La Orquesta Clásica Usach nos invita a escuchar al compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán Felix Mendelssohn (1809 - 1874) de quien compartimos la pieza - Andante Op.109 -de la obra más conocida como "Canción sin palabras", compuestas por pequeños cortos líricos como éste, muy habituales para acompañar las veladas en los salones.

Cecilia Muñoz Madge en violín, y Maximiliano Ossandón, en piano, vuelven a tocar juntos después de muchos años  gracias a este registro audiovisual creado en cuarentena.

Villalobos comentó que en general está bien el hecho de planificar con cierta antelación el desconfinamiento y transparentar el mecanismo de estas medidas. No obstante, señaló que recién ex post se va ver, sobre todo desde la Academia, si fue el momento adecuado para aplicar esta etapa de transición en las comunas que han levantado la cuarentena de lunes a viernes. Lo importante, dijo, es cómo nos vamos a comportar en estas etapas para evitar un rebrote del COVID-19.

Del transporte público, el experto en Salud Pública, recordó que es uno de los lugares donde el implementar las medidas de protección (sobre todo mantener la distancia y el lavado de manos) se dificulta, lo que también se da en servicios como las notarías, los bancos y los lugares de trabajo. Aquí lo importante, sostuvo Villalobos, es coordinar a todos los actores involucrados, la gente, las autoridades y las empresas, empleadores o comercio que tienen que aplicar medidas de protección extras a sus trabajadores y clientes.

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Actualmente, en nuestro país, vivimos un nuevo cambio en los flujos migratorios, con el estancamiento de la población peruana y un incremento sostenido -desde el año 2000- de la población dominicana, colombiana y haitiana (Departamento de Extranjería y Migración (DEM), 2015). A su vez, la población venezolana en el último lustro ha ido en gran aumento, de hecho, según los actuales datos oficiales, la diáspora venezolana se ha transformado en sólo dos años en la comunidad de inmigrantes más grande de Chile, dejando por primera vez en una segunda posición a la comunidad peruana. Le siguen haitianos (179.338 personas) y colombianos (146.582 personas), ubicándose como la tercera y cuarta comunidad más numerosa del país (Instituto Nacional de Estadísticas y DEM, 2018).

En este escenario, la legislación vigente, (Decreto Ley N°1094) , corresponde a una legislación insuficiente, la que no se condice con las transformaciones migratorias en el país, al no dar respuesta adecuada a las necesidades que plantea el contexto nacional y regional.

En consecuencia, se han generado variadas problemáticas respecto a la incorporación social, económica y cultural que enfrentan los grupos de inmigrantes que están en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. En respuesta a ello, desde la vuelta a la democracia los gobiernos modernizaron la gestión administrativa y suscribieron acuerdos internacionales de protección de derechos humanos.

Para garantizar los derechos que estipulan los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, se han instaurado una serie de instrumentos, como circulares, oficios o decretos en materia de salud, trabajo, vivienda y educación, destacando solo la promulgación de la Ley Nº 20.430, sobre protección de refugiados y la Ley Nº 20.507 sobre tráfico y trata.

En este proceso de producción normativa, se destaca el Instructivo Presidencial N°9/2008, aprobado durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Dicho documento tenía por objeto sentar las bases de la futura política migratoria, definiendo a Chile como un país de acogida y visualizando las migraciones desde una perspectiva de integración.

Expuesto el reciente trabajo legislativo, en el ámbito de la generación de decretos para normar el fenómeno migrante, llegamos al año 2013, cuando Sebastián Piñera presenta en su primer Gobierno, un nuevo proyecto de ley de Extranjería y Migración después de 40 años.

La iniciativa ha sido duramente criticado por las organizaciones académicas y de la sociedad civil por carecer de un enfoque de derechos humanos y por limitar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la seguridad social. La controversia sobre dicho proyecto, queda reflejada en el informe de ese año (2013), sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, donde se manifiesta que esta ley “ignora la capacitad estatal para autorizar la residencia de extranjeros en el país, desconoce los instrumentos internacionales suscritos por Chile en materia de integración regional y omite varias obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” (Olea: 127).

