Un estudio del Ministerio de Transportes, que midió la velocidad de conducción entre septiembre de 2014 y enero de 2015, arrojó que cuatro de cada diez automovilistas circulan a exceso de velocidad en Santiago, Valparaíso y Concepción. Además, determinó que esta causa, directa o indirectamente, produjo casi todos los accidentes de tránsito ocurridos el año pasado en zonas urbanas. Las conclusiones se dan en el contexto de un proyecto de ley del Gobierno, que busca reducir la velocidad máxima en urbes, de 60 a 50 km/h.
Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, esta medida “no generará un cambio de conducta” en los automovilistas. El especialista considera que la iniciativa solo busca que Chile deje de estar entre los países que exceden el estándar de los países de la OCDE, de 50 km/h, pero no logrará un cambio cultural si no considera la implementación de medidas adicionales.
“Es solo un punto de partida”, señala el académico del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel, cuyo efecto puede ser, incluso, que “tengamos más gente infringiendo la norma”. Esto, debido a que un 38% de conductores ya excede el límite fijado en 60 km/h, a lo que podría sumarse un porcentaje de quienes actualmente cumplen con la ley, pero bajo ese límite y no el nuevo, de 50 kilómetros por hora.
“En general, el problema es que el automovilista debe sentir que es, efectivamente, fiscalizado”, afirma. Para ello, considera necesario aumentar la inversión no solo en personal abocado a la fiscalización, sino en instrumental tecnológico, como foto radares. “La mayoría de los accidentes con fatalidad ocurren en horarios en que la gente se desplaza a una velocidad superior, principalmente, después de las 21 horas, y entre 6 y 7 de la mañana”, explica, en alusión a horas donde la percepción de control sería menor.
Por otra parte, considera indispensable fortalecer la prevención, supervisando “que se cumplan las exigencias mínimas al momento de adquirir una licencia de conducir por parte de los automovilistas”, y que la educación vial parta desde los colegios. Adicional a ello, señala que podrían considerarse otras medidas, como modificar la infraestructura vial, bajando las veredas al nivel de la calle, y aumentando los lomos de toro.
“Existen muchas alternativas que tienen que ver con inversión en infraestructura y aumento en la fiscalización. De lo contrario, el proyecto será letra muerta, y solo para ponerse al día con las exigencias de la OCDE”, concluye.
