Es sabido que el país tiene vastos recursos de litio, este mineral estratégico está posicionándose como un referente en la industria global de la energía limpia. Los productores actuales en Chile, siguen siendo los mismos y se destacan a nivel global: SQM y Albemarle que están impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías para una extracción más eficiente y sostenible. Además, Chile está estableciendo una Estrategia Nacional del Litio con objetivos claros que son: 

-Aumentar las riquezas para el país

-Desarrollar una industria sostenible tanto a nivel nacional como mundial

-Fomentar la tecnología y los encadenamientos productivos

-Fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

-Contribuir a la diversificación productiva y al potencial de crecimiento regional

Esta estrategia debe incorporar la colaboración público-privada y la participación activa del Estado en todo el ciclo industrial del litio, desde la exploración hasta la agregación de valor. Se han creado instituciones como la Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo de Litio y Salares para liderar este proceso. Además, se promueve la creación de capacidades mediante un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. 

Una estrategia que se ha propuesto como una alternativa válida es la implementación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). Estos contratos fueron concebidos por el Poder Ejecutivo para abordar un problema fundamental relacionado con la dificultad para explotar el litio presente en varios salares de Chile. Aunque no es una idea reciente, ya que, en 2007, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se licitaron los llamados Contratos Especiales de Operación de Petróleo (CEOP), que estaban vinculados a los recursos de hidrocarburos. En efecto, los CEOL representan un esfuerzo significativo para encontrar soluciones sostenibles que permitan aprovechar el potencial del litio en Chile. 

Estos contratos consideran tanto su valor económico como su impacto ambiental y social. No obstante, surgen interrogantes adicionales a raíz de esta iniciativa. ¿Incorporará el Estado un royalty al CEOL, similar a lo realizado con Codelco en el salar de Maricunga? La respuesta a esta pregunta es relevante para garantizar una distribución equitativa de los beneficios generados por la explotación del litio. 

En cuanto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es un acto administrativo definitivo en el proceso de evaluación ambiental. A través de la RCA, se otorga una calificación ambiental al proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, la RCA establece las condiciones y requisitos ambientales que deben cumplirse durante la ejecución del proyecto o actividad. La pregunta sobre si los tiempos de evaluación y aceptación de las RCA mejorarán, es crucial. 

No obstante, la licitación de los CEOL no constituye la solución definitiva. En realidad, la solución definitiva debería abordar el problema de raíz, que es fundamentalmente legal. Esto se debe a que el Decreto Ley 2.886 de 1980 y el Código de Minería de 1983 establecen el carácter estratégico del litio y otorgan al Estado la exclusividad en su explotación (excepto en aquellas concesiones regidas por el Código de Minería de 1932). Sin embargo, desde una perspectiva técnico-económica, no hay razón para mantener esta exclusividad en manos del Estado en la actualidad. La verdadera solución debería ser abordada por el Poder Legislativo (es decir, el Congreso), ya que es el único órgano capaz de encontrar una solución a largo plazo para la explotación del litio. A pesar de que los CEOL pueden resolver el problema a corto plazo, es crucial que se genere el interés necesario entre los miembros del Congreso para resolver definitivamente esta situación incómoda para la industria y, sobre todo, ineficiente para el Estado de Chile.