“Los sectores pobres se han hecho más pobres”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, tras presentar los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017. Al comparar el ingreso del 10% más rico con el del 10% más pobre de Chile, se observa que los primeros perciben casi 40 veces más (39,1 veces) que lo que obtienen los segundos; en 2015, era 33,9.

Para el Dr. José Gabriel Palma, uno de los expertos más conocidos en materias de desigualdad y académico de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Cambridge, “hace muchos años que ya se perdió el sentido de urgencia respecto de la pobreza y desigualdad”. En un modelo económico esencialmente rentista, se tiene que evitar a toda costa que se genere un mercado del trabajo donde los empresarios tengan que competir por los trabajadores, considera. Para el especialista, cuyo trabajo derivó en la formulación del ‘Coeficiente Palma’ (o ‘Palma ratio’), índice alternativo al tradicional Gini con que se mide esta situación  (http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1627.pdf), jamás vamos a llegar a ninguna parte, menos al desarrollo, mientras eso no ocurra.

A su juicio, ¿por qué se ha dejado de avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad?

Como decía Wittgenstein, notable filósofo del siglo pasado, la condición necesaria para avanzar en este tipo de materias es “el sentido de urgencia”. Eso fue lo que nos hizo avanzar en tantas cosas con el retorno a la democracia. Sin embargo, hace mucho tiempo que ya se perdió la urgencia respecto de la pobreza y la desigualdad. Pasaron a ser temas de los que se habla mucho, pero se avanza poco. La flojera en el persistir parece endémica a nuestra ideología. Lo mismo pasó, por ejemplo, en nuestro sector exportador; se avanzó notablemente en lo puramente extractivo, pero ahí nos quedamos. Nunca se lo industrializó.

Muy diferente a lo que sucede en el Asia emergente.

Quizá, lo que más nos diferencia del Asia emergente es que allá nunca se perdió el sentido de urgencia en una amplia gama de materias. No por casualidad Corea del Sur y Taiwán tienen unas de las menores desigualdades “mercado” en el mundo (antes de impuestos y transferencias). Mucho menor incluso que la de los países nórdicos. Ellos son corredores de maratón; nosotros, apenas de media distancia.

Entonces, ¿la desigualdad es un problema endémico del sistema económico chileno?

Nuestro sistema económico es esencialmente rentista y depredador; vive de la apropiación fácil (e ilegítima) de las rentas de los recursos naturales, de las que generan la falta de competencia (concentración oligopólica), de las financieras y de las que emergen por poder pagar salarios mezquinos a una proporción importante de la población. Recordemos que, según el INE, la mitad de las personas ocupadas percibe ingresos menores a los $380 mil al mes, y eso en un país que se jacta (en forma delirante) de estar en el umbral del desarrollo…

¿Se puede revertir esta situación en el corto plazo?

A raíz de un simple fenómeno demográfico tuvimos hasta hace poco una oportunidad única de revertir eso por “fuerza de mercado”: las familias pobres tienen cada vez menos hijos, por lo que el crecimiento de la oferta de mano de obra barata declina rápidamente (lo que yo llamo “el verdadero bono demográfico”). Eso produjo una sobredemanda de ese tipo de mano de obra y una presión creciente al alza de los salarios más bajos y a un mejoramiento en las condiciones de trabajo.

¿Y cómo se podía enfrentar eso?

Frente a eso habían básicamente dos alternativas: subir productividad o abrir la inmigración. Lo primero, para poder pagar esos salarios en aumento; lo segundo, para que todo pudiese seguir igual. La primera, que caracterizó a los países desarrollados en una etapa similar del desarrollo, era pedir demasiado, pues requería incrementar la inversión, la absorción tecnológica, la diversificación económica, etcétera. Era una pasada de cambio dinamizador. La segunda, harto más fácil, le deba oxígeno a nuestro modelo rentista y así poder postergar al menos por una década el alza de los salarios y la caída de la desigualdad.

¿Qué medidas se pueden impulsar a nivel gubernamental para cambiar esta tendencia?

El gran flujo migratorio ya está aquí y hay que absorberlo de la mejor manera posible, tanto en lo humano como en lo económico, pero como muestra la encuesta Casen, ya comienza a caer el ingreso del trabajo de los deciles más bajos. La política migratoria, empujada inicialmente por el empresariado y el “segundo piso” de la Concertación, ya da sus frutos. Por eso, ahora la tarea de combatir la pobreza es muchísimo más compleja de lo que ya era. Lo mismo respecto a nuestra obscena desigualdad.

La Reforma Tributaria que plantea el Gobierno, ¿ayuda a terminar la desigualdad o acentúa la mala distribución del ingreso?

