Comenzó el fin de la cuarentena en siete comunas de la capital. Este martes, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, Tiltil y Colina pasaron a la fase de Transición del plan ‘Paso a Paso’. De acuerdo al Ministerio de Transportes, la jornada registró un aumento de 7,92% en los flujos vehiculares del Gran Santiago.

El experto en transporte urbano y subdirector del Smart City Lab de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, anticipó que uno de los mayores problemas de la medida de desconfinamiento se producirá en Las Condes, debido a que es una de las comunas que más recibe movilidad por motivos laborales. 

“Es, probablemente, la zona más compleja porque recibe flujos de todo el sector sur poniente de Santiago”, sostuvo. “El nivel de actividad comercial que podría implementarse es mucho y la gente que tenga trabajo en esta comuna sentirá mucha presión económica de abrir esos locales, moviéndose hacia allá”, explicó.

Además, advirtió que personas sin trabajo también sentirán la presión de trasladarse a aquellos sectores donde la movilidad está permitida. “En estas comunas, habrá la posibilidad de desplazamiento libre y, por lo tanto, de realizar comercio informal, lo que puede que empiece a surgir producto de una necesidad económica”, insistió.
 
Coincidió con este análisis el experto en transporte y logística y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Usach, Juan Pedro Sepúlveda. “Habrá muchas personas, que quedaron cesantes por la pandemia, que utilizarán el transporte como medio para salir a buscar trabajo en estos sectores”, enfatizó.

Finalmente, afirmó que ante la posibilidad de que el nivel de hacinamiento se incremente en el transporte público, es de vital importancia que el Ministerio de Transporte expanda los horarios diferenciados a todo tipo de actividad, ya sea educativa, laboral o comercial.

“Es fundamental que no solo los estudiantes universitarios tengan horarios diferenciados, sino con todo tipo de actividad. Es importante plantearse este tipo de jornadas, que contemplen teletrabajo durante la semana y formas para evitar los niveles de aglomeración de personas antes de la cuarentena”, concluyó.

Este jueves 30 de julio comienza el proceso de solicitud del retiro anticipado de fondos de pensión, en virtud de la próxima entrada en vigencia de la ley recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. Sin Tacos Ni Corbata conversó con la gerente de desarrollo y educación previsional de la Asociación de AFP Chile, Isabel Retamal sobre la operación de retiro del 10%.

Retamal explicó que ha habido poco tiempo de preparación, solo una semana, para que se haga operativo “este proceso inédito” del retiro de los fondos una vez que fue promulgada. Recordó que se va iniciar vía remota y que desde el lunes 3 de agosto deben establecerse canales presenciales para la solicitud del retiro.

Explicó que una vez que se ingresa la solicitud que se puede hacer por la página web de la AFP con una aplicación especialmente diseñada por la administradora con este fin, la persona debe señalar si quiere el retiro total del 10% o un porcentaje menor. Eso sí recordó que si la opción es sacar menos del tope máximo, no se podrá sacar el remanente más ya que el retiro se hace una sola vez.  “Quien define cuánto quiere retirar es el afiliado”

Escucha aquí su entrevista:
 

Con el estallido social del 18 de octubre, una de las preguntas que escuchamos los mapuche fue por qué no estábamos presentes en las movilizaciones por una nueva Constitución. La aparente inactividad del movimiento en el sur fue interpretada por algunos como un desinterés por lo que estaba sucediendo en el país. Pero no hubo tal inactividad. En una conversación con Ana Llao para el libro Wallmapu Plurinacionalidad y Nueva Constitución (Pehuén, 2020), comentó que, ante los hechos de Santiago, los mapuche convocaron a una manifestación en apoyo a una nueva Constitución en la plaza Teodoro Schmidt de Temuco. Durante la concentración, luego de marchar en dirección a la cárcel exigiendo la libertad de los prisioneros políticos mapuche, algunas estatuas fueron derribadas. Lo mismo sucedió en Concepción con la imagen de Pedro de Valdivia y en Collipulli con la de Cornelio Saavedra.

En la capital –donde vive un porcentaje significativo de mapuche–, grafitis y rayados mostraron su intervención en las manifestaciones. La académica Elisa Loncon tomó nota sobre el uso del mapuzungun en los muros de la capital. Constató que la presencia de los mapuche no se suscribía tan solo a la wenüfoye, sino también ha permeado el idioma.  La mapuchización del 18 de octubre, concluyó con la instalación de un Rewe en Plaza Baquedano a las pocas semanas del estallido social, que simbolizaba la lucha por el reconocimiento, la libertad de los prisioneros autonomistas y el fin a la exclusión política (Wallmapu: plurinacionalidad y Nueva Constitución: Pehuén 2020).

Esta confluencia de las históricas demandas mapuche con las variadas luchas que se expresaron el 18 de octubre (feministas, pensiones, vivienda digna, deuda, estudiantiles, etc.) lleva a preguntarse si es posible reimaginar un nuevo país con espacio para todos. En lo que respecta al tema indígena, los datos entregados por el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, ELRI, dan cuenta de un aumento en la identificación indígena en Chile (2019). Hay dos explicaciones para esto: las políticas públicas de afirmación (como la Ley Indígena de 1993, Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003, Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad de 2008 y Plan Araucanía de 2010), sumadas a la creciente fortaleza y coherencia del movimiento mapuche para sostener la autodeterminación como un derecho a conquistar, contribuyeron a un cambio de imaginario en la población.

Aquí lo interesante es la identificación de las nuevas generaciones de indígenas y no indígenas, con una pertenencia étnica que, para algunos, no excluye asumirse como parte de la comunidad “chilena”; esas generaciones parecen avanzar en la convivencia desde en una perspectiva intercultural y de las identidades políticas [1].

En este aspecto, es útil hacer un paralelo con la historia reciente de Bolivia. Entre las múltiples variables que explican el fin del Gobierno de Evo Morales está, por un lado, la radicalización de la identidad por quienes no se autoafirman como indígenas, y por otro, las políticas económicas del Gobierno, que derivaron en la rebelión de los indígenas y, sobre todo, de las clases medias y altas criollas.

Al observar esa creciente tensión que sufre la vía democrática hacia los derechos indígena, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, llama a recuperar lo ch’xi, es decir lo mestizo, como un camino posible de reencuentro.

