El Gobierno presentó la semana pasada un nuevo protocolo respecto a la objeción de conciencia que contempla la Ley de Aborto. Según el instructivo, las instituciones de salud privadas que reciban recursos públicos del Ministerio de Salud sí podrán negarse a la realización de abortos,  contrario a lo estipulado en un comienzo.

Para la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Helia Molina, las modificaciones al protocolo relegarían los derechos de la mujer en las tres causales establecidas por la normativa, anteponiendo a estos los derechos de quienes se declaran objetores de conciencia de esta política pública.

“Lo único que hacen con esto es restringir y obstaculizar más la atención de las mujeres que necesitan hacerse un aborto por estas tres causales”, sostiene. “Todo se flexibiliza para un solo lado: no en beneficio de los derechos de la mujer, sino para que los objetores tengan el mínimo de obstáculos y que, ojalá, cada vez hayan más objetores. Al parecer, ese es el espíritu de los cambios”, enfatiza.

Además, la especialista en salud pública advierte que estos cambios pueden provocar demoras en la atención y los traslados a otros centros asistenciales, porque una persona con un apuro de esta naturaleza se verá tramitada en un derecho que está garantizado por ley en caso que el recinto al que acuda rechaza practicarle el procedimiento.

“Es impensable que a alguien que atiende una niña de diez u once años embarazada, que puede morir por el embarazo, le dé cargo de conciencia realizarle un aborto”, sostiene. “El discurso provida es solo para un lado: que viva el feto, desentendiéndose del resto”, subraya.

Finalmente, insiste en que la objeción de conciencia no puede entenderse como institucional, toda vez que son las personas y no las instituciones las que poseen conciencia. “Aquí no hay ninguna idea loca que se le ocurrió a alguien. Este es un tema que se discutió un año y ocho meses en el Congreso, y todas las voces y argumentos terminaron aprobando esta ley, que fue lo que el país quiso”, señala. “Todas estas nuevas modificaciones son solo para generar desconcierto y desconfianza hacia la ley”, concluye.