• Para el académico del IDEA Dr. Fernando Estenssoro, el histórico documento suscrito en Cuba por la administración de Juan Manuel Santos y la guerrilla, se basa en la Comisión de Verdad y Justicia que encabezó el jurista Raúl Rettig, y cuya misión fue esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura. El acuerdo del gobierno colombiano-FARC instaura un tribunal que fallará los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de ambos bandos. 

Un efusivo apretón de manos entre el delegado del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país (FARC), Iván Márquez, selló lo que diversos analistas internacionales definieron como un acuerdo histórico, que fija un método de resarcimiento y justicia para las víctimas del conflicto armado que ha asolado a esa nación por más de cincuenta años.

Para el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestro Plantel, Dr. Fernando Estenssoro, el pacto suscrito es trascendental dado que era uno de los puntos que había mantenido estancadas las negociaciones dentro del proceso de paz.

“Era uno de los temas más complejos, porque estuvieron mucho tiempo trabadas las conversaciones. Por eso, es considerado, sin duda, un acuerdo fundamental”, subraya el experto.

El acuerdo determinó la creación de una serie de instituciones que velarán por la recopilación y divulgación de toda la información relativa a desapariciones y crímenes cometidos, tanto por efectivos del Estado como por miembros de las FARC.

Asimismo destaca la conformación de un tribunal que se encargará de juzgar delitos de lesa humanidad y aplicar penas de cárcel cuando lo merezca la gravedad de cada caso.

En ese sentido, el Dr. Estenssoro recalca que el camino adoptado por Colombia, para reconciliar a un país dividido, tiene fuerte influencia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación chilena, o “Comisión Rettig”, que en el año 1990 encabezada por el jurista Raúl Rettig, se propuso esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Chile, y el embajador (en Colombia) Luis Maira, son garantes del proceso de paz. (…) Es evidente que la Transición chilena está ayudando como fórmula para lo que está ocurriendo en ese país”, sostiene el experto.

Resarcir a las víctimas

Según cifras oficiales, más de siete millones de personas han sido afectadas por el conflicto armado, cuyas manifestaciones más típicas son pérdida de bienes, amenazas, secuestros, desapariciones y homicidios, entre otros.

 Uno de los desafíos del proceso ha sido acordar una fórmula que permita satisfacer a las partes comprometidas en el conflicto, considerando que muchos de los actores están vivos y que no han sido derrotados. “No es que un bando derrotó a otro e impuso sus condiciones, sino que hay una suerte de empate y desde esa base están negociando”, añade.

Si el acuerdo vio humo blanco, afirma el especialista, fue porque hubo un cambio de perspectiva, y ambos grupos en negociación aceptaron que la situación colombiana es una guerra civil. En ese sentido, el mensaje que el gobierno de Juan Manuel Santos está enviando al mundo consiste en que “no está tratando con delincuentes sino con combatientes”, condición fundamental  para sentarse a negociar las condiciones de la paz”.

Tal paso, es de sumo importante tomando en cuenta que grupos políticos en Colombia, ligados al ex mandatario Álvaro Uribe, creen que el conflicto con las FARC, sólo se resolverá a través de las armas, y cualquier salida alternativa es una derrota.

Por eso, el cambio de perspectiva, el Dr. Estenssoro lo entiende como una muestra de madurez política importante, donde ha primado un espíritu conciliador, que busca efectivamente poner fin al conflicto.

“El hecho de que hayan podido alcanzar un acuerdo, demuestra una enorme madurez de las partes que están negociando, y que está primando un acuerdo conciliador”, enfatiza el académico.