Finalmente, sufrió un estancamiento en su tramitación parlamentaria y se dejó abierta la posibilidad de ingresar un nuevo proyecto de ley que tomara en cuenta la discusión que había hecho la sociedad civil al respecto.

Es así como durante los últimos siete años, desde que se presentó por primera vez el proyecto de ley (2013), se han generado más de 465 indicaciones y planteado otras iniciativas legales para avanzar en una ley migratoria. Dentro de estas iniciativas destaca, en el segundo Gobierno de Bachelet (2014), el proceso de encuentros consultivos para la nueva Ley Migratoria, convocada y organizada por el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) y la División de Organizaciones Sociales (DOS).

La valiosa información recogida a partir de este conjunto de acciones nos pone frente al imperativo ético de dar forma a una Ley de la República que recoja estas indicaciones, pero que además tenga como contenido sustancial, el derecho a la migración, entendido como un derecho humano superior consignado en nuestra Constitución. En otras palabras, como afirma Bauman (2016), no podemos seguir siendo condicionados por una ideología de Estado, que finalmente nos produce pánico frente a la migración, impidiendo que un imperativo categórico se paralice por el miedo irrefrenable hacia el otro/extranjero que representa un peligro, una amenaza permanente.

Efectivamente, La máquina legisladora en Chile, respecto a la migración, en la segunda parte del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, ha mantenido de forma dominante un sustrato ideológico en el que subsiste el concepto/idea del extranjero como amenaza que altera la seguridad del país, poniendo en tensión permanente los dispositivos de control legal y social.

La legislación migratoria del presente y particularmente del futuro, debe hacerse cargo en Chile y en el mundo de las personas sin Estado, que han sido desnaturalizadas y privadas de la protección de una comunidad jurídica, que debe reconocerlos como miembros de dicha comunidad.

La expresión de Arendt: el derecho a tener derechos, tiene que ver precisamente con lo esencial de la problemática de aquellos que se han quedado a la intemperie de la humanidad, es decir, desamparados de ciudadanía y huérfanos de pertenencia a una comunidad jurídica en la que se les reconozca una participación y un ámbito de interacción significativos. Al respecto, la misma filósofa nos señala que la verdadera realización humana exige una participación en la esfera de la reciprocidad en la que convive la pluralidad de los individuos dentro de una organización colectiva que instaura la igualdad. Dicha igualdad, antes que una realidad sensu estricto, se despliega a través de la creación de una comunidad política que otorga protección jurídica a sus miembros.

Finalmente, el reto ético al que nos referimos en el título de esta columna, se orienta a la validación de los migrantes, como sujetos de derecho que, en el espacio de la existencia jurídica, establecen un compromiso vinculante con la sociedad en la que viven (derechos y deberes).

Se trata de una exigencia ética, precisamente porque interpela a los legisladores y a la sociedad en su conjunto para otorgar el estatus de subjectum iuris al migrante.

Dicha validación social, discursiva y legal, implica el reconocimiento de ese estar en el espacio jurídico, por tanto, la posibilidad de beneficiarse de una protección legal. De este modo, el migrante puede ser considerado sujeto de derecho, en su situación insoslayable de ser humano, siendo reconocido como tal por la ley.

En esta instancia y a partir de esa condición jurídica, pensamos que se hace muy necesario en estos tiempos de horizontes distópicos, volver sobre el sujeto como otro-humano con el cual sostenemos la experiencia ética de la responsabilidad para con ese otro, superando la alienación que significa la clausura en el sí mismo y el olvido del otro. Vivimos en una cultura en la que el Yo se absolutiza y por tanto se proyecta enajenado/distorsionado, incapaz de vincularse a la realidad comunitaria.

