La Ley 21.400, que entró en vigencia el 10 de marzo de este año y otorga igualdad de derechos a las parejas homosexuales, tiene un “impacto transversal, no solo en materia civil, sino que también en aspectos de la vida diaria”, comentó el profesor Felipe Barrera al exponer en el webinar “Nueva Ley de Matrimonio Igualitario: novedades y desafíos”, organizado por el Departamento de Derecho Privado de la Facultad.

Más de 145 personas se conectaron al seminario online que tuvo como expositor al académico de Derecho de nuestra Universidad y contó con el testimonio de una pareja que contrajo matrimonio con la nueva ley.

Entre otras novedades, dijo el profesor Barrera, la Ley 21.400 entrega a las parejas homosexuales la  posibilidad de adopción, el reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero, acceso a permisos ante nacimiento de hijo, asignaciones por cargas familiares y considera la situación de pensiones para los cónyuges sobrevivientes.

Otro aspecto importante, aunque más simbólico, es que la ley ya no habla de hombre y mujer, sino de cónyuges.

Sobre cómo queda el Acuerdo de Unión Civil (AUC) frente a la Ley de Matrimonio Igualitario, el académico planteó que no deja de tener vigencia. “Es una opción que sigue a disposición de las parejas para regular aspectos patrimoniales”, explicó.

Entre los desafíos para concretar el espíritu de la ley resaltan los aspectos de la adopción y el acceso a la educación, en el sentido de cómo hacemos para que no haya un trato discriminatorio, se preguntó el profesor Barrera.

Adopción

Ante esta interrogante, invitó al matrimonio conformado por Pablo y Cristóbal a exponer su experiencia con la Ley 21.400 y el proceso de adopción que tramitan. Ambos coincidieron en plantear que la idea es que las cosas conversen entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. Destacaron la igualdad de derechos que otorga la ley a la comunidad LGTBIQ+, aunque con un reparo central.

Como padres, criticaron los tiempos del proceso de adopción, cuya ley establece un plazo de dos años, a partir del inicio del vínculo matrimonial, para iniciarlo. Además, no contempla qué sucede con las parejas que iniciaron la tramitación como solteros, previo a la entrada en vigencia de la ley.

Por eso, comentaron que pasarán casi cinco años para concretar el proyecto de familia. No obstante “nuestro hijo ya está, vive, respira, está al cuidado de una institución, pero no sabemos la calidad de los cuidados que le brindan”, concluyeron.

A partir del segundo semestre las Clínicas Jurídicas de Derecho U. de Santiago comenzarán a gestionar casos de vecinos de la comuna de Estación Central. Esto se da luego de un acuerdo entre las autoridades de la Facultad y del municipio, el que se oficializará a través de un convenio de colaboración que se firmará prontamente entre ambas partes.

Para el decano de la Unidad Mayor, Jaime Bustos, este acercamiento al ejercicio del Derecho constituye una actividad académica y de vinculación con el medio que, junto con aportar a la formación de los estudiantes, beneficia a los vecinos de la comuna donde se emplaza nuestro Plantel, a través de la orientación y atención de sus necesidades jurídicas.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, también expresó su satisfacción por este acuerdo, “el cual beneficiará a los vecinos de su comuna y complementará la atención en materia penal que ya se ofrece”, dijo en el marco de una visita que realizó junto a las autoridades de la Facultad para inspeccionar las dependencias que facilitará para el funcionamiento de las Clínicas Jurídicas.  

Las profesoras Francisca de la Maza y Constanza Veas, junto al profesor Francisco Narváez serán los encargados de guiar y supervisar el trabajo que realicen los estudiantes, quienes atenderán casos en materia civil, de familia, laboral y vecinal.

Con el objetivo de ampliar el tipo de casos y materias que los futuros abogados pueden gestionar durante su etapa de formación, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad está explorando una nueva posibilidad de acuerdo de cooperación con otra entidad.  

Las y los estudiantes de todos los niveles de la carrera de Derecho retomarán parte de sus actividades presenciales y para hacerlo las autoridades de la Facultad decidieron que el retorno progresivo al Plantel sería con los exámenes orales finales.

Jorge Araos, secretario académico de esa Unidad Mayor, explicó que se priorizaron las pruebas de cierre de semestre, puesto que se conecta con el sello y la formación que la Facultad desea entregar, donde “la oralidad tiene un lugar relevante en el desarrollo académico de las/os alumnas/os (…) Por lo tanto, el objetivo es que se entrenen desde ahora en cómo comunicar sus ideas, en dar argumentos, hacer preguntas, someterse a la presión que significa estar en escenarios de esas características”, entre otras situaciones. “Para el retorno, los exámenes orales serán cruciales”, remarcó.

Si bien el plan de estudios de la carrera estipula que estas evaluaciones se deben rendir obligatoriamente de manera presencial, la pandemia obliga a realizarlas de forma escrita.

Sin embargo, “el sello de la formación y la diferenciación con otras facultades similares, es que los exámenes finales de la carrera, en todos los niveles, deben ser orales”, sostuvo Araos agregando que oportunamente el Plan de Retorno permite planificar estas actividades académicas. “Surgió esta ventana que nos permite realizar actividades presenciales y por lo tanto se prioriza este punto que es relevante en la formación de las/os futuros abogadas/os”, señaló.  

