En cumplimiento con el Plan de Fiscalización 2018, el Consejo para la Transparencia realizó una inspección al desempeño de las universidades estatales, considerando el tratamiento y atención de las solicitudes de acceso a la información, basándose en la modalidad electrónica y calidad de la respuesta de los planteles.
La fiscalización tuvo como objetivo comprobar el acatamiento de las normas sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, establecidas por la Ley N°20.285. Para ello, se elaboró un análisis y seguimiento de una solicitud de acceso a la información pública creada para estos fines, utilizando la metodología de “usuario incógnito”.
Si bien en un principio el Consejo otorgó a nuestra Universidad un 87,61% de cumplimiento, más tarde rectificó la cifra a un 100% tras reconsiderar el criterio de evaluación aplicado.
Con esto, el organismo eliminó lo referente a “la lista de estudiantes que ingresaron vía admisión especial durante el año 2018”, puesto que no existe jurisprudencia institucional asentada sobre dicho aspecto.
“Esto nos llena de satisfacción y hace necesario felicitar a las unidades colaboradoras de la Secretaría General por dar respuesta oportuna y completa a las peticiones que formaliza nuestro entorno”, destaca el Secretario General del Plantel, abogado Gustavo Robles Labarca.
Transparencia
Cabe destacar que las instituciones del Estado están sujetas a las disposiciones de la Ley 20.285 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Esta normativa nació hace 10 años y se basa en el principio constitucional de transparencia, lo cual significa que la Universidad, como organismo público, debe mantener al día dos aspectos de la Ley.
El primero es el de la transparencia activa, es decir, el Plantel tiene que instalar en su página institucional datos relevantes sobre su quehacer y devenir, actualizando cada vez que sea necesario.
“Corresponde a cada unidad proporcionar este dato a la Secretaría General, de quien depende la Unidad de Transparencia. En esto trabajan todas las Unidades de la Universidad, especialmente Finanzas, Recursos Humanos, Adquisiciones, Construcciones, etc”, explica el Secretario General, abogado Gustavo Robles Labarca.
La otra parte de la norma se refiere al Derecho al libre Acceso a la Información Pública, llamada comúnmente como transparencia pasiva. Esto quiere decir que cada vez que una persona se dirija a la Universidad solicitando información sobre ella, la institución está obligada a responder dentro de un plazo fijado por la Ley.
De acuerdo al abogado Robles, anteriormente nuestro Plantel ha obtenido buenas evaluaciones. “Ha sido un trabajo arduo, porque cuando esta Ley entró en vigencia hace 10 años, no había unidad a cargo, tampoco consciencia ni cultura en cuanto al sentido que tiene la normativa”, agrega Robles.
“Esto ha ido revirtiéndose y cada año vamos mejorando. El proceso ha sido largo por la cantidad de información que debemos reunir, pero nuestra obligación es entregar la información, independiente de quién o para qué la solicite”, puntualiza.
