El Gobierno anunció que presentará –a través de indicaciones- el proyecto de ley que modifica la Ley de Fármacos II, con el objetivo de abaratar los costos de un medicamento, según informó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Una de las medidas que contemplaría la iniciativa sería impulsar la venta de medicamentos en las góndolas de los supermercados.

Para el experto en toxicología y académico de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, una decisión de ese tipo sería “nefasta”, porque expondrá a la sociedad a una serie de medicamentos que pueden resultar tóxicos si la demanda del paciente no se encuentra mediada por un farmacéutico o una asesoría profesional.

“La automedicación es mucho más frecuente en personas que no tienen cómo financiar el acceso a sistemas privados. Por eso, los medicamentos que estarán en las góndolas aumentarán los márgenes de rentabilidad de los supermercados a un costo inimaginable para la salud pública”, sostiene el Dr. Rojo. “¿Dónde van a ir esos pacientes con reacción adversa a los medicamentos? A centros de la red pública y, por lo tanto, se tendrá que asumir el costo de esto”, insiste.

El doctor en farmacología explica que los remedios que se encontrarán en las góndolas muy posiblemente serán el Paracetamol, que según el ISP puede resultar tóxico en dosis inadecuadas; o analgésicos no esteroidales, como el Diclofenaco, Piroxicam, Ibuprofeno, Naproxeno o Ketoprofeno, que conllevan un alto riesgo de gastritis si se abusa o problemas renales si se usan por un tiempo prolongado.

“El consumidor va a sacar los tallarines y el analgésico no esteroidal que produce gastritis, o va a comprar el Paracetamol que produce insuficiencia hepática. O peor, van a tener a disposición  antigripales que producen sueño y que si se mezclan con alcohol, aumentan la probabilidad de  accidentes de tránsito”, grafica.

Finalmente, el especialista estima que los precios de los medicamentos no serán más baratos si se aumentan los centros de distribución de estos. El académico explica que el principal problema está en que en Chile no se pueden fijar precios éticos, como en otros países, para productos que implican un bien social. Por lo tanto, los laboratorios venden a unas pocas droguerías o distribuidores farmacéuticos al precio que estimen conveniente. A su juicio, esto se presta para que homologuen los precios hacia arriba, a objeto de venderlos más caros a los centros de distribución, como las farmacias.

“Si no existe un consejo farmacéutico al respecto, la autorización de un profesional o un lugar donde se pueda preguntar al menos, existe un alto riesgo de que se presenten problemas en la salud de la población derivados del mal uso de los medicamentos”, concluye.

En jornada inaugural, que se realizó el sábado 7 de abril, la coordinadora del diplomado Andrea Lizama Lefno señaló que la importancia del programa impulsado por la Facultad de Ciencias Médicas, radica en que “la fibromialgia es una enfermedad que pone en evidencia la necesidad de un modelo capaz de abordar los problemas de salud de manera integrativa, contemplando la multiplicidad de factores involucrados, desde los aspectos biológicos hasta las emociones, el género y la historia de vida, y también la importancia del trabajo clínico en equipos multidisciplinarios, colaborativos y éticos, con un enfoque de caso”.

La primera clase destacó  por la participación pacientes invitados quienes compartieron su testimonios con los estudiantes. Durante la jornada además se realizaron conversatorios y relatorías.“La clase inaugural significó un regalo para el equipo docente, porque fueron casi dos años de trabajo previo, en que de forma metódica unimos criterios y trabajamos interdisciplinariamente para crear un programa de contenidos, entonces observar y sentir la recepción de los alumnos demuestra que el trabajo valió la pena”, señaló  la kinesióloga y Master en Gestión Educacional, María Jesús Muñoz, Directora de Fundación Rehabilitar y docente del programa

Por su parte, el psicólogo, Magister en psicología clínica, Mauricio Gateño, también docente del Diplomado dijo que el diplomado “es el resultado del trabajo de un grupo con calidad humana y profesional reunido en torno a un sueño, mejorar la calidad de salud y vida de personas que están sin ser tratadas adecuadamente”.

