La preocupación por la delincuencia se transformó en un tema clave para el debate político, ciudadano y por ende también el electoral. A lo largo de estas cuatro décadas hemos pasado por aumentos de dotación, aumentos presupuestarios, aumentos de penas para ciertos tipos delictuales, ampliación de las capacidades de control de identidad, castigos mayores para los que se enfrenten a Carabineros. Pero también hemos sido testigos de aumentos de casos de corrupción pequeña, mediana y otra directamente organizada al interior de Carabineros de Chile que han tenido castigos inversamente proporcionales al rango del culpable. Es decir, si era un suboficial vinculado a un hecho de corrupción callejero las penalidades eran rápidas, serias y los castigos ejemplares. Cuando los casos involucran oficiales la respuesta ha sido más tenue, dubitativa, en fin... incluso con intentos de encubrimiento.

Si bien, en múltiples ocasiones en público y privado se hizo hincapié en estos problemas la respuesta del mundo político fue la sordera. ¿Cómo escuchar la crítica cuando los medios de comunicación presentaban diariamente los “éxitos” policiales?  ¿Cómo generar un problema en una institución que tenía el total respaldo y confianza ciudadana? Los bajos niveles de transparencia de información, la incapacidad civil para avanzar con estudios serios, la opacidad en la toma de decisiones eran elementos considerados secundarios ante el poder policial.

La violencia para controlar el orden público fue también evidente. Son muchos los informes del INDH que así lo confirman en diversos años, pero el silencio político y ciudadano fue también relevante.  Era la época en la que en Chile el derecho a transitar era considerado más relevante que el de protestar; que los permisos para manifestarse eran la puerta de entrada para legalizar o directamente criminalizar una vigilia callejera. Las marchas no son nuevas, la violencia policial para enfrentar a los “violentos” tampoco. Todos los hechos denunciados por diversas organizaciones fueron considerados casos aislados, errores involuntarios, producto de situaciones personales. Tampoco hubo apoyo político o ciudadano, espacio para debates serios en los medios de comunicación muy limitado y siempre concentrado en entender por qué alguien quisiera dañar a la policía.

Quiero creer que todo eso cambió el 2019, año en el que vimos que no se puede seguir tapando el sol con un dedo, que el abandono civil sobre los temas de seguridad ha traído serías consecuencias en una institución que requiere ser reformada en su totalidad, que requiere mayores niveles de control externo, que necesita transparencia y requiere liderazgo. Carabineros de Chile es una institución clave para la democracia siempre y cuando se enmarque en el Estado de Derecho, es decir, esté bajo la clara dependencia política de un Ministerio con el tonelaje técnico y político que se requiere para brindar seguridad bajo el claro respecto de los derechos humanos;ministerio que además debe entregar a los ciudadanos información sobre los presupuestos, las dotaciones y algunas decisiones policiales que pueden mejorar su calidad de vida, pero también potenciar la responsabilidad común sobre la seguridad.

El 2019 deja poco optimismo sobre el pasado de la seguridad pública en Chile. Evidencia que a veces el entusiasmo de algunos lleva a glorificar con anticipación prácticas e instituciones sin querer ver el contexto general; potencia la necesidad de una verdadera transformación policial.

Sin el estallido social estoy segura que esta columna estaría dedicada a la inutilidad de la Ley Antiportonazos, la limitación del reconocimiento facial o la poca evidencia sobre el control de identidad preventivo. Solo tímidamente, una vez más, dejaría unas líneas para recalcar la necesidad de una verdadera transformación del sistema de seguridad que incluye al Ministerio encargado, ambas policías y la agencia de inteligencia. Este año, sin embargo, estoy segura que no hay otro camino más que la transformación, una donde el ingrediente principal será el control civil sobre la seguridad.  Se vienen meses y años claves para construir el Estado de Derecho que nos merecemos.