Volviendo al 18 de octubre, a las pocas semanas del estallido social Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, viajó a Santiago. Como resultado de lo que vio se formó la convicción de que estaban las condiciones para avanzar hacia lo que llamó una nueva Constitución “Plurinacional con perspectiva intercultural”. ¿Qué significa esto? Parafraseando a Lechner, significa adoptar un nuevo orden ante la desafección hacia la democracia por los modos de pensar la política (Lechner, 2006).

La emergencia indígena en América Latina, nombre con el cual se conoce a la suma de revueltas indígenas en el continente latinoamericano, aspira a ampliar los horizontes democráticos a través de la autonomía como forma de ejercer la autodeterminación. Este heterogéneo movimiento concilió la situación de las naciones indígenas en América Latina, en algunos casos, a través de la plurinacionalidad (Wallmapu y Plurinacionalidad: 2020). A esta ruta la hemos llamado “la vía política” a la autodeterminación (Malón: 2014).

Los desajustes entre los Estados nacionales (que deberían ser los titulares de los derechos humanos indígenas que han sido negados en reiteradas oportunidades), han terminado por crear ensayos políticos en los cuales la democracia no concuerda con las representaciones simbólicas existentes. Eso fue lo que sucedió, a nuestro juicio el 18/O: múltiples culturas se unieron para empujar un cambio constitucional en post de crear un nuevo país como sujeto de derechos.

Sin embargo, las experiencias plurinacionales se encuentran en suspenso luego de la crisis en Bolivia. ¿Cómo se puede reanimar ese proceso? La historia de Bolivia nos da algunas pistas. La experiencia plurinacional de ese país comenzó en 1992, con la insurrección armada encabezada por el Ejército Guerrillero Tupak Katari, la cual marcó el ascenso de la movilización aymara-q’chua que concluye con el triunfo de Evo Morales en el año 2006. El “katarismo”, como se conoce a una corriente política del movimiento en Bolivia, recuperó a ese antiguo líder que fue, en voz del historiador Sinclair Thomson, parte de la era de las insurrecciones. Katari fue recuperado por los militantes q’chua en Bolivia y a esa perspectiva armada fue teorizada con las ideas de Fausto Reinaga con su clásico libro la Revolución India. En la localidad de Chiapas, Mexico, sucedió una situación parecida con el Ejército Zapatista de Liberación, que reinterpreta por un lado al revolucionario mexicana de Emiliano Zapata y por otro, incorpora el factor maya en el proceso político (Yvon Le Bot: 2014). Estas experiencias sugieren que la vía hacia la autodeterminación tiene momentos de paz y de ruptura.

En Chile, el uso de la violencia a baja intensidad por miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, y los últimos episodios atribuidos por la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) dan cuenta que el uso de la violencia política continúa presente en el contexto de las naciones originarias como instrumento de acción colectiva (Aukin 14 de abril 2020). A esta ruta la hemos denominado la vía rupturista a la Autodeterminación (Malon, 2014).

La RML es una nueva organización que nació, al parecer, en Cañete-Tirúa en el transcurso de 2018, fruto de numerosos nütram (conversación) que han surgido de las expresiones de resistencia, cuyo sustento emana de la cultura y la política en que “germinan desde el weichan y el control territorial” (Aukin, 14 de abril 2020). Algo parecido sucedió con la organización Weichan Auka Mapu en la zona wentenche (tierras situadas entre el río Malleco y Cautín), organización nacida en el transcurso de 2014, y cuyo símbolo es un kultrün cruzado por una escopeta y una lanza.

Se puede discutir cual “vía” es la mejor para llevar adelante los derechos a la autodeterminación. Nos inclinamos por la que sitúe la democracia como el mecanismo, sin embargo, la porfía en avanzar entorno a los derechos fundamentales ha cerrado en todo momento la discusión para un cambio político y abrió las puertas a la radicalización de algunos miembros del movimiento autodeterminista mapuche.

Las nuevas organizaciones mapuche, luego de la crisis política de la Coordinadora Arauco Malleco, como Aukan Weichan Mapu o la Resistencia Mapuche Lavkenche, se han sumado a la aspiración de construir un Control Territorial como sendero a la Liberación Nacional (Llaitul y Arrate: 2008). Según una declaración política de WAM, la violencia política sería de carácter defensivo, “circunscrito en primer orden a nuestro territorio” y luego sobre latifundistas, empresas forestales, proyectos energéticos e inversiones del gran capital (WAM, 23 de abril 2016).

De todos modos, algo se expresa con claras diferencias en las vías que hemos identificado, la democrática y la insurreccional. No son divergentes pues ambas buscan la autodeterminación, pero enfatizan caminos distintos para reimaginar un país en base a un nuevo marco político. En el primer caso Adolfo Millabur ha llamado a crear una Constitución Plurinacional con perspectiva intercultural. Según el edil, frente a la ausencia de derechos indígenas, es necesario desmantelar algunas políticas públicas que fomentan la segregación. En el segundo caso, los continuadores del Control Territorial han intensificado sus acciones de violencia política en el actual escenario. Los miembros de esta vía política no comparten la plurinacional opción, sino una revolución anticolonial suscrita al anticapitalismo. Derechamente hablan de Liberación Nacional.

En su último libro la escritora Silvia Rivera Cusicanqui hizo un llamado a recuperar el concepto de René Zavaleta Mercado: lo “abigarrado”, en alusión a lo mestizo. Lo llamó un mundo ch’ixi es posible. (Rivera Silvia: 2016). A su parecer ello sería lo que se estaría diluyendo.

Aspecto similar ha remarcado Elicura Chihuailaf, quien ha escrito entorno a fortalecer la morenidad. ¿Será que hemos perdido lo xampurria (mestizo-hibrido) en favor de los absolutos políticos?

La historia mapuche de los últimos treinta años ha estado marcada por un crecimiento político-intelectual. El movimiento mapuche se ha convertido en un laboratorio de ideas de humanidad que oxigenaron la postdictadura. Sin embargo, la respuesta del Estado, con su doble política de reconocimiento y criminalización, ha terminado por acentuar las opciones radicales. Hay cicatrices, producto de los últimos veinte años de violencia estatal, en las nuevas generaciones mapuche que irrumpe hoy con mayor voluntad de operar en el Wallmapu. Si a eso sumamos el escenario pandémico, no resulta fácil subsanar la crisis política que se aproxima.