Lo último que tiene en mente este Gobierno con su Reforma Tributaria es hacer algo por la pobreza o la desigualdad. No fue elegido para eso. En el Gobierno anterior, la Reforma Tributaria tuvo buenas intenciones, pero mala ejecución; todo indica que ahora es justo al revés. Parece que la arenga del Presidente del Sindicato de Escondida respecto a que el resto del país se vaya a donde usted sabe, junto a la postura del ministro que recomendó invertir fuera del país (como lo hace él, con orgullo), reflejan cómo la ideología neoliberal ha permeado nuestro país, desde el empresariado, los traders y políticos de derecha, a tanto “renovado”.

Terminar “con el estrés y agobio que esto genera a los estudiantes”. Así argumentó el senador PPD Jaime Quintana la necesidad de discutir en la Cámara Alta el proyecto que reemplaza la escala de notas de 1,0 a 7,0 desde primero a cuarto básico, iniciativa presentada por él y otros congresistas de la DC y RN.

No obstante, el experto en evaluación educacional y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Daniel Ríos, señala que esta iniciativa podría terminar generando un cambio superficial en el sistema si no se discute el tema de fondo: los aspectos que se evalúan, independientemente de si el mecanismo de calificación es cuantitativo o cualitativo.

“Está la posibilidad de que esta propuesta sea más de tipo cosmética si no se hace la discusión de fondo, que es el sentido que tiene la evaluación en el marco de los procesos pedagógicos que se desarrollan en las escuelas”, afirma.

A juicio del Dr. Ríos, “lo que se está midiendo en los colegios son los conocimientos de memoria, mecánicos y repetitivos”, en circunstancias que “la discusión debiera estar en qué es lo que evalúa el profesor previo a las notas, cómo lo expresa en la interacción con los estudiantes, con qué recursos, y qué didácticas y metodologías utiliza”, subraya.

Para el especialista, los educadores terminan más preocupados del producto que del proceso. Además, alude a estudios que concluyen que aunque los profesores tienden a tener concepciones nuevas de evaluación, cualitativas, en la práctica “siguen siendo positivistas y vinculándose a instrumentos donde la nota es necesaria para comunicar los aprendizajes de los estudiantes”, afirma. Esto, presionados por pruebas estandarizadas, como la PSU.

El Dr. Ríos considera que cualquiera sea el mecanismo de evaluación que se resuelva, este debiera considerar que el estudiante tenga mayor participación, para hacer de este proceso algo más descentralizado y democratizador, intensificando la autoevaluación, coevaluación y la evaluación de pares.

Finalmente, estima que el plazo de cuatro años que considera el proyecto para que los colegios eliminen las notas es escaso para discutir todo lo relativo a esto. “Se requiere hacer una discusión donde los profesores y las comunidades escolares algo tienen que decir respecto a las ventajas y desventajas de las evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas”, concluye.

Los investigadores Dinesh Singh y Felipe Herrera, del Departamento de Física del Plantel, quienes llevan su investigación en el Laboratorio de Nanosíntesis y que gracias al Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRO (Millennium Institute for Research in Optics), un proyecto Fondecyt Regular y un CORFO, se encuentran trabajando en la aplicación de diferentes tipos de nanomateriales y metal organic frameworks (MOFs) para su aplicación en celdas solares, óptica no lineal y absorción de gas, siguen avanzando en su desarrollo.

“El calentamiento global es un tema de importancia para el mundo. Hoy todos están buscando alternativas más verdes, por lo que la utilización de paneles solares nos entrega un producto ilimitado”, señala Dinesh Singh, agregando que “su único problema es el costo y la limitación de los materiales que se usan. Por eso, hoy nos encontramos buscando materiales fáciles de sintetizar en gran cantidad y que proporcionen una solución más económica, manteniendo o mejorando las propiedades y eficiencia”.

De esta forma, la utilización del Grafeno, por parte de nuestros investigadores, viene a ser una solución de bajo costo, que cumple con las mismas características que los metales valiosos.

Esta actividad es llevada a cabo gracias al trabajo de un equipo integrado por dos profesores, postdoctorados, alumnos de doctorado y pregrado.

Felipe Recabal, ex estudiante del Departamento de Física, quien realizó su tesis en la materia, señala que “en el contexto actual de preocupación por el ambiente y el aumento constante de consumo de energía per cápita, se hace aún más relevante y necesario la creación de un dispositivo que permita la obtención de energía de forma amigable con el medio ambiente, evite riesgos colaterales derivados de su producción y tenga un menor costo de inversión”.

