• Según el Ministerio de Educación, la forma de gobierno de la Universidad debe excluir la participación de estudiantes y funcionarios administrativos en todo tipo de órgano, ya sea este resolutivo o de gestión. Por su parte, el rector Zolezzi asegura que dicho precepto no rige para universidades creadas por ley, como la U. de Santiago.

El rector de la U. de Santiago, Dr. Juan Manuel Zolezzi, anunció ayer una serie de acciones, entre las que se incluye la impugnación, para hacer frente a los reparos informados por el Ministerio de Educación al proyecto de Estatuto Orgánico institucional, plebiscitado triestamentalmente en 2008.

El rector Zolezzi reaccionó así, tras conocer el detalle del pronunciamiento del jefe de la División de Educación Superior de esa Secretaría de Estado, Juan José Ugarte, de fecha 27 de noviembre, que en lo medular cuestiona que se contemple la participación de estudiantes y funcionarios en los organismos resolutivos y de gestión de la Universidad, así como otros preceptos del proyecto.

A través de un oficio ordinario, Ugarte puntualiza que el proyecto de Estatuto no se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 56 del DFL 2 del 2009 de Educación, que prohíbe la participación de estudiantes y funcionarios, al señalar: “La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas.”

El rector de la U. de Santiago, a través de una declaración pública conocida ayer por la comunidad universitaria, asegura en cuanto al reparo esencial, es decir, la participación de estudiantes y funcionarios, se ejercerán “todas las acciones y recursos que le franquea la legislación vigente para impugnar el oficio del Ministerio de Educación que, en definitiva, obstaculiza la proyección de la referida iniciativa, en la medida que esta clase de asuntos legales requieren de la anuencia del Poder Ejecutivo, cuyo conducto regular es el citado Ministerio".

De esta forma, la autoridad explicó que se recurrirá al Contralor General, Ramiro Mendoza, "para que emita un dictamen interpretando el artículo 56 del DFL  N°2 de 2009 de Educación"; y, ante los Tribunales de Justicia, por la vía de la interposición de un recurso de protección, invocando la ilegalidad del oficio del Ministerio por aplicación errónea del citado decreto con fuera de ley.

El rector Zolezzi recalcó que el precepto legal aludido no resulta aplicable a nuestra Universidad, aludiendo en su respuesta al Ministerio de Educación, con fecha 4 de diciembre, que el precepto legal en que se basa el gobierno rige sólo para las universidades que no han sido creadas por ley. Y la Universidad de Santiago, sucesora legal de la Universidad Técnica, sí lo fue.

La autoridad expresó, asimismo, su voluntad, convicción y determinación de introducir reales modificaciones a la institucionalidad que rige a nuestra Casa de Estudios, reiterando su compromiso irrenunciable en el sentido de agotar todos los instrumentos legales que, dentro del estado de derecho, se encuentran disponibles para alcanzar dicho propósito.