Hoy lunes 2 de diciembre, en el Aula Magna de nuestra Universidad, se dará inicio a la Cumbre de los Pueblos: Salvemos la tierra, cambiemos el sistema, en forma paralela a la COP 25 que se celebra en Madrid hasta el próximo 13 de diciembre.

La Cumbre de los Pueblos reunirá a más de 160 organizaciones sociales, ambientales, culturales, políticas y sindicales de todo el país.

La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio invitó a toda la Comunidad Universitaria a ser parte de las actividades, con instancias de discusión y reflexión sobre el estallido social y crisis climática, entre la sociedad civil organizada y no organizada, nacional e internacional.

La Cumbre de los Pueblos se realizará hasta el sábado 7 de diciembre en el Sector EAO, con una amplia programación que contempla plenarias, cabildos, talleres, mesas de trabajo, show artísticos y culturales.

Su hito inaugural se desarrollará hoy a las 10:00 horas en el Aula Magna (ingreso por Av. Ecuador #3555).

El calendario de actividades incluye para la jornada del lunes temas como: la crisis climática y la construcción de alternativas desde los territorios; el rol de las comunidades locales y los saberes indígenas en la comprensión de los fundamentos del cambio climático; y la exhibición a las 19 horas del documental “The International Institute of Climate Accion & Theory, entre otros paneles.

Mañana martes, en la sala Camilo Catrillanca, a las 10 horas, se abordará el tema “impactos del modelo extractivista y alternativas de los pueblos indígenas”. Luego, en lo internacional, se abordará la plataforma boliviana frente al cambio climático. A esa misma hora, en la sala Macarena Valdés, el tema será “De la crisis del extractivismo hacia la Asamblea Constituyente Plurinacional”.

El panel central del martes, en el patio de la EAO, partirá a las 15 horas con el análisis “Del neoliberalismo extractivista a la justicia climática”, que concluirá con una plenaria entre las 16 y 17 horas.

El miércoles 4 de diciembre, el panel central abordará el tema “Cambio sistémico y Nueva Constitución”.

El jueves 5, destacan los paneles: “Geografía crítica en tiempos de movilización”; “Energía en América Latina, del negocio a lo común” y “Repensando la basura en A.L: basura cero como respuesta”.

Para el viernes 6, está prevista una marcha de los pueblos por la crisis climática y ecológica a contar de las 17 horas; mientras que el sábado se realizará la última plenaria y el acto artístico de clausura a las 13 horas, en el patio de la EAO.

La programación completa del evento puede descargarse del sitio https://cumbredelospueblos2019.org/

El dólar retrocedió casi $24 luego del anuncio del Banco Central (BC) de inyectar 20 mil millones de dólares al mercado, llegando a los 805 pesos. Al principio de la jornada, la divisa norteamericana había alcanzado los $828,74

El académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, compartió la decisión del BC. El exTesorero General de la República explicó que el organismo debe velar porque el dólar no comience a transferirse a precios, afectando volúmenes de importación importantes, por lo que debe actuar para evitar un impacto explosivo sobre la inflación.

“En los niveles en que estamos, de $830 y en circunstancias de que en un mes ha subido más de 100 pesos, el Banco Central toma una posición más proactiva y desarrolla una estrategia de estabilización del precio del dólar”, afirmó.

El máster en ciencias económicas señaló que el techo debe estar entre los $800 y los $830 pesos, ya que afecta directamente el costo de vida de las personas, al impactar, por ejemplo, en la tarifa del transporte, de la electricidad y del agua. 

Opinión similar tuvo el también académico de la FAE de la Usach, Dr. Francisco Castañeda, experto en finanzas internacionales. A su juicio, el alza del dólar se puede traducir en presión inflacionaria, ya que el 60% de la canasta que considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) son productos importados.

“Se abrió la posibilidad de que el Banco Central intervenga en forma directa, no con una línea de crédito en dólares para los bancos, sino que saliendo a vender una cantidad importante de reserva internacional”, consideró.

