ley es tan mala, que durante años ha generado ambigüedades, arbitrariedades y discrecionalidades, por lo que es necesario avanzar hacia una regulación más precisa sobre un fenómeno que ya ocurre en Chile”, manifestó.

Según los datos oficiales –recalcó el psicólogo– en Chile el cannabis jamás ha sido la droga de inicio. “De hecho, es la cuarta sustancia en aparición cronológica de consumo. La lista la encabezan el tabaco y el alcohol, seguida por las sustancias inhalables. Así ha ocurrido al menos en los últimos diez años”, detalló.

Finalmente, insistió en destacar las declaraciones del doctor Patricio Bustos. “Ha dicho algo que hemos sostenido desde la Revista Cáñamo hace doce años, y que se sabe internacionalmente desde hace mucho tiempo. El cannabis nunca ha sido la puerta de entrada a otras sustancias. Ese es uno de los tantos mitos que se incubó en los años '90, de la mano del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), para justificar esta represión contra el cannabis”, concluyó.

Según la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, más de un millón 300 mil personas -cerca del 10 por ciento de los afiliados- se cambió de fondo de AFP durante 2016, un 25,6 por ciento más de los casi un millón 100 mil personas que lo hicieron en 2015.

El fondo A fue el que tuvo más fugas, alcanzando cerca de 266 mil personas desafiliadas, provocado por la alta volatilidad que presentaron los mercados a principios de 2016, sumado al llamado del movimiento No + AFP a trasladarse hacia el fondo E.

En ese contexto, el dirigente de la Confusam y vocero del movimiento No + AFP, Esteban Maturana, descartó en el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago la volatilidad del mercado, atribuyendo a la agrupación el cambio de escenario.

“Creo que logramos un impacto inmenso, y ha sido reconocido por todos que una de las razones principales por las que se produjo este tráfico de personas desde los fondos de alto riesgo a los de bajo riesgo fue producto de nuestro llamado. No creo que haya sido por la volatilidad del mercado, porque la gente no está muy al tanto de ello”, sostuvo.

Nuevas movilizaciones

Asimismo, el dirigente anunció nuevas movilizaciones para los próximos meses. “Esto nos da a nosotros la esperanza que en el 2017 pongamos sobre el debate principal del país el tema de las AFP, que terminemos con el sistema de pensiones, y eso tendrá que dar pie a nuevas manifestaciones populares”, indicó, añadiendo que “queremos avanzar hacia un paro, una huelga general del país, porque solo a punta de marchas no vamos a modificar el sistema”.

Afirmó que a fines de marzo se realizará una nueva marcha, mientras que en agosto espera que se concrete un paro nacional. “Primeramente tenemos convocada una movilización para el domingo 26 de marzo. Hay otras acciones que queremos llevar a cabo, hasta agosto, donde ya tenemos pensada una nueva convocatoria para un paro nacional productivo”, subrayó.

A su vez, recordó que el movimiento también ha llamado a dejar las AFP Cuprum y Provida. “Estas dos empresas se coludieron entre ellas para hacer un negocio ‘trucho’ avalado por la Superintendencia de Pensiones, considerada irregular por la Contraloría. Sin embargo, el gobierno avaló esta fusión que significó al país perder 400 millones de dólares, dando cuenta que hay complicidad del gobierno con el negocio”.

Fin de las AFP

De la misma manera, Maturana aclaró que cambiarse de un fondo a otro no es el tema principal. “Y es que Chile tiene un sistema de pensiones construido a partir de un impuesto forzoso al trabajo, que es la obligación de imponer el 10 por ciento en un fondo de pensión, que construyó un fondo de capitales que ha servido para capitalizar a las grandes empresas, y no ha servido para generar pensiones para nuestra gente”, recalcó.

El vocero insistió en diseñar un nuevo modelo, totalmente distinto al actual. “Queremos terminar con la AFP, en eso somos muy categóricos, sinceros y claros. Y queremos construir un sistema de pensiones basados en la lógica del reparto. Se han hecho todos los estudios para que esto sea factible financieramente hablando”, concluyó.