- “Podrían originarse situaciones de discriminación bien conflictivas”, expresa el sociólogo y académico del IDEA de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, ante la casi segura aprobación de la agenda antidelincuencia en el Congreso.
Ayer miércoles, en su último trámite, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia, que ha sido modificada debido a las numerosas críticas referidas al aumento de facultades a Carabineros.
Una de esas voces públicas es la del sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, quien expresa que este control preventivo establece condiciones no necesariamente de mayor seguridad para las personas y que podría suponer arbitrariedades desde la policía.
“Esta norma genera una situación en la cual se puede incurrir en arbitrariedades porque el control preventivo va a funcionar sobre la base de la apreciación que tiene la policía respecto a la conducta de ciertas personas, y nosotros sabemos que muchas veces esa apreciación está cargada de prejuicios”, enfatiza.
Escenarios de discriminación
El académico advierte que sin duda habrá escenarios de discriminación. “Creo que sí podría originar situaciones de discriminación bien conflictivas; no me cabe duda que hay ciertos grupos que van a ser desfavorecidos, grupos que no sabemos si, efectivamente va a haber o no van a haber causas y mérito. Me refiero a emigrantes o gente de origen indígena o gente de sectores poblacionales, por ejemplo”, enfatiza.
Complementa que, “entonces, no me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema de delincuencia generalizado que se experimenta en el país”.
Acota que la represión discriminatoria se supone sobre la base de abusos, “porque el abuso no es solamente directo o físico, puede ser también un abuso psicológico; es decir, cuando se detiene a alguien sobre la base de un prejuicio, se está abusando de la autoridad, y en cambio, cuando se detiene a alguien sobre la base de cierta presunción fundada, se está utilizando la autoridad y no se está abusando”.
“Va a haber ciertos grupos a los que se les controlará más la identidad que a otros. A una persona con cuello y corbata que va por la calle, lo más probable es que no se le controle. Si va un joven con barba y con el pelo largo, lo más probable es que se le controle la identidad”, puntualiza.
Empoderamiento policial
El experto recalca que el fin de controlar la identidad preventivamente es evitar delitos, sin embargo “sabemos que existen hoy día en la legislación, mecanismos que posibilitan controles de identidad, entonces, más bien me parece que es una medida para satisfacer una cierta necesidad que tiene la policía de sentirse más empoderada frente a una situación donde, por la política de respeto a los Derechos Humanos, ha significado que los policías se sientan con menos autoridad sobre las personas. No me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema generalizado de delincuencia”.
En todo caso, descarta que se repitan actitudes de la policía similares a las ocurridas en la dictadura. “No creo que volvamos a una situación como la de la dictadura porque hay otras condiciones; hay un Estado de Derecho, hay una mayor preocupación de la ciudadanía en general respecto a cuál es la conducta represiva, y por otro lado, también hay una mayor conciencia respecto a los Derechos Humanos”, subraya.
Soluciones
En tanto, el experto explica que es posible recurrir a otros mecanismos para solucionar el problema de la delincuencia.
“Creo que tienen que buscarse otros mecanismos vía la organización misma, a lo mejor de la propia sociedad civil, de los vecinos, mayor control social, pero no dejar esto exclusivamente en manos de la policía porque puede tenderse a una situación de represión discriminatoria”, destaca.
En ese sentido, el Dr. Parker afirma que de hecho, “en algunas partes ya se ha iniciado un procedimiento a través del cual hay mayor participación ciudadana en temas de seguridad colectiva, por ejemplo”.
Aunque faltan etapas, el control preventivo de identidad se modificó en lo que dice relación con los menores de edad, quienes continuarán rigiéndose por la actual norma. También, se incorporarán dispositivos electrónicos que permitan la identificación en la vía pública, eliminándose la retención en recintos policiales, salvo excepciones.