Por otra parte, mediante el proyecto MIRO estudian el manejo de materiales ópticos para aplicaciones de alta complejidad (MOF) a través de láseres de alta potencia, con el fin de lograr una comunicación o señales requeridas en la computación cuántica, aplicaciones de la luz para transmitir información, seguridad de datos y física teórica de la luz.

Así, los proyectos del Laboratorio de Nanosíntesis anhelan proporcionar un elemento alternativo, económico y ecológico, que elimine riesgos y toxicidad en su utilización e impacte en la sociedad con un sistema eléctrico independiente.

Un 13% ha disminuido la cobertura de nieve en la cordillera central de Chile desde 2000 a 2016, según un estudio internacional publicado recientemente por la revista Remote Sensing of Environment, que hizo un seguimiento tanto satelital como en terreno de las precipitaciones nivales en la zona.

Para el experto en cambio climático y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Raúl Cordero, esto significa que la zona central contará, a futuro, con menos agua potable y también para riego en el plano agrícola. Según el Dr. Cordero, esto se explica porque el agua que consume la población de este sector del país depende en buena medida de la acumulación de nieve.

“La zona central, que vive bajo estrés hídrico, porque consume el 80% de los recursos disponibles en el año, aumentará su vulnerabilidad y la escasez futura de recursos hídricos, si se confirma la tendencia a la baja que señala el estudio. Por lo tanto, pasaría a ser una zona de escasez”, sostiene.

A juicio del investigador antártico, es muy difícil que esta situación pueda revertirse, debido a que las causas del fenómeno están relacionadas con el calentamiento global, que se traduce en un aumento de temperatura y la disminución de precipitaciones.

“Se van a necesitar recursos hídricos diferentes. Ya no podremos confiar en que el derretimiento de la nieve produzca los recursos que se necesitan. Tendremos que buscar otros, aumentando la cantidad de embalses que permitan acumular agua líquida”, considera. “Cuando desaparece la nieve, porque la temperatura es más alta por efecto del calentamiento global, no se acumula: se derrite, y esa agua se perdería a menos que hayan embalses”, explica.

Para el académico del Departamento de Física, también podría ser necesario desalinizar el agua de mar para ponerla a disposición del consumo humano. Sin embargo, anticipa que todas estas medidas están lejos de ser económicas y que el efecto inmediato será un encarecimiento de la vida en la zona central. 

Finalmente, proyecta que las precipitaciones de mediados de siglo disminuyan entre un 15% y un 20% en la zona central. “Por lo tanto, los embalses debieran aumentar en una proporción similar a la disminución de las precipitaciones, a lo que hay que sumarle el porcentaje para compensar el aumento en la población en la zona central”, concluye.

A un mes de que termine el periodo de Gestión de Episodios Críticos (31 de agosto), estos han aumentado un 26% en comparación al año pasado en la Región Metropolitana. En 2017, las premergencias fueron 2 y las alertas, 25. En 2018, fueron 5 y 29, respectivamente.

Para el experto en modelo de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, el Gobierno ha tenido responsabilidad en el aumento de los episodios críticos.

“Se esperaba una mejoría en las condiciones de calidad del aire este año, dado que entró en vigencia este año el plan de descontaminación de material particulado fino (MP 2,5)”, afirma. Sin embargo, considera que “restringir el uso de la leña no ha sido lo eficiente que uno hubiese esperado. Falta mayor fiscalización y sensibilización de la población para evitar este tipo de calefacción”.

El especialista considera que acotar a solo un dígito la restricción vehicular permanente para vehículos con convertidor catalítico, además de restringir la medida solo al anillo de Américo Vespucio, también podría haber afectado este índice.

Sin embargo, es concluyente al considerar que el número de preemergencias es un claro indicio de que la autoridad medioambiental ha incidido en este aumento de episodios críticos. “Las preemergencias pasaron de 2 a 5, lo que implica un aumento de un 120%. Eso no se puede atribuir tan directamente a los días de mala ventilación. Por lo tanto, el factor meteorológico no es el único que provocaría este aumento”, subraya.

Con todo, considera que una de las razones más importantes que provocaron el aumento son las condiciones meteorológicas que han afectado este año a la capital, caracterizadas por la escasez  de lluvias. “En 2017, hubo 18 situaciones de condiciones malas o críticas de ventilación. Este año, llevamos 25, lo que significa un aumento de 39% en cuanto a días con mala ventilación”, concluye.

