Hace un par de semanas comenzó el proceso de inscripción para el “Plan Humanitario de Retorno Ordenado” del Gobierno, que busca facilitar la vuelta a su país de los haitianos que así lo soliciten. En ese contexto y según un catastro preliminar de Estación Central, la mayor parte de los interesados argumenta que quiere irse de Chile porque no encontró trabajo. 

Para la experta en migración y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, el enfoque de esta política es incorrecto. “La pregunta debiera ser por qué los migrantes que están solicitando el retorno no tienen empleo. ¿Se les están dando las oportunidades? ¿Se les ha entregado la información adecuada? Porque en Chile hay trabajo”, sostiene.

A su juicio, el foco de las políticas migratorias del actual Gobierno se ha centrado en ordenar y regular la migración, con lo cual se ha construido la imagen de que la inmigración constituye una amenaza. Sin embargo, considera que no se han contemplado los beneficios que ofrece este fenómeno a la economía del país. Por ejemplo, señala que diversos estudios comprueban que los extranjeros ocupan en un alto porcentaje puestos de trabajo que los connacionales desdeñan.

“El Plan Retorno pareciera un salvavidas que va a permitir deshacernos del problema, pero no aborda la migración desde su integralidad”, critica. “La migración no es un problema”, agrega. “El problema de raíz es que debemos garantizar derechos mínimos a los migrantes y a todas las personas que residen en este país”, enfatiza.

Por otra parte, considera que esta política no cuestiona si las condiciones en Haití han cambiado o son las mismas que llevaron a sus ciudadanos a escoger a Chile como una nueva oportunidad. “Para las políticas de retorno que pueden apoyar situaciones frágiles de ciertos migrantes, es necesario instalar también el concepto de la corresponsabilidad, para que los problemas que enfrentamos acá no reboten en el país de origen”, afirma.

Finalmente, respecto a la condición de que quienes decidan acogerse a este diseño tengan prohibido ingresar a Chile por los próximos 9 años, sostiene que ello “atenta contra la libertad de las personas”.

“Me parece arbitrario que se establezcan nueve años, porque la política no debiera estar mediada por esta lógica de no retorno”, cuestiona. “Las personas que hacen uso de este beneficio no pueden volver a hacer uso del mismo, es cierto, pero no se puede coartar la libertad de las personas”, concluye.