En mayo la Junta Directiva de la Universidad de Santiago aprobó una modificación a la Estructura Orgánica del Plantel, con lo que se busca afrontar de mejor manera el proceso de Acreditación 2020 y modernizar la Gestión Institucional, entre otros objetivos.
La modificación contempló la formalización de Departamentos y Unidades que se encontraban declaradas de carácter funcional. Algunas fueron creadas y otras se trasladaron de estamento entre estructuras del Gobierno Central.
"Estos cambios permitirán a la Universidad alcanzar un rendimiento más eficaz y que contribuya a lograr un proceso de legitimación exitoso", indicó el Rector de la Usach, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid en nota dirigida a la comunidad universitaria.
Avances en asistencia jurídica
La Secretaría General fue uno de los equipos superiores directivos que registraron cambios en su estructura, con la oficialización de tres unidades pertenecientes a la Dirección Jurídica: Juicios y Estudios; Contratación Administrativa; y Fiscalía. También se suma la formalización de la Unidad de Transparencia.
La modificación tiene como objetivo hacer coincidir la estructura funcional con la oficial declarada en la normativa que sanciona la Estructura Orgánica de la Universidad. En síntesis, esto influye en la Acreditación Institucional, al dejar de tener oficinas provisorias y contar con una estructura consolidada.
Para el Secretario General de nuestro Plantel, abogado Gustavo Robles Labarca, esto significa "un reconocimiento institucional a la labor realizada, especialmente por los profesionales que trabajan en las unidades oficializadas".
El directivo recordó que éstas fueron creadas hace un tiempo al interior de la Secretaría, y pese a ser un gran aporte a la gestión, aún no tenían un reconocimiento oficial con todo lo que ello implica.
Con el establecimiento de las unidades, agregó el abogado, el Plantel avanza en materia legal puesto que tiene “una estructura más sólida para atender este tipo de actividades, porque le permite organizarse de mejor manera, desarrollar sus planes de trabajo con mayor acuciosidad y responder más ágilmente a los requerimientos que existen en estas materias, que son cada vez más crecientes”.
Funciones
La Dirección Jurídica es una dependencia que integra la Secretaría General y que tiene por misión asesorar y apoyar a la Universidad de Santiago, sus autoridades y funcionarios en el ámbito jurídico normativo aplicable a la Casa de Estudios. Es aquí donde se alojarán las nuevas unidades.
El Director Jurídico, abogado Ángel Jara Tobar, explicó en qué consiste cada una de ellas:
Unidad de Fiscalía es la encargada de velar por la correcta aplicación de las normas disciplinarias a la que están sujetos todos los funcionarios y funcionarias de la Universidad, como funcionarios públicos.
Unidad de Juicios y Estudios se encarga de coordinar y llevar a cabo la defensa judicial de la Universidad, así como estudiar distintas problemáticas administrativas y contractuales.
Unidad de Contratación Administrativa se encarga de velar por el resguardo de los intereses institucionales en todos sus procedimientos de contratación de bienes y servicios, con plena observancia de la ley.
En tanto, Transparencia, que ahora formará parte de la estructura orgánica del Gobierno Central de la Universidad y cuyo jefe es Francisco Vial, nace como unidad funcional para atender lo dispuesto en la ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, también conocida como Ley de Transparencia.
Esta norma abarca dos áreas: Transparencia Activa, que consiste en instalar y mantener actualizada información relevante de la institución en la página web respectiva, y Transparencia Pasiva, que se encarga de responder los requerimientos de información provenientes de cualquier persona.
Cabe destacar que nuestra Universidad ha obtenido durante los últimos años una posición de privilegio entre los planteles del Estado, en el ranking de cumplimiento de la Ley que confecciona el Consejo para la Transparencia, registrando en la última evaluación informada un 100 % en transparencia pasiva o derecho de acceso a la información pública y un 90 % en transparencia activa.