El programa académico, de cinco meses de duración,  contempla, en una primera instancia, el abordaje de la fibromialgia como un problema de salud pública, la definición del dolor desde una perspectiva biopsicosocial, aspectos epidemiológicos de la enfermedad, cuestiones de género asociadas y elementos para una aproximación interdisciplinaria; y en una fase de abordaje clínico contempla el manejo diagnóstico, tratamiento farmacológico y psicológico, terapia kinésica y medicinas integrativas o complementarias.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de marzo de este año aumentó 4,6% en comparación con igual mes de 2017. El dato se encuentra por sobre las expectativas, que se situaban en torno a 4%, y constituye el crecimiento mensual más alto desde abril de 2013, cuando la economía anotó un 5,0%. Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que “este es el primer Imacec que cabe plenamente dentro del Gobierno del Presidente Piñera y, por lo tanto, aquí estamos empezando a ver algo, incipiente, todavía preliminar, de los tiempos mejores”.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, el Gobierno no influyó mayormente en la que califica como una cifra positiva de crecimiento mensual. Desde su perspectiva, el dato está relacionado principalmente a la recuperación del sector minero, producto de que el precio del cobre, sobre US$ 3 la libra, se encuentra en mejor pie que en 2017. Según el Banco Central, el Imacec minero aumentó 31,7%, versus el no minero que lo hizo en 2,9%.

En ese sentido, enfatizó que las cifras de la industria manufacturera y la construcción, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quedan al debe durante el mes de marzo, por lo que se requiere adoptar acciones concretas para que estos sectores continúen con el ritmo de crecimiento de los meses anteriores. Sin embargo, Salas critica que “el Gobierno solo ha dicho que reducirá el gasto público, lo que no es una señal positiva ni para el sector productivo empresarial ni para la inversión pública, que debiera ser expansiva y generar una respuesta positiva del sector de la construcción”.

A su juicio, el crecimiento del Imacec también está incidido por otros factores, como la expansión del gasto público efectuado en los últimos meses por la administración anterior. “Lo que se observa es lo que ha estado ocurriendo como rezago de decisiones previas a este Gobierno, más que de las decisiones nuevas que este haya adoptado”, afirma.

Finalmente, el académico estima que con las cifras normalizadas de la minería, el próximo Imacec mensual podría situarse incluso por debajo del 4%. Por lo tanto, “hay que velar que la demanda de bienes de capital, que es la inversión, se traduzca en una fuerza potente y deje de ser negativa”, concluye.

“Hicimos un análisis de la circulación de vehículos (…) e hicimos una comparación con todos los miércoles del mes de abril, y lo que detectamos es que hay un 11% menos de circulación de vehículos”. Esta fue la cifra con que la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, se refirió a la baja provocada por la restricción vehicular de vehículos catalíticos que se puso en marcha este miércoles, en el marco del Plan de Descontaminación de la capital.

Para el especialista en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, la disminución de contaminantes que se produce por la no circulación de esta cantidad de automóviles es poco significativa.

“Suponiendo que, efectivamente, fuera del orden del 10% la cantidad de autos que dejaron de circular, eso implicaría que, idealmente, bajaría un 10% la contaminación por vehículos”, sostiene. “Considerando que las emisiones generadas por vehículos en Santiago representan un 20% de la contaminación total de la capital, el 10% de ese 20%  sería igual a un 2%. Es decir, bajarían en un 2% los niveles de contaminación”, explica.

Por otra parte, el especialista critica que la medida se haya acotado a solo restringir un dígito -no dos como se planteó en primera instancia- y que se terminara aplicando solo en el interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, ya que no lograría transmitir a la población que debe preferirse el transporte público en vez del automóvil particular para tener una ciudad más limpia y descongestionada. “No queda tan claro el mensaje con esto. En realidad, lo que se está transmitiendo es que se debe renovar el auto para no tener restricción”, considera.

Finalmente, reconoce que para que esto último suceda también se debe mejorar la calidad del transporte público que existe actualmente a la capital, ya que para desincentivar el uso del automóvil particular es necesario proporcionar buenas alternativas para que las personas no   perciban la restricción como un castigo.

“Es bastante poco lo que se logra descontaminar con la restricción. Si relacionamos ésta a otras medidas, podría funcionar, pero no nos va a cambiar la vida solo con esta iniciativa en particular”, concluye.

“Hay que evaluar la actual forma de medir y proponer una más representativa y confiable. Esperamos contar con un nuevo indicador durante el segundo semestre de este año”. Con estas palabras, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, se refirió a la forma en que se mide la evasión. Esto, luego que este presentara una variación de cinco puntos entre enero-marzo de este año, donde la elusión alcanzó un 28,5%, y el trimestre anterior, que había registrado 23,7%. La diferencia extrañó al Gobierno y lo motivó a convocar una comisión de expertos para evaluar un nuevo mecanismo.

