El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ conmemora los disturbios ocurridos el día 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, ubicado en Greenwich Village, Nueva York y constituyen uno de los hitos más importantes en la reivindicación de los derechos civiles de las diversidades y disidencias sexo-genéricas. En Estados Unidos esta revuelta coincidió con la lucha por los derechos políticos y civiles de otros grupos históricamente oprimidos y marginados de la vida pública como mujeres y personas afroamericanas.

 

Transcurrido el siglo XXI, más de un centenar de Estados que integran las Naciones Unidas establecen que los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo son legales, más de cincuenta cuentan con leyes antidiscriminación y una veintena reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción conjunta. 

 

En Chile, también se ha avanzado a través de leyes y políticas públicas que reconocen y protegen los derechos de las personas LGBTIQ+, entre las que destacan la Ley Antidiscriminación (2012), la Ley 21.120 de Identidad de Género (2018), la Ley 21.400 de 2021 que permite el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo junto con derechos de adopción y filiación homoparental, así como otras normativas que abogan por el reconocimiento y respeto de la identidad de las personas trans en la atención de salud y en el ámbito educativo. Asimismo, mediante un proceso judicial, se logró por primera vez el reconocimiento de la identidad de género no binaria en 2022.

 

Sin embargo, a nivel mundial persisten leyes que criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo (al menos 70 países), así como también las identidades y expresiones de género no normativas, exponiendo a esta comunidad a riesgo de arresto, extorsión, violencia y, en al menos cinco países, a pena de muerte. 

 

En nuestra región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha advertido de las diversas manifestaciones de violencia hacia las personas LGBTIQ+, desde asesinatos, violencia sexual y médica , hasta la violencia cotidiana, generalizada y simbólica como resultado de un sistema de organización social jerárquico, patriarcal y cis-heteronormativo, que impregna las relaciones y costumbres, y que se reproduce en distintos todos los espacios sociales castigando las identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos no normativos. 

 

Esta relación de poder se perpetúa a través de la falta de visibilidad y representatividad de esta comunidad en posiciones de toma de decisiones; en la reproducción de estereotipos de género, la falta de reconocimiento de la identidad de género y/u orientación sexual, y en los discursos de odio donde las múltiples formas de discriminación se imbrican y multiplican con otras exclusiones, especialmente hacia cuerpos feminizados (mujeres lesbianas y mujeres trans), la discriminación racial (pueblos originarios y personas afrodescendientes), la situación de discapacidad, las neurodivergencias, la edad y la situación de pobreza.

 

¿Por qué hablar de orgullo?

 

Las diversidades y disidencias sexo-genéricas no somos un grupo homogéneo de personas o víctimas, sino que personas con experiencias de vida heterogéneas tanto de privilegio como de opresión, cuya identidad que  se imbrica y multiplica con otras categorías sociales. Somos personas que, a pesar de haber sido invisibilizadas, silenciadas, oprimidas y perseguidas, han existido desde los orígenes de la humanidad; que cuestionan, critican y tensionan los supuestos normativos; una comunidad cuya existencia y persistencia constituye un acto político; que reconoce y exige el derecho a la diferencia y que empuja colectivamente la deconstrucción de la norma social, necesaria para la transformación de la sociedad.

 

En Chile, las primeras organizaciones nacieron en plena dictadura, partiendo con el grupo gay Integración (1977), sin fines políticos, seguido por la primera organización de lesbianas, el Colectivo Feminista Ayuquelén, fundado en 1984, que, a diferencia de sus predecesores, no buscó asimilarse a una sociedad conservadora, sino que luchar por los derechos de las mujeres y lesbianas, y por el retorno a la democracia.

 

Es innegable que nos encontramos en un nuevo momento político crítico tanto a nivel nacional como internacional. Por una parte, nuestro país enfrenta un nuevo proceso constitucional que será liderado por partidos de ultraderecha, quienes sostienen abiertamente una postura conservadora que respalda y reproduce estereotipos de género y discursos de odio.

 

Por otra parte, a nivel mundial, distintos países han endurecido sus políticas “anti-gay”. Así, por ejemplo, Uganda podría ser el primer país que criminalizaría la identidad homosexual hasta con cadena perpetua, mientras que en Rusia es ilegal promover las relaciones entre personas del mismo sexo o incluso sugerir que son normales (2022) y en Estados Unidos, los derechos de las personas trans enfrentan una nueva ola de ataques en las legislaturas estatales controladas por los republicanos.

 

Si bien - en virtud del derecho internacional - todos los estados deben proteger y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, siendo el principio de no discriminación transversal y las obligaciones derivadas de éste, inmediatas e ineludibles, la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos históricamente marginados siempre estamos en riesgo de perder lo avanzado en el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos. 

 

En ese sentido, esta conmemoración constituye una oportunidad para reflexionar sobre lo avanzado y sobre cómo como sociedad propendemos a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+, ya que, “la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ es una parte central de la lucha por los derechos humanos”.