Serán cerca de 30 evaluaciones que se realizarán al final del semestre, en enero próximo. Para ello, acotó el secretario académico, en estos momentos se están estudiando los aforos de las salas ya que todas estas evaluaciones son públicas.

 “Son exámenes que duran todo el día, pero, esta vez, no todo el curso podrá escuchar las exposiciones de sus compañeras/os. Habrá un número reducido de personas en las salas dependiendo del tamaño del curso… los vamos a distribuir en distintos días y jornadas, cumpliendo el aforo permitido”, aseguró.               

La profesora Sonia Inostroza, que imparte uno de los cursos de Derecho Romano para estudiantes de primer año de Derecho U. de Santiago, publicará dos artículos en revistas indexadas de Colombia y México.

"El artículo 2330 del Código Civil chileno: de la historia a la práctica. Una revisión a propósito de los límites a la responsabilidad estricta del demandado" se denomina el trabajo que estará a fines de año en el N°42 de la Revista de Derecho Privado de la Universidad Externado Colombia.

El otro artículo, que se publicará prontamente en el N°15 de la Revista Problema, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se denomina "La ética de Aristóteles en la evolución de la culpa jurídica, una revisión a propósito de la previsibilidad".

“Estas investigaciones prueban, con el resultado de sus respectivas hipótesis, lo que se les enseña en nuestra Facultad a nuestras queridas alumnas y alumnos, en lo tocante a la importancia de conocer y estudiar el nacimiento, la raíz de nuestras instituciones de Derecho Privado, a través del estudio del Derecho Romano”, sostuvo la docente.

Los trabajos fueron desarrollados en el marco de sus estudios de Doctorado y responden a la línea de estudio sobre la denominada responsabilidad aquiliana, relacionada a la responsabilidad extracontractual.

Tras una rápida discusión y aprobación en el Congreso Nacional, la ley Nº 21324 vino a postergar de abril a mayo las elecciones de numerosos cargos de elección popular con motivo del preocupante aumento de contagios de COVID-19, que pusieron nuevamente bajo tensión la capacidad de atención de los sistemas de salud.

Así las cosas, el próximo 15 y 16 de mayo, podremos elegir democráticamente a convencionales constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, bajo una circunstancia especial: la ciudadanía, de forma inédita, deberá elegir entre más de 16 mil candidatos que buscan acceder a ocupar más de 2.500 cargos públicos a cubrir.

Mas allá de las naturales complicaciones fruto de la postergación de los comicios, como son una extensión no prevista de la campaña para los candidatos; la suspensión provisoria de ellas hasta fines de abril; el desgaste económico extra que afecta especialmente a las propuestas independientes; en medio del proceso previo de inscripción y candidaturas, adquirió especial relevancia un actor que en los últimos 30 años de democracia había tenido un rol poco visible en el ejercicio del poder en Chile.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) hizo su irrupción en el contexto eleccionario actual, cuando le correspondió conocer y resolver sobre las reclamaciones de diversas candidaturas que fueron rechazadas en enero de este año por el Servel, al no cumplir con los requisitos formales establecidos por nuestra legislación para optar a cargos de elección popular.

Es en ese orden de ideas, y a propósito de todas las opciones en juego en los comicios de mayo, que resulta interesante conocer a este tribunal, cuál es su composición, cuáles son sus atribuciones, y qué rol clave van a jugar cumplidas las jornadas del 15 y 16 de mayo.

De acuerdo al Capitulo IX de la Constitución Política de la República, el Tricel es un tribunal especial que conoce del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores, que resuelve las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos.

Actualmente, está compuesto por 5 miembros: cuatro ministros de la Corte Suprema -Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco y Jorge Dahm- y un ex vicepresidente del Senado -Jaime Gazmuri (PS)-, y les corresponderá por una parte, la responsabilidad de proclamar las candidaturas triunfadoras de las próximas elecciones constituyentes y por otra, resolver en segunda instancia los reclamos formulados por candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales ante los Tribunales electorales regionales.

En tal contexto resulta especialmente interesante advertir que, ante cualquier reclamo o conflicto que se suscite a propósito del escrutinio y la calificación de los votos respecto de los miles de cargos de elección popular en juego en estas elecciones, serán los cinco integrantes del Tricel quienes tendrán la última palabra para resolver tales disputas en tiempo record.

Un aspecto a tener en consideración es que, la cantidad de causas ante este tribunal especial puede llegar un alto nivel de requerimientos, y por ello es muy probable que los cuatro ministros integrantes de la Corte Suprema deban pedir permisos administrativos de dedicación exclusiva para proveer en tiempo y forma las certezas electorales a los candidatos que deban asumir sus cargos.

En consecuencia, es del más alto interés que la ciudadanía del país esté al tanto de la existencia de este órgano constitucional, de sus responsabilidades, de los límites de sus capacidades de trabajo, y por cierto de las insospechadas consecuencias prácticas que pueden implicar una eventual avalancha de reclamos por parte de candidatos que no se conformen con el resultado de las urnas.