El Gobierno declaró desierta la licitación del Transantiago, que pretendía renovar tres mil buses y condicionar el pago a los operadores según su desempeño, entre otras mejoras. El proceso comenzó su tramitación a fines de 2016, durante la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y se pretendía implementar a mediados de 2017. Sin embargo, la ex ministra Paola Tapia retiró las bases del concurso desde la Contraloría para poder estudiarlas, lo que terminó haciendo que la convocatoria quedara lista recién en marzo de este año.
Al respecto, el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, si bien considera negativa la decisión del actual Gobierno, ya que la fallida licitación contemplaba mejoras sustantivas para el transporte público capitalino, asegura que la administración anterior también tuvo responsabilidad.
“Cuando se hace una licitación en época electoral se corre siempre el riesgo de que finalmente impere más el criterio político que el técnico”, afirma. “Si esto se hubiera hecho un año antes, es decir, lo hubiera iniciado antes el ex ministro Andrés Gómez-Lobo y lo hubiera ejecutado inmediatamente la ex secretaria de Estado que lo sucedió en el cargo, Paola Tapia, esto estaría resuelto y ya estaríamos hablando de la siguiente etapa”, enfatiza.
El experto recuerda que la convocatoria actual adjudicaba solo la mitad de las líneas. “Hay responsabilidad del Gobierno anterior de no haber apurado esto. Hubo indecisión”, sostiene.
Mala señal para los usuarios
El experto indica que declarar desierto este proceso entrega una mala señal a los usuarios, ya que la determinación significa poner en pausa las mejoras al transporte capitalino. A su juicio, esta decisión podría generar una reacción negativa de parte de las personas y resulta contradictoria con los avances que había logrado el sistema, que redujo su evasión en diez puntos en un año.
“El principal costo es que al no haber una licitación, los contratos con los proveedores se tendrán que extender automáticamente, pues los usuarios no pueden quedarse sin transporte público”, explica Martin. Es así como una de las empresas peor evaluadas en términos de servicio, Alsacia, y cuyo contrato vence en octubre, podría beneficiarse con la renovación de su operación. Según Martin, existe un riesgo real de que no se alcance a implementar una licitación antes de octubre.
Imprecisión del actual Gobierno
Finalmente, el especialista señala que los argumentos esgrimidos por la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien calificó el fallido proceso como “improvisado” y que no consideró “el interés de la ciudadanía”, son incomprensibles, ya que para la confección de las bases del sistema se tomó en consideración la consulta ciudadana “¿Cuál es tu parada? Sé parte de la solución” y la convocatoria demoró más de un año.
“Se están esgrimiendo argumentos que técnicamente no son precisos. Esta decisión tiene un componente político muy significativo, pues busca cumplir con las promesas que se realizaron durante la candidatura del actual Presidente Sebastián Piñera, quien comprometió el transporte del tercer milenio y una renovación completa del Transantiago. Para cumplir el programa electoral se tuvo que anular esta licitación y partir de cero, adoptando una determinación que tiene costos y responsabilidades”, concluye.
