• La Presidenta Michelle Bachelet, firmó y despachó este lunes (5) en La Moneda, el proyecto de ley que crea la figura de Administrador Provisional y de Administrador de Cierre para instituciones de educación superior. La iniciativa busca resguardar el derecho a la educación de los estudiantes, así como también el buen uso de los recursos de estas entidades. El vicepresidente del Cruch y máxima autoridad de la Universidad de Santiago, quien fue invitado junto a otros rectores a la ceremonia de firma del proyecto que crea ambas figuras, puntualizó que la presentación de esta iniciativa presidencial es un “muy buen primer paso” en pro de la Educación.

Ante  la presencia  de diversas  autoridades e invitados especiales, la Presidenta Michelle Bachelet, firmó y despachó ayer el proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre para instituciones de educación superior, con lo que se da forma a la primera normativa que envía el Ejecutivo en materia de educación.

Con este proyecto se busca resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, así como también el buen uso de los recursos de cualquier especie de la institución de educación superior.

Según la Presidenta Michelle Bachelet, se pretende buscar soluciones “cuando aún es tiempo y antes que la única vía posible, sea el cierre de una institución”.

La Mandataria remarcó que previa investigación y cuando se compruebe que la viabilidad académica, administrativa o financiera de una institución esté gravemente afectada, el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, “designará un administrador provisional, quien deberá presentar un plan de acción para subsanar los problemas que se puedan comprobar”. De la misma manera y cuando se agoten todas las instancias de solución, “se designará un administrador de cierre que vele por el proceso, resguardando principalmente los derechos y necesidades de los estudiantes, su reubicación y su titulación oportuna”, agregó Michelle Bachelet.

“Lo que estamos haciendo con esta iniciativa, es reivindicar una convicción fundamental y es que los estudiantes son sujetos de derecho. Y eso significa que más allá de si estudian en una institución pública o privada, debemos asegurarles un mínimo de garantías en su proceso educativo, en sus ilusiones y las de sus familias”, recalcó.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, por su parte, complementó los conceptos, asegurando que “a diferencia de lo que ocurre hoy, con el artículo 64, esto es simplemente decretar el cierre de una institución, el administrador provisional va a intentar recuperar la universidad (…) pero sobre todo les damos garantías a los estudiantes que eligieron instituciones que fueron aprobadas por el Estado, el CNE y el Ministerio para funcionar de manera autónoma, para que puedan terminar sus estudios”.

“Buen primer paso”

El rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, quien fue invitado a la ceremonia  desarrollada  en el palacio de  La  Moneda, calificó la iniciativa como “un buen primer paso”, debido a que era el sector educación el que estaba retrasado en sus proyectos. “Esperamos que después de éste vengan muchos más y que ellos tengan que ver no son sólo con temas que están ligados a sanciones o toma de control”, expresó la autoridad universitaria.

Zolezzi aseguró que “este es un proyecto en pro de los estudiantes y sus familias”, ya que cuando “hay una situación financiera insostenible, una situación académica igualmente insostenible y el desastre es tal, no hay autonomía que valga, por lo que alguien tiene que intervenir. Desde este punto de vista, lo mejor que puede hacer el Estado - que es el regulador por excelencia - es nombrar a alguien que se haga cargo para tratar de salvar dicha institución o bien, después de ese período, proponer su cierre”.

Por último, el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, se mostró gratamente sorprendido por el anuncio presidencial que asegura que el proyecto de ley sobre Superintendencia de Educación Superior será presentado dentro del plazo de los primeros 100 días de gobierno y pese a que “no existía la indicación en ese sentido, ya está determinado por la Presidenta”.
 

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