• El académico Germán Pinto, de la Facultad de Administración y Economía, explica que las penas que arriesgan los dueños de Penta, quienes serían formalizados hoy, no se condicen con el juicio público al que han sido sometidos. Agrega que el problema de fondo, radica en transparentar las donaciones para campañas políticas y excluir a las empresas de participar en esos aportes.

Una larga audiencia se espera para hoy en el Centro de Justicia, porque diez serán los imputados que el Ministerio Público formalizará por delitos tributarios, de soborno, cohecho y lavado de dinero. Entre ellos, los dueños de la empresa Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Sin embargo, pese a que según la legislación chilena, las personas son culpables una vez que se ha emitido el fallo del tribunal, el académico de la Facultad de Administración y Economía, especialista en gestión y legislación tributaria, Germán Pinto, sostiene que el daño causado a las personas relacionadas con el caso Penta no es proporcional a las penas que arriesgarían.

“Se ha exacerbado el tema por una cuestión mediática. En los medios los han condenado, pese a que se ha devuelto dinero por parte de la empresa para evitar el daño comunicacional”, sentenció Germán Pinto.

El contador auditor agregó que “hay efectivamente un delito, pero la pena no es tan grande” y que si los cargos se relacionan con faltas tributarias al Artículo 97, número 4, inciso 1, en el caso de que los dueños de Penta sean hallados culpables, la pena es de presidio menor, que va desde 61 días a 5 años de cárcel, pero que se puede atenuar hasta la firma mensual, indicó el académico. 

El delito en este artículo, explica Germán Pinto, habla de “utilización maliciosa” de documentos que determinan la base imponible de las empresas. “Malicioso implica dolo, que es la intención positiva de infligir daño, pero se tiene que demostrar”, acotó. Y si no hay dolo podría considerarse un cuasi delito con menor pena.

Ideológicamente Falso

El especialista en gestión tributaria y candidato a doctor en Administración, explica que el concepto “ideológicamente falso” está mal utilizado en relación a las boletas de honorarios que fueron emitidas por particulares y que la empresa Penta usó para agrandar las pérdidas declaradas el año pasado (lo que significó que le devolvieran parte de los impuestos previamente pagados y que originó la investigación).  Esto porque, en lo doctrinario, “ideológicamente falso” se aplica a documentos públicos y no privados como boletas o facturas.

“El SII propone la tesis que existen documentos ideológicamente falsos privados, pero podría ser un argumento refutado por el tribunal”, indicó.

Respecto del tema de las boletas por servicios que no fueron prestados, enfatiza que no es un tema tributario “ya que si generó renta y se hizo la retención, los impuestos están pagados”, por lo que el problema es más bien de orden laboral o ético por no haber efectuado los servicios.

El caso Penta reveló que para algunas empresas el negocio es tener una pérdida, aumentarla lo más posible para disminuir las utilidades y pedir más devolución de impuestos. Por lo tanto, el grave problema está en que la empresa abultó pérdidas tributarias con gastos falsos, destacó el académico.

Financiamiento político

En cuanto a los dueños de la firma, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el profesor Germán Pinto sostiene que como representantes legales tienen toda la responsabilidad de lo que pasa en la empresa.

Añadió el experto que quedó en evidencia ante la sociedad que “las empresas tienen intención de financiar carreras políticas, pero cómo está normado hacerlo en cantidades pequeñas, se inventan estos mecanismos. Si el sistema fuera más transparente, sabríamos qué empresas son las que financian las campañas. Conocimiento debería ser público”.

 “Las pregunta que quedan son ¿es ético o no financiar a los políticos?, ¿deben estar financiados por empresas? Esa reflexión se tiene que dar en la Academia, como parte de su rol de formación ética de la comunidad y reflexionar si el financiamiento político debe ser de privados o del Estado, si cada persona financia al candidato de su agrado o los financiamos a todos con recursos de las arcas fiscales”, reflexionó el académico.

Finalmente, cuestiona que las empresas como personas jurídicas puedan donar dinero para campañas políticas. “Una empresa es una entidad abstracta y no se inclina por una corriente política. Deberían ser las personas naturales quienes aportaran. Que una empresa rebaje utilidades para financiar una corriente política no me cuadra, ya que la planificación financiera no debería depender de un gobierno”, concluyó.