El pueblo mapuche ha cambiado en los últimos veinte años en tres ámbitos. Por un lado, las políticas públicas del Estado han incorporado a tres generaciones de mapuche a la educación superior y a algunos espacios de trabajo. Eso ha atraído cambios en la situación económica en los mapuche, lo que ha derivado en un giro social y, por ende, político. A eso se suma la politización del movimiento autonomistas en las últimas tres generaciones, como resultado, entre otros factores, de haber vivido la política de represión a baja intensidad ejercida por parte del Estado chileno.

La autodeterminación es un derecho humano. Así lo consagró la ONU en 2007, recomendando a todos los Estados a avanzar hacia esa meta en relación con la población indígena. El movimiento mapuche ha sostenido la autodeterminación desde 1984, como se observa en los documentos de la organización Ad Mapu, cuyo trabajo fue continuado por Aukiñ Wallmapu Ngulam, la Identidad Territorial Lafkenche, La Coordinadora Arauco Malleco, Aukan Weichan Mapu y la Resistencia Territorial Lafkenche. Si la transición a la democracia en 1990 situó al país en una nueva etapa histórica luego de diecisiete años de dictadura, las naciones originarias también vivieron, por decirlo de algún modo, su propia “transición hacia los derechos fundamentales”. Esto último es lo que ha negado el Estado chileno; y al ocupar la violencia ha radicalizado al mismo movimiento. ¿Se hace necesario un nuevo marco para las relaciones interculturales? Todo indica que sí es necesario y además, urgente ante los acontecimientos que vive Wallmapu.

¿Tendrá la elite la capacidad de comprender lo que está en juego en relación con los pueblos originarios? parafraseando a Álvaro García Linera, aún es tiempo de repensar “un nuevo horizonte de época”.

El mito de la caverna de Platón nos permite ver cómo nos encontramos encadenados dentro de una caverna, situación que hace que las sombras que vemos reflejadas en la pared sean aquello que consideramos como real. Es el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. En esta columna describiré cómo son las sombras de la oscura negociación del TPP-11 y las razones del por qué se ha puesto en jaque nuestra soberanía nacional, mediante un nuevo marco legal para la creación de un Gobierno empresarial transnacional.

El TPP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un proyecto valorado como un tratado internacional de comercio, cuyas primeras negociaciones se realizaron en el último Gobierno de Michelle Bachelet, y su contenido, en primera instancia secreto, fue desclasificado por Julián Assange; sí, el hacker creador de WikiLeaks, permitiendo así su análisis y desmitificación de las consecuencias beneficiosas de su firma.

Las implicancias de este acuerdo radican en dos puntos centrales. El primero de estos, es generar una garantía jurídica para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países, lo que en definitiva estabiliza un Gobierno transnacional que sobrepasa la soberanía de las naciones. Y, por lo tanto, somete y domina a los países que lo integran, ya que permite validar la intervención y arbitrajes externos a las normativas propias de un país.

El segundo punto se basa en las implicancias que tiene para la economía nacional, puesto que, si bien un tratado de comercio puede beneficiar al país por el ingreso de cierta industria nacional al comercio internacional, o el acceso a una determinada transferencia tecnológica o a determinados conocimientos o producto de permitir la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en distintas zonas geográficas, nada de ello ocurre para el caso del TPP-11. Muy por el contrario, este tratado está orientado hacia la generación de estadios estables para las inversiones transnacionales. Es más, el fortalecimiento del comercio y el desarrollo económico del país a partir de la firma del TPP-11, es una premisa falsa, porque a diferencia de otros tratados que efectivamente pueden estar orientados a fortalecer el comercio, este no es el caso. Puesto que Chile ya ha realizado tratados internacionales con todos los países que están suscribiendo el TPP-11, entre ellos está Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Por tanto, la realidad es que no van a reducir significativamente los aranceles para nuestras actuales exportaciones, ni va a aumentar el producto interno bruto, según los estudios de la propia Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile.

A lo anteriormente dicho, se le agrega que este tratado no ha estado sometido a una evaluación socioambiental y tampoco ha sido validado mediante una consulta indígena, pasando por sobre acuerdos internacionales firmados previamente como el convenio 169 de la OIT.

Piense usted que a todo lo anterior, se le suma que durante el período de negociación, Estados Unidos realiza un giro respecto de su política de comercio internacional, ya que se orienta a fomentar el proteccionismo respecto de su industria nacional, lo cual implica su controversial salida del TPP-11, evidenciando así que este tratado va en desmedro de la soberanía y la protección de la industria nacional de los países firmantes, siendo un escenario especialmente peligroso para países como el nuestro que no tienen políticas orientadas a la protección de su industria, ni de sus recursos , ni de sus habitantes. A pesar de no beneficiar a la sociedad, nuestro actual Gobierno, insiste en permanecer en este tratado.

Mediante diversos mecanismos se intenta generar la asociación entre el TPP-11 con el crecimiento económico y el desarrollo del comercio. No obstante, gracias a la desclasificación de su contenido, hoy es posible realizar un análisis más certero de sus implicancias.

Implicancias del TPP

En primer lugar, garantizar acuerdos que superan la soberanía de los países, dejan en un segundo plano las realidades locales, y como se manifiesta en este caso, no hubo en ningún momento la intención de promover la participación de la comunidad. Se omite así el deber de haber realizado una consulta al menos a las comunidades indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT. Este hecho constituye una violación a los derechos humanos y una ausencia de democracia económica.

Es necesario entonces, que al momento de generar políticas públicas que afectan a los diversos segmentos de la población, generemos también evaluaciones respecto a sus impactos y no solo se diseñen este tipo de políticas que solo buscan cuidar los intereses de las transnacionales, ignorando el cuidado de la ciudadanía y la soberanía nacional. Por ejemplo, en primera instancia, se hablaba de la inocuidad en relación al medioambiente e incluso al fomento del desarrollo de las mujeres, no obstante, el tratado no menciona ninguna implicancia positiva ni beneficiosa en ninguna de estas dimensiones.