Sin embargo, para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, no es necesario cambiar el mecanismo, sino que analizar las razones de por qué se presentó una diferencia tan grande entre un trimestre y otro. “Cualquier mejora al mecanismo de muestreo de la evasión es muy razonable, pero eso no soluciona el problema de la alta elusión del pasaje. Es como si se quisiera mejorar la fiebre cambiando el termómetro”, compara.

En la actualidad, la evasión se mide de acuerdo a un muestreo en que el Ministerio de Transportes elige 63 servicios de buses al azar, en los que un “observador incógnito” registrará la cantidad de pasajeros que pagan y los que no lo hacen. Luego, se calcula un promedio ponderado por cada empresa del Transantiago, a objeto de llegar al resultado final.

Para Martin, aunque se mejore el muestreo, la forma de medir la evasión siempre llegará a resultados aproximativos y, por lo mismo, será objeto de críticas constantes, porque nunca logrará cubrir la conducta de todos los usuarios del sistema. “Si uno quisiera medir la evasión con total certeza, la muestra tendría que cubrir el 100%, pero una fiscalización como esa sería tan costosa como la operación misma del sistema, por la cantidad de personas requeridas para llevarla a cabo”, sostiene.

Por otra parte, para el especialista existen razones que explican que la diferencia sea tan grande entre un trimestre y otro. En primer lugar, por el aumento del valor del pasaje efectuado a principios de año. Segundo, porque el Gobierno optó por postergar el mejoramiento del sistema de transportes, al dejar caer la licitación del nuevo Transantiago, que había dejado la ex Presidenta Michelle Bachelet y que consideraba la renovación de la flota, señal de mejoramiento de la calidad para el usuario que no fue considerada por la actual administración al momento de desestimar la convocatoria.

Finalmente, el académico insiste en el valor de tener cifras que puedan compararse en el tiempo, lo que se perdería si se cambia la manera en que se mide la evasión del Transantiago. “Hay que tener cuidado cuando se critica un resultado que no es el que uno espera. Hay un empeoramiento de la situación que, básicamente, se debe a una falta de señales de mejoramiento del sistema para el usuario”, concluye.

Un alza del 40,6% obtuvieron las Isapres abiertas durante el año pasado, en comparación a 2016. Las utilidades son las más altas desde 2012, alcanzando los $70.577 millones, y el principal factor que explica el aumento es una mayor recaudación asociada a la prima GES -que son beneficios garantizados por ley que cobran las Isapres para que sus afiliados accedan a las garantías del plan AUGE-, que subió un 38,9% en 2016, lo que significó una recaudación adicional anual para cada empresa de entre $30 mil y $50 mil por beneficiario.

El economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, concuerda en que el alza en las ganancias del sistema privado se explica por el ajuste en la prima GES, pero, además, suma otros factores enquistados en el sistema, como la discriminación que realizan las Isapres por sexo, edad y prevalencias de sus afiliados, lo que hace que cobren por criterios que no hacen justo el acceso a la salud.

“Las Isapres aprovechan el dominio de mercado que tienen, como quien vende un producto que tiene mucha demanda o cuya demanda no puede ser dejada de lado, porque es salud. Son relativamente monopólicas respecto de sus propios beneficiarios”, afirma. “El sistema necesita ser reformado sin duda, ya que tiene varias deficiencias”, enfatiza.

El académico critica que una gran cantidad de fondos asociados a la prima GES no son utilizados por las Isapres, lo que termina provocando que dichos fondos terminen constituyendo solo utilidades, ya que el sistema de salud privado no contempla la devolución del dinero que recibe.

“Eso es una debilidad del sistema GES, porque si se está pagando por el acceso a los servicios, debiera haber alguna forma de que esos recursos pudieran ser manejados con más eficiencia, teniendo a más gente incorporada o más enfermedades que pudieran ser cubiertas. Si está sobrando dinero, hay algo que no está bien”, afirma.

Finalmente, indica que la reestructuración de las Isapre debe contemplar la no discriminación por tipo de paciente, estableciendo un plan base que garantice igualdad de sus afiliados en el acceso a la salud y no, a través de precios diferenciados. “Debe establecerse un plan base de atención de salud a cualquiera de sus afiliados, independiente de su condición”, concluye.