No podemos quedar atrapados en la máquina de producción de una trama normativa que difícilmente alcanza lo humano, como vulnerabilidad permanente que va perdiendo su dignidad en los infinitos trayectos y desplazamientos sobre territorios ajenos. El cuerpo legal de esta ley es urgente y debe contener los incontables cuerpos/vidas de quienes, a veces, se desplazan sólo para sobrevivir.

Ya en el año 2017, las recomendaciones del Ministerio de Salud, en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, eran aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescados y mariscos, y disminuir el consumo de alimentos ultra procesados, especialmente, los que tienen los denominados “sellos negros”.

Además, explícitamente, indican la necesidad de “aumentar la cobertura de ferias libres y otros formatos de mercados locales para el expendio de productos provenientes de la agricultura familiar y campesina en cada comuna del territorio, con énfasis en los alimentos promovidos por las guías alimentarias. Extendiéndose a los nuevos emplazamientos de vivienda, innovando en el formato y acercando los puntos de venta a los lugares de tránsito de las personas en su vida diaria.

Afortunadamente durante la emergencia sanitaria, especialmente, las familias de menores ingresos han seguido acudiendo a comprar sus alimentos saludables en las ferias libres y los negocios de barrio, esto a pesar de las dificultades para el desplazamiento de las personas y, principalmente, las restricciones de funcionamiento que han tenido las ferias libres básicamente por la incomprensión de parte de algunos alcaldes respecto del importante rol que cumplen en cuanto a, mejor acceso a los bienes a un menor costo, la amplia oferta de productos saludables y el fortalecimiento de los pequeños agricultores y pescadores artesanales del país.

La importancia del canal tradicional ya quedaba de manifiesto en el 2010, en un estudio de panel realizado en la Región Metropolitana de Santiago, en que el 42% de los participantes prefería comprar sus alimentos en ferias libres y negocios de barrio y, un 37% en supermercados.

Junto a ferias libres y negocios de barrios, como lugar para comprar las frutas y verduras, aparecen con mucha fuerza las compras a distancia con entrega a domicilio, principalmente, vinculado a ventas desde ferias libres, verdulerías (negocios de barrio) y directo de productores; formato emergente que se acelera por motivos de la emergencia sanitaria. Esto, en contraste con el bajo porcentaje de la población que prefiere comprar sus frutas y verduras en los supermercados.

De esta forma, en un estudio reciente que realizamos durante la emergencia sanitaria, las preferencias para comprar frutas y verduras, agrupando ferias libres, negocios de barrios y las entregas a domicilio, llegan a un 86%, especialmente por la cercanía al hogar y la conveniencia en los precios. Esto podría explicar que, un 75% de los encuestados declara que, durante la emergencia sanitaria, el consumo de frutas y verduras en su familia se ha mantenido igual que antes o, incluso, ha aumentado.

En el estudio de panel realizado el 2010 en la Región Metropolitana de Santiago (citado anteriormente), se obtuvo que el 73% de las personas que participaron compraban sus frutas y verduras en las ferias libres, un 15% lo hacía en supermercados, un 6% en negocios de barrio y, sólo un 0,2% mediante entregas a domicilio.

Al comparar ambos estudios, es evidente la relevancia de las ferias libres como lugar de compra de frutas y verduras, fundamentalmente para la población de menores ingresos. Los supermercados no marcan grandes diferencias en ambos estudios, en cambio, los negocios de barrios y, claramente, las compras a distancia con entregas a domicilio, adquieren un importante rol, explicado en gran parte por la situación de emergencia sanitaria y por un cambio en los hábitos de compra de la población.

La importancia del canal tradicional, para permitir el acceso democrático a los alimentos saludables, se refuerza durante la emergencia sanitaria, lo que coincide con el planteamiento que realiza Eve Crowley, representante en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), quien aseguró que la obesidad “es más que un problema individual; es un problema también de entornos y del contexto político, cultural y económico“, y agrega “cuando hay desigualdad, hay mayor riesgo en algunas poblaciones de que no pueden comprar los alimentos saludables”.

