Este lunes comenzaron los alegatos orales por el litigio entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, instancia en la que el gobierno del país altiplánico exige a nuestro país que negocie un acceso al Océano Pacífico con soberanía. En esta primera jornada, la abogada francesa que forma parte del equipo jurídico boliviano, Monique Chemillier-Gendreau, repasó los momentos en que Santiago se habría aproximado a negociar una salida al mar, mencionando el Acuerdo de Charaña, de los años 1975 y 1976, en el cual Hugo Banzer y Augusto Pinochet intentaron, sin éxito, concretar un canje territorial. Desde la nación vecina, este argumento serviría para comprobar que nuestro país ya se habría allanado a alcanzar un compromiso en la materia.
Al respecto, el coautor del libro ‘Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados’ y académico del Instituto de Estudios Avanzados, Dr. Cristián Garay, sostiene que, en el marco del acuerdo, “ninguna de esas negociaciones, como lo ha pretendido sugerir la defensa de Bolivia, abroga o soslaya el Tratado de 1904”, pacto que estableció los límites territoriales entre ambos países.
“Cuando se estudió la factibilidad de un corredor, se tuvo que recurrir a la cláusula que ya existía, que obligaba a solicitarle permiso a Perú”, ejemplifica el historiador. “Un Gobierno puede negociar algo al margen de un tratado, pero lo hace bajo ciertas condiciones que emergen desde lo político y que no violentan la constitución misma de un tratado”, enfatiza.
Para el doctor en estudios americanos, hay dos aspectos en la demanda de Bolivia. El primero, “visible”, donde se solicita que Chile se allane a negociar una fórmula para discutir, única y exclusivamente, un acceso soberano al mar, y que dicho acceso esté garantizado, a priori, por la negociación. El segundo, “subyacente”, tiene que ver con que La Paz busca que esta negociación se realice al margen del Tratado de 1904, dejando las tratativas en manos de un mediador. A su juicio, esto no corresponde, ya que las misivas entre uno y otro Jefe de Estado no reemplazan ni son equivalentes a pactos como el de principios del siglo pasado.
Considerando esto último, el Dr. Garay señala que, en caso de que Chile pierda el litigio, quedaría asentado un negativo precedente. “Se obligaría a nuestro país a negociar en circunstancias no muy evidentes. Sería como decir que cualquier país está obligado a hacer lo que la contraparte le exige, simplemente porque el otro consideró políticamente el tema y eso no es razonable”.
Finalmente, considera que el “triunfalismo” de Bolivia por la demanda no tendría fundamento ya que, desde su perspectiva, lo que está exigiendo el país altiplánico es un cambio en el criterio jurídico para desechar, así, los términos del Tratado de 1904.
“La posición boliviana ha estado centrada en elementos emotivos, no jurídicos, y un discurso histórico basado en cierta interpretación donde Bolivia es la víctima de los vecinos, del imperialismo inglés y del expansionismo de Chile, sugiriendo la idea de que somos un país blanco que oprime a una nación indígena”, enfatiza. “Dicen que es necesario que haya una solución pacífica de las controversias porque esto está golpeando las relaciones entre ambos países de forma dramática, sumiendo a Bolivia en la pobreza y generando inestabilidad. Sin embargo, esa inestabilidad es puramente ficticia”, concluye.