La firma de este tratado de libre comercio obstaculizaría las acciones que apunten a cualquier transformación estructural. Por ejemplo, generar cambios en la Constitución, nacionalizar los fondos de pensiones, generar normativas ambientales distintas a las actuales, modificaciones en el código de aguas, así como también en temas de salud y propiedad intelectual, puesto que una empresa transnacional podría recurrir a un arbitraje internacional si se considera afectada su rentabilidad, impidiendo así la modificación sobre las normas legales.

Gobierno transnacional

En la tragedia griega, la crisis no es el momento en que la gente se da cuenta, sino que la crisis se produce realmente en el momento que se llama el reconocimiento, que es cuando la gente sí percibe las consecuencias de los actos realizados.  El TPP-11 en el fondo es una tragedia griega en el sentido estricto porque la gente no se va a dar cuenta de la gravedad de los hechos hasta que el tratado esté siendo aplicado completamente. Solo entonces se darán cuenta que el pecado que se ha cometido es demasiado grande y desintegrador.

Las concesiones económicas realizadas en el TPP-11 generan una entidad superior de relaciones entre países, con un poder mayor que las propias naciones que lo conforman, al punto que podría ser considerado un mega-Estado que no tiene territorio en un país, ya que se basa en una estructura de relaciones económicas de empresas que trascienden el territorio de una sola nación. En la actualidad, las empresas transnacionales burlan las normativas de los países, no obstante, este tratado genera un marco legal que les permite imponerse a las naciones y es, sin duda, un fenómeno que cambia la lógica del funcionamiento de la economía del planeta.

Una empresa transnacional podrá demandar a un Estado si estima que sus políticas o cambios en las normativas afectan sus expectativas razonables de inversión. En ese caso, la empresa podrá recurrir a un arbitraje internacional, que es un ente privado, dejando las decisiones que soberanamente deben tomar los países en manos de un arbitraje internacional, situación que es lamentable para las sociedades democráticas.

El poder de las transnacionales sobre los estados-nación es cada vez mayor. Esta situación ya es parte de la realidad de la forma en que operan los mercados, no obstante, necesitan generar marcos normativos y legales que les aseguren sus ganancias y el despojo de los recursos de las economías subdesarrolladas.  Al mismo tiempo, este tipo de tratados tienen la finalidad de generar en el futuro mayores estados de acumulación de capital, y para ello necesitan que las actuales condiciones permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, es un tratado con mirada de futuro, en el caso, por ejemplo, de que se produzca un cambio en el ciclo político del continente y los gobiernos de izquierda vuelvan a liderar en la región, creando tratados comerciales para el beneficio de las sociedades. Dada esta situación, los nuevos gobiernos estarían sometidos a trabas legales que les impediría generar transformaciones eficaces.

Por último y a modo de conclusión, los desafíos que se desprenden de este nuevo escenario como país firmante del TPP-11, es que debemos generar transformaciones profundas y estructurales que resguarden los derechos humanos y fortalezcan el desarrollo de las sociedades a nivel internacional. Este cambio se fundamenta en la elaboración de las políticas de cooperación entre los países y en la participación que la comunidad tiene en la construcción política de las sociedades.

Vivimos el tiempo privilegiado de encontrarnos con nosotros mismos y enfrentar disyuntivas históricas de larga duración. Es tiempo de cuestionar el habitar desde una cúspide autocrática que nos acostumbró por siglos la sumisión al ideal nacionalista y colonial de España. Sin deponer esa cultura continuamos cautivos de un nacionalismo autoritario que desembocó finalmente en una sistemática violación de los derechos humanos en el siglo XX. ¿Con qué fin? Asegurar una visión noratlántica del mundo extraña y lesiva a la vida del pueblo común.

Hoy es el tiempo de dejar esa imagen mantenida a más no poder. Es tiempo del despertar, como quedó mundialmente de manifiesto en la primavera de 2019. El despertar a una verdadera conciencia nueva de la humanidad, que deshace los precarios equilibrios del régimen establecido,lo tenemos a ojos vista.

¿Cómo es posible vivir en un país pensado con los ideales de un Occidente que siempre nos barbarizó? Ese fue el destino del orden señorial en el siglo XVI. Los privilegios del civilizado estaban lejos, en Europa. Aquí estábamos los bárbaros, los ignorantes, los ignorados. El régimen oligárquico del siglo XIX continuó haciendo lo mismo y con más ganas. En ambos casos, la política civilizatoria implicó una apología de la guerra que no descansó hasta doblegar a todos los enemigos de nuestra precaria comunidad imaginada. En el sur estaban los Mapuche. En el norte estaban los enemigos del Perú y Bolivia. Por doquier pululaban los bárbaros. Esto justificó la guerra civil de 1891 y el golpe conservador de 1973. Esta mitología de la guerra fundacional la enseñó el artista de la oligarquía fray Pedro Subercaseaux a principios del siglo XX. Construyó la imagen visual de un Chile guerrero, heredero del heroísmo militar de España. Sus pinturas presidieron la vida republicana (Descubrimiento de Chile por Almagro, 1918). Lo que pintó Subercaseaux lo divulgó después en la universidad Jaime Eyzaguirre, el historiador franquista de desproporcionada influencia en toda la elite del siglo XX (Fisonomía histórica de Chile, 1948). Con el ánimo belicista de ambos todo se volvió campo de batalla, acuartelamiento general. Este discurso militar atravesó los doscientos años de vida republicana (Sebastián Piñera, “Aún quedan batallas”, Discursos escogidos 2010-2014, Santiago, 2014).

¿Cómo desandar un país matón?

Necesitamos un sustento que nos sustente a todos, más allá de la contradicción fatal de civilización y barbarie, de buenos y malos, de ‘demócratas’ y ‘violentos’, en el lenguaje oficial tan recurrente como exasperante de hoy. Esa disyuntiva la enuncia el poder. Todas y todos precisamos un poderoso vuelco espiritual, un giro cultural de proporciones gigantescas: reconocernos hijos e hijas de la Tierra. Esta conciencia crece en todo el mundo. No vale más la odiosa comunidad imaginada de raíz colonial. Es tiempo de entender los gestos de los primeros habitantes de la Tierra: su comunidad, su mística, su empeño por vivir realmente en paz en este mundo. Fue la decisión Mapuche ante las campañas militares del siglo XIX: “Mira, coronel. ¿No ves este caudaloso río, estos dilatados bosques, estos tranquilos campos? Pues bien,ellos nunca han visto soldados en estos lugares, nuestros ranchos se han envejecido muchas veces y los hemos vuelto a levantar; nuestros bancos el curso de los años los ha apolillado y hemos trabajado otros nuevos y tampoco vieron soldados: nuestros abuelos tampoco lo permitirían jamás. Ahora ¿cómo queréis que nosotros lo permitamos? ¡No! ¡No! Vete coronel, con tus soldados; no nos humilles por más tiempo pisando con ellos nuestro suelo.” (Horacio Lara, Crónica de la Araucanía, 1889).