“La empresa busca eximirse de responsabilidad para no tener que entregar  compensaciones”. Así interpretó la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, las declaraciones del gerente de mercado de Enel, Víctor Tavera, quien atribuyó a la acción de terceros el corte de luz que afectó por más de una hora y media a las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, Huechuraba y Lo Barnechea el domingo. “Cuando hablamos de que una empresa no se puede hacer cargo del control y la seguridad de sus propias instalaciones sensibles, significa que el día de mañana cualquiera puede dejar a la Región Metropolitana en un apagón completo”, afirmó Rubilar.

Sin embargo, para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, lo sugerido por la autoridad metropolitana resulta poco factible.  “La empresa tendría que hacerse responsable de todas las infraestructuras de tendido eléctrico de la Región Metropolitana, lo cual es cierto en parte, porque tienen que hacerse cargo de los mantenimientos y acciones que producen las fallas. Sin embargo, resulta impracticable que en toda la estructura de la red eléctrica haya personas que salvaguarden acciones inesperadas de parte de terceros”, afirma.

Además, agrega que la normativa tampoco obliga a Enel a realizar esta acción de seguridad. “La ley establece un mecanismo que la empresa está cumpliendo: hacerse responsable cuando ocurre una falla y reponer el servicio en el menor tiempo posible, pero los aspectos de seguridad escapan a su responsabilidad”, enfatiza.

Desde su perspectiva, los responsables de resguardar torres de alta tensión o postes de luz son las policías y no la empresa. “No resulta factible hacerse responsable de toda la infraestructura eléctrica, porque está colocada en el espacio público y los encargados de resguardar los bienes públicos en dicho espacio son las policías”, sostiene.

Finalmente, critica que la legislación vigente no contemple una coordinación fluida entre los gobiernos locales y la autoridad central. A su juicio, establecer una comunicación entre estas instituciones permitiría monitorear mejor la situación del tendido eléctrico, a fin de anticiparse y prevenir eventos que provoquen cortes de luz. “Hay que mejorar el flujo de información entre estos actores. Los municipios pueden informar de lo que ocurre en los barrios a través de sus vecinos”, concluye.

La Primera Jornada Comunicación Pública es un evento académico, que expresa la nueva orientación del Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Santiago. Mediante la creación de esta instancia, se busca favorecer el diálogo entre la academia, el medio profesional e institucional, en torno a los desafíos que impone la comunicación pública en el actual escenario comunicacional.

Para su organización, se han convocado a fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, municipalidades, medios de comunicación, instituciones castrenses y organismos públicos. En total, se trata de más 120 asistentes, que se reunirán por un día a discutir reflexionar sobre estos temas.

Las jornadas se organizan en tres grandes paneles. Un primer panel intenta responder a la pregunta: “¿Cómo comunica el Estado? Campañas públicas y ciudadanía”. El segundo panel tratará el tema: “Los Medios de Comunicación en el Escenario Digital. Entre un nuevo marco regulatorio y el desafío de las nuevas audiencias”. Cierra el debate el tercer y último panel, que lleva por título: “La comunicación pública más allá del Estado. La Sociedad Civil tiene la palabra”.

La Primera Jornada de Comunicación Pública es una iniciativa impulsada por el Magíster en Ciencias de la Comunicación, con el apoyo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile.

La entrada liberada previa inscripción en el siguiente link: http://www.comunicacionpublicausach.cl/jornadas

“¿Por qué no hacen un bingo?”. Esa fue la recomendación del ministro de Educación, Gerardo Varela, para solucionar los problemas de infraestructura que afectan a los colegios del país. Lo cierto es que, en promedio, los municipios destinan solo un 5% de su presupuesto en el ítem educación, según revelaron datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional recabados por la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm).

Para la especialista en currículum y evaluación, y académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Andrea Rodríguez, este porcentaje es “insuficiente” para mejorar las condiciones en que se imparte la formación en las escuelas públicas, lo que, a su juicio, impacta directamente, en un detrimento de la calidad. 

“Cuando los fondos son porcentualmente tan pocos, no se pueden realizar los acompañamientos necesarios para potenciar los procesos de mejora educativa al interior de los colegios”, enfatiza y agrega que “un presupuesto tan bajo implica que la carga docente se concentra solo en que los profesores hagan docencia y no se pueden disponer de horas más extendidas para la preparación de dichas clases, la planificación, realizar entrevistas, etcétera”, insiste.

Para la doctora en ciencias de la educación, que ha investigado sobre la gestión curricular y pedagógica en municipios, esta cifra porcentual revela la urgencia de avanzar en más servicios locales que consoliden el proceso de desmunicipalizacion que se está implementando en el país, y que concentren su quehacer en los aprendizajes.

