Luego de su lanzamiento en septiembre del año pasado, el Plan Impulso Araucanía comienza a ser objeto de sus primeras evaluaciones. Si bien personeros del gobierno afirman que ha cumplido varias de sus metas, hubo sectores, en especial las comunidades mapuche, que criticaron sus resultados.

En ese sentido, Fernando Pairicán, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, señala que el Plan Impulso Araucanía “es una política especialmente débil, porque necesita recurrir a la violencia para poder llevarse a cabo”. Pairicán complementa con que “es un plan que necesita de una alta cantidad de fuerzas policiales para implementarse” y agrega que “a partir del verano se han incorporado fuerzas militares que se han perpetuado en el territorio mapuche”.

De acuerdo con el experto en materia de pueblos indígenas, las medidas apuntan a desarticular el empoderamiento de las comunidades mapuche de la Araucanía. “Este plan atenta también contra los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, en este caso, del pueblo mapuche”, enfatiza el historiador.

Para poder finalizar con el denominado “Conflicto Mapuche”, Pairicán explica que se debe cumplir con las normativas internacionales. Estas implican consultar directamente a las comunidades indígenas ante la implementación de planes públicos que las afecten y no llevar a cabo “políticas represivas” en su contra. Además, asegurar sus derechos fundamentales, en especial el de “autogestión”, cosa que, para el historiador, “el Estado chileno nunca ha querido plantear”.

El académico llamó a mirar el caso de Nueva Zelanda y “el camino que ellos recorrieron para llegar un acuerdo político con los maoríes”. No obstante, Pairicán acusa a la población no mapuche de la zona de no tener interés en conversar con las comunidades indígenas respecto a sus derechos. “Para ellos, la forma de dialogar es que el mapuche se subordine al Plan Araucanía diciendo a que es un política social, pero teniendo una alta dosis de represión política”, concluye.