• La especialista en seguridad pública de la Universidad, Lucía Dammert, descarta que la solución deba enfocarse en la criminalización. “En la actualidad, se  detiene a una enorme cantidad de gente en movilizaciones que después no son encontradas culpables de ningún hecho delictivo”, criticó.

Diputados de diversos sectores presentaron la semana pasada un proyecto de ley que busca aplicar multas a manifestantes por el hecho de cubrir su rostro durante movilizaciones. El objetivo de la iniciativa, que también permite la detención inmediata de estas personas, es entregar mayores facultades a Carabineros a fin de combatir la violencia que generan estos grupos durante las marchas.

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel, Lucía Dammert, “este proyecto no aporta significativamente en hacer ni más efectiva ni más ágil la persecución policial de este tipo de grupos”.

La académica explica que "las leyes no generan más seguridad, sino marcos que permiten que las instituciones se desarrollen, y las capacidades de acción policial ya son bastante amplias y reguladas".

La especialista reconoce que la propuesta de ley presentada por los parlamentarios responde a la necesidad de enfrentar un problema, hasta ahora, sin solución. No obstante, afirma que “más que mirar cómo hacer para detener más gente, los parlamentarios debieran avanzar en solicitar información respecto de cuántos de aquellos detenidos son efectivamente imputados por algún tipo de causa”.

Dammert hace hincapié en que todas las acciones contra la libertad de las personas, sus derechos y propiedades deben ser limitadas y castigadas. “Sin embargo, ese castigo no va a ser más efectivo porque pasamos a una ley que permite a Carabineros detener a cualquier persona por porte de una capucha. En la actualidad, la institución ya detiene a una enorme cantidad de jóvenes durante manifestaciones y hechos de violencia, y ello parece no estar dando los resultados que se espera”.

La experta recuerda que la discusión por mayores facultades para que las policías actúen frente a violentistas ya se dio en 2013, en el marco del debate por la Ley de Resguardo del Orden Público, más conocida como ‘Ley Hinzpeter’. “Resucitan una propuesta que ya había sido ampliamente debatida, pero dudo que finalmente prospere", critica.

Conversación política previa y mayores niveles de inteligencia

"La forma de resolver ese tipo de situaciones no es criminalizar el hecho sino, más bien, lograr que los organizadores de las marchas, el Gobierno y las Policías permitan que se desarrollen de forma tal que todos aquellos que vayan a cometer actos de violencia, vandalismo, robos, etcétera, queden fuera del proceso", sostiene la académica.

Por ello, indica que el énfasis de propuestas para combatir a violentistas debiera estar en dos factores. Primero, que la autoridad contemple un espacio de conversación política entre ellos y los actores u organizadores de este tipo de marchas. “Ello aportaría a generar un proceso mucho más cuidado y acompañado”, señala. 

En segundo lugar, “deben procurarse acciones policiales basadas en mayores niveles de inteligencia, que permitan identificar a quienes cometen ese tipo de hechos, y juntar la información necesaria para que la detención pueda ser continuada por un proceso judicial”, afirma.

"En cualquier parte del mundo, la lucha contra este tipo de grupos que se esconden en las masas para desarrollar actos vandálicos consta de estrategias muy complejas, justamente porque son personas que no tienen un objetivo patrimonial o específico sino, más bien, de desorden público. En ese marco de dificultades internacionales, en otros países justamente se ha evidenciado que más que ir por leyes ad hoc para atacar la problemática específica, lo que se requiere son procesos previos para hacer que el funcionamiento de las instituciones sea mucho más efectivo”, concluye.