• Connotados especialistas compartieron sus apreciaciones respecto a la reforma que definirá nuevas bases jurídicas para el sector y que, actualmente, es prioridad en la agenda legislativa. Participaron como invitados, Fernando Atria, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social; y Ernesto Treviño, investigador del Centro Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Entendemos que en nuestra condición de universidad estatal y con vocación pública, no cabe más que adoptar una posición activa. Por lo tanto, este es nuestro primer espacio para construir ese posicionamiento en las distintas escuelas y unidades que conforman la Facultad de Humanidades”, sostuvo el Decano de esta Unidad Mayor, Dr. Marcelo Mella Polanco, al dar comienzo al seminario “Reforma educacional: debates y perspectivas”, primera instancia en su tipo que se realiza al interior de nuestra Universidad, con el objetivo de discutir los contenidos y alcances del Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior, que en julio pasado ingresó a la Cámara de Diputados y que a comienzos de agosto, el Gobierno dio suma urgencia.

La actividad, efectuada este martes (23) en el Salón de Honor, convocó a importantes expertos, cuyas intervenciones e intercambio de perspectivas enriquecieron la instancia que contó con una amplia asistencia de la comunidad universitaria.

Integraron el panel de invitados, Fernando Atria, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social; y Ernesto Treviño, investigador del Centro Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Moderó Takuri Tapia, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago.

Alumnos vulnerables

El primero en tomar la palabra fue Dante Contreras, quien afirmó que la reforma a la Educación Superior, en general,  busca dar coherencia al sistema y armonizar lo privado con lo público, con miras al desarrollo del país. Sin embargo -planteó-, en ese afán se ha obviado un análisis minucioso de la relación entre la educación universitaria y técnica, cuyas diferencias pueden derivar, si no son consideradas en estudios posteriores, en un serio problema a futuro.

Según el investigador, más del 50 por ciento de los alumnos de zonas vulnerables se especializan en el sector técnico, para  posteriormente  desempeñarse en el sistema profesional terciario. No obstante, el actual proyecto de ley tal como está redactado, posterga este grupo, al no incluirlo dentro de la discusión pública. “Las presiones políticas y mediáticas van a poner el énfasis solamente en el sector universitario. (…) Alguien debe hacerse cargo de eso, sino el balance va a ser muy significativo”, advirtió.

En ese sentido, Contreras hizo un llamado a seguir atentamente el debate en el Congreso, porque como ha sucedido en otras ocasiones,  “el  proyecto que entra al Parlamento es distinto al que sale, y en el proceso se pueden apreciar las acciones e influencias de los grupos de interés que participan en la discusión”.

Gobierno universitario

Prosiguió la intervención Ernesto Treviño, quien abordó diversos aspectos técnicos del proyecto de ley. Para el especialista, un punto crítico de la iniciativa es la referencia a la gobernanza interna de las instituciones de Educación Pública. La presencia- por ejemplo- de cuatro representantes del Presidente de la República en los directorios de las universidades estatales, tal como propone la norma, puede afectar la libertad académica al constituirse en  “una fuerte injerencia del gobierno de turno”.

A eso se suma las atribuciones que tendrá la futura Subsecretaría de Educación Superior, cuya facultad de definir los instrumentos de financiamiento público, amenaza con repercutir en la autonomía de las Universidades.

“En la Universidad Autónoma de Aguas Calientes de México, el rector no es amigo del gobernador. Entonces, lo que sucede es que los recursos que el Estado debe darle a la institución, llegan a cuentagotas o a final de año cuando de poco sirven”, ejemplificó Treviño.

Lo público y la propiedad privada

Cerró el panel el abogado y académico Fernando Atria, quien más que referirse a asuntos puntuales del proyecto, hizo un análisis más general, rescatando lineamientos generales. “Es claro que el proyecto de ley intenta cambiar y corregir déficit serios que tiene el sistema de Educación Superior en Chile, pero sin modificar las estructuras de mercado que lo caracterizan”, afirmó.

En ese contexto, el jurista expresó que la iniciativa legislativa presenta una clara tensión, dado que ratifica la estructura del mercado, y al mismo tiempo, busca subsanar problemas propios de éste, por lo que “si se aprobara el proyecto tal como está, sería un retroceso”, dijo.

Atria enfatizó que es necesario definir primeramente lo público para proseguir luego con el debate de fondo, y separándolo de lo estatal, desde la perspectiva que muchas instituciones del Estado se manejan como organizaciones privadas en el plano económico.

“Lo público es lo que no está sujeto al régimen de la propiedad privada, en el cual las cosas están al servicio de sus dueños”, puntualizó.