Esta semana, el Banco Central decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en un 3,25%, lo que fue percibido como una señal de prudencia. No obstante, el ente emisor confirmó que se hará necesario incrementar el impulso monetario en el corto plazo.
En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, la economista del Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura (Cisec), Marcela Vera, lamentó la decisión. “No hay un incentivo a que se produzcan mayores inversiones o más consumo entre los distintos agentes”, criticó.
“Ante un proceso de mayor desaceleración y con los problemas de los incendios y el terremoto en Chiloé, lo que genera incertidumbre sobre la reconstrucción, los actores tienden a consumir e invertir menos, lo que provoca una contracción en la economía. El rol fundamental del Estado es incentivar el proceso contrario, para que febrero, que siempre es un mes muy bajo, tenga una activación importante”, sostuvo.
Aunque proyectó que el recorte de la TPM “seguramente lo van a hacer en marzo”, indicó que el Estado debe jugar un rol fundamental este 2017 para reactivar la economía, en circunstancias de que este es un año electoral que, a su juicio, estará marcado por la postergación de muchos proyectos de inversión privados, “esperando que salga un candidato u otro”.
“Todos esos procesos de inversión privada van a tender a reducirse. Ya lo vemos en las cifras, con una baja sistemática en el sector construcción y en la minería… El llamado es a incentivar esos procesos en las empresas públicas que aún tiene el Estado”, emplazó.
Respecto a las consecuencias inmediatas para la población con la decisión del Banco Central de mantener la TPM, Vera explicó que ello influye en tasas más altas para acceder a créditos hipotecarios o de consumo. “Lo que tenemos en este país es una industria bancaria que se ha constituido como un oligopolio, que genera altos niveles de lucro en base a los créditos que otorga. Debiera haber una autoridad que limite esta situación en los bancos e instituciones financieras”, criticó.
Cobre
Respecto a la situación del cobre, la analista destacó que la huelga en Minera Escondida coincide con el aumento del precio del mineral, lo que indicaría que una menor producción subiría el costo del metal rojo, lo cual sería beneficioso para las arcas fiscales del país.
“Uno se hace la legítima pregunta: entonces, ¿por qué no han reducido racionalmente la producción antes, para que el precio suba? La respuesta es que a las empresas privadas, como son trasnacionales, no les conviene que los precios sean mayores, sino más bajos. Por lo tanto, intentan que la producción sea la mayor posible, porque nuestro sistema impositivo tiene la carga tributaria más baja de todos los países mineros”, criticó.
Agregó que “lo que aquí vemos es que hay un problema de déficit en nuestra economía, producto de que las autoridades no han sabido conducir apropiadamente la política minera en nuestro país”.
“Tenemos todas las posibilidades de construir una economía que no solo sea extractiva, sino que manufacture el cobre, porque lo regalamos, en barra fundamentalmente e incluso sin refinar”, agregó. “Nuestro país debe instaurar una normativa que limite esta situación, generando una mayor carga impositiva, pero, también, apuntando hacia la nacionalización”, enfatizó.