La situación del país, ha evidenciado los problemas de acceso a la alimentación que tiene gran parte de la población, lo que reafirma nuestra opinión respecto de que el grave problema de Chile no es la cantidad de alimentos producidos, sino, más bien la distribución de los mismos.

Para mejorar la distribución, se deben seguir fomentando los mercados locales y circuitos cortos de comercialización, se deben hacer esfuerzos para que los alcaldes entiendan el rol de las ferias libres y, si bien, es necesario generar protocolos sanitarios para su funcionamiento, se deben hacer los esfuerzos necesarios para que sigan funcionando, especialmente, en los sectores de población de menores ingresos.

Por su lado, las ferias libres deben generar algunos cambios como, por ejemplo, disminuir la cantidad de puestos por feria. Sería ideal, realizar ferias con máximo 50 puestos, pero en mayor número de puntos de la ciudad. También, deben innovar aumentando la entrega a domicilio, es algo que a la población le acomoda, ya sea por las dificultades de desplazamiento por enfermedades, por la edad, problemas de movilización, seguridad o falta de tiempo debido al trabajo.

También, es imposible dejar de mencionar que, para mejorar la disponibilidad de alimentos a la población, es necesario reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, que en promedio alcanzan a un 30%, con lo cual se podría alimentar a una gran parte de la población.

Este martes, una gran explosión afectó al puerto de Beirut, en Líbano, presumiblemente a causa de la combustión de más de dos mil toneladas de nitrato de amonio que permanecían guardados en una bodega. El estallido habría dejado más de cuatro mil personas heridas y  300 mil sin hogar, además de ocasionar el colapso de hospitales y descomunales daños en la infraestructura de la ciudad.

Desde Chile, el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la U. de Santiago y analista internacional, Dr.  Fernando Estenssoro, explicó que la situación llega en un “muy mal momento” para el país de Medio Oriente que se encuentra ubicado en una zona “altamente conflictiva y compleja” y donde los efectos de la explosión “podrían repercutir” política y socialmente.

“El Líbano estaba en una situación política muy compleja, con problemas sociales y de desempleo. La explosión llega en un muy mal momento, que se sumaría a problemas como los casos de contagios por COVID-19”, sentenció el experto. 

El académico agregó que, “ya el año pasado hubo bastantes manifestaciones, de carácter social y con enfrentamientos con la policía, en contra del Gobierno que finalmente se transformó en una crisis generalizada por cómo se ha manejado la situación económica del país”. 

Según el especialista en ciencias políticas, es vital que las autoridades del Gobierno libanés despejen cualquier duda del origen de la catástrofe y entreguen a la población respuestas claras y precisas para poder definir la responsabilidad de lo ocurrido, aunque “sean medidas dolorosas para la propia coalición gobernante”.

“Creo que va a depender mucho de cómo el Gobierno lo tome y qué es lo que haga sobre la base de quién es la responsabilidad. Cuando están los ánimos crispados, hay problemas de desempleo, serias críticas al Gobierno y con bajo nivel de aprobación político, estas cosas siempre se complican y surgen sospechas sobre el origen de esto. Claro que puede transformarse en problemas sociales mucho más serios. No digo que vaya a ser así, por eso aquí lo más importante es ponerlo como interrogantes e ir despejándolas”, sostuvo el académico de IDEA-Usach.

Crisis de larga data

En tanto, el analista, magíster en Historia y también académico del Instituto de Estudios Avanzados, Dr. Cristián Garay, explicó que las graves dificultades políticas que sufre Líbano, son parte de una crisis política prolongada, efecto de la Guerra Civil entre 1975-1990, de la incrustación de la milicia Hezbollah, chiíta y de la multiplicidad de grupos y facciones, entre los cuales son significativo los cristianos maronitas. 

“Todo ello ha llevado a un Estado sometido a la acción de sus vecinos, especialmente Siria e Israel, que han favorecido a bandos o posiciones. Recientemente hay interés de Irán porque está involucrada con Hezbollah, y le acerca a la frontera con Israel”, detalló el experto.  

