La administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet informó ayer en la página web de la Dirección de Presupuestos que el déficit fiscal estructural que dejaba era de 2,1% del PIB en 2017 y no de 1,7% como aseguró en enero. Para el nuevo ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esta diferencia “no es menor”, ya que representaría cerca de US$1.100 millones, por lo que anunció un “ajuste de cinturón” en el sector público y descartó alcanzar el equilibrio fiscal en el corto plazo.

Sin embargo, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, difiere de esta visión. A su juicio, las expectativas de crecimiento para este año y el precio del cobre hacen prever que el impacto en las finanzas públicas no será tan grave.

“Si no hay confianza en que el PIB va a crecer en el entorno de 3,5%, como está previsto, entonces es claro que el ministro de Hacienda se preocupe, pero lo esperable es que se mantenga en este rango”, afirma el especialista, en base a la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que realiza mensualmente el Banco Central.

Además, de acuerdo a Salas, el precio del cobre para este año debería mantenerse en la senda de los últimos meses, sobre US$3 la libra, lo que significaría un aumento de los recursos para el Estado. “Esperar eso es tener expectativas de que aumente el rendimiento de los impuestos. Eso permitirá resolver los problemas de déficit”, asegura.

Para el académico, dar relevancia a esta diferencia  en el déficit estructural obedece a la intención del nuevo Gobierno de comunicar pronto que no logrará resolver todos los problemas económicos ni financiar todos los gastos sociales. Sin embargo, desde su perspectiva, “no debería preocuparse tanto el ministro de Hacienda. De hecho, en el proyecto del Presupuesto el déficit estaba proyectado en 1,9%, así que estamos en cifras cercanas a las que se habían conversado hasta noviembre del año pasado”, sostiene.

Con todo, el economista reconoce que el problema de esta situación radica más que nada en la manera en que se informó la corrección del déficit estructural, por lo que se manifiesta partidario de dotar de mayores grados de autonomía al Consejo Fiscal Asesor, a fin de conocer con mayor transparencia si se están logrando las metas deficitarias y las razones que motivan una rectificación de este tipo.

No obstante, en relación al déficit en 2,1%, insiste en que “si bien hay que preocuparse y hacer ajustes, cautelando las finanzas públicas, no hay que exagerar precauciones”, concluye.