“Este porcentaje refleja la crisis de la educación municipal y la urgencia de avanzar en desmunicipalización, porque las alcaldías no dan abasto con la cantidad de tareas que desarrollan”, considera. “Los municipios son una estructura organizacional agotada que no resuelve el problema de la calidad de la educación pública”, agrega.

Finalmente, recalca que otra de las tensiones que genera este modelo educativo es que hay municipios más ricos y otros más pobres. Por lo tanto, el aporte que realizan no es justo para las alcaldías con menos recursos. “La calidad de los procesos educativos, docencia y gestión escolar queda al arbitrio de los municipios y no es posible hablar de una gestión homogénea de la educación municipal”, concluye.

Un 51% crecieron las denuncias por acoso sexual laboral entre enero y junio de este año, en comparación al mismo periodo de 2017. Según la Dirección del Trabajo, en el último mes de este semestre se registraron 53 denuncias, la cifra más alta de 2018.

Para el psicólogo laboral y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Raúl Berríos, es difícil combatir esta cifra con resultados significativos en el corto plazo. A su juicio, esta conducta se encuentra, la mayoría de las veces, enquistada en la cultura organizacional de las empresas.

“Esto tiene que ver con pautas culturales arraigadas dentro de las empresas y uno podría pensar que aun cuando hubiesen más mujeres en cargos directivos, les podría ser difícil cambiar e, incluso, percibir que existen estos casos dentro de su organización”, sostiene.

Para el especialista en el estudio de las emociones, relaciones interpersonales en las organizaciones y dinámicas de los equipos de trabajo, este es un proceso que durará mucho tiempo para que las organizaciones se acostumbren, lo incorporen y cambien sus prácticas.

Sin embargo, “uno esperaría que esto se instale como una preocupación genuina. Por ejemplo, que dentro de la declaración de valores de las organizaciones, se incluya la igualdad, con el respeto por la diversidad sexual y de género, para empezar a cambiar la manera en que piensan su relación con las mujeres”, afirma el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) del plantel estatal.

Finalmente, valora que en el último tiempo se haya hecho más patente esta situación. “En el pasado reciente, los episodios de abuso o acoso sexual eran invisivilizados y las víctimas, muchas veces, tendían a pensar que tenían un grado de culpabilidad respecto a la situación que padecían”, concluye el Dr. Berríos.

En su año y medio de existencia, la Facultad de Derecho de la U. de Santiago ha desarrollado diversas actividades académicas y de vinculación con el medio. Entre estas últimas, dos seminarios sobre la Reforma Laboral, en junio de 2017, y sobre la Ley de Inclusión Laboral, el 5 de julio recién pasado. En ambas ocasiones se aplicó una encuesta para medir, entre otras cosas, el nivel de conocimiento de la existencia de la Facultad.

De los resultados obtenidos este año, en comparación al año anterior, se refleja un alza. Frente a la pregunta “¿Antes de enterarse de la realización de este seminario, usted conocía de la existencia de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago?”, un 72% declaró que sí, mientras que el año 2017 un 55% contestó afirmativamente.

En ambas ocasiones, con un promedio de asistencia de 70 personas, la encuesta ha estado dirigida a una muestra similar. En su mayoría -sobre el 80%- abogados, además de profesionales de áreas afines a la gestión de personas.

Pero este año, además, quienes participaron en la encuesta fueron más: 87% de los asistentes, mientras que en 2017 lo hizo el 50%.

Satisfacción

Además de medir conocimiento, en la encuesta también se consultaron temas relacionados al nivel de satisfacción generado por ciertos aspectos de la organización del seminario. Un 89% de los encuestados manifestó sentirse satisfecho o muy satisfecho con aspectos como el lugar de realización, el método de inscripción, horario y las exposiciones.  

El seminario se realizó en el Hotel Crown Plaza y contó con las exposiciones del Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza; del experto en normas de la OIT, Humberto Villasmil; del Diputado Evópoli, Francisco Undurraga; del director de la Red de Empresas Inclusivas, Rodrigo Carvajal; y de la profesora Cecily Halpern, especialista en Derecho del Trabajo y Vicedecana de la Facultad.

Los panelistas coincidieron en el cambio cultural que debe acompañar la aplicación de la Ley de Inclusión Laboral y de la importancia de ir clarificando los alcances de ciertos aspectos, como la obligatoriedad de organismos públicos y empresas con más de 100 colaboradores o colaboradoras de contratar un 1% de personas con discapacidad.

Cabe señalar que durante el año pasado y lo que va de este, la Facultad ha desplegado una serie de iniciativas para vincularse al medio y ser conocida, entre ellas, además de los seminarios y el desarrollo de canales de comunicación institucionales, una campaña de difusión en medios especializados enfocados al mundo jurídico.