Los pueblos del mundo se congregaron en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992. Había que escudriñar la posibilidad de una nueva comunidad imaginada al fin del sangriento siglo XX. Se abrió la mente a una manera distinta de vivir y de habitar la Tierra. En las palabras del entonces secretario general de Naciones Unidas, el sabio africano Boutros Boutros-Ghali: “[Cada] conquista de la naturaleza que concretemos en lo sucesivo será, en realidad, en contra de nosotros mismos. El progreso ya no es más forzosamente compatible con la vida; no tenemos más derecho a la lógica del infinito; esa es la gran ruptura epistemológica que simbolizará tal vez, a los ojos de los historiadores, la ‘Cumbre para la Tierra’.” (Discurso inaugural pronunciado en la Cumbre para la Tierra, 1992). Hoy en medio de una calamidad mundial es indispensable admitir el aliento vivo y congregante de la Tierra. Ella al fin y al cabo es la que alberga, sana, cuida, mucho más de lo que sabemos. El estrépito de tantas guerras civilizadas y bárbaras nos hizo sordos a su saludable sabiduría. La guerra y la técnica hicieron una alianza que nos apartó de su espíritu acogedor. Volviéndonos crueles, enemigos, artificiosos. Guerra y tecnocracia juntas cavaron el abismo entre la humanidad y la Tierra, más que evidente en los procesos de racionalización del siglo XX: “La tecnificación se inició en los armamentos, ya que históricamente la Técnica ha ido siempre asociada con la guerra. El militar del siglo XX va siendo cada vez más un técnico, antes que un guerrero […]. Solamente en el breve período de 1970 a 1973 ha sido roto su predominio [de la tecnocracia] por una doctrina revolucionaria.” (Mario Góngora, La noción de lo civil en la historia chilena, 1986). La reflexión de Góngora sobre nuestra historia de Chile es certera. La Unidad Popular, nacida hoy hace cincuenta años, fue una pausa en la racionalización totalitaria que ordenó nuestra enajenación de la Tierra. ¿Qué significaron aquellos días? Por un instante el país adquirió dignidad y asombro mundial: dejó de ser presa del dictado colonial. Con una determinación pacífica ajena al belicismo histórico descompuesto de Chile. Fue la apuesta ética de Salvador Allende.

Hoy asistimos particularmente a un signo mayor e inequívoco del alejamiento de la Tierra que proviene del desconcierto colonial del siglo XVI: el colapso de la gran ciudad. El hecho indica la medida del giro histórico que actualmente nos concierne. La ciudad, iniciativa superior de la ocupación militar, emblema de la guerra a muerte entre la civilización y la barbarie, es la metáfora más acabada de una humanidad indefensa por su fatal distanciamiento de la Tierra. Hoy es el espacio predilecto de la contaminación, de la rabia, de la renuncia al suelo agrícola, de la vulnerabilidad sanitaria. Por todas estas plagas es una señal que conduce a imaginar otro tiempo y otro espacio: el olvidado y permanente compás de la Tierra entera. Para todas y todos. Este es el tiempo oportuno de hoy.

Hace 30 años, la Universidad de Santiago de Chile creó la Sociedad  de  Desarrollo  Tecnológico (SDT - Usach Ltda.);  entidad  privada cuyo objetivo es desarrollar, coordinar, promover y apoyar las actividades que realice nuestra Casa de Estudios en materia de transferencia tecnológica, asistencia técnica, educación continua y prestación de servicios técnicos.

Gracias a su modelo de enseñanza virtual, la SDT ha mantenido su variada y exitosa oferta de programas de capacitación, incluso en el contexto de la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, continuando así con el desarrollo de cursos con instituciones, públicas y privadas, como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Ministerio de Salud.

Tan solo durante los últimos dos años, la Sociedad de Desarrollo Tecnológico ha impartido diplomados y cursos, en la modalidad e-learning (virtual) y b-learning (semipresencial) a diversas instituciones del país, tales como el Taller de Transformación Digital, dirigido a trabajadores de la empresa minera Collahuasi, o el diplomado en Dirección Estratégica y Habilidades Directivas para el Ministerio de Salud, entre otros.

“Muchos de estos programas eran, inicialmente, presenciales, pero cuando ocurrió el estallido social, junto a entidades mandantes, adaptamos los programas a modalidad e -learning y resultó todo un éxito”, señaló Juan Pablo Aguirre, director de la SDT.

Hoy, en el contexto de la pandemia y el necesario distanciamiento físico, todos los cursos impartidos por la Sociedad de Desarrollo Tecnológico se realizan bajo la metodología de clases en el Aula Virtual de Capacitación Usach asociada  a la plataforma Moodle. Asimismo, según el perfil de cada curso, también se realizan clases sincrónicas mediante la plataforma de streaming Webex, donde el relator puede interactuar con las y los alumnos, y exponer, a través de pantallas, ejemplos y ejercicios dirigidos al cumplimiento de los objetivos de cada programa.

“Contamos con una plataforma de clase mundial, que es Webex de la empresa Cisco System; una herramienta profesional y pagada por la SDT. Además, tenemos acceso a herramientas Moodle que se conectan directamente con esta plataforma digital, quedando grabadas las sesiones de las clases y dejando el material educativo a disposición permanente. Están todas las herramientas tecnológicas necesarias al servicio de cada uno de los programas", explicó Juan Pablo Aguirre.

Para el director de la SDT, "si en algo ha contribuido esta pandemia es a que la gente se acerque más a las plataformas digitales, lo cual es una gran ayuda, por ejemplo, para las reparticiones públicas que hoy se ven impedidas de reunir, físicamente, a personas en una misma sala”.

