• El vicepresidente del Consejo de Rectores y máxima autoridad de nuestra Universidad, Juan Manuel Zolezzi, remarca que las críticas a la iniciativa del gobierno de nombrar a un “interventor” ante infracciones graves en los planteles, “no encuentran justificación ante un análisis menos ideologizado y más objetivo de su contenido”. Los conceptos los vertió en el marco de su participación en la sesión especial de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a la que fue invitado en su calidad de vicepresidente del Cruch; en la oportunidad, además, reiteró que la propuesta, pese a abordar un aspecto limitado del problema educacional, es positiva y “busca proteger los derechos de los y las estudiantes y asegurar la continuidad de sus estudios, ante el incumplimiento de ciertas casas de estudio”.

Invitado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el rector de nuestra Casa de Estudios, Dr. Juan Manuel Zolezzi, en su calidad de vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), manifestó este lunes (12) el respaldo de la organización de universidades públicas al proyecto de ley que crea las figuras de un Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones para la Educación Superior.

En Sesión Especial de la Comisión, Zolezzi puntualizó que algunas de las críticas a la iniciativa presentada hace una semana por el Ejecutivo, “son desmesuradas”, se han formulado “con un tono alarmante” y “no encuentran justificación ante un análisis menos ideologizado y más objetivo de su contenido”.

En ese contexto, el Cruch descartó que el proyecto vulnere la Constitución Política pues la figura del Administrador Provisional, “ya se encuentra reconocida en la Ley 20.529”, indicó el rector.

La educación como derecho fundamental

El Dr. Juan Manuel Zolezzi desestimó, además, los reclamos ante una supuesta vulneración de la autonomía universitaria por el proyecto y afirmó que, “cuando un establecimiento de educación superior tiene un descalabro financiero o académico que pone en riesgo la continuidad y calidad de los estudios que imparte, la ley no puede permitir que tal establecimiento pretenda escudarse en la autonomía universitaria”.

A juicio del vicepresidente del Consejo de Rectores, “el Estado tiene el deber de generar los mecanismos que efectivamente permitan resguardar el derecho a la educación como un derecho fundamental de las personas”.

“El cierre de la Universidad del Mar cuya matrícula era de 16 mil 907 estudiantes constituye el caso paradigmático de la crisis institucional y la desprotección estudiantil (…) Hasta ahora se desconoce la situación de más de ocho mil de estos estudiantes que no continuaron en dicha institución y tampoco lograron reubicarse en otras universidades. Lo ocurrido a los estudiantes de la Universidad del Mar podría extenderse a otras casas de estudio”, advirtió la autoridad universitaria.

El rector de nuestra Casa de Estudios Superiores concluyó que, como Consejo de Rectores, consideran que el proyecto de ley “lejos de amenazar el Estado de Derecho, lo fortalece y legitima”.

“Se trata efectivamente de un proyecto de ley que aborda un aspecto limitado de la problemática educacional terciaria”, indicó Juan Manuel Zolezzi, sin embargo, agregó que valoran “un enfoque que avanza en reconocer la relevancia del derecho a la educación y en hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Estado para fortalecer la institucionalidad y para permitir el cumplimiento efectivo de este derecho fundamental”.

Por último, el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, destacó la presentación y aclaraciones formuladas en la sesión especial por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

“El rector (Zolezzi) desarrolló una excelente presentación que se hizo cargo de las principales críticas contra el proyecto del gobierno, surgidas desde sectores que tienen intereses”, indicó.

“El Consejo de Rectores expresó muy bien que todas esas críticas carecen de fundamento serio, toda vez que esta nueva medida aplicaría en situaciones de excepcionalidad. Quien más que el Ministerio hubiese deseado que exista un respeto permanente a la normativa ética, con estricto apego a la legalidad en materia de educación en el país”, concluyó el diputado, Mario Venegas.

En la Sesión Especial de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, expusieron, igualmente Mitko Koljatic, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, en representación del G-9; el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña y representantes de la Fundación Jaime Guzmán y del Centro Libertad y Desarrollo.

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