En el marco del plan de descontaminación para Santiago que dejó el Gobierno anterior, el Ministerio de Transportes informó que la restricción a catalíticos, que comenzará a regir desde el 2 de mayo para vehículos inscritos antes de septiembre de 2011, será de solo un dígito y no de dos, como había anunciado la administración anterior. Además, la cartera señaló que la medida solo regirá para quienes circulen al interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, con lo que las comunas con más habitantes de la RM –parte de Maipú y todo Puente Alto- quedarán exentos de la norma. Similar será el caso de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Para el experto en contaminación atmosférica y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, acotar la restricción de catalíticos solo al interior del anillo que  forma la circunvalación es insuficiente y no logrará una disminución significativa de material particulado fino (MP 2,5) en el corto plazo en la capital. Esto, porque la cantidad de vehículos que se restringirá será menor en comparación con el total que circula por la Región Metropolitana.

“Restringir un solo dígito en vez de dos estaría bien; es decir, que la medida se implemente de forma gradual y que este año se prohíba la circulación de solo un dígito, para luego ir avanzando. Sin embargo, que además se aplique solo dentro del anillo de Américo Vespucio es diluir la señal completamente”, afirma. “Lo importante era dar una señal fuerte, de que se está comenzando a implementar la restricción”, lamenta. “Acotar la restricción a esta zona es casi como decir: ‘vamos a jugar este año’”, critica.

Para el especialista, lo correcto habría sido expandir la restricción a toda la Región Metropolitana o, por lo menos, al Gran Santiago, para que la población completa comprendiera que el sentido de la restricción es disminuir la cantidad de automóviles que circulan por toda la capital, lo que a su juicio no se logra con esta determinación. 

Con todo, el Dr. Gramsh reconoce que la restricción vehicular es la medida correcta para descontaminar la capital. Según el académico, alrededor del 40% del material particulado es generado por los vehículos, por lo que se debe seguir atacando la fuente de emisiones más importante de la capital.

“En estos momentos, tenemos que avanzar en restricción vehicular porque se ha estancado el proceso de descontaminación que había avanzado desde 1980 hasta 2010. Ese año, la disminución de la contaminación comenzó a detenerse por el aumento del parque automotriz”, concluye.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, había designado a su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina. “Más allá de las cosas pequeñas de la política, yo quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo”, sostuvo el Mandatario con el objetivo de defender su nombramiento y enfrentar las críticas surgidas desde la oposición. “Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos”, insistió. Pese a ello, el Jefe de Estado decidió retrasar su nombramiento oficial, a la espera de que Contraloría se pronuncie respecto a los requerimientos presentados por el PC y el PS.

Sin embargo, el abogado especialista en derecho administrativo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, cuestiona el eventual nombramiento del Mandatario, ya que si bien la ley no prohíbe expresamente que los Jefes de Estado nombren familiares en cargos públicos -solo se lo impediría a los Jefes de Servicio-, tampoco entrega facultades para que los Mandatarios incurran en conductas que la ley impide. Según el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, no pueden ingresar a cargos en la administración del Estado parientes hasta el tercer grado de consanguinidad respecto de autoridades y funcionarios directivos.

En ese sentido, Zambrano insiste en que mientras más alta la autoridad, mayor debe ser su exigencia ética y su conducta “modélica” –es decir, imitable para el resto de los miembros de su administración-, dando cumplimiento al artículo 8° de la Constitución, que señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio definido por el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como consistente “en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Por lo tanto, a su juicio, el eventual nombramiento de Piñera estaría reñido con la Constitución.

“Su acción es contra intuitiva con el concepto de probidad. El Presidente no puede escudarse en que la ley no lo prohíbe sino, por el contrario, debe actuar en función del principio de probidad, de actuar intachable y ético”, subraya.  De acuerdo a Zambrano, “el mensaje que está entregando el Presidente de la República a los Jefes de Servicio o demás integrantes de la administración es muy equívoco, porque un Jefe de servicio no puede designar, por muy experto o profesional que sea, a un familiar en un cargo de confianza, no obstante el Presidente de la República sí lo hace”. En otras palabras, “si la conducta del Presidente de la República la practicara un Jefe de Servicio, dicha actuación sería contraria a la Constitución y la ley”, enfatiza.

Finalmente, aunque el especialista reconoce que el nombramiento puede apuntar a generar una relación más cercana con el país trasandino, señala que “a la Presidencia de la República no se va a hacer amigos”.  “La ley no lo prohíbe, pero el principio apunta mucho más allá que a cumplir una ley. Requiere una conducta más proactiva respecto de la exigencia ética y moral del caso, ya que la norma no puede ponerse en todos los casos de perversidad de la acción humana. En ese sentido se promulgó el principio de probidad como principio y no como norma estricta, porque la idea es cumplir más de lo que la ley literalmente dice”, concluye.