"Nosotros, por ejemplo, hemos ofrecido cursos de ciencias médicas al Ministerio de Salud, donde han participado, virtualmente, personas de todo Chile. Así, la institución se ahorra en pago de viáticos y en muchos otros aspectos”.

"La plataforma digital, mejora la gestión de las instituiones privadas y públicas, reduce los costos de capacitación en términos de viáticos y traslados e infraestructura presencial, y permite llegar a muchas más personas en distintos lugares del país", recalcó Juan Pablo Aguirre, añadiendo que, todos estos servicios, como asesorías, capacitaciones y herramientas tecnológicas, están a disposición de las Facultades y Departamentos de nuestra Casa de Estudios Superiores.

Más información: www.sdtusach.cl

El paso de la docencia presencia a la virtual, en contexto de pandemia, ha requerido de un esfuerzo extraordinario de los docentes por adaptar sus prácticas y desarrollar nuevas habilidades.

Para acompañar este proceso, la Vicerrectoría Académica, a través de su Unidad de Innovación Educativa (UNIE) ha realizado workshops y ahora una Escuela de Invierno con foco en la formación para la docencia virtual.

"Estamos muy satisfechos con el interés demostrado por las y los docentes por potenciar sus habilidades en el ámbito de lo docencia virtual. Durante el semestre se han desarrollado variadas actividades de capacitación y todas han tenido una excelente respuesta, al igual que la Escuela de Invierno. Seguiremos implementando nuevas iniciativas de acompañamiento, con el propósito de responder de la mejor forma posible al desafío que implica hacer docencia en un contexto de pandemia", destacó el Dr. Juan Carlos Retamal, vicerrector Académico.

Aprendizajes de calidad

La Dra. Lucía Valencia Castañeda, directora de la UNIE, precisó que el rol de esta Unidad es velar por la calidad de la formación profesional que ofrece la Universidad de Santiago, “lo que significa fundamentalmente que nuestras y nuestros estudiantes alcancen aprendizajes profundos y de calidad”.

Respecto del propósito de la Escuela de Invierno comentó que es una actividad de 16 horas de duración, que se centra en aspectos relativos al diseño e implementación de la docencia. “Las Escuelas se focalizan en necesidades específicas que se van modificando en sus temáticas, y superando en la medida en que se instalan capacidades docentes. Por eso, el foco de esta Escuela de Invierno 2020 es la docencia virtual y, en esa misma perspectiva, se sitúa el curso de planificación de la docencia en perspectiva de género, otra gran demanda y necesidad de la docencia en este contexto”, comentó la Dra. Valencia.

Nuevos ciclos de formación

Producto de la alta inscripción en los cursos de la Escuela de Invierno 2020, que superaron ampliamente los cupos disponibles, con cerca de 250 inscripciones, Rocío Almendras, coordinadora del Área de Desarrollo de la Docencia de la UNIE anunció que se están preparando nuevas instancia de formación: “Estamos pensando en planificar nuevos ciclos, los que serán acompañados por talleres desarrollados en las Facultades, de modo de apoyar a las y los docentes en la implementación de procesos de aprendizaje virtual”.

Destacó que el objetivo de la UNIE es generar cursos que permitan a las y los docentes desarrollar habilidades pedagógicas necesarias para implementar procesos de aprendizaje en modalidad virtual, “generando instancias de formación que profundicen la reflexión en torno a las decisiones pedagógicas que deben tomar a la hora de virtualizar sus cursos”.

Se ha escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en apoyo a su negativa a cualquier tipo de retiro de fondos de AFP, decir que hay que mejorar las pensiones, no disminuirlas. Es una excelente idea. El problema es que con el sistema de AFP no hay manera de hacerlo de manera consistente. Sacar a las AFP y la capitalización individual del corazón del sistema de pensiones no es terminar con la idea misma de seguridad social, sino que es volver a establecerla.

En 1981 hubimos quienes dijimos que la promesa de 100% de reemplazo del sueldo por las jubilaciones a través de la capitalización individual hacia 2020 no funcionaría, ni tampoco la del 70% que otros postularon. Sostuvimos que la continuidad de cotizaciones iba a ser porosa en una economía con mucho empleo informal y que la rentabilidad de largo plazo iba a ser inferior al crecimiento de la masa salarial. Y así ha sido: los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo (algo más de un décimo las mujeres, un tercio los hombres). Esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los futuros jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedió el sistema desde su inicio hasta 2019.

En suma, un fracaso irremediable. El ministro Briones sigue sosteniendo que el ahorro personal debe ser el pilar básico de las pensiones. Eso es persistir erróneamente con un enfoque que en términos empíricos presenta un resultado concreto: las pensiones son bajísimas con una capitalización en las condiciones salariales chilenas y con rendimientos decrecientes de los activos.

Las pensiones no se podrán mejorar hoy en Chile de manera significativa -ni tampoco en el futuro como promete la reforma aprobada en la Cámara de Diputados- con un sistema que siga basado en la capitalización individual. Habrá desde luego un rol de la Pensión Básica Solidaria para evitar que nadie viva en pobreza en la vejez, y eso dependerá de una reforma tributaria. O, en su caso, de un programa serio contra la evasión tributaria vinculado a este fin, que permitiría duplicar el actual gasto fiscal en pensión solidaria y llevarlo al menos al 2% del PIB en plazos razonables.

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales.

Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras serían, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV.

Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente.

En un sistema con este enfoque, las pensiones se pagan de acuerdo a derechos previsionales adquiridos y registrados en la vida activa mediante cotizaciones periódicas. Su monto depende de lo que se recauda, con reservas técnicas para enfrentar las oscilaciones del ciclo económico, distribuido de acuerdo a esos derechos registrados y a las mencionadas compensaciones sociales y de género.

Este enfoque consiste en hacer una reversión de lo impuesto en 1981 en una dictadura, solo que sin la carga de financiar con impuestos las pensiones ya existentes durante décadas. Por construcción, no implica ningún costo fiscal adicional.

El costo fiscal de pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario que complementa las pensiones misérrimas de las AFP es otro tema, que depende de las recaudaciones de impuestos, no de la cotización obligatoria. Obviamente, los bancos y las empresas cotizadas en bolsa sufrirían un impacto: dejarían de disponer de un financiamiento periódico a bajo costo. Pero pueden reemplazarlo sin dificultades insuperables.