El doctor en geografía económica explicó que el BC tiene alrededor de 39 mil millones de dólares de reserva internacional, que es el 6 a 7% del PIB. Por lo tanto, asegura que el organismo tiene fortaleza para enfrentar esta crisis cambiaria.

“El Banco Central interviene vendiendo dólares en cantidades importantes. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares para hacer bajar el valor de la divisa”, enfatizó.

Finalmente, el doctor en ciencias económicas y también académico de la FAE de la U. de Santiago, Gonzalo Martner, explicó que cuando se devalúa la moneda nacional, “quienes ganan son los exportadores, porque sus retornos serán mucho más altos, y quienes pierden son los consumidores, porque el alza repercute en el valor de las bencinas y de productos importados, que son una proporción bastante alta en la canasta de consumo cotidiano de las familias”.

La revolución ucraniana duró 93 días, gatillada por un grupo de estudiantes que protestaron por la decisión política de no integrarse a la Unión Europea. Las y los ciudadanos querían otra cosa y se tomaron Maiden (una plaza en Kiev) y pasaron el invierno (- 7 grados) luchando cuerpo a cuerpo contra las balas y la brutalidad de una policía decidida a matar con tal de mantener un orden ficticio. La clase política de Ucrania no lograba entender, andaban siempre en la retaguardia, y tenían menos valor que sus representados. Cuando comunicaban los resultados a las bases, eran alentados a volver a las negociaciones con el Gobierno de manera urgente, porque el frío congelaba la paciencia. El Presidente dimitió, la revolución se sofocó a medias, la herida quedó y el país retomó un camino de transición lleno de complejidades. El documental está en Netflix, se llama “Winter of Fire”, y es estremecedor.

Plaza de Curicó, ciudad en calma, mañana del día 37 desde el llamado “estallido social”. Me invitan a un conversatorio sobre mujer y política. Hay 2 hombres y varias mujeres, entre los 17 y 75 años. Profesionales, trabajadoras, estudiantes, independientes, militantes. Hablamos de discriminación, de desigualdad, de derechos diferenciados dependiendo si naciste mujer u hombre. De colegios y liceos donde nunca les enseñaron educación cívica, pero sí les enseñaron a obedecer porque sí, sin aprender a pensar críticamente o a respetarse por ser personas en vez de imponer la discriminación por ser hija de madre soltera, o hijo de padres separados.

Una de las dirigentes estudiantiles critica a los partidos políticos, pero no a la política. Critica la manera como los grupos se adueñan de los partidos, y no hacen las cosas de manera transparente ni participativa, y menos con equidad de género. Ella tiene 19. Y quiere llevar el apellido de su mamá porque su papá nunca ha estado. Es dulce y luchadora, firme en sus convicciones y dispuesta a conversar para encontrar zonas comunes.

A todas esas mujeres les gusta la política, pero no la lógica de los partidos. Tienen interés en sus territorios, pero no tienen espacios para participar. Están atentas al acuerdo suscrito por los partidos, pero no les creen porque no las consideran, ni como mujeres ni como independientes. ¿Puedes participar en el proceso constituyente si eres mujer, joven, de región e independiente? ¿Y si además perteneces a un pueblo originario? ¿O tal vez puedes participar, pero nunca saldrás elegida? ¿Estas reglas del acuerdo actual son estructuras antiguas intentando resolver problemas nuevos?

En Ucrania la clase política iba como 100 metros atrás de las personas, temerosos y sin conducta. Aquí seguimos discutiendo unas verdades que sirvieron en los ’90, pero que ahora necesitan renovarse y abrirse a una real participación, sin condiciones ni frenos, ni amenazas de lecturas simplistas. Tenemos una fractura como país de una complejidad mayor, que no se arregla con un acuerdo basado en creencias de grupos políticos que les ha costado tanto modernizarse.

Ya va más de un mes de movilizaciones desde el llamado “estallido social” en Chile, que agrupa una serie de demandas que se hicieron públicas el mes de octubre, luego del alza en el precio del pasaje del transporte público. Para enfrentar las concentraciones, Carabineros ha echado mano a una serie de estrategias, como el uso de bombas lacrimógenas, armas que a menudo utiliza el cuerpo policial para disuadir las manifestaciones.