La primera estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las ventajas económicas de los países que combaten desórdenes mentales reveló que el trastorno más común en Chile es la depresión, que padece el 17,5% de la población y que es responsable del 26% de las licencias médicas que se emiten anualmente. Nuestro país lidera el ranking mundial en esta enfermedad.

Frente a este panorama, el Jefe del Programa de Psiquiatría Adulta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Maass, sostiene que las cifras dan cuenta de una situación grave que amerita un aumento significativo de los recursos para tratar esta y otras enfermedades de salud mental.

“Actualmente, se destina alrededor del 2,8% del presupuesto asignado a salud en general para salud mental, y lo ideal sería entre un 5 o 6%”, sostiene. De acuerdo al especialista, la falta de recursos para tratar el tema es uno de los principales factores que repercuten en que nuestro país se encuentre entre los principales afectados por la depresión.

Por otra parte, el académico señala que estos recursos debieran estar asegurados en una Ley de Salud Mental, norma que actualmente no existe y que, para el Dr. Maass, debiera comenzar a discutirse a nivel ministerial, con el objetivo de presentar lo más pronto posible un proyecto de ley en la materia.

“Por la depresión y otras enfermedades, siempre es mejor contar con una Ley de Salud Mental, pero es un proceso que debe partir con financiamiento porque no es fácil obtener estos recursos. Además, tiene que haber madurez legislativa para que el tema se aborde no solo como una enfermedad, sino como un determinante que puede afectar la formación o, incluso, el orden económico y social”, afirma.

A su juicio, los índices de depresión en Chile deben ser vistos como alarmantes, ya que implican que muchas personas, por ejemplo, no se desempeñan de manera óptima en sus lugares de trabajo, lo que repercute en la producción.

Finalmente, señala que contar con una política pública definida en torno a este tema previene otras enfermedades y, por lo tanto, termina implicando un ahorro o un mejor rendimiento de los recursos en el área. “Las leyes serias siempre tienen financiamiento y organizan lo que está disperso, y aquí se trata de que la dispersión se organice en un cuerpo común para que los pacientes se vean beneficiados con esta reorganización”, concluye.

El último informe de Cuentas Nacionales por Sector Institucional realizado por el Banco Central reveló que la deuda de los hogares alcanzó el 71,1% de su ingreso disponible en 2017, llegando a su mayor nivel desde que se tiene registro. Los pasivos del año pasado fueron de $83.374 miles de millones (US$135.700 millones), un 9,7% más que en 2016.

El economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Víctor Salas, reconoce que el nivel de deuda es “altísimo”, pero descarta que esto provoque mayores resguardos para que las familias dejen de consumir bienes. Desde su perspectiva, lo que revelan estas cifras es que “las personas no tienen miedo a endeudarse y el sistema financiero tampoco tiene miedo a facilitarle créditos”.

Para el especialista, esto se debe a que los chilenos han aumentado significativamente su estándar de vida. “En 1990, teníamos un ingreso per cápita de US$4.500, pero en 2015 subió a US$24.500. Obviamente, estamos en otro nivel de consumo”, explica.

El especialista indica que el alto nivel de deuda se debe a que en los últimos años la actividad económica se ha expandido a tasas decrecientes. “Crece el ingreso, pero menos de lo que crecía en años anteriores, entonces, los ingresos que la población recibe han seguido ese mismo derrotero”, señala.

Sin embargo, prevé que la banca no será más restrictiva para el otorgamiento de bienes, aun con tales niveles de endeudamiento. Esto, producto de que las perspectivas económicas para este año son positivas. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del 10 de abril del Banco Central, la economía nacional crecerá entre un 3,6% este año.

“La banca va a seguir prestando, porque estamos en un ambiente optimista hoy, de que crecerá el producto y la inversión, y los créditos estarán en un nivel aceptable que quizá haga que el endeudamiento se mantenga en alrededor de 70% para la medición de este año”, afirma.

El economista indica que esta situación tampoco desestabilizará el sistema financiero, considerando que en los países de la OCDE, la relación deuda versus ingreso de los hogares era de 117% en 2014-2015, países como Noruega o Suecia presentan cifras aún mayores (213% y 172%, respectivamente) y no han presentado problemas.

Sin embargo, reconoce que esta situación hace urgente que la educación financiera se imparta en los niveles más tempranos de la educación. “Falta enseñar economía a nivel de la educación básica, para que cuando los jóvenes salgan del colegio, no sean capturados inmediatamente por los sistemas bancarios y se endeuden. Debieran saber hacer sus cálculos”, concluye.