La explicación técnica es mucho más larga, pero esto es lo medular, incluyendo que un fondo de capitalización colectiva complemente el sistema con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador que se discute hoy en el Senado, y cuya mitad la derecha insiste en llevar a capitalización individual, lo que mantiene bloqueado el proyecto.

Este aporte adicional debe contribuir a compensar el cambio demográfico. Lo que proponemos es que un sistema contributivo de recaudación y pago sea la base del sistema previsional. Si se pone en marcha a la brevedad, contribuiría, además, a enfrentar la crisis mejorando las pensiones y sosteniendo la demanda de consumo de los hogares.

Se argumenta que la técnica de reparto ya no es viable porque la relación entre el número de trabajadores y los jubilados aumentará a favor de estos últimos por el aumento de la esperanza de vida. Eso es cierto. Hoy existen poco más de 12 millones de personas en edad de trabajar, las que alcanzarán unos 13 millones hacia 2030 y luego disminuirán hasta unos 10 millones hacia 2100. Mientras, los mayores en edad de jubilar son hoy poco más de 2 millones de personas y se estabilizarán en unos 6 millones a partir de 2060, según las proyecciones disponibles. Lo que no es cierto es afirmar que un sistema de reparto no puede adaptarse a esta evolución.

En primer lugar, si los trabajadores aumentan su participación en la fuerza de trabajo, su productividad y sus ingresos (lo que dependerá de otro conjunto de políticas), podrán sostener a más trabajadores jubilados en el futuro que en el presente.

En segundo lugar, dado que el envejecimiento va a requerir de más esfuerzos en materia de pensiones, cualquiera sea el sistema que se utilice, en el caso del reparto el sistema debe incluir modalidades de ajuste de la cotización y de las condiciones de jubilación para asegurar el equilibrio del sistema. Esto lo hacen con éxito los países de altos ingresos que se supone son una referencia para Chile. Cabe recordar que el reparto intergeneracional funciona en la mayor parte de Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etc.) desde fines del siglo pasado y en Estados Unidos desde 1935.

Algunos países, como Suecia e Italia y próximamente Francia, establecieron un sistema de pensiones uniforme según los montos cotizados (cuentas nacionales o sistema por puntos), con compensaciones por razones de equidad social y de género, para evitar la fragmentación de sistemas parciales que suelen ser inequitativos.

Es hora de avanzar en Chile a un sistema mixto de pisos, con una pensión universal pareja financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva y, finalmente, ahorros individuales complementarios y voluntarios con estímulo tributario.

Solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena.

El área de Postgrados del Plantel tiene una larga y exitosa tradición. Fue en la época de la Universidad Técnica del Estado donde se crearon los primeros programas. Con la implementación de la Vicerrectoría de Postgrados (VIPO) en 2018, la Universidad de Santiago alcanzó una consolidación en estas temáticas. Desde sus orígenes, la oferta de postgrados ha estado orientada al fomento y construcción de conocimiento cada vez más complejo y avanzado, sobre la base de un trabajo constante de incremento de la oferta formativa en capital humano altamente calificado.

Los avances institucionales en estas materias han sido evidentes en comparación al período de acreditación anterior, en los últimos años el Plan de Fortalecimiento del Postgrado ha consolidado el proceso de mejoramiento de calidad y acreditación de la oferta vigente, la optimización del manejo y gestión curricular y administrativa de los planes de estudio e implementación de infraestructura son muestra del desarrollo permanente en este sector. 

El Dr. Cristián Parker, vicerrector de Postgrado,  evalúa de forma positiva el trabajo que se ha realizado en este último tiempo, lo que se traduce en “una serie de fortalecimientos, ordenamientos, mejoras en calidad y reestructuración de nuestra  oferta en magíster, doctorados y especialidades médicas.  Hoy día se le está sacando mucho más partido a la excelencia que podemos ofrecer”, afirma. Además, reconoce que estos avances se deben a un trabajo conjunto entre Rectoría, Prorrectoría, Facultades, el Departamento de Calidad y Acreditación y el equipo de la VIPO.

En el año 2019, a través de la aprobación de la Resolución N°614, la Universidad formalizó los Procesos de Revisión, orientados a evaluar la calidad de un Programa, en relación al nivel de cumplimiento de los estándares de calidad determinados por la CNA. Dicha resolución establece un ciclo de mejoramiento continuo de todos los planes de estudios.

Este se inicia desde la etapa de creación de un nuevo Programa. Posteriormente, se incorpora como etapa previa al Proceso de Autoevaluación de Programas la fase de Diagnóstico, que entregará información actualizada sobre los aspectos relevantes para su acreditación (coherencia interna, claustro, progresión de estudiantes), a partir de lo cual se identifican las fortalezas y debilidades del Programa, y se acuerdan acciones de mejora sobre estas últimas. En el caso que no se superen las debilidades, se establece como instancia previa al cierre el estado “Suspendido”. Si persisten, se determina su término, el que debe contar con la aprobación de la Comisión de Evaluación de los Programas de Postgrado (CEPP), el Consejo Académico y la Junta Directiva, respectivamente.

En este sentido, el Dr. Parker sostuvo que la existencia de un acreditador externo (CNA) eleva los parámetros de excelencia que debe tener nuestra Universidad, “pero estos requerimientos los tendríamos que poner nosotros mismos si no existiera, porque estamos viviendo en un mundo cada vez más tecnificado, y más competitivo donde la Universidad debe modernizarse constantemente. Uno de los factores claves en el proceso de modernización son los sistemas de calidad”, remarcó.

Sobre la sistematización y el mejoramiento de la gestión curricular y de la información de estas temáticas, la formalización de la Unidad Funcional de Coordinación Curricular de Postgrado, viene a subsanar los problemas que se detectaron en esta área. Distintas bases de datos e información relevante para el grado académico no tomadas en cuenta, es una de las especificaciones que tendrá una importancia relevante  en este nuevo estamento, el cual reforzará el trabajo de la Unidad Mayor

La oficialización de esta Unidad “nos pone frente a un postgrado ordenado, con información que corresponde, pertinente y al día. Esto no quiere decir que exista un registro curricular distinto al registro de toda la Universidad. Existe un subsistema específico para esta área, por eso la creación de la Unidad centralizará la información, pero al mismo tiempo trabajará descentralizadamente con el conjunto curricular de las facultades para que el postgrado en su registro académico y curricular de cuenta de toda la información que es necesaria para llevar adelante la progresión de los estudiantes”, aseguró el vicerrector.