En palabras de Garay, debemos considerar que Líbano “tiene una estructura en que se reparten los cargos por religiones, y esto acrecentó la salida de recursos fiscales hacia sus respectivas facciones. Esto ha ocasionado propuestas contra la corrupción”. 

“Virtualmente el Gobierno libanés era rehén del Gobierno sirio (los servicios secretos sirios estuvieron detrás del asesinato de un primer ministro), pero en la actualidad ha crecido la influencia directa de Irán en desmedro de sectores sunníes e impulsado por la ayuda financiera”, agregó.

Respecto a la posibilidad de recuperarse tras los estragos ocurridos, el analista considera que, difícilmente, existan recursos y ayuda, “dado que la implicación de Hezbollah en la administración de la ciudad inhibe a las monarquías petroleras”. 

“La explosión destruyó la infraestructura portuaria y eso dificultará el acceso de todo tipo de ayuda. Líbano venía con una fuerte contracción económica, y consecuentemente de desempleo, y antes había protestas generalizadas contra la corrupción. Pero, cualquiera sean las consecuencias, nada de ello cambiará el orden político actual, ya que es estructuralmente heterogéneo en un país árabe racialmente y religiosamente mixto”, puntualizó el experto.

Pese a que el ministro de Salud, Enrique Paris, había anunciado novedades para  Santiago y Providencia, este miércoles el Minsal solo anunció que de las dos, solo esta última pasará a la fase de Transición del plan ‘Paso a Paso’ del Gobierno. Se suman también Melipilla, Curacaví, Lampa, Rancagua, Machalí, Graneros y Tocopilla.

Decisión apresurada

Pese a ello, el epidemiólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Christian García, consideró que el desconfinamiento en Providencia aún puede ser muy complejo, por el nivel de conexiones que mantiene con otras comunas y por los centros comerciales que se encuentran en el sector.

“Parece una decisión adelantada”, sostuvo el ex jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Minsal. “La subsecretaria Daza ha manifestado que tienen datos de trazabilidad, pero es necesario que se transparenten para justificar las decisiones que se están tomando”, agregó.

El doctor en salud pública de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) criticó que “hasta el momento, los indicadores a nivel comunal no están disponibles, por lo que no permiten dar las señales de transparencia que son necesarias y requeridas no solo por la comunidad científica, sino por todos”, enfatizó

Población flotante

Con todo, el asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, Pablo Villalobos, sostuvo que ante la decisión ya tomada por la autoridad sanitaria, lo relevante será definir la manera en que se implementará la medida en esta comuna de características particulares.

“Esta comuna tiene una población flotante muy alta. Decisiones basadas en el lugar de residencia son complejas en estas zonas y hay que tener particular cuidado con el comercio”, advirtió. “Se debe realizar un monitoreo acucioso de los nuevos casos y tener un robusto sistema de vigilancia en tiempo real para advertir eventuales rebrotes”, añadió.

Finalmente, el doctor en salud pública de Harvard concluyó que “lo más importante es hacer un giro en la estrategia sanitaria, donde el instrumento deje ser la cuarentena y pase a ser una actitud responsable de los ciudadanos, respetando de la mejor forma posible las medidas de prevención del Coronavirus”.

Las ocho comunas que iniciarán el desconfinamiento lo harán a partir del lunes 10 de agosto, a las 05.00 horas. La etapa de Transición permitirá la movilidad en días hábiles, mientras que la cuarentena se mantendrá los sábados, domingos y festivos, así como el toque de queda.

All You Need Is Lab, entrevistó al doctor en Ciencias de la Ingeniería y académico del departamento de Física de la Usach, Raúl Cordero acerca del impacto de este aumento. “Sin duda mejora las perspectivas para que no haya racionamiento en las grandes ciudades de la zona central en la próxima temporada”, dijo.

El verano anterior “pasamos raspando” en términos de disponibilidad de agua, así que existía la posibilidad de que si teníamos otro año tan malo, el próximo verano íbamos a enfrentar racionamiento. Felizmente este fantasma se ha disipado”, aseguró el académico.