Sin embargo, y ante la necesidad de estudios serios sobre estas armas químicas, los académicos de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, Dr. Moisés Domínguez (químico y doctor en química) y Dr. Raúl Mera (licenciado en Bioquímica y doctor en Química), elaboraron un informe en el que advirtieron algunos efectos que ellos mismos califican como “preocupantes”.

Posible ceguera

El estudio reconoce que no se conoce la fórmula exacta de las bombas usadas por Carabineros, pero que los compuestos orgánicos comúnmente utilizados por bombas lacrimógenas son los agentes CR, CN y CS.

“El agente CN puede descomponerse con cierta facilidad en presencia de agua, dando como resultado ácido benzoico (que no es tóxico, ni peligroso) y ácido clorhídrico, un ácido fuerte y corrosivo, que en exposición continua puede producir irritación y quemaduras, algo particularmente preocupante si esta hidrólisis del CN se da en la superficie del ojo”, indicó el informe.

El Dr. Domínguez, uno de los autores, explicó que “el ácido clorhídrico es un ácido corrosivo y si entra en contacto con la piel o cualquier tejido, va a quemar y, con el tiempo, destruir dicho tejido. Este ácido es el mismo que se tiene en el estómago para digerir los alimentos, por lo que es relativamente fuerte. Si entra en contacto con los ojos, una persona fácilmente podría quedar ciega”. A su juicio, esto dependerá del tiempo y la cercanía de la persona al momento en que cae la bomba.

Mutaciones genéticas

Por otra parte, el académico señaló que estas bombas tienen solventes que se absorben por la piel y entran por el sistema sanguíneo, con grados de toxicidad. “Además del compuesto irritante mismo, las lacrimógenas utilizan otras sustancias para lograr que el irritante salga a presión y se disperse en el aire. Algunas de estas sustancias pueden ser peligrosas por sí mismas”, señaló el informe.

El Dr. Domínguez explicó que cualquier compuesto que pueda atravesar membranas implica que puede entrar a las células del cuerpo y dañar, por ejemplo, el ADN. “Con daños en el ADN pueden provocarse mutaciones varias y terminar con cáncer, tumores y muchos otros desórdenes bioquímicos. Hay una razón por la que las células tienen una membrana que impide que muchas sustancias ingresen a ella, pero estas sustancias que se utilizan en los gases lacrimógenos tienen la capacidad de penetrar estas membranas”.

Uso indiscriminado

Finalmente, el informe señala que aunque tradicionalmente se las ha considerado seguras, enfatiza que las pruebas son relativamente pequeñas y con características particulares “compuestas por varones jóvenes y sanos (típicamente voluntarios de las fuerzas armadas norteamericanas). No se contemplaban niñas, niños, mujeres, adultos mayores, ni personas con problemas de salud previos (tales como asma)”.

En ese sentido, los autores consideraron que la exposición a compuestos reactivos que atraviesan membranas celulares podría tener varios efectos no específicos, “de consecuencias indeseables”.

“Uno no puede decir que las lacrimógenas nunca pueden usarse, pero estas deben ser, ciertamente, el último recurso de Carabineros, y no el primero como está siendo”, afirmó el doctor Domínguez. “Como no se conocen los efectos, no se sabe lo que puede ocasionar en la población, y como no se sabe lo que puede ocasionar en la población… en mi opinión, es una irresponsabilidad el uso indiscriminado de esta arma química”, concluyó.

“Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas”.

Así parte el informe que este martes dio a conocer Human Rights Watch (HRW). Se trata del segundo análisis de una organización internacional cuyos resultados apuntan directamente contra la institución policial. El primero fue de Amnistía Internacional, que el Gobierno rechazó “categóricamente” la semana pasada.

Al respecto, el abogado experto en derecho internacional y académico de la Universidad de Santiago, Juan Ignacio Chacón, responde:

¿El Gobierno puede desconocer los informes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, sin recibir ninguna sanción de parte de la comunidad internacional?

