Un alza del 40,6% obtuvieron las Isapres abiertas durante el año pasado, en comparación a 2016. Las utilidades son las más altas desde 2012, alcanzando los $70.577 millones, y el principal factor que explica el aumento es una mayor recaudación asociada a la prima GES -que son beneficios garantizados por ley que cobran las Isapres para que sus afiliados accedan a las garantías del plan AUGE-, que subió un 38,9% en 2016, lo que significó una recaudación adicional anual para cada empresa de entre $30 mil y $50 mil por beneficiario.
El economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, concuerda en que el alza en las ganancias del sistema privado se explica por el ajuste en la prima GES, pero, además, suma otros factores enquistados en el sistema, como la discriminación que realizan las Isapres por sexo, edad y prevalencias de sus afiliados, lo que hace que cobren por criterios que no hacen justo el acceso a la salud.
“Las Isapres aprovechan el dominio de mercado que tienen, como quien vende un producto que tiene mucha demanda o cuya demanda no puede ser dejada de lado, porque es salud. Son relativamente monopólicas respecto de sus propios beneficiarios”, afirma. “El sistema necesita ser reformado sin duda, ya que tiene varias deficiencias”, enfatiza.
El académico critica que una gran cantidad de fondos asociados a la prima GES no son utilizados por las Isapres, lo que termina provocando que dichos fondos terminen constituyendo solo utilidades, ya que el sistema de salud privado no contempla la devolución del dinero que recibe.
“Eso es una debilidad del sistema GES, porque si se está pagando por el acceso a los servicios, debiera haber alguna forma de que esos recursos pudieran ser manejados con más eficiencia, teniendo a más gente incorporada o más enfermedades que pudieran ser cubiertas. Si está sobrando dinero, hay algo que no está bien”, afirma.
Finalmente, indica que la reestructuración de las Isapre debe contemplar la no discriminación por tipo de paciente, estableciendo un plan base que garantice igualdad de sus afiliados en el acceso a la salud y no, a través de precios diferenciados. “Debe establecerse un plan base de atención de salud a cualquiera de sus afiliados, independiente de su condición”, concluye.