Sobre la relación del déficit de precipitaciones y el cambio climático, el líder del Grupo  de Investigación Antártico de la Usach aseguró que,  “desafortunadamente con el cambio en el clima, cambian todos los parámetros con los que se mide el clima. Ha habido un nuevo reparto de las precipitaciones en el mundo, hay zonas en las que está lloviendo más y otras menos. Y a nosotros en la zona central de Chile nos ha tocado escasez de agua”.

A juicio del doctor en Ciencias de la Ingeniería, estos efectos negativos no retroceden a pesar de las últimas lluvias. “En la zona central el invierno se ha acortado y el verano se ha alargado. Vamos a perder un 20% de precipitaciones y las temperaturas podrían subir medio grado de aquí a mediados de siglo”, concluyó Raúl Cordero.

Revise aquí su entrevista

Con una convocatoria récord, la Facultad de Ciencias Médicas, en alianza con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), dio inicio al diplomado virtual “Salud mental en personas mayores: un abordaje integral desde la gerontología”.

El programa busca entregar herramientas a profesionales y personal técnico de la salud y las ciencias sociales para mejorar la salud mental de la tercera edad, a través de la promoción, prevención y atención de la salud, que permitan crear servicios sanitarios y entornos que favorezcan el desarrollo adecuado de quienes componen este grupo etario.

Se trata de una convocatoria pública realizada cada año por el Senama, en donde diferentes instituciones de Educación Superior presentan sus planes de estudio, a la espera de ser financiados por la entidad estatal. En esta oportunidad, y por primera vez, la Universidad de Santiago de Chile, se adjudicó el proyecto, destacando su enfoque en la responsabilidad social, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas mayores.

Fueron 1.580 las personas que postularon al programa de la Facultad de Ciencias Médicas, de las cuales 320 recibieron una beca completa. Debido al interés que generó el diplomado, se abrieron otros 80 cupos, sumando un total de cuatrocientos participantes. El diplomado de modalidad virtual se llevará a cabo a través de la plataforma U Virtual y tendrá una duración de cuatro meses.

Sello Usach

De acuerdo con la directora del diplomado y académica de la Escuela de Enfermería, Ángela Luna, el plan de estudios busca “construir un nuevo modo de envejecer” desde una mirada más positiva. “Muchas veces las personas que brindan cuidados a las personas mayores  no cuentan con las herramientas necesarias”, predominando un enfoque más asistencialista, explicó la enfermera.

La docente hizo hincapié en que el diplomado incorpora los sellos Usach en responsabilidad e inclusión social, lo cual se refleja en las temáticas presentes en los cinco módulos que lo componen.  Por su parte, el coordinador de gestión del diplomado, Cristian Moscoso expresó que el programa responde al compromiso de la Facultad de Ciencias Médicas con la salud pública.

Por su parte, la vicedecana de Vinculación con el Medio, Jessica Alfaro, señaló que “esta alianza generada con Senama potencia nuestro rol social y la necesidad permanente de generar vínculos que permitan  el desarrollo de un trabajo colaborativo e interdisciplinario, además de aportar a la formación de las personas en un área de alto impacto social”.

Tradición de servicio público

En  la ceremonia de inauguración del diplomado, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Dra, Helia Molina, enfatizó en los efectos de la pandemia por Coronavirus en la salud mental de la población, siendo las personas mayores uno de los grupos más afectados.

En ese sentido, la máxima autoridad de la Facultad resaltó lo oportuno del programa en la generación de competencias que “nos permitan trabajar con empatía, toma de decisiones basada en evidencia y estrategias que aporten a mejorar la calidad de vida y la salud mental de las y los adultos mayores”. La decana Molina también resaltó la “tradición de servicio público” que posee la Universidad de Santiago y sus Unidades Académicas.