Nueva infraestructura

La inauguración del Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua (CEPEC) se suma a los importantes avances que ha tenido el sector. El edificio cuenta con 20 salas de clases distribuidas en 3 pisos con mobiliario del más alto nivel, zonas de estudios y espacios de trabajo colaborativo, los que permitirán beneficiar a más de 450 estudiantes diariamente.

Sobre el CEPEC,  el Dr. Parker aseguró que “es una aspiración que tenían muchas unidades de tener posibilidades de mayores espacios para desarrollar programas que están buscando atender una demanda de diplomados y magíster profesionales, sobre todo, y que no tenían suficientes salas de clases, recursos, habilitaciones e infraestructura (…) Es un polo de atracción interesante desde el punto de vista de la oferta formativa, del capital humano avanzado y de  vinculación con el medio”.

Postgrados en la Facultad de Administración y Economía

En el contexto de la nueva Ley de Educación Superior promulgada en el año 2018 (Ley N° 21.091), la Universidad establece una nueva Política de la Calidad, adoptando por ejemplo, los estándares para la conformación de claustros académicos de postgrado, priorizando como requisitos de ingresos contar con grado de doctor y con cierta cantidad de publicaciones en los últimos años.

En esa dirección la Facultad de Administración y Economía (FAE) aumentó en 142% el número de investigadores activos en el periodo 2013-2019; incorporación que también aumentó la productividad científica WOS entre 2014-2019, en donde se observa un incremento porcentual de 167%.

Para el Dr. Carlos Yévenes, vicedecano de Investigación y Postgrado de la FAE, el arribo de los docentes ha significado que estos programas se fortalezcan. “La Facultad ha traído nuevos investigadores que se han enfocado en investigación, quienes han fortalecido los programas en el último periodo. Esto cambió bastante, además como la acreditación de los programas es más frecuente, hemos recibido apoyo de la DCA y de la VIPO, así que también hemos sido beneficiados con esa situación”

En estos momentos la Unidad Mayor cuenta con 10 magíster, de los cuales 4 se encuentran acreditados, mientras que el resto se encuentran en proceso de acreditación.

Durante el balance del domingo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó la disminución de un 29% en los casos de COVID-19 de las últimas dos semanas en el país.

Esta baja en la situación de contagios podría significar un respiro para los servicios de urgencia tras dos meses de colapso y la posibilidad de considerar un pronto desconfinamiento en las comunas de Santiago y Providencia, según indicó el ministro Enrique Paris.

En este contexto, académicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago advirtieron sobre las complejidades de levantar restricciones en estas importantes zonas de circulación de personas, aconsejaron tomar todas las medidas de manera gradual y llamaron a mirar, “en perspectiva”, el relativo alivio de los servicios de salud.

El infectólogo y académico, Ignacio Silva, coincidió con la autoridad en que los números de la Región Metropolitana “han mejorado bastante” y confirmó un notorio “cambio en los perfiles de los pacientes”.

“Se ha visto una evolución favorable en la mayoría de las comunas. Si bien el sistema de servicios de urgencias no está desocupado, sí al menos ha cambiado el perfil de pacientes y eso responde a la evolución de la pandemia en el país”, apuntó.

Sin embargo, para el experto aún “es muy apresurada la decisión de levantar las medidas en la región”. Además, desaconsejó la implementación de cuarentenas por comunas diferenciadas, lo que, en su opinión, por el alto flujo de personas, tuvo un impacto desfavorable en la evolución de la pandemia durante los primeros días.

“Yo hubiera apostado por algo más a largo plazo una vez que la situación en toda la región fuera más o menos similar, que se garantice la trazabilidad de los casos nuevos y se cumplieran los indicadores que sugirió el Consejo de Asesores de la OMS. Ojalá que este desconfinamiento sea tomado de forma responsable por la ciudadanía también, y que, a pesar de que se levanten algunas medidas, la gente se preocupe y se cuide” comentó Silva.

Para el asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y académico de la Universidad de Santiago, Pablo Villalobos, el desconfinamiento por comunas en la Región Metropolitana, no tiene mayor sentido, ya que los sectores de residencia de los capitalinos son, en la mayor parte de los casos, distintos a las zonas de trabajo.

“Levantar la cuarentena en Las Condes y no hacerlo en Providencia es extraño para la gente que vive en el límite de una comuna y otra y se mueve entre estas”, insistió el doctor en salud pública de la Universidad de Harvard. “Es un poco artificial esto de que algunas comunas salgan del confinamiento y otras no”, afirmó.

Mientras, a juicio del experto en Salud Pública y académico de la Facultad de Ciencias Médicas, Claudio Castillo, “hoy no es recomendable la transición para la comuna de Santiago y, el caso de Providencia, debe evaluarse, aunque en el corto plazo me parece complejo porque se trata de una comuna de tránsito y el transporte público es un factor acelerador de contagios”.

En palabras del especialista, la situación se debe evaluar en conjunto. “Las comunas no están aisladas, sino que interrelacionadas con las comunas colindantes a través del sistema de transportes y de la interacción de los propios vecinos que salen a hacer compras o trámites. Los límites son más bien administrativos y no de comportamiento de las personas”, señaló.

Respecto a una baja en la demanda de los servicios de urgencia, Castillo llamó a mirar la realidad “en perspectiva”.

“Hay que considerar que el uso de camas críticas está muy por sobre el basal pre pandemia. Tenemos más del doble de uso de camas críticas que las que teníamos antes de marzo de este año, por lo tanto, también esos datos hay que mirarlos en contexto”, sostuvo.

“Obviamente, después de cinco meses y con más de cien días de cuarentena en la Región Metropolitana, se están viendo los resultados de todo el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía. Pero es un logro débil considerando que el retroceso puede ser muy rápido. Por eso debe hacerse todo de manera muy gradual y no relajando ninguna medida”, añadió el académico de la Universidad de Santiago de Chile.