Tras discutir el recorte de un 50% de la dieta parlamentaria, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados también aprobó unánimemente una disminución salarial para las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a los que se sumaron los propios asesores de los congresistas tras aceptarse la disminución de sus gastos operativos y labores de apoyo.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Francisco Castañeda, “la medida del 50% reviste un carácter más bien simbólico” y “no impacta en las arcas fiscales”.

Aunque reconoce que se trata de un gesto “valioso”, advirtió que la rebaja asociada a los profesionales de los parlamentarios puede provocar situaciones muy complejas. Además, señaló que el porcentaje en que se reducen las remuneraciones no puede ser igual para todos, porque no todos tienen los mismos ingresos, lo que perjudicaría a los que menos dinero perciben. 

Opinión similar tiene el economista y académico de la Usach, Víctor Salas. “Toda esta rebaja no tiene mucha relevancia en términos de ahorro fiscal. Es más bien un acto simbólico, porque repercute en alrededor de diez mil personas”, explicó.

Aunque reconoció que esto responde a una demanda social, opinó que la medida debe estudiarse mejor, ya que se precisa conocer los montos exactos que se necesitan para que los parlamentarios desarrollen su labor. “Se rebajan los sueldos, pero eso no resuelve ningún problema más que el de imagen”, sostuvo.

“Hay que lograr que los grandes empresarios paguen más. Aunque hay un acuerdo en la reforma tributaria, dicha reforma no les está doliendo a los empresarios”, enfatizó Salas. “Hay que buscar una aplicación de impuestos que permita dar una señal de compromiso con la paz social y para que el Estado pueda resolver problemas”, concluyó.