-Hay que distinguir entre informes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los informes de organizaciones internacionales, como los de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los informes de organismos internacionales no son estrictamente vinculantes, en tanto no exista un proceso judicial internacional en contra del Estado de Chile. Sin embargo, si se inicia ese proceso y se rechaza o se incumplen las condiciones que pueda dictar la Corte Interamericana de DDHH, el Estado incurre en responsabilidades internacionales.

Los informes de organizaciones internacionales que actúan por su cuenta y que no están en el sistema de derecho internacional tienen un peso simbólico importante, pero si se rechazan o no se cumplen sus recomendaciones, no existe responsabilidad para el Estado.

En cualquier caso, ¿estos informes pueden ser utilizados como pruebas en un eventual juicio internacional?

Sí, aunque el peso probatorio más fuerte lo tiene el informe de la CIDH.

¿A qué sanciones se expone el Gobierno en caso que una corte internacional los considerara válidos?

En caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un proceso, condenara al Estado de Chile sobre la base de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país incurre en responsabilidad internacional. Por lo general, esto se materializa en la obligación de reparar monetariamente, dictar ciertas leyes o dejar sin efecto algunas sentencias.

¿Qué peso tiene el informe que está redactando la comisión mandatada por la alta comisionada de DDHH de la ONU?

Tiene bastante peso, siempre y cuando exista un proceso de por medio en la Corte Internacional de Justicia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o en el Consejo de Seguridad Nacional. El informe podría hacerse valer y la responsabilidad podría ser mucho más directa. Con todo, vale la pena enfatizar que los informes tanto de organismos como organizaciones tienen un peso muy grande, porque por lo general son certeros; los organismos que los emiten tienen una larga trayectoria realizando esta labor y en el ámbito internacional son muy respetados. Por eso, no es tan fácil desconocerlos, ya que la reputación es muy importante en el derecho internacional. Si se desconocen, el país puede caer en descrédito y perder seriedad.

Una nueva escena  se presenta en la crisis social que azota al país desde octubre último, luego que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera invitara el pasado viernes 22 de noviembre a diversos dirigentes del bloque sindical de la Mesa de Unidad Nacional a dialogar al Palacio de La Moneda.

A la cita, que busca acercar posturas frente a las diferentes dificultades de tipo social, político y económico que generaron esta grave crisis, acudirán representantes de la CUT, No+AFP, la ANEF, la Confusam, la Coordinadora 8M y la Fech.

Para el Dr. Rolando Álvarez, director del Magister de Historia, este escenario no  es anómalo porque “nuestro movimiento sindical se ha caracterizado por su larga tradición de negociar y ha sido la esencia de la actividad del dirigente sindical, fundamentalmente por las mejoras de tipo salarial y de las condiciones de trabajo de los afiliados a los sindicatos”.

El académico del Departamento de Historia, agregó que incluso “la CUT, recién refundada en agosto de 1988, estuvo disponible para firmar pactos que fueron conocidos como los Acuerdos Marcos, con el gobierno y con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en función de darle estabilidad política a la democracia chilena recién concluida la dictadura”.

El diálogo es necesario

Alberto Mayol, sociólogo de la Facultad de Administración y Economía, señaló que “el gobierno se empieza a dar cuenta que no tener con quien dialogar es un problema y entonces se ve obligado a convocar interlocutores válidos”.

Además, indicó que la Mesa de Unidad Social habría sido una excelente contraparte para el gobierno si “hubiese sido llamada a dialogar antes de la crisis, pero después de ésta no sabemos si logrará vertebrar la posibilidad de representación de las problemáticas sociales”.

En este diálogo, el Dr. Álvarez, señala que “Lo novedoso es que este gobierno de derecha, que jamás estuvo dispuesto a negociar con estos actores, ahora si lo haga y en una situación de extrema debilidad política y social, reflejado en la encuesta CADEM, pasando a ser el gobierno peor evaluado desde el retorno a la democracia”.

Proyecciones

El Dr. Rolando Álvarez, indicó que siempre será una buena noticia que se invite a conversar al movimiento sindical y añadió que para la Mesa de Unidad Social es una excelente oportunidad política porque se presenta como una mesa unitaria que le da mayor poder de negociación.