El director del Senama, Octavio Vergara, destacó la alta convocatoria del diplomado y el programa que finalmente resultó electo. Invitó  a los y las estudiantes a poner a disposición de la tercera edad los conocimientos que adquieran durante los próximos cuatro meses.

Un documento emanado recientemente de la CEPAL, sobre los impactos económicos y sociales que está causando el COVID-19 en América Latina, da cuenta de esta realidad e indica que “más allá de cualquier modelo predictivo, la acción de los gobiernos se está llevando a cabo sobre la base de procesos de prueba y error”… “la crisis sanitaria está adquiriendo elementos de crisis política, al interior de un determinado país y entre países en el seno de bloques de integración regional… “la desprotección de los sectores más pobres y las dificultades que enfrentan para obtener bienes básicos imprescindibles ya ha llevado a estallidos sociales”.

Esta dramática situación ha copado las agendas, los espacios de noticias y todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, al punto de haber aparentemente archivado otros temas que se expresarán con fuerza una vez controlada la pandemia sanitaria. Me estoy refiriendo al fenómeno de la crisis hídrica que se ha instalado en nuestro país desde hace más de 15 años.

A pesar de que el mes pasado volvieron las lluvias a nuestro país determinando una importante disminución del déficit hídrico, aún no se tiene ninguna certeza de si se estaría produciendo una inversión en la tendencia climática o bien es sólo un fenómeno local y pasajero. De acuerdo con los datos del WRI, en el año 2015 Chile ocupaba el puesto número 30 en la lista de naciones con mayor riesgo hídrico en el mundo. La situación luego empeoró de forma tal que en enero de este año ocupábamos el puesto 18, al borde de ingresar en la categoría de riesgo extremo. Esto se ve reflejado en que hay más de 100 comunas en nuestro país enfrentadas a una situación de tal escasez hídrica que incluso ha peligrado la posibilidad de brindarle agua potable a sus comunidades.

Esta situación claramente no es privativa de Chile, cuyo déficit hídrico actual llega al 50%. El cambio climático global está afectando a todo el planeta. Aumenta la temperatura promedio y se modifica drásticamente la pluviosidad. Por otro lado, el desarrollo económico y social, el aumento demográfico también presionan y provocan una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles. Añadamos el deterioro (salinidad, contaminación) en la calidad de aguas aptas para consumo humano y agricultura (las de baja salinidad).

Gatillado por la creciente sequía, en los últimos 10 años se han intensificado las iniciativas estatales y sociales para generar mecanismos, revisar normativas y también para establecer paneles de discusión y propuestas en torno a los recursos hídricos, la desertificación y la sequía. Existe una gran cantidad de organismos y actores en materias del recurso agua que no necesariamente actúan de manera coordinada, razón por la cual se han establecido alianzas de trabajo entre ministerios, parlamento, servicios públicos, universidades y centros de investigación con competencia en gestión y uso eficiente del agua.

Es así como el año 2015 se nombró un “Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos”, que operó con una mesa de expertos en la formulación de planes, acciones y medidas para enfrentar la sequía que afecta al país.  El año 2016, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas publicó el Atlas del Agua, que contiene una detallada radiografía del recurso a nivel nacional. El año 2019 se constituyó la Mesa Nacional del Agua, la cual se definió como objetivos establecer una política hídrica de largo plazo, proponer la infraestructura hídrica necesaria, las formas de gestión del agua y el marco institucional para su uso sustentable a largo plazo.

Algunos compromisos y proyectos en carpeta son la construcción de embalses (micro, pequeños y grandes) para los cuales se han comprometido cifras cercanas a los US$ 6 mil millones, la construcción y puesta en marcha de plantas desaladoras de agua de mar para consumo humano en algunas ciudades costeras, así como también proyectos para recargar acuíferos, la tecnificación del riego para agricultura, etc. En este contexto se incorporan también algunas ideas o propuestas que han concitado apoyos y detractores, entre ellos la denominada Vía Hídrica (terrestre) y el proyecto Aquatacama (marítimo).

