El Consorcio de Universidades del Estado sostuvo que gran parte de las observaciones formuladas a los planteles por el Consejo de la Transparencia,  no son exigibles ni aplicables a estas instituciones.

Dura fue la respuesta que dio el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) al Consejo para la Transparencia, organismo que fiscaliza el acceso de la ciudadanía a la información sobre las instituciones públicas y que la semana pasada emitió un polémico informe sobre esta materia respecto de los planteles fiscales. 

Según el Consejo, las universidades del Estado no alcanzan a cumplir con un 20 por ciento de la información que deben publicar para efectos de cumplir con la Ley de Transparencia, lo que fue desmentido por el Cuech. 

Su presidente, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, sostuvo que en la metodología que aplica el Consejo de Transparencia se aprecia desconocimiento de las particularidades de las universidades estatales, lo que conduce a errores al exigir publicar antecedentes no aplicables a estas instituciones. 

“Del mismo modo, esta metodología no valora otras informaciones disponibles que por mandato de la ley le son aplicables sólo a las universidades estatales y que éstas cumplen a cabalidad. Por ejemplo, se publican en un diario de circulación nacional y se encuentran disponibles en las páginas web de cada Universidad, los resultados de las auditorías a los estados financieros y el informe de la empresa de auditores externos, debidamente registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros”, explicó el rector Zolezzi. 

Según la autoridad universitaria, si se aplicara una evaluación adecuada, el resultado sería sustancialmente diferente y no podría considerarse que las universidades estatales tienen un bajo nivel de transparencia.

Zolezzi cuestionó además la forma en que el Consejo Nacional para la Transparencia hizo pública la información sobre las universidades estatales, sin informar los resultados previamente a los rectores y sin dar la oportunidad a las instituciones de defenderse y realizar sus descargos. 

“Los entes fiscalizadores, que actúan bajo el imperio del Estado de Derecho, están obligados a formular sus cargos, en primer lugar, a las instituciones requeridas y sólo después de haber recibido sus descargos, emitir pronunciamientos”, precisó el presidente de las Universidades Estatales. 

Finalmente, el rector Zolezzi advirtió que existen sectores interesados en dañar la imagen de las universidades estatales. “Así, recurren a la manipulación de cualquier información que pudiese ponerlas en tela de juicio, incluso un estudio proveniente de una entidad tan respetable y fundamental como el Consejo para la Transparencia”, concluyó.