• La máxima autoridad del Plantel fue uno de los invitados a la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que se reunió ayer, para seguir la discusión respecto de la aprobación del Proyecto de Ley que elimina el DFL 2, que prohíbe la participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios, y que da origen a los nuevos Estatutos Orgánicos de las Universidades de Santiago y de Valparaíso.
• En su intervención, el rector Zolezzi solicitó reencauzar el foco de discusión, ya que el proyecto de ley -enviado por la Presidenta en julio pasado- que se está discutiendo en estos momentos “no aprueba ni rechaza un proyecto de estatuto. Lo que hace es otorgarle a Su Excelencia la Presidenta de la República, la facultad de dictar un Decreto con Fuerza de Ley, para que una vez promulgada dicha ley y otorgada la facultad delegatoria, por ese intermedio, la Mandataria solicite a la Universidad de Santiago de Chile un proyecto de estatuto en un plazo máximo de un año”.

La Comisión de Educación de la Cámara Baja volvió a reunirse este martes 11 de noviembre, para continuar con la discusión del Proyecto de Ley enviado por la Presidenta Michelle Bachelet y que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios no académicos en los gobiernos de las instituciones de Educación Superior (DFL 2) y que da origen a los nuevos Estatutos Orgánicos de las Universidades de Santiago y de Valparaíso.

En la oportunidad, uno de los invitados fue el rector Juan Manuel Zolezzi, quien en una breve, pero certera intervención, reafirmó su postura de solicitar a los parlamentarios que aprueben la facultad delegatoria para la Presidenta de la República, que establece el proyecto de ley.

La máxima autoridad de nuestra Institución aclaró que el proyecto de ley que se está discutiendo en estos momentos “no aprueba, ni rechaza un proyecto de estatuto, ni tampoco está en discusión dicho proyecto, cualquiera sea éste. Lo que hace es otorgarle a Su Excelencia la Presidenta de la República, la facultad de dictar un Decreto con Fuerza de Ley, para que una vez promulgada dicha ley  y otorgada la facultad delegatoria, por ese intermedio, la Mandataria, solicite a la Universidad de Santiago de Chile un proyecto de estatuto en un plazo máximo de un año; el que posteriormente, deberá ser entregado  a la Contraloría General de la Republica, como corresponde, y en caso de ser necesario, al Tribunal Constitucional”.

Agregó, además, que de no aprobarse dicha facultad delegatoria, el actual proyecto de Estatuto Orgánico o cualquier otro, “deberá esperar a que nuevamente su excelencia, la Presidenta de la República, formule un nuevo proyecto de ley delegatorio de facultades para dictar un DFL que contemple un nuevo estatuto para la U. de Santiago de Chile. Eso puede significar varios años, meses, días, no lo sé. Con ello, se abre una puerta distinta a la que estamos ahora enfrentando”, remarcó Zolezzi.

En ese contexto, reiteró, finalmente, que “la intención es que se apruebe (el proyecto de ley); esa es la voz oficial de la Universidad de Santiago: que se apruebe esta facultad delegatoria de la Presidenta de la República”.