Por su parte, Alberto Mayol, cree que el gobierno “está comenzando hacer lo que le corresponde en este único sentido, en el que al menos toma una agenda y trata de cruzar el río para hablar con gente con la que nunca ha dialogado y busca llegar a algún acuerdo posible”.

Con relación a este aspecto, el profesor Álvarez, señala que este contexto “va a generar un marco interesante en el actual proceso político chileno, porque se creyó que con el acuerdo político se detenía el peligro, pero no fue así y el gobierno tuvo que sentarse con este actor social y ver si puede ofrecerle algo que encause el conflicto”.

Aunque hay que ser cauteloso, señaló Alberto Mayol, porque “La mesa al aceptar la invitación del gobierno se pone en riesgo, porque puede quedar sencillamente destrozada después de esto, o efectivamente valida su participación frente a la crisis que vive el país”.

Ambos académicos Usach concluyeron que en esta mesa de negociación se estará jugando la parte social del conflicto, ya que la canalización política no detuvo la conflictividad. Ahora, el gobierno muestra una nueva carta y apuesta por la negociación con las organizaciones sociales.

Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y en nuestro país la jornada se encuentra marcada por el alzamiento ciudadano, que entre sus demandas también plantea incluir propuestas feministas en la agenda social del Gobierno.

Diversas organizaciones que pertenecen al movimiento feminista, aseguran que es imprescindible que su petitorio sea parte central de las reivindicaciones del conjunto de los movimientos sociales. Además, cuestionan la inactividad de la Ministra de la Mujer, Isabel Plá, ante las denuncias de abuso sexual y violación a mujeres, por agentes del Estado.

Para la académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Dra. Sandra Navarrete Barría, el movimiento ha tenido un papel importante, tratando de visibilizar las luchas propias de las mujeres, pero la exclusión de las propuestas en la agenda social señala "un declive del alcance que tuvo la convocatoria del pasado 8M, que auguraba un muy buen porvenir para el movimiento".

De acuerdo a la investigadora, la no inclusión ocurre por dos razones principales. "Una tiene que ver con el anquilosamiento de un pensamiento político patriarcal que estipula que lo homogéneo adquiere mayor fuerza política que otro heterogéneo, y en esta lógica, un conjunto de demandas por y para la sociedad en general, podrían tener un mayor éxito", explica.

Y la otra razón, que se relaciona con la anterior, agrega la Dra. Navarrete, apunta a "que todavía en Chile y en muchos países del mundo se valora el feminismo como un movimiento de mujeres que busca conseguir derechos exclusivos para las mujeres".
Este es un prejuicio que el país desconoce e ignora, ya que las diez demandas del movimiento feminista están pensadas y formuladas desde una profunda conciencia social, que incluye alianzas con todas las otras luchas que hoy estamos viendo en este estallido, como lo son la violencia política sexual, el fin de las AFP, la búsqueda de justicia y verdad ante la violación a los DDHH, la educación desmercantilizada, entre otras, las que ya han sido motor de reflexión para las feministas.

"Es por esto que hoy se necesita más que nunca volver a revisar, desde este Chile transformado, las demandas feministas e incluirlas en la agenda social", detalla la académica de IDEA.

Avances en la Usach

Este 2019 la Universidad de Santiago de Chile ha levantado acciones relevantes en torno a la prevención y promoción de su Protocolo, así como también instancias para erradicar la violencia de género, discriminación y acoso sexual dentro del contexto universitario. Entre ellas se cuentan capacitaciones a funcionarios y funcionarias; y jornadas de formación para autoridades del Plantel.

"Si bien ha sido un esfuerzo muy importante, aún no son suficientes. Se necesita seguir trabajando para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación contra las mujeres o diversidades sexuales", sostiene la Directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, Andrea Hurtado Quiñones.

La socióloga Hurtado sostiene que, en el contexto de estallido social, es importante mencionar que todavía existen desafíos grandes. "Nosotros y nosotras estamos trabajando para posicionar, como una demanda impajaritable, una ley de no violencia integral contra las mujeres".

"Existen normas específicas dentro de las manifestaciones de violencia, pero no una que hable respecto a qué significa la violencia de género", agrega la directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad.

Tras discutir el recorte de un 50% de la dieta parlamentaria, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados también aprobó unánimemente una disminución salarial para las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a los que se sumaron los propios asesores de los congresistas tras aceptarse la disminución de sus gastos operativos y labores de apoyo.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Francisco Castañeda, “la medida del 50% reviste un carácter más bien simbólico” y “no impacta en las arcas fiscales”.

Aunque reconoce que se trata de un gesto “valioso”, advirtió que la rebaja asociada a los profesionales de los parlamentarios puede provocar situaciones muy complejas. Además, señaló que el porcentaje en que se reducen las remuneraciones no puede ser igual para todos, porque no todos tienen los mismos ingresos, lo que perjudicaría a los que menos dinero perciben. 

Opinión similar tiene el economista y académico de la Usach, Víctor Salas. “Toda esta rebaja no tiene mucha relevancia en términos de ahorro fiscal. Es más bien un acto simbólico, porque repercute en alrededor de diez mil personas”, explicó.

Aunque reconoció que esto responde a una demanda social, opinó que la medida debe estudiarse mejor, ya que se precisa conocer los montos exactos que se necesitan para que los parlamentarios desarrollen su labor. “Se rebajan los sueldos, pero eso no resuelve ningún problema más que el de imagen”, sostuvo.

“Hay que lograr que los grandes empresarios paguen más. Aunque hay un acuerdo en la reforma tributaria, dicha reforma no les está doliendo a los empresarios”, enfatizó Salas. “Hay que buscar una aplicación de impuestos que permita dar una señal de compromiso con la paz social y para que el Estado pueda resolver problemas”, concluyó.

“Si no hay acuerdo, la convención fracasa y rige la actual Constitución”. Esta fue la declaración del senador RN Andrés Allamand, que implica que en caso que no se logre el quórum de 2/3, fracasa la convención que redacta la nueva Carta Magna y termina rigiendo la actual. La opinión del parlamentario provocó críticas en sectores opositores involucrados en el pacto para alcanzar una nueva Constitución para el país.

Para el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, las declaraciones del parlamentario están en lo correcto desde el punto de vista jurídico. “Si hay un tercio más uno que permanentemente no quiere llegar a un acuerdo, evidentemente que la convención fracasaría y no habría nueva Constitución, sino que regiría la actual”, afirmó.

A juicio del especialista en derecho público, el acuerdo que suscribieron los actores políticos considera tres formas de que la nueva Constitución fracase. La primera, que gane el no en el plebiscito; la segunda, que venza el plazo para que la convención haga la Constitución; y la tercera, que derechamente no se llegue a los acuerdos para redactar la nueva Carta Fundamental; es decir, los dos tercios.

“No hay ninguna otra fórmula dentro de los marcos actuales para cambiar la Carta Magna. Las fórmulas tendrán que ser resueltas en los marcos en que se establece la reforma constitucional”, afirmó.

Esa opinión la comparte el experto en derecho constitucional y también académico de la Usach, Luis Bobadilla.

El Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios, sostuvo que “para que ocurra una derogación orgánica sobre una misma materia tiene que haber una disposición que reemplace a la anterior. “No hay otra alternativa. Si no se logra el quorum de 2/3 para reemplazar algún texto de la Constitución actual, no se puede producir una derogación. Hay que entender que el acuerdo firmado por los parlamentarios no tiene valor jurídico, es solo un pacto de caballeros”, explicó.

No obstante, para el Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Claudio Herrera, se deberá tener presente que si en el plebiscito gana la opción no a la Constitución actual, el mandato de la ciudadanía es que, cualquiera sea el obstáculo, al final del proceso se asegure concretar  una nueva Carta Magna. “El compromiso de los parlamentarios es netamente político, pero lo que se espera es que eso lo lleven a norma”, precisó.