Resulta evidente comentar ahora que si se hubiera invertido hace 10 o más años en construcción de embalses, el efecto de las actuales lluvias hubiera tenido un mayor beneficio y más duradero para abastecer territorios actualmente bajo situación de stress hídrico.

De esta manera, al margen de que las abundantes precipitaciones del mes pasado, no hay que perder de vista que nuestro déficit hídrico ya es de carácter permanente, razón por la cual resulta indispensable la adopción de políticas integradas y permanentes sobre los recursos hídricos, que permitan minimizar el impacto de la sequía a corto plazo, y que fomenten el uso racional de las fuentes hídricas (subterráneas, superficiales, saladas y salobres) fomentando mediante políticas de incentivo el desarrollo y aplicación de tecnologías para purificar aguas saladas y para reutilizar las aguas residuales y las aguas grises. En concreto, se requiere implementar y consolidar un sistema de gestión integrada del conjunto de los recursos hídricos del país.

Al respecto, las mejores experiencias internacionales apoyan el rol del Estado, en cuanto actor clave en el desarrollo, promoción del buen uso y la protección de los recursos hídricos. Algunos ejemplos de ello los encontramos en Australia, país que estableció el año 2004 el “Acuerdo Intergubernamental sobre la Iniciativa Nacional del Agua (NWI)”, que fijó el marco general para la reforma de gestión del agua de Australia.

Una importante medida que adoptó el Estado Australiano fue la adquisición de derechos de agua a privados beneficiando de esta manera a pequeños agricultores. Tenemos el caso de México donde las concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas no pueden superar los 30 años y las asignaciones para servicios de agua con carácter público urbano o doméstico toman en cuenta la disponibilidad media anual del agua la que se revisa cada 3 años. Y también destacamos la experiencia de Israel, donde el Estado es quien controla la propiedad, la gestión y el consumo de todo el recurso agua¸ conceptos que fueron establecidos en la Ley de Recursos Hídricos del año 1959.

En tiempos de pandemia estamos obligados a mirar las cosas de otra forma. El Coronavirus nos ha permitido pensar en nuestras debilidades y también en nuestros desafíos y tareas pendientes. Uno de ellos, es justamente el acceso al agua, en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, en cantidad y calidad suficiente para apoyar el desarrollo agrícola y nuestros procesos productivos. El agua, y así lo han entendido muchas naciones, es un recurso estratégico, y como tal le corresponde al país y sus instituciones asegurar su abastecimiento, anticipándose a los períodos de sequía y de paso recuperar extensas zonas actualmente desertificadas.

Finalmente, deberíamos sacar muchas lecciones de la actual pandemia, observando como nuestros estilos de vida y procesos productivos que se sustentan en enormes emisiones de materiales contaminantes, han afectado gravemente los ecosistemas y al planeta en su conjunto. Mientras esperamos autoconfinados la llegada de la vacuna, no es mala idea el ejercicio de asociar la pandemia con el cambio climático, el calentamiento global y el ya casi irreversible desequilibrio del medio ambiente terrestre. Lo urgente no puede hacernos perder de vista lo importante.

“La idea de esta ley es intentar disminuir la mayor cantidad de material plástico que estamos utilizando, para de este modo reducir la generación de residuos plásticos que están contaminando el medio ambiente”, sostuvo la experta.

En cuanto a la eliminación total de los envases de alimentos plásticos, la académica se mostró cauta. “Esto no significa que debamos deshacernos de todos los envases plásticos, por ejemplo hay envases de alimentos que cumplen una función fundamental de garantizar la inocuidad, la vida útil y la calidad del alimento envasado, si cumple esa función, no lo puedo eliminar”, apuntó.

Finalmente, la Dra. Galotto puso un punto de duda respecto al avance de esta legislación en estos tiempos de pandemia. “A nivel internacional la pandemia está cambiando las cosas, porque lo que se está proponiendo es envasar los alimentos para que no sean tocados por muchos consumidores y evitar el